- Cuando se creó el parque regional natural Serranía de Las Quinchas, miles de campesinos ya vivían en unas tierras que fueron cuna del paramilitarismo. Los pobladores tienen restringidas muchas actividades productivas y piden atención del Estado.
- Campesinos denuncian que el Ejército hace erradicación de cultivos ilícitos sin protocolos de bioseguridad para COVID-19. Los habitantes del parque no tienen de qué vivir y preocupan la tala ilegal, la infraestructura petrolera que atraviesa el área y la titularidad de las tierras.
(Mongabay Latam / Antonio José Paz Cardona)
Entre los departamentos de Boyacá y Santander se encuentra uno de los últimos relictos de selva húmeda tropical de la cuenca media del río Magdalena. El valor ambiental de la Serranía de Las Quinchas es tan grande que el 16 de diciembre de 2008 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), autoridad ambiental de gran parte del departamento, decidió declararlo parque regional natural.
El parque Las Quinchas, además, es una Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA), un importante sumidero de carbono y un hotspot o punto caliente de biodiversidad. De acuerdo con datos de Corpoboyacá, allí habitan 22 especies de mamíferos, cuatro de anfibios, 18 de reptiles y más de 92 de flora. Además, es hogar de aves endémicas de Colombia como el paujil de pico azul (Crax alberti) que se encuentra en Peligro Crítico según la lista roja de especies de la UICN y de otras que no son endémicas pero están en peligro como como el guacamayo militar (Ara militaris) en estado Vulnerable, y la pava aburria (Aburria aburri) Casi Amenazada.
A pesar de su diversidad, en esta área protegida se concentran fuertes conflictos socioambientales que hoy persisten. Antes de la creación del parque ya había gente viviendo allí. De la noche a la mañana muchas de sus actividades fueron prohibidas pero las alternativas productivas no llegaron con la misma rapidez. Por las Quinchas pasan oleoductos y gasoductos, persisten pequeñas áreas de cultivos ilícitos, se lucha contra la tala ilegal, la mayoría de campesinos no han podido resolver la titularidad de sus tierras y, por ley, solo pueden venderle al Estado.
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Los campesinos ya estaban en el parque y quieren conservarlo
Uno de los temas que tiene molestos a los campesinos del parque regional es que no se está dando cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, el cual entró en vigencia en 2016 y vencerá en 2021.
El Plan ordenaba la creación de un Comité Administrador para garantizar un proceso de gobernanza entre Corpoboyacá y los campesinos. Durante cuatro años esto no se ha cumplido. El abogado Camilo Altamar, quien ha asesorado jurídicamente a los pobladores del parque en varias ocasiones, tiene una hipótesis. Según dice, es posible que Corpoboyacá no quiera dar mucha información a las comunidades sobre cómo se administra el parque, “pues hay temas sensibles como los permisos para aprovechamiento forestal y la relación con las empresas de hidrocarburos que tienen oleoductos y gasoductos que atraviesan la serranía”.
Altamar asegura que Corpoboyaca hizo la declaración de parque bajo un esquema de conservación estricto, como si fuera un territorio prístino “y no tuvo una visión socioecológica del territorio para así mismo implementar sus acciones de conservación. Eso ha creado unas grandes tensiones entre sociedad y conservación”.
Sandra Patricia Rodríguez, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Cristalina, asegura que desde el momento en que se creó el parque hubo muchos proyectos, pero todos quedaron en papel, “ya el plan de manejo va a vencer y ni siquiera sabemos cuáles eran los proyectos. Era tanta la desinformación que ni siquiera sabíamos dónde empezaba el parque y su zona de amortiguamiento”, asegura Rodríguez.
Herman Amaya, quien asumió como director de Corpoboyacá hace pocos meses, reconoce que se necesitan mejorar varias cosas. “Entendiendo la problemática de Las Quinchas, a este plan hay que hacerle un ajuste porque está mal presupuestado: no existe posibilidad de que se garantice el funcionamiento de un área de más de 40 000 hectáreas con 6400 millones de pesos (1,7 millones de dólares)”, dice.
Amaya asegura que uno de los grandes problemas que ha tenido el parque es que se dejó sola a la Corporación. Dice que este es un reto institucional por la complejidad del área, la lejanía, los conflictos actuales y que fue zona de conflicto armado. “La implementación del plan ha sido discontinua, esto fracciona la confianza de las comunidades”, comenta.
El director de Corpoboyacá afirma que es necesario generar una renta fija para las personas en áreas protegidas y le dijo a Mongabay Latam que planteará un esquema de pago por servicios ambientales en que los campesinos puedan ser contratados como guardabosques y que, además, se analizarán proyectos productivos sostenibles que permitan el uso de recursos maderables y no maderables.
La Serranía de Las Quinchas tiene una alta importancia ambiental pero ha sido zona histórica de conflicto armado en Colombia. Foto: Camilo Altamar.
“Yo creo que los procesos de conservación in situ son más exitosos con las comunidades que sin ellas. Con los cambios de institucionalidad son las comunidades las que pueden ayudar a que los procesos tengan continuidad. Las áreas protegidas por campesinos e indígenas han sido las de menores afectaciones según evidenció el informe Ipbes de 2019”, resume Amaya.
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Erradicación de cultivos en época de pandemia
“El parque tiene unas dinámicas muy complejas”. Esa frase la repiten desde las autoridades ambientales hasta las militares, los campesinos y los académicos que trabajan en este parque regional ubicado entre los municipios de Puerto Boyacá y Otanche.
La región fue centro de financiación de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, uno de los primeros grupos paramilitares del país. Su aislamiento geográfico, sumado a la riqueza de sus tierras aseguró recursos para la organización armada hasta sus últimos días. Cuando los grandes capos se desmovilizaron con la Ley de Justicia y Paz de 2005, otros miembros se rehusaron a abandonar el negocio. Solo hasta finales de 2013 murió en enfrentamientos con la Policía Albeiro Giraldo Gómez, alias Don Alonso, un comandante de zona con suficiente autonomía como para declinar la desmovilización y retener el negocio del narcotráfico por varios años más.
Todo ese pasado de conflicto armado hizo difícil la vida de muchos campesinos en la zona, que basaban su sustento en el cultivo de coca. No tenían más opciones y menos cuando muchas actividades productivas quedaron prohibidas con la declaratoria del área protegida. Actualmente, dentro de Las Quinchas viven 5346 personas, muchas de ellas habitan ahí desde antes de la creación del parque y otras han llegado en procesos de colonización desde los departamentos de Caldas, Cundinamarca, Boyacá y Tolima.
Habitantes de este parque regional le dijeron a Mongabay Latam que algunas familias se dedicaban a vender la hoja de coca que cultivaban, pero que hoy esa actividad es cada vez menor. “Lo que hay sembrado de coca en el parque es ínfimo, lo hacen unas cuantas familias para evitar morir de hambre”, asegura un campesino, el cual solicitó omitir su nombre por temor a represalias.
A pesar de esto, pobladores de veredas como La Arenosa, en Puerto Boyacá, han denunciado en las últimas semanas la llegada de personal del Ejército para realizar erradicación de cultivos de coca.
Según datos del Ideam, entregados a Mongabay Latam por Corpoboyacá, entre 2000 y 2005 el departamento de Boyacá tuvo sembradas 5011 hectáreas de coca, de las cuales 230 estuvieron en la Serranía de Las Quinchas —en ese momento todavía no era parque—. Entre 2017 y 2018 los cultivos en el departamento se redujeron a 321 hectáreas, de las cuales solo 35 se encontraban dentro del área protegida. Según Herman Amaya, director de Corpoboyacá, este año se llevó a cabo en el parque una erradicación manual de dos hectáreas por parte del Ejército, pero no se identificaron a los productores. “Es importante encontrar mecanismos de sustitución de cultivos”, dice.
A la población le preocupan dos cosas: la primera es que el Estado no ha cumplido con la llegada de programas sociales y productivos para la sustitución voluntaria de cultivos como se acordó en el Acuerdo de Paz de 2016; por lo que estos operativos dejan a algunos sin sustento económico. En segundo lugar, los campesinos aseguran que los soldados han llegado sin tapabocas y sin cumplir protocolos de bioseguridad. “Puerto Boyacá no tiene casos de COVID-19 y ellos tienen contacto con muchas comunidades y vienen de Cimitarra, Santander, donde ya hay casos reportados. Nos da temor porque acá no tenemos puestos de salud”, dice un campesino.
“El Ejército está cumpliendo con la operación Artemisa para evitar la deforestación pero también está mezclando eso con erradicación forzada de cultivos. Las comunidades también se preguntan por qué vienen a esta zona cuando la verdadera deforestación ocurre en otros lugares, plantean esto como ‘un falso positivo ambiental’”, dice Mónica Amador, antropóloga ambiental y coordinadora del proyecto BioResiliencia que examina la resistencia a largo plazo de algunos ecosistemas forestales colombianos en zonas de posconflicto, entre ellos el Parque Regional Natural Serranía de Las Quinchas.
Mauricio Gutiérrez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Arenosa, asegura que tropas del batallón Rafael Reyes llegaron hasta ese lugar sin cumplir con ningún protocolo de bioseguridad. “Queremos la presencia del Estado haciéndole seguimiento a los proyectos de sustitución de cultivos que se acordaron en el proceso de paz. El miedo es que judicialicen a la gente cuando solo pueden vivir de esto mientras están aislados protegiéndose del virus”, argumenta.
Mongabay Latam se comunicó con el Ejército para saber su versión sobre estas denuncias, pero recibió la versión de una dependencia a la que no pertenece el batallón cuestionado. La Primera Brigada de la Segunda División aseguró que sus hombres no han efectuado erradicaciones en las 8900 hectáreas que están en su jurisdicción y que hacen parte de las más de 21 000 hectáreas que componen la zona núcleo del parque.
En la comunicación recibida por este medio, la Primera Brigada aseguró que “viene adelantando un trabajo importante en el Parque Regional Natural Serranía de las Quinchas, en donde las tropas desarrollan operaciones de control territorial, y de seguridad y defensa, con el fin de contrarrestar delitos de minería ilegal, la tala de árboles y el tráfico de flora y fauna”. Esto hace parte de la Operación Mayor Artemisa, una orden presidencial que se constituye en una ofensiva militar contra los delitos ambientales que amenazan con destruir los ecosistemas del país.
En cuanto a las medidas de bioseguridad, aseguraron que el Ejército Nacional estableció un estricto protocolo de bioseguridad, precisamente para evitar el contagio y propagación del COVID-19, “medidas que se han implementado de manera juiciosa y responsable por parte de las tropas”.
Sin embargo, el batallón Reyes no pertenece a esta brigada. Este medio fue informado que ese batallón pertenece a la Brigada 14 de la Séptima División. Mongabay Latam se comunicó con la Séptima División y allí no se refirieron específicamente al Batallón Reyes, aunque indicaron que ninguna de sus tropas está haciendo erradicación de cultivos en la Serranía de Las Quinchas sino en el sur del departamento de Bolívar.
Hasta el cierre de este artículo fue imposible obtener una respuesta concreta del Ejército en la que confirmaran o no las actividades de ese batallón que es el que precisamente ha sido señalado por los campesinos.
El eterno problema de la titularidad de las tierras
En Las Quinchas siempre hay más. Otros de los grandes problemas es el de la titularidad de las tierras, pues antes de que la serranía fuera parque, el lugar ya tenía asentamientos humanos.
“Queremos trabajar en la titularidad y poderle comprar a la gente que tiene derechos adquiridos. En un parque natural nadie puede venderle a un privado, solo al Estado. Trabajaremos en verificar la tradición del predio, si hay uso generacional, titularidad, avalúo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y, después de eso, hacer la oferta y comprarlo”, asegura Herman Amaya, director de Corpoboyacá.
Esto debe hacerse pronto. Según Estefany Grajales, representante de la Fundación Comunidades Unidas de Colombia (Counco) en Las Quinchas se viene dando una venta clandestina de predios. “No sabemos quiénes están comprándoles a los campesinos”, dice.
Además de esto, a Grajales le preocupa que existen rumores de que que se quiere pasar un nuevo gasoducto por el parque regional y que hay un bloque petrolero en explotación, llamado Quinchas, que se superpone con el área protegida.
Al ser consultado sobre este tema Herman Amaya manifestó que no tiene conocimiento de estas dos situaciones pero que, así existiera la solicitud para una nueva línea de gas, esta no se podría otorgar porque, por ley, la figura de parque regional no lo permite y que lo mismo ocurriría con la explotación de un bloque petrolero.
Una versión ampliada del reportaje fue publicada en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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