Una embarcación cargada con madera navega por el río Putumayo, en la Amazonía colombiana, rumbo a Puerto Asís. Es noviembre de 2024. A bordo viajan apilados más de 304 bloques o tablones de granadillo (Brosimum rubescens), achapo (Cedrelinga cateniformis) y sarrapia (Dipteryx odorata), que suman 20 metros cúbicos de madera amazónica. Lo suficiente para llenar un camión mediano.

Los papeles que autorizan el transporte parecen en regla. El salvoconducto de movilización —un documento oficial entregado por la autoridad ambiental (Corpoamazonía) que certifica el origen legal de la madera, la especie, el volumen y el destino del cargamento— indica que la madera proviene de un aprovechamiento forestal autorizado en Tarapacá, un corregimiento remoto ubicado al sur del departamento Amazonas, a más de 1500 kilómetros de Puerto Asís por el río.

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Este cargamento y el salvoconducto que lo avala se convertirían un año más tarde en una pieza clave para desmantelar una presunta red de tráfico de madera que, según las autoridades colombianas, habría generado ganancias ilícitas por más de 1600 millones de pesos (cerca de 500 000 dólares). La red que operaba en los departamentos de Nariño, Putumayo y Amazonas llevaba por nombre “Puerto Hong Kong” y, según la Fiscalía, extraía madera ilegalmente de áreas protegidas de Colombia y Perú, así como de otras zonas amazónicas. Los cargamentos tenían como destino ciudades principales como Bogotá, hasta donde aparentemente llegaban utilizando los documentos fraudulentos.

Ese fue el hilo que siguieron las autoridades y que llevó a la Fiscalía, el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF) y la Policía a realizar una serie de operativos simultáneos que, en diciembre de 2025, culminaron con la captura de 17 personas, entre ellas tres funcionarias de Corpoamazonía. Paradójicamente, esa es la entidad encargada de la protección ambiental y del control de la movilización, procesamiento y comercialización de recursos naturales.

El operativo y la posterior investigación judicial dieron a conocer que la madera fue movilizada empleando salvoconductos adulterados y que tenía como supuesto lugar de origen una concesión forestal administrada por Flor Ángela Martínez en representación de la Asociación de Usuarios del Bosque, en Tarapacá. El Brigadier General Carlos Oviedo, director de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, confirmó en ese momento en una entrevista con Noticias Uno cómo Corpoamazonía ayudó a poner en marcha ese engranaje de ilegalidad: “Los funcionarios públicos se encargaban de expedir conceptos técnicos y salvoconductos de movilización forestal, que pueden usarse para amparar productos ilegales”.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto investigaron este caso a profundidad para entender cómo esta red se valió de aprovechamientos forestales y salvoconductos oficiales emitidos por las autoridades colombianas para lavar madera de aparente origen ilegal. La investigación muestra cómo los involucrados se movieron dentro del sistema y encontraron una rendija para sortear los controles del Estado. Para reconstruir este modo de operar, se revisaron cientos de documentos oficiales y expedientes, se visualizaron más de 30 horas de audiencias del proceso judicial y se construyó una base de datos con todos los salvoconductos emitidos por Corpoamazonía entre 2023 y 2025. En esos años, la autoridad ambiental autorizó 1289 movimientos de madera.

Uno de los hallazgos principales de esta investigación evidencia cómo un instrumento diseñado para controlar el transporte legal de madera puede convertirse en un mecanismo para hacer pasar como legal madera extraída de zonas no autorizadas y hasta de países vecinos.

Además, con el apoyo de expertos de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), realizamos un análisis geográfico para confirmar si la madera declarada en los salvoconductos fue realmente extraída de la concesión forestal administrada por la Asociación de Usuarios del Bosque en Tarapacá. A partir de expedientes oficiales sacamos la ubicación de cada uno de los 976 árboles autorizados para ser talados y luego viajamos en el tiempo con las imágenes satelitales para saber en qué momento fueron cortados. Lo que descubrimos es que el área permitida para el aprovechamiento no sufrió grandes cambios desde el 2017. La selva sigue en pie hasta hoy.

Tarapacá, un punto estratégico para el paso de madera ilegal

En Tarapacá no hay carreteras abiertas por motosierras o vías que conecten ese territorio con el resto del país. Tampoco hay claros extensos visibles desde el aire, ni la imagen típica de un bosque arrasado por la tala. Es un refugio de comunidades indígenas —en su mayoría de los pueblos uitoto, yagua y tikuna— que llegaron siglos atrás y se asentaron en la selva para protegerse de la fiebre del caucho y del tráfico de pieles.

Ubicado a orillas del río Putumayo, Tarapacá es también un lugar estratégico: está muy cerca de la frontera con Brasil y, a través del mismo río, se conecta con Perú. Es un vasto territorio en donde confluyen los tres países y sus dinámicas. Esa ubicación privilegiada y remota, sin embargo, ha hecho que el control del Estado sea difícil. El río se ha convertido en un corredor para el paso de armas, insumos derivados del narcotráfico y productos de la extracción de oro y madera.

Como explica un trabajador de una ONG ambiental que se encuentra en la zona, y que pidió la protección de su nombre por seguridad, “Tarapacá está en un punto donde el río conecta directamente con la frontera. Esa ubicación hace que no solo la madera, sino prácticamente cualquier mercancía pueda moverse con facilidad”. Además, una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo señala que “de estas actividades devienen importantes fuentes de financiación para los actores armados ilegales, quienes ejercen presiones y amenazas a las comunidades asentadas en dichos territorios”.

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Según los registros de Corpoamazonía analizados para esta investigación, Tarapacá concentra buena parte de la madera movilizada legalmente desde la Amazonía colombiana. De los 118 salvoconductos para movilizar madera expedidos en el departamento de Amazonas entre 2023 y 2025, 104 (el 88 %) registraban a Tarapacá como punto de partida. El 78 % registraba a Puerto Asís, en Putumayo, como destino. Es decir, la mayoría de madera movilizada legalmente desde Amazonas surcó el mismo recorrido que el cargamento incautado en 2024.

Ese fue uno de los motivos por los que la Fiscalía decidió investigar la zona: “Sabíamos que desde Tarapacá venía, hacia Puerto Asís, un cargamento de madera que en su mayor parte no correspondía con lo que los documentos decían que se estaba movilizando. Solo esa carga estaba valorada en cerca de 100 millones de pesos (alrededor de 31 200 dólares) y tenía como destino final Bogotá”, aseguró el fiscal del caso.

En Tarapacá los datos satelitales no coinciden con los papeles

En la última década, Colombia ha perdido más de 1.5 millones de hectáreas de bosque, un área equivalente a más de nueve veces el tamaño de Bogotá. La presión persiste: en 2025, gran parte de la pérdida se concentró en la selva amazónica, que acumuló el 65 % de la deforestación. Ante este escenario, el país ha impulsado distintas estrategias que buscan conciliar el aprovechamiento del bosque con su conservación para que las comunidades puedan usarlo y obtener ingresos de forma sostenible. Entre esas se encuentran los permisos de aprovechamiento forestal persistente.

Como explican desde el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), la estrategia se asemeja a lo que pasa en el ambiente natural: “Cuando un árbol se cae por causas naturales, deja un pequeño claro por donde entra la luz. Esta mayor disponibilidad de luz favorece la germinación de las semillas y el crecimiento de nuevas plantas. Así continúa el ciclo natural del bosque”.

Los permisos de aprovechamiento y los planes de manejo que los acompañan —el documento técnico que define cómo debe aprovecharse el ecosistema de manera sostenible— imitan está dinámica de forma planificada y controlada: extraer pocos árboles, dejar suficientes individuos alrededor para que continúen produciendo semillas y permitir que el ecosistema se regenere.

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Aunque estos permisos pueden cubrir miles de hectáreas, la autoridad ambiental define cada año qué parte del bosque puede ser intervenida y qué árboles pueden cortarse al interior de cada aprovechamiento. La decisión se basa en visitas técnicas al terreno en donde los funcionarios identifican las especies que pueden usarse, miden los árboles y calculan cuánta madera puede extraerse legalmente de ese aprovechamiento forestal sin perjudicar el bosque. Se trata de una especie de “inventario” que también permite definir el volumen de madera que puede ser movilizado y expedir los salvoconductos necesarios.

Desde 2022, Corpoamazonía solo ha otorgado un aprovechamiento forestal persistente en el departamento de Amazonas. Se autorizó en Tarapacá y pertenece a la Asociación de Usuarios del Bosque. El permiso abarca un área de 3272 hectáreas (3030 aprovechables y 241 destinadas a la protección) conocida como Caño Alegría. Como lo muestra la siguiente imagen, funcionarios de la autoridad ambiental hicieron un inventario forestal del área, revisaron decenas de parcelas y delimitaron 10 Unidades de Corte Anual (UCA): sectores del bosque que pueden aprovecharse por turnos, mientras las demás áreas permanecen sin intervención.

Solo en la primera UCA, por ejemplo, Corpoamazonía autorizó que, para el año 2023, se podían aprovechar 303 hectáreas de bosque equivalentes a 976 árboles (identificados coordenada por coordenada). Pero, ¿cómo corroborar que la madera movilizada por el río Putumayo, avalada con salvoconductos, efectivamente salió de allí?

Con el apoyo de la EIA, se analizaron satelitalmente todas las Unidades de Corte Anual de Caño Alegría con el fin de verificar si los árboles fueron extraídos de la zona y en los períodos autorizados. Para hacerlo, se utilizó una herramienta capaz de detectar cambios muy pequeños en el bosque, una tecnología a la que los expertos llaman el Índice de Fracción de Diferencia Normalizada (NDFI por sus siglas en inglés). Lo que hace la herramienta es contrastar con imágenes satelitales de alta resolución si la cobertura forestal cambió en algún momento, ya sea por la tala selectiva autorizada, la apertura de caminos o cambios en la copa de los árboles. El nivel de detalle es clave, pues se analiza píxel por píxel. «Es una herramienta especialmente útil para detectar las huellas que deja la tala selectiva en la Amazonía», explica Julio Patiño, senior campagnier de EIA.

Tras analizar geográficamente el expediente de Caño Alegría, Patiño identificó inconsistencias importantes.

Una de ellas, la más importante, es que de las 10 Unidades de Corte Anual autorizadas, en al menos seis el análisis satelital no encontró evidencia de aprovechamiento forestal durante el período autorizado por Corpoamazonía. En otras dos tampoco se halló evidencia de tala, mientras que solo en dos se identificó “posible actividad en el período autorizado”, aunque sin tener la certeza de si el cambio forestal se debía a actividades humanas.

Las imágenes, además, registran señales pequeñas y dispersas de cambio del bosque que podrían corresponder a procesos de degradación natural. “Pueden corresponder a la caída de árboles por el viento y no se aprecian claros evidentes durante el periodo de autorización [del aprovechamiento]”, agrega Patiño. En otras palabras, no hay señales que indiquen que los cambios en el bosque identificados en las imágenes satelitales correspondan a los volúmenes de madera que, de acuerdo con los salvoconductos expedidos por la autoridad ambiental, habrían sido extraídos y movilizados desde Caño Alegría.

Si los árboles no salieron de este sector administrado por la Asociación de Usuarios del Bosque, ¿de dónde se extrajo la madera movilizada? Esa es una de las preguntas que tiene por resolver la Fiscalía en la investigación que tiene en curso.

Hay otra inconsistencia que, a juicio de Patiño, amerita una revisión más profunda. En dos de las Unidades de Corte Anual (las 8 y 9), “predominan copas [de árboles] más pequeñas y una menor presencia aparente de árboles de gran porte”, señala el análisis. A lo que se refiere es que las imágenes satelitales no muestran árboles grandes con las características necesarias para ser aprovechados. Además, indica Patiño, esta diferencia se mantiene a lo largo de los años (de 2017 a 2023). Sin embargo, en el informe técnico de Corpoamazonía se considera que esos árboles sí tienen las dimensiones necesarias para ser aprovechados.

“Estos elementos, considerados en conjunto, plantean interrogantes sobre la consistencia del inventario presentado y la evaluación técnica realizada por Corpoamazonía”, insiste el experto.

Aunque desde abril de 2026 Mongabay Latam y Rutas del Conflicto consultaron a la autoridad ambiental por estos hallazgos y sobre sus visitas realizadas a campo, Corpoamazonia respondió que se negaba a entregar la información por protecciones legales de reserva y garantía del debido proceso de las investigaciones llevadas adelante por la misma entidad y por la Fiscalía. Pese a que esta alianza de medios reiteró la posibilidad de una entrevista, la entidad no respondió al cierre de esta investigación.

Reconstruyendo el tráfico de los salvoconductos

En un escenario ideal, cada árbol que es autorizado para el aprovechamiento debe ser identificado, medido y georreferenciado por la autoridad ambiental. Y toda madera que sale de un aprovechamiento forestal autorizado debe estar acompañada por un salvoconducto de movilización. Así se garantiza lo que los expertos llaman su “trazabilidad”.

En el caso de el aprovechamiento forestal de Tarapacá, “la trazabilidad empezó por el salvoconducto, pero dejó por fuera el primer paso: verificar que la madera realmente saliera del árbol autorizado”, relata un trabajador de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). “Entre la distancia, la dificultad inmensa que tiene la autoridad para hacer control efectivo y la ausencia de funcionarios permanentes, aparecen espacios donde nadie sabe realmente qué ocurre. Buena parte de la movilización ocurre sin supervisión”, insiste.

Un investigador de una ONG ambiental que trabaja en el terreno coincide: “Si un Policía detiene un camión lleno de troncos, puede revisar el salvoconducto, pero no tiene cómo saber si esa madera salió realmente del lugar autorizado. Sólo ve un documento de movilización y que el peso corresponda con lo reportado”. Esa desconexión es la que permite que madera extraída en otros lugares pueda circular con apariencia de legalidad.

Una vez que la madera es movilizada por los ríos y tiene el papel que respalda su origen legal, puede llegar a distintos destinos, repartirse en ciudades principales, transformarse e, incluso, llegar a otros países.

En Tarapacá, además, el mecanismo de lavado encontró un escenario propicio para operar: allí no hay oficina de Corpoamazonía ni presencia permanente de sus funcionarios. La oficina más cercana de esa entidad está a un trayecto en avión de distancia a Leticia. Ante esos retos, como lo explica el fiscal del caso, “los permisos se expidieron bajo un principio de buena fe y la verificación física del cargamento solo se hace cuando la madera llega a Puerto Asís”, ubicado a más de 35 horas por río, en el departamento vecino de Putumayo.

Durante el trayecto de Tarapacá a Puerto Asís, según el expediente judicial al que se tuvo acceso para esta investigación, los madereros cargaban más producto (incluso proveniente de otros países), recogían o descargaban parte de la mercancía en otros puntos o alteraban las especies movilizadas. “Antes de llegar al sector de la Esmeralda escondían la madera en sitios ya determinados, para que, cuando los funcionarios revisaran la carga, ésta coincidiera con lo que decía el salvoconducto”, agrega el fiscal.

Así, el salvoconducto se convirtió en el eslabón más importante de la cadena criminal. Expertos, funcionario públicos, personas en territorio consultadas por Mongabay Latam y Rutas del Conflicto, así como investigadores del caso, señalaron que el precio de estos documentos en el mercado negro puede oscilar entre un millón y 10 millones de pesos (315 a 3200 dólares) dependiendo de la especie forestal autorizada y del volumen de madera que permiten movilizar.

De hecho, un informe realizado por la EIA y publicado en 2018 ya alertaba que los comerciantes de madera aprovechaban el vacío de gobernanza colombiana para lavar y traficar madera no autorizada, incluyendo especies como el cedro (Cedrela odorata), cuya comercialización está prohibida desde 2015. En Puerto Asís, la EIA también documentó que quienes tramitaban documentos fraudulentos y se encontraban en cercanías de los muelles aseguran que, incluso, es “fácil ‘legalizar’ cedro proveniente del Perú con documentos de Corpoamazonía”.

Así operaba el tráfico de salvoconductos, según la Fiscalía

Durante casi 30 horas de audiencia, la Fiscalía reconstruyó cómo operaba una parte de esta red en Tarapacá. Reportes de inteligencia, interceptaciones de llamadas y otras pruebas recopiladas por la Fiscalía apuntan a tres nombres clave: Gloria Guarín y Tulio Cortés —señalados por la entidad de liderar la red conocida como Puerto Hong Kong y pagar casi 4 millones de pesos (1045 dólares) por un salvoconducto—, y Flor Ángela Martínez quien, como representante legal de la Asociación Usuarios del Bosque, “certificó” que la madera había salido de su aprovechamiento forestal con el respectivo salvoconducto.

De acuerdo con los registros telefónicos recopilados por la Fiscalía, Gloria Guarín y Tulio Cortés se habrían comunicado con Martínez en más de 140 ocasiones. Fragmentos de las llamadas permitieron corroborar cómo se coordinaba la compra de los salvoconductos y de la madera.

“Flor Martínez sería la encargada de la extracción y aprovechamiento ilícito de productos forestales maderables directamente en las áreas de corte. Una vez obtenida la madera, coordinaba con otros integrantes de la red su transporte y comercialización”, reveló el fiscal durante la audiencia de imputación de cargos de Guarín y Cortés.

Incluso, según la investigación, Guarín y Cortés solicitaron a una de las funcionarias de Corpoamazonía que les expidiera un salvoconducto para movilizar madera y que éste correspondiera con las especies y el volumen que la entidad le había autorizado al aprovechamiento de Usuarios del Bosque.

Gloria Guarín y Tulio Cortés continúan con medida de aseguramiento y, al cierre de esta investigación,el Juzgado Penal de Puerto Asís no ha emitido aún una decisión de fondo sobre su presunta participación en los delitos ambientales que les atribuye la Fiscalía. Los demás integrantes de la red suscribieron preacuerdos de colaboración con la Fiscalía o permanecen a la espera de juicio. Rutas del Conflicto y Mongabay Latam se comunicaron a los celulares a nombre de Guarín y Cortés sin encontrar respuesta, además de contactar a los representantes legales que los acompañaron durante las audiencias y quienes afirmaron que desde el mes de mayo no son los abogados que llevan el caso.

Un proyecto “para mostrar” con su representante investigada

Flor Ángela Martínez, la representante legal de la Asociación de Usuarios del Bosque de Tarapacá y la principal titular de los permisos de aprovechamiento forestal, es una mujer reconocida en el sector maderero y ambiental de la Amazonía colombiana. Durante muchos años fue una de las grandes representantes del aprovechamiento sostenible de madera en Tarapacá y su proyecto sirvió de ejemplo internacional.

Como menciona un investigador de una organización que trabaja en el territorio, “en muchos escenarios era reconocida por trabajar por la gobernanza forestal para combatir la tala y el tráfico ilegal de madera a través de actividades de control y vigilancia”.

En julio de 2020, por ejemplo, fue invitada a exponer ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre un pacto intersectorial para hacer frente a la tala ilegal y garantizar que la madera comercializada en el país fuera de fuentes autorizadas. “Nosotros, como usuarios del bosque, somos garantes de que las especies en peligro se conserven a largo plazo y de que los bosques sigan siendo el futuro económico, social y ambiental de esta región tan apartada”, dijo en su discurso.

También fue elegida entre las iniciativas de “Negocios Verdes” que lanzó Corpoamazonía y como empresaria del mes en julio de 2019.

Su trayectoria en el sector forestal viene de larga data. En 2013, Corpoamazonía le otorgó un aprovechamiento forestal conocido como Caño Pexiboy en un área de 1630 hectáreas en Tarapacá. Tras vencer ese permiso, Martínez fundó la Asociación Usuarios del Bosque, registrada ante la Cámara de Comercio del Amazonas, con la que años después solicitó un nuevo permiso de aprovechamiento forestal.

En 2015, Martínez también creó una empresa de transformación de madera. Según el informe de gestión de Corpoamazonía, “se dedica a producir, cosechar y transformar madera del bosque amazónico y actualmente cuenta con la marca ‘Amazonia Esencia de Vida’”. Sus principales productos son bloques, vigas, tablones y tablas, de diferentes especies como abarco, achapo, granadillo y polvillo.

Pero la imagen que se tenía de Martínez empezó a cambiar con la investigación de la Fiscalía. Las organizaciones o autoridades con las que trabajaba prefieren, por ahora, no pronunciarse sobre el caso. Varias de ellas la reconocían como un puente entre las entidades ambientales y el sector maderero de la región. En diciembre de 2025, Martínez fue capturada luego de que la Fiscalía la señalara por integrar y “desempeñar un papel directivo” en la red dedicada a la explotación y comercialización ilegal de madera en la Amazonía colombiana. Se le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado y fraude procesal. Martínez negó todos los cargos.

El ente acusador argumentó que, debido a la presunta capacidad de la red para influir en funcionarios públicos y utilizar rutas transfronterizas con Brasil y Perú, existía un riesgo de obstrucción a la Justicia y de continuidad de las actividades ilegales. Por eso, tras su captura, a Martínez le fue impuesta inicialmente una medida de aseguramiento en detención domiciliaria. En segunda instancia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Leticia revocó esa decisión y ordenó su reclusión preventiva en un establecimiento carcelario. Sin embargo, en mayo, esa orden fue nuevamente revocada y se le concedió la detención domiciliaria, medida que se mantiene mientras la Fiscalía continúa con la presentación de las pruebas dentro del proceso penal.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto le escribieron varios mensajes a Flor Ángela Martínez entre mayo y agosto de 2026 al celular registrado de la Asociación Usuarios del Bosque y al correo electrónico. También intentaron contactarla a través del correo y el número de teléfono de su empresa de transformación de madera y se le dejó un mensaje en sus redes sociales. Además, la alianza se comunicó con integrantes de la junta directiva de la Asociación e intentó ubicar a su abogado a través de la Fiscalía, pero no fue posible comunicarse con él.

Mientras el proceso investigativo avanza, la selva de Caño Alegría conserva una cobertura boscosa aparentemente intacta, aunque los registros oficiales muestren decenas de salvoconductos y más de 1000 metros cúbicos de madera movilizados a su nombre. En Tarapacá, donde los árboles parecen no haber caído, los documentos cuentan una historia distinta.

*Imagen principal: Imagen de archivo. Autoridades ambientales decomisaron madera ilegal durante una jornada de control a nivel nacional realizada en marzo de 2026. Foto: Ministerio de Ambiente

El artículo original fue publicado por Pilar Puentes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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