Radiografía del manejo forestal comunitario en México: un modelo bajo presión

A sus 71 años, don Andrés Carrera confiesa: “ya me emocioné; hay mucho que platicar”. Su historia es la del hijo de un campesino y minero que terminó dirigiendo una de las empresas forestales comunitarias más importantes del estado de Durango, al norte de México: Grupo Sezaric.

Don Andrés conserva todavía una foto de la Escuela Rural Federal José María Morelos y Pavón, en el ejido Salto de Camellones, donde cursó sus primeros tres años de educación primaria, los únicos que se impartían ahí: es una sola habitación techada con tabletas de pino hechas a mano, a punta de hacha y serrucho. También conserva una foto de su maestro Amador Lara Gándara, a quien le debe haber terminado su educación básica en otra escuela, a la que llegaba todos los días después de una caminata de dos horas.

Con esas herramientas básicas y una mezcla de iniciativa y azar, Andrés Carrera asumió en los años 70 la tarea de controlar la producción del pequeño aserradero que, pese a todos los obstáculos, había logrado instalar su comunidad. Desde ahí desarrolló los conocimientos técnicos y emprendió el activismo social como ejidatario que lo convertirían en protagonista central de la historia de la Unión de Ejidos y Comunidades Forestales Emiliano Zapata, un movimiento social que en tres décadas ha consolidado un proyecto de manejo forestal sustentable de los bosques del noroeste de Durango que incluye la creación de varias empresas y proyectos comunitarios.

La historia de don Andrés sintetiza, en buena medida, la de miles de ejidatarios y comuneros que son pioneros de un modelo que hoy se conoce como manejo forestal comunitario y que lograron consolidar empresas forestales que, como afirma el investigador David Barton Bray, en apenas dos generaciones transformaron cientos de localidades rurales de México, que practicaban la agricultura de subsistencia y que tenían bosques degradados por las prácticas industriales de empresas privadas o paraestatales, en comunidades que, no sin obstáculos, consolidaron proyectos productivos que benefician a sus habitantes y preservan sus bosques.

Don Andrés Carrera lo sintetiza así: “nos enseñamos a trabajar, aprendimos cómo producir para ganar más, para salir de la pobreza; con esa ilusión aprendimos a organizarnos para mantener un negocio que no era de uno, que era de un grupo; formamos una industria que genera empleo”.

Para entender cómo esa experiencia se replicó en distintas partes del país y los retos que enfrenta hoy, Mongabay Latam conversó con ejidatarios y comuneros, con académicos y activistas, con protagonistas de las primeras iniciativas y con nuevos líderes.

La punta del iceberg

Con 60 % de los bosques del país en propiedad colectiva de ejidos y comunidades y más de tres décadas de experiencia en la operación de empresas forestales comunitarias, México es pionero y referencia en una ruta que ahora se recorre cada vez más en el resto del mundo: la silvicultura comunitaria como una vía que permite revertir los procesos de deforestación, preservar la biodiversidad y mitigar el cambio climático, pero también obtener beneficios económicos y mejorar los niveles de vida de las comunidades forestales.

Este modelo logró desarrollarse gracias a varios factores: movimientos sociales impulsados por las comunidades, reconocimiento de la propiedad colectiva de la tierra, reformas legales, programas gubernamentales, de organizaciones civiles y de instituciones internacionales.

La comunidad académica y forestal internacional no escatima entusiasmo cuando habla de la silvicultura comunitaria: el modelo que permite a las propias comunidades aprovechar, en forma sustentable, los recursos de los bosques que se encuentran en su territorio.

David Barton Bray, investigador que trabajó con comunidades forestales mexicanas entre 1989 y 1997, es contundente: “las empresas forestales comunitarias mexicanas son la mejor evidencia de que existe a nivel global de que el control local de los bosques puede generar una serie de consecuencias positivas”, afirma en su libro Mexico’s Community Forest Enterprises. Success on the Commons and the Seeds of a Good Anthropocene, que entrará en circulación el próximo noviembre, editado por The University of Arizona Press.

Bray lo afirma después de haber recorrido el país una vez más en 2019, para recabar información para su libro, reencontrarse con algunos ejidatarios y comuneros que conoce desde hace tres décadas y entrevistar a los dirigentes actuales de varias organizaciones y empresas sociales.

Ese entusiasmo internacional podría parecer inexplicable cuando se contrasta con las cifras de las empresas forestales comunitarias que han logrado consolidarse en México.

En un país en donde 15 538 ejidos y comunidades pueden considerarse forestales —por tener por lo menos 200 hectáreas con bosques, selvas o matorrales—, solo  2943 de ellas operan algún tipo de aprovechamiento comercial de sus recursos, de acuerdo con los datos del informe Estado que guarda el sector forestal en México, 2019, publicado por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en febrero de 2020.

El panorama parece todavía menos alentador cuando el análisis baja de escala y se observa que el 56 % de esas comunidades se limitan a vender su madera en pie; es decir, a recibir los ingresos que genera su autorización para que una empresa externa tale y extraiga los árboles de sus bosques. Además, poco menos de 1300 comunidades han logrado crear empresas forestales comunitarias y, de ellas, solo unas 50 realizan procesos de transformación de segundo nivel, para producir desde triplay y tarimas hasta muebles, pisos o molduras.

Estos ejidos y comunidades tienen un papel vital en el sector forestal en México: de los casi 9 millones de metros cúbicos de madera que se producen en forma legal al año, poco más del 70 % provienen de bosques de propiedad colectiva, señalan datos de la Conafor.

La derrama económica que deja la producción de madera a los ejidos y comunidades es cercana a los 10 mil millones de pesos (alrededor de 473 millones de dólares), de acuerdo con cálculos realizados por Juan Manuel Barrera, especialista en el sector forestal mexicano, exfuncionario público y hoy fundador y director ejecutivo de la asociación civil Resiliencia y Desarrollo Comunitario.

Sergio Madrid Zubirán, director ejecutivo del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), advierte sin embargo que el hecho de que una comunidad no emprenda proyectos industriales para la transformación de la madera no implica que no reciba beneficios de sus bosques, que no los cuide o que pierda el control sobre ellos: “a veces las comunidades hacen las cuentas y resulta que por su tamaño, por su ubicación, por el tipo de bosque o incluso por la falta de gente para trabajarlo es más redituable vender la madera en pie que procesarla; hay comunidades que han instalado una pequeña industria y después han decidido cerrarla”.

Para las comunidades que realizan manejo forestal, los beneficios no son solo económicos. Hay varios ejemplos —sobre todo en estados como Oaxaca, Durango, Chihuahua y Michoacán— en donde este modelo ha permitido generar empleos, contener la migración, así como contribuir al desarrollo social, al construir caminos, centros de salud y escuelas.

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Presiones por todos los frentes

Pese a las virtudes del modelo, no solo para el desarrollo rural y la conservación de los bosques, las condiciones para desarrollarlo no son las más favorables. Eso ha llevado a que varios ejidos y comunidades que decidieron apostar por el manejo forestal y fundar empresas forestales, se hayan quedado en el camino.

Una carga fiscal excesiva que no reconoce las aportaciones de las empresas a sus localidades; la descapitalización producida por la disminución drástica de los subsidios estatales; los conflictos al interior de las propias comunidades originados, en algunos casos, por corrupción; los cambios en las autoridades comunitarias; la falta de reinversión en equipo y la ausencia del Estado en el acompañamiento en ciertos procesos son solo algunos factores que contribuyen a que exitosas empresas forestales comunitarias ahora sean solo historia.

Uno de esos casos es el del ejido Barranca del Calabozo, en el sur de Jalisco. La comunidad logró tener una certificación internacional y el premio al Mérito Forestal en 2012. Incluso, recibía a representantes de ejidos y comunidades para enseñarles cómo había conseguido ser un ejemplo en el manejo forestal. Sin embargo, desde 2018 su aserradero está cerrado.

Especialistas en el sector forestal, como Salvador Anta —miembro del CCMSS y de la organización Política y Legislación Ambiental (Polea A.C.)— señalan que en los estados de Jalisco y Guerrero es donde más se ha dado el colapso de empresas forestales comunitarias. En esos dos estados, el crimen organizado controla varias regiones del territorio.

Los ejidos y comunidades que mantienen con vida a sus empresas forestales comunitarias coinciden en que deben enfrentar la “tramitología” (por lo menos 10 trámites, cuya aprobación puede tardar hasta más de un año), para lograr que se aprueben sus Planes de Manejo Forestal y les entreguen los documentos para transportar la madera.

Y, sobre todo, enfrentan cada vez más problemas para colocar, a precios justos, sus productos en un mercado que, en los últimos años, está inundado con madera ilegal y de importación. En el artículo de próxima publicación “Manejo forestal comunitario en México. 40 años caminando”, Sergio Madrid y Sara Cuervo, resaltan que a mediados de la década de los noventa, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), comenzó la entrada de madera de importación con precios bajos.

El Estado mexicano, señalan Madrid y Cuervo, “apostó por el desarrollo de diversos sectores de la economía nacional como el turismo y el energético, y descuidó y desvalorizó el sector forestal… Se desaprovechó la posibilidad de convertir a la actividad forestal en un sector económico importante”.

A ese escenario se suman otras amenazas, como la presión creciente de las industrias agrícola y turística, que buscan terrenos para expandirse; así como las concesiones mineras que afectan, al menos, a 42 % de los núcleos agrarios forestales del país, de acuerdo con un el CCMSS; en un informe, la organización advierte, además, que esas concesiones se empalman con Áreas Naturales Protegidas, con zonas inscritas en el programa de Pagos por Servicios Ambientales y con superficies bajo programas de aprovechamiento forestal.

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Un nuevo ingrediente: COVID-19

Desde Michoacán, donde trabaja con empresas forestales comunitarias dedicadas a la producción de resina, Juan Manuel Barrera hace un diagnóstico poco optimista: el sector forestal está colapsado a consecuencia de la pandemia del COVID-19 y los primeros indicadores de recuperación serán evidentes hasta mediados de 2021, cuando empiece a tomar aire el pequeño segmento (10 %) de las empresas madereras que fabrican tarimas de carga para las cerveceras y armadoras automotrices.

El panorama es menos alentador para el 80 % de las empresas madereras que tienen como mercado principal la industria de la construcción y para el 10 % que representan los fabricantes de muebles, pisos y molduras.

La perspectiva no es mejor para las empresas forestales comunitarias que han optado por diversificarse y desarrollar modelos de negocio centrados en productos no maderables, como las comunidades de resineros con las que Barrera trabaja. Ahí también está colapsada la cadena de valor; sus principales compradores, las fábricas de pintura, suspendieron por completo sus pedidos a partir de abril.

También en abril, las comunidades forestales que cuentan con centros ecoturísticos tuvieron que cerrar estos espacios. Mientras que en otras regiones del país, como el sureste, las empresas comunitarias dedicadas a los productos no maderables, como miel o carbón vegetal, detuvieron sus actividades, ya que sus principales clientes son los hoteles y restaurantes de la Riviera Maya, que apenas comenzó a recibir turistas a mediados de junio, en flujos que están lejos de alcanzar los niveles de ocupación tradicionales.

Alina Santiago Jiménez, de la comunidad de Ixtlán de Juárez, en Oaxaca, señala dos consecuencias de corto y mediano plazo para las empresas forestales comunitarias del país: “Una de las características fundamentales de nuestras empresas forestales comunitarias es la creación de fuentes de empleo, es una de las cosas más importantes que hacemos; al venirse esta pandemia se pone en riesgo la capacidad para mantener esa actividad social. Por otra parte, con la reducción de ventas, de ingresos, el año que viene vamos a tener menos recursos para la inversión que hacemos en el bosque, para mantener bosques sanos, la biodiversidad, el agua; la base de todo el desarrollo sustentable”.

Esta situación ha descapitalizado a las empresas forestales comunitarias, en su mayoría pequeñas y medianas, y amenaza con dejar a miles de trabajadores sin los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias.

Para Barrera, esto plantea nuevos retos para el manejo forestal comunitario. Uno de ellos es que las empresas forestales comunitarias pequeñas y medianas, acostumbradas a depender solo de los subsidios, deben desarrollar una nueva cultura financiera.

Sergio Madrid añade otra dimensión a esa problemática, desde su perspectiva: el sexenio pasado, la Conafor se limitó a ser una ventanilla de asignación de subsidios, con lo que se generó una enfermedad que él califica como bajalanismo; es decir, obtener «lana» (dinero) de programas públicos. Esto se impulsó, en buena medida, por influencia de algunos prestadores privados de servicios técnicos (ingenieros forestales) que buscaban su propio beneficio económico y que llevaron a las comunidades a concentrarse en solicitar apoyos en los rubros con más dotación de recursos, sin importar si eran relevantes para sus empresas.

Para Madrid, es urgente que la Conafor rompa esa inercia y vuelva a generar diagnósticos sólidos por región que permitan atender necesidades específicas de cada zona, recuperando así el espíritu que animó a las dos generaciones de Proyectos de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales (Procymaf), el componente central de las políticas públicas de promoción al manejo forestal comunitario entre 1995 y 2008.

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Fortalecer las capacidades técnicas comunitarias

Los servicios técnicos forestales son un factor central para garantizar que ejidos y comunidades tengan en verdad en sus manos el control de sus bosques. Producto de décadas de desconfianza en las capacidades de los habitantes para hacer un manejo sostenible de su capital natural, la legislación mexicana y los trámites que derivan de ella supeditan el otorgamiento de permisos de aprovechamiento a la presentación de planes de manejo forestal elaborados por prestadores de servicios forestales certificados que acrediten tanto formación académica como experiencia. Ese requisito ha servido para dejar el control del bosque en manos de técnicos ajenos a la comunidad, que no pocas veces promueven iniciativas orientadas a su beneficio, y no necesariamente al de la comunidad.

Para regresar a las comunidades el control cedido a los poco menos de 2000 prestadores de servicios técnicos forestales registrados ante la Semarnat, Madrid considera indispensable desarrollar las capacidades técnicas de las propias comunidades, tal como lo ha hecho la comunidad de Ixtlán de Juárez, en Oaxaca, donde Elías Santiago García encabeza al equipo de 22 integrantes de la Dirección Técnica Forestal.

Originario de Ixtlán, nombrado director técnico forestal en 2015, justo el año en que había que registrar el nuevo Plan de Manejo Forestal para las 19 310 hectáreas que cubre la comunidad, Elías detalla con precisión todas las acciones de aprovechamiento, conservación, restauración y protección del bosque que les permitieron renovar el plan y obtener, en 2017, la certificación internacional de la FSC al manejo forestal y la cadena de custodia de sus bosques.

A sus 33 años de edad, Elías representa a una segunda generación de ejidatarios y comuneros que está llegando a la dirección de las empresas forestales comunitarias en México.

Si don Andrés Carrera, de Durango, estudió hasta sexto año de primaria y se capacitó en la práctica, Elías se formó como ingeniero forestal en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca; él es capaz lo mismo de generar bases de datos sobre sus bosques, que de programar y mapear actividades de regeneración, diseñar planes de aprovechamiento con una perspectiva de largo plazo o monitorear especies en riesgo, para garantizar la conservación de la biodiversidad, no solo la salud de los árboles.

Lograr que cada comunidad desarrolle sus propios servicios técnicos, sola o en asociación con otras comunidades, es una de las metas que se ha planteado León Jorge Castaños, desde su llegada a la dirección general de la Conafor.

La agenda de Castaños incluye, además, simplificar la normatividad y reducir los tiempos de trámites, desarrollar un modelo de gestión territorial integral y cercano a la gente, impulsar iniciativas para evitar los cambios de uso de suelo y promover una agricultura que sea certificada como libre de deforestación.

“Se vale soñar”, advirtió Castaño el 16 de julio en el foro “Bosques del futuro. Una ventana al sector forestal”, donde hizo ese listado que incluye también la promoción de empresas forestales competitivas, que desarrollen una economía circular que haga un trabajo integral para producir bienes, alimentos, servicios ambientales y empleos.

De alguna manera, es la agenda que Castaños ha impulsado a lo largo de las más de cuatro décadas que lleva trabajando en el sector forestal, desde que ingresó a la pionera Dirección General para el Desarrollo Forestal en los años 70.

El gran obstáculo que tiene ante sí el director de Conafor para conseguir sus objetivos es el magro presupuesto que tiene la dependencia para manejo forestal comunitario: alrededor de 1031 millones de pesos (poco más de 48 millones de dólares); una cantidad menor a los 2000 millones de pesos (94 millones de dólares) que se invirtieron en 2019.

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¿Una nueva etapa para el manejo forestal? 

Paradójicamente, a medida que ha ido creciendo la visibilidad global de las empresas forestales comunitarias mexicanas exitosas, en la segunda década del siglo XXI se fueron multiplicando también los análisis que llamaban la atención sobre las dificultades que enfrentaban de manera creciente las organizaciones forestales comunitarias en el país.

Como lo consigna David Bray en su libro (sin compartir el diagnóstico), para 2018 esos señalamientos eran ya tan frecuentes que se volvió común hablar de que el sector enfrentaba una crisis, que la pandemia del COVID 19 solo profundizó.

Para David Bray, sin embargo, todos estos obstáculos tienen un peso relativo: “Mi libro no alcanza a registrar los efectos del COVID; sin embargo tengo evidencia suficiente para afirmar que si bien el colapso de los mercados puede afectar a las empresas forestales comunitarias en el corto plazo, la capacidad de resiliencia que han desarrollado como comunidades (no juzgadas solo a partir de los criterios empresariales tradicionales) les permitirá sortear la coyuntura”.

Desde su perspectiva, el gran reto que enfrentan las empresas forestales comunitarias hoy, pero también los cerca de 11 millones de personas que habitan esas zonas forestales, no proviene ni del mercado, ni de la gobernanza, ni de la reducción del presupuesto destinado a apoyarlas, ni del cambio climático; proviene del crimen organizado. Esa fue la sensación que le dejó a Bray el viaje que realizó al país en 2019.

Bray no es el único que llama la atención sobre ese riesgo. También lo hace Juan Manuel Barrera, que vive y trabaja en Michoacán.

En su edición de julio de 2020, Noticias del Sector Forestal —publicación de Conafor— reporta que tan solo en los predios de los Municipios de Coalcomán y Aguililla, en el estado de Michoacán, la presencia de grupos armados ha generado una baja de un 30 % en la superficie aprovechable.

José Juan Martínez, coordinador técnico de la Unión Nacional de Organizaciones de Forestaría Comunal A.C. (UNOFOC), que agrupa a más de 60 organizaciones a nivel nacional, llama la atención sobre un reto más estructural, relacionado con el diseño de políticas públicas: “Necesitamos fortalecer las empresas forestales comunitarias desde la coordinación con el gobierno. El reto es mayor; más allá de la pandemia, es importante que se generen estrategias para el fortalecimiento del sector forestal.”

Sergio Madrid no minimiza todas las amenazas que enfrentan hoy las empresas forestales comunitarias, pero también tiene una certeza radical: “Si queremos conservar la riqueza forestal que tiene México, su enorme biodiversidad, el instrumento más idóneo con que contamos es el manejo forestal comunitario. En la medida en que se fortalezca, que haya más comunidades que manejen su bosque, se podrán enfrentar las amenazas”.

* Imagen principal: La comunidad de San Juan Evangelista Analco tiene 1630 hectáreas de bosques templados y de niebla. Foto: Carmen Pacheco.

* Diseño y programación de visualizaciones: Rocío Arias Puga y Daniel Gómez Hernández para Mongabay Latam. Fotografías: Carmen Pacheco; Secretaria de Cultura de México; Rhett A. Butler; A. Belrán; Ignacio Gutiérrez Ruvalcaba; Noé González-Gallegos; Natura; Elías Santiago; Ixtlán de Juárez; Conafor; CCMSS/Enrique Abe; FAO; UCDFI Topia; Comunidad Nuevo San Juan Parangaricutiro; FSC México; Iván Leyva, Red MOCAF; Arturo García; Graciela Zavala/Rainforest Alliance México; Sembrando Vida; María Eugenia Olvera/Polea A.C.