• En el municipio de Piamonte, en Cauca, la defensora de 49 años se ha opuesto al avance de la frontera agrícola en la Amazonía, a los cultivos de uso ilícito, a la contaminación petrolera, a la deforestación y a todo aquello que signifique un riesgo para el ambiente y el territorio.
  • Los integrantes de la Asociación Municipal de Trabajadoras y Trabajadores Campesinos de Piamonte (Asimtracampic), la plataforma organizativa que Salcedo fundó hace 10 años, trabajan para que en la región no se siembre más coca y no avance la deforestación.
  • Por su labor, la lideresa ha recibido varias amenazas, cada vez más fuertes. La más reciente sucedió en agosto del 2023, cuando un hombre le dijo: “Se lo advertimos, prepárese para llorar”. Ella no abandona su sueño de crear corredores biológicos para las especies que habitan en Piamonte y que se encuentran amenazadas, entre ellas el mico bonito, endémico de los departamentos de Cauca y Caquetá.

“Ya estoy con el objetivo, esperando orientación”. Uno de los cuatro hombres que llegaron a la casa de Maydany Salcedo repitió esa frase varias veces al hablar por teléfono con su jefe. La insistencia de ese hombre tenía a la lideresa paralizada por un miedo abrumador.

Eran alrededor de las 11:30 de la mañana del lunes 10 de abril de 2023. El hombre que la amenazaba estaba parado en la puerta de la casa y otros tres se encontraban dentro, caminaban a sus anchas con armas en las manos. Los hombres obligaron a Maydany Salcedo a prepararles comida mientras conversaban. Así fueron alargando el suplicio.

Se presentaron como integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) Comandos de Frontera, que surgió tras el proceso de paz y reúne a exguerrilleros y exparamilitares que buscan tener el control del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal en el suroccidente del país, territorio que era controlado por el antiguo Bloque Sur de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “Esperamos que no siga con su trabajo porque sabemos cuántas veces sale el perro a mear y le vamos a acabar con lo más chiquito que usted tiene: el perro y los dos nietos”, la amenazaron. Ella sólo suplicaba que no la mataran delante de los niños. Pero no, no iban a matarla.

Esos hombres aparecieron para advertirle que no podía volver a Piamonte, un municipio ubicado en la denominada bota caucana, que colinda con los departamentos de Caquetá y Putumayo, al suroccidente colombiano, los mismos territorios en los que los Comandos de Frontera sembraron terror en octubre de 2023: impusieron un paro, retenes y sitiaron diferentes municipios.

De su pueblo, Maydany Salcedo salió desde marzo del 2022, aunque volvía de vez en cuando para desarrollar alguna actividad con la Asociación Municipal de Trabajadoras y Trabajadores Campesinos de Piamonte (Asimtracampic), la plataforma organizativa que fundó hace 10 años y desde donde se ha opuesto a todo lo que amenaza el territorio: el avance de la frontera agrícola en la Amazonía, las afectaciones a los ríos, la pérdida de la biodiversidad, la minería ilegal, la corrupción, los cultivos de uso ilícito, la contaminación provocada por la actividad petrolera y las órdenes arbitrarias de los grupos armados ilegales.

Quienes la amenazaban detallaron a la defensora de ambiente y territorio cómo habían matado niños inocentes en Piamonte, hijos de líderes campesinos que no habían querido “cerrar la boca”. Le mostraron las fotos y le preguntaron si quería terminar de la misma forma. Se fueron de su casa y ella, con sus nietos y su perro, se dedicó a llorar.

Maydany Salcedo, nacida hace 49 años en Río Blanco (Tolima), trata de no quebrantarse públicamente para dar ejemplo, pero le gustaría sentirse menos sola, sobre todo en un país donde, en 2022, asesinaron a 60 defensores ambientales, casi el doble que en el 2021, de acuerdo con la documentación realizada por la organización internacional Global Witness. Colombia es el país más peligroso para lideresas como ella.

Esta mujer trigueña, de sonrisa dulce, sabe que su cabeza tiene un precio. Se enteró que dos semanas después de las amenazas, el 21 de abril, alias “Yonosé”, supuesto cabecilla de los Comandos de Frontera, realizó una reunión pública en el corregimiento del Remanso, en Piamonte, en la que advirtió que Maydany Salcedo, supuesta “guerrillera que impulsa la creación de guardias campesinas”, tenía prohibido volver al municipio, pues si lo hacía ya estaba la orden de asesinarla.

Aún así, casi tres meses después, Salcedo se atrevió a pisar Piamonte nuevamente: “Prefiero morir de pie que vivir arrodillada”. Su osadía le está costando caro.

Un encuentro recurrente

La visita que le hicieron a Maydany Salcedo no era la primera. En agosto del 2022 aparecieron dos hombres en su casa y fueron categóricos al decir que no querían más el trabajo de la asociación que ella dirigía en Piamonte, un municipio estratégico para las rutas del narcotráfico, pues no sólo conecta al Cauca con los departamentos de Caquetá y Putumayo, sino que permite, además, el tráfico hacia Ecuador. Su ubicación es tan privilegiada que los Comandos de Frontera se disputan el territorio con el frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC.

Los delincuentes necesitaban hacerse oír, por lo que enviaron el mismo mensaje a casi todos los miembros del colectivo de campesinos y expulsaron a 300 familias de Piamonte. “Me amenazaron a mí también. Me dijeron que sabían dónde estaban mi esposa y mis hijas… Que me callara la jeta si quería verlas con vida y que sabían que yo estaba en España en ese momento”, cuenta desde el exilio Jonathan Cuéllar, médico veterinario y zootecnista de la Universidad de la Amazonía, que forma parte de la asociación. Él ya había dejado el país por las múltiples amenazas que había recibido, pero desde Europa seguía trabajando con Maydany Salcedo.

Ambos saben que la labor que hacen incomoda a todos los grupos armados, pues la asociación fue promotora, entre otros, del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito en Piamonte. “Acompañamos la erradicación y la creación de proyectos productivos. Teníamos más de 734 familias que hacían parte”, cuenta Cuéllar. Ese activismo fue generando incomodidad en los grupos al margen de la ley, sobre todo porque Piamonte es un municipio con presencia de cultivos de coca y, además, vecino del Putumayo, que en 2022 concentró el 77 % del incremento de terrenos plantados con coca en todo el país, según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

El sueño de Asimtracampic era —y es todavía— frenar la ampliación de la frontera agrícola en la Amazonía e implementar cultivos maderables y semillas de la región.

Jonathan Cuéllar recorría cada una de las veredas cuando a Maydany Salcedo no la dejaban entrar. Mientras uno no estaba, el otro asumía varias de sus tareas. Los objetivos sociales y ambientales estaban bien clavados en el corazón de los integrantes de la asociación: no más coca y no más deforestación.

Con uno de los varios proyectos que tenían, consiguieron 1868 hectáreas de bosques con acuerdos de conservación por parte de 130 familias que decidieron unirse para preservar el territorio. El objetivo es —agrega Maydany Salcedo— crear corredores biológicos para las especies que allí habitan y que se encuentran amenazadas, como el mico bonito (Plecturocebus caquetensis), endémico de los departamentos de Cauca y Caquetá, que está en Peligro Crítico de extinción, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Para los integrantes e impulsores de la asociación hablar públicamente de derechos humanos y de justicia ambiental ha ocasionado que cada bando armado de la región piense lo que más le convenga: “Son guerrilleros”, “son del Ejército”. Cada sentencia, al final, genera lo mismo: riesgo. A Jonathan Cuéllar le advirtieron que su cabeza seguiría después de la de Maydany Salcedo.

—A usted la han podido matar varias veces y no lo han hecho. ¿Por qué?

—Uno de esos hombres me dijo que no me han matado porque el costo político sería muy alto —dice Maydany Salcedo.

El trabajo que han hecho con la Asimtracampic —la única organización campesina del municipio— ha llamado tanto la atención que en la Comisión de Estupefacientes de la Naciones Unidas en Viena, que se realizó en marzo del 2023, Maydany Salcedo fue una de las lideresas que acompañó a la entonces viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Laura Gil.

En ese viaje, Salcedo comprobó que no está dispuesta a pedir asilo en otro país y prefiere arriesgar su vida en Colombia: “Allá no hay papa, ni yuca, comen cosas muy raras que no me gustan. Tampoco hablo el idioma y la cultura es muy diferente, prefiero mi tierra”, dice, aunque reconoce que hay días en los que se siente culpable. “Si no fuera líder, quizá, no estaría ocurriendo esto”, lamenta, pues su familia perdió todo: sus terrenos y casas. Eso le ha costado, incluso, la indiferencia de varios de sus familiares.

El abuso en todas sus formas

En el agua, Maydany Salcedo encuentra consuelo. Cuando siente angustia, miedo o dolor, acude a ella, se sumerge y deja que ese líquido sagrado calme el dolor de su alma, así no pueda quitar las heridas físicas del abuso que ha sufrido. Y es que la defensora conoce prácticamente todas las formas de violencia existentes. Tenía seis años cuando unos hombres la violaron por primera vez; su familia vivía sobre el río Guayabero, en una vereda del municipio de la Macarena, en Meta.

“Sólo me acuerdo que botaba mucha sangre y me tuvieron que coser. Creo que la guerrilla mató a esos tipos. Desde entonces, encontré en el agua mi refugio, el lugar donde encuentro paz. Yo le hablo y lloro”, dice. Y sí, llora también al recordar que no fue la única vez que la ultrajaron. Siendo adulta un comandante de las FARC le dijo que tenía que ser de él o la mataba. No tuvo opción y fue violada por segunda vez en su vida. “Yo voy al agua y el agua me limpia”, dice, como si al lavarse pudiera dejar atrás esa historia violenta que la ha marcado y la ha catapultado en la lideresa que es hoy en día.

En Piamonte, cada que podía, se zambullía en el río Caquetá. Era su lugar seguro y, por eso, lo defendía con fiereza de la contaminación que genera —comenta ella— la petrolera Gran Tierra Energy (GTE), que tiene su base principal en Puerto Limón (Putumayo) y una estación en Piamonte, donde tratan el hidrocarburo producido en los pozos ubicados en ese municipio.

En el 2020 se presentaron dos derrames de petróleo que contaminaron el río Caquetá y varias de sus quebradas. El primero ocurrió el 21 de junio y el segundo sucedió el 17 de julio, en el mismo punto de ocurrencia y por fallas en el sellamiento de tubos, según un informe de la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS). “Nosotros tomamos agua de ese río”, lamenta Maydany Salcedo.

Mercedes Mejía, coordinadora de la Mesa Departamental para la Defensa del Agua y el territorio del Caquetá, que se creó en el 2015 con el único objetivo de defender la Amazonía colombiana, cuenta que los derrames de GTE han sido de enorme preocupación sobre todo porque “hay un pedazo del oleoducto que está en el río y cuando hay crecientes, lo maltrata”. Así que el riesgo persiste.

“El río se lleva aguas abajo cualquier residuo. Sólo en el sitio del derrame es que queda el aceite, pero de resto el agua se lleva todo. El problema son los acueductos de los municipios que toman agua del río Caquetá, como Solano, Solita, y todos los ribereños; los indígenas que, además de la contaminación por hidrocarburos, también tienen los residuos de la minería”, explica Mejía, quien conoció a Maydany Salcedo cuando la empezaron a apoyar tras las fuertes amenazas que estaba sufriendo. “Le ha tocado sacrificar mucho por mantener los procesos”, dice la profe, como le llama la lideresa.

Maydany Salcedo

Denunciar los daños causados por el petróleo

El río Caquetá no fluye igual. Su agua está negra y circula por encima de las piedras manchadas de petróleo. Ese es el testimonio de una contaminación que podría poner en riesgo especies de fauna y flora, así como a las comunidades que dependen del líquido que provee este afluente en el suroccidente del país.

El  7 de octubre de 2023, en horas de la noche, se presentó una nueva explosión, en el marco de una acción armada, que ocasionó un derrame de crudo —según la AAS— en la quebrada Parayaco, el río Mocoa y el río Caquetá. Un oleoducto que, de acuerdo con la asociación, ha presentado irregularidades desde 2014.

Mercedes Mejía, coordinadora de la Mesa Departamental para la Defensa del Agua y el territorio del Caquetá, cree que las autoridades no han hecho un seguimiento adecuado a los derrames de GTE. En eso coincide Karla Díaz, investigadora de la Asociación Ambiente y Sociedad: “Hay varios temas recurrentes del modelo petrolero, como la falta de rigurosidad en los estudios de impacto ambiental, en los planes de contingencia y en las medidas que se prevén en el proceso de licenciamiento ambiental para enfrentar ese tipo de afectaciones”.

Sobre esto, GTE respondió a Mongabay Latam que, tras ocurrido los derrames de 2020, implementaron un Plan de Respuesta a Emergencias y establecieron dos equipos de contingencia permanentes y, “para diciembre de 2021, Gran Tierra completó todas las actividades de limpieza”. Agregan que en una investigación independiente concluyeron que “la causa se debía a la dinámica del río y no a causas operativas”, así como tampoco hubo, argumentan, “afectaciones a cultivos, plantaciones, pastos, viviendas, zonas de pesca o infraestructura social, como acueductos, áreas de recreación, escuelas y áreas comunales”.

Para Karla Díaz, este asunto es crucial porque “no hay claridad sobre los pasivos ambientales, lo que genera que las empresas traten de reducir los impactos. (…) Las comunidades demandaban porque tomaban agua de los acueductos y, además, la actividad económica está muy relacionada a la pesca… Cuando las personas empezaron a hacer veeduría (inspecciones) actores ilegales las recriminaron, al punto que no sentían garantías para continuar con este proceso de visibilidad”.

Maydany Salcedo asegura que, en abril de este 2023, hombres armados le exigieron que se quedara callada con las denuncias a Gran Tierra Energy.

Mongabay Latam consultó a GTE sobre las intimidaciones que han sufrido líderes como Maydany Salcedo. En un documento, la empresa contestó que las rechazan y que cuentan con un protocolo interno que “insta a las comunidades a denunciar ante las autoridades correspondientes cualquier situación que consideren lesiva de sus derechos fundamentales”. Finalizan asegurando que no tienen conocimiento de “ninguna acción legal en contra de la compañía por algún tipo de amenazas a líderes”.

La primera vez que Maydany Salcedo y los integrantes de Asimtracampic manifestaron su oposición a la petrolera fue en 2013, al poco tiempo de constituir la asociación y en medio del paro agrario —tal vez uno de los más grandes en la historia del país—: “Les dimos un golpe porque no podían entrar el combustible, tenían que entrarlo en helicóptero”, relata la defensora.

Ese año se opusieron también a las FARC. Cuando el grupo insurgente ordenó que el comercio cerrara las puertas para apoyar el paro, Asimtracampic manifestó que no estaba de acuerdo y, con eso, revelaron una postura neutra y alejada de la guerrilla. Allí empezó el estira y afloja.

La oposición generó que, en 2014, los miembros del comité de Asimtracampic tuvieran que salir del territorio tras las amenazas. Sólo pudieron ingresar hasta 2016, cuando Maydany Salcedo y sus compañeros solicitaron autorización a los jefes de la guerrilla que estaban en La Habana (Cuba), donde se desarrollaba el proceso de paz. “Después de la firma del Acuerdo vivimos meses de felicidad porque se fueron los guerrilleros y el Ejército. Hasta que se incumplieron los acuerdos y volvieron al territorio las disidencias y las estructuras narcotraficantes”, explica la defensora.

Toda una vida de desplazamiento

Desde niña ha visto de cerca el desplazamiento. Es hija de dirigentes del partido político Unión Patriótica y ha tenido que salir de varios territorios porque a su familia la tildan de guerrillera o de colaborar con los militares (da igual). Los dos señalamientos pueden generar las mismas repercusiones en un territorio donde prima el conflicto. Tenía nueve años cuando huyeron del Raudal Angosturas, en Meta, después de que la guerrilla matara a su tío porque prestó servicio militar. Luego, huyeron de Puerto Concordia, también en Meta, porque asesinaron a otro de sus familiares. “Anochecimos y no amanecimos”, comenta Maydany Salcedo, para referirse a que el miedo hizo que nuevamente dejaran todo y arrancaran para Huila, donde pasaron por tres municipios diferentes porque los señalaron de guerrilleros.

Veía a su familia desbaratarse sin entender muy bien qué era lo que hacían mal. No sabía qué pasaba, hasta que se dio cuenta que el problema, quizá, era ese: tratar de hacer las cosas bien. Lo comprobó en su primer ejercicio de liderazgo en San Vicente del Caguán, en Caquetá, cuando ya tenía a su pareja —con la que se fue a vivir a los 16 años— y a sus dos hijas.

Mientras ese municipio se preparaba para ser el territorio donde se llevarían a cabo los fallidos diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, Maydany Salcedo trabajaba en su restaurante y, en sus tiempos libres, creó un círculo de lectores con niños, a quienes les enseñaba sobre Simón Bolívar y Policarpa Salavarrieta, una heroína colombiana, conocida como “La Pola”, que fue clave en la independencia del país. Salcedo les hablaba sobre la educación y la igualdad de derechos.

“Yo sentía que mi cuerpo vibraba con los ideales de izquierda”, cuenta. Su felicidad duró hasta que terminó la zona de despeje y la guerrilla la amenazó porque en su restaurante vendió comida a integrantes del Ejército. “Otra vez anochecí y no amanecí”, dice, una frase que en ella es recurrente. Volvió al Huila con sus dos hijas y con el duelo de separarse de su marido y de dejar nuevamente un sitio del que se sentía parte.

En Neiva, la capital de Huila, arrancó en forma su liderazgo en la fundación Nueva Esperanza, que se dedicaba a la protección de la población desplazada. Empezó como secretaria y terminó siendo parte del comité. Su trabajo fue tan excepcional que, según cuenta, un líder del partido comunista la invitó a formar parte de la Asociación Interveredal entre el río Orteguaza y Caquetá, que velaba por la protección del medio ambiente y los derechos humanos. Maydany Salcedo arrancó sin pensarlo.

“Fui la presidenta de esa Asociación entre 2009 y 2012. Fue mi mejor escuela, el mejor proceso organizativo de base y social, pero empecé a saber qué era ser líder”, explica. Salió cansada de la estigmatización y también de la persecución. No sabía qué más haría con su vida, pero la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) y el partido político Marcha Patriótica la invitaron a Piamonte a armar un proceso organizativo. Sin pensarlo, en septiembre de 2012, empacó maletas. Su propuesta era ambiciosa: caminar las 66 veredas del municipio para hablar con las comunidades y que fueran ellas las que decidieran si querían unirse y crear una asociación. Tras nueve meses de trabajo de campo, en junio de 2013, nació Asimtracampic.

“Se lo advertimos”

La defensora volvió a Piamonte en julio de 2023, sin importar las amenazas y la orden que dieron los Comandos de Frontera. “Tenía dos opciones: ir acompañada de la Fuerza Pública o no hablar con las comunidades. Entramos para hacer un análisis de riesgo con una organización. Sé que no lo puedo volver a hacer, pero qué hago —se ahoga con el llanto y continúa—. Me siento triste”.

Los grupos armados no pasaron por alto su visita. El 21 de agosto de 2023, un hombre armado apareció en la puerta de su casa y le dijo en tono amenazante: “Se lo advertimos que no entrara a Piamonte. (…) Prepárese para llorar a sus nietos, hijas y mascota, tome en serio lo que le estamos diciendo, porque en cualquier momento va a pasar lo que usted no cree”. Luego, el 3 de septiembre, llegaron dos hombres, tocaron a su puerta y uno le dijo al otro: “Acá es donde hay que hacer la vuelta”. Se quedaron unos minutos y se fueron. Regresaron al día siguiente y se quedaron frente a la casa.

Maydany Salcedo tiene protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), un organismo de seguridad del Gobierno. Normalmente, cuenta, los tres escoltas sólo la acompañan mientras se moviliza en el vehículo que le asignaron. Sin embargo, con la última amenaza del 3 de septiembre empezaron a acompañarla en cada momento. “Tienen que esperar a que algo ocurra para cumplir con el protocolo de seguridad que dice 24/7”, cuestiona Maydany Salcedo, quien teme sobre todo por la vida de su familia.

A veces dice que no puede más y pareciera arrepentirse de su labor, pero todo lo contrario, levanta la cabeza, traga saliva y sentencia: “Aún tengo mucho trabajo pendiente. Quiero dejar una Colombia diferente a mis nietos. (…) Hago un llamado al Alto Comisionado de Paz y al Gobierno, para que puedan garantizar el retorno de las familias desplazadas de Asimtracampic, que se haga justicia”.

Es contundente. Ella no pierde la esperanza de recuperar la tierra, crear los corredores biológicos, construir proyectos productivos, acabar con la minería ilegal, erradicar la coca del territorio y crear una Zona de Reserva Campesina, en la que han estado trabajando desde el inicio de la asociación y que esperan poder constituir legalmente.

Sus compañeros saben que sin ella, quizá, Asimtracampic se acabaría. Ese carácter fuerte y tajante no es fácil de reemplazar: “Si tengo que morir, muero”.

 

* Ilustración: Leo Jiménez.

 

Esta cobertura periodística forma parte del proyecto “Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques”, una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El artículo original fue publicado por María Fernanda Lizcano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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