Los cuidadores del Amazonas que ahora deben ser cuidados

• En la región del Bajo Río Caquetá existen cuatro resguardos indígenas y dos parques naturales por donde han extendido sus operaciones grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que reclutan adolescentes y jóvenes de las comunidades indígenas, y ejercen un control del que pocos quieren hablar.
• La zona, ubicada en la frontera con Brasil, es considerada estratégica para el paso de cocaína y marihuana. Muy cerca también operan dragas que extraen ilegalmente oro y que han contaminado las aguas de los ríos, afectando a peces y pobladores.
• Comunidades indígenas, como la del resguardo Curare Los Ingleses, el más grande de la región, se han organizado para controlar y vigilar su territorio, evitar la sobreexplotación de recursos naturales y proteger a los pueblos en aislamiento. Ellos, además, constatan con resignación cómo la huella del cambio climático ha alterado el calendario ecológico que rige sus tareas y costumbres.

En un país donde las disputas por la tierra han sido la raíz de muchas violencias, un resguardo indígena en el departamento de Amazonas decidió ceder un tercio de su territorio para proteger a sus “hermanos en aislamiento” o “en estado natural”, y prohibir toda actividad humana y de contacto, dos tareas que representan enormes esfuerzos de vigilancia y control, desafiados en los últimos años por extraños.

El resguardo Curare Los Ingleses es una especie de barrera de contención a las amenazas que los rodean: grupos armados que han ganado fuerza en la región, que reclutan adolescentes y jóvenes, infunden miedo y censura, y que incluso han obligado a las autoridades ambientales a abandonar la zona. También por la región —fronteriza con Brasil— cruzan rutas de tráfico de drogas y se registran actividades de minería ilegal de oro.

Fotografías realizadas en el resguardo Curare Los Ingleses en Amazonas, Colombia. Fotos: Víctor Galeano.

“No es mezquinar sino saber usar”

La zona de conservación tiene un punto clave: Puerto Caimán, donde está instalada desde 2013 una cabaña de vigilancia. Es el centro de operaciones de dos vigías, hombres y mujeres que hacen parte de las dos comunidades y que se van rotando cada mes. Son ellos quienes realizan los recorridos de vigilancia y registran en formatos especiales todas las novedades: desde números de individuos de una especie que observan hasta hallazgos de tareas de caza o tala, prohibidas en el área. También vigilan que nadie entre a la “zona intangible” desde el río.

El área de conservación es de especial valía cultural y biológica. Ahí se encuentran “los sitios de mayor importancia” y están concentrados los mayores esfuerzos de protección del resguardo. No siempre fue así. Entre los años setenta y noventa, grupos de colonos se asentaron ahí, en fincas de las que ahora solo quedan matas de plátano casi tragadas por la selva que volvió a crecer. De ahí, los mismos pobladores indígenas del resguardo y las comunidades vecinas, pero también foráneos, sacaban para el consumo y sin ningún tipo de control animales como la danta (Tapirus terrestris) o maderas finas, como el cedro (Cedrela odorata).

“Uno de los avances y de los logros que hemos tenido es recuperar esos sitios donde se hizo mal uso. Hemos recuperado los salados, hemos recuperado las áreas maderables, que también fue un tema muy golpeado”, explica Oswaldo Silva, de 41 años, y quien ha liderado en el resguardo proyectos de medio ambiente.

“En esa parte del territorio del resguardo hay varios manchales de cedro (concentración de este árbol), que es de las maderas más finas que hay, esa madera estuvo a punto de exterminarse. Hemos logrado detener eso: la extracción de madera, lo de caza, lo de pesca, y mantener intacto lo que es el bosque. Allá (en la zona de conservación) no hacemos utilidad para ningún tipo de chagra (pequeñas parcelas agrícolas) ni nada”, añade. “No es mezquinar sino saber usar”, es una frase que usan constantemente los líderes del resguardo para describir sus prácticas de conservación, incluso en otras áreas como la de rebusque, donde también llevan cuenta de lo que las familias extraen del territorio (maderas o especies de animales).

Entre los sitios de mayor importancia están los lagos –un sinnúmero de cuerpos de agua donde habitan caimanes negros (Melanosuchus niger), tortugas charapas (Podocnemis expansa) y peces ornamentales apetecidos como la arawana (Osteoglossum bicirrhosum)– y los salados, zonas en medio de la selva ricas en sales y minerales donde animales como las dantas (Tapirus terrestris) se reúnen y se alimentan. Los salados son la “maloca de los animales” para los indígenas. La maloca es el lugar de reunión y decisión de la comunidad, donde se mambea, se comparten bailes tradicionales y se recibe a foráneos.

Llegar hasta esta zona requiere no solo de un viaje desde La Pedrera de más de 85 kilómetros por el río, flanqueado por el verde de la selva, sino consultar con el “abuelo” o autoridad tradicional. Él pide permiso a la naturaleza y realiza un trabajo de protección. “Yo ya pedí permiso en mi pensamiento, ustedes están tranquilos. Pido permiso a los animales para no dañar a ustedes”, dice Alfonso Matapí, de 87 años, quien acompaña el recorrido en lancha por el río Caquetá. Explica que los animales en estos lugares sagrados tienen “dueño” y que cualquier acción sin permiso puede provocar la aparición de enfermedades o de imprevistos en el viaje.

“Piden al dueño de esas especies para que ellos le den el permiso, y si no se hace así, dicen los mayores, la misma naturaleza castiga. Lo de los dueños es un tema más espiritual (…) Por eso cuidamos mucho esas especies y respetamos también esos sitios”, explica Oswaldo Silva.

Mercurio que contamina las aguas

Otra tradición que mantienen es la de regir sus vidas, bailes, rituales y alimentación por el calendario ecológico que marca cuatro épocas del año. Pero las cosas ya no son como antes. “El tema del cambio climático sí ha afectado mucho en el territorio”, dice Cubeo, y se refiere tanto a las variaciones del clima que alteran el calendario ecológico, como a otro tipo de afectaciones. “Está mucho más caliente y los peces, de pronto, se van mucho más profundo, y ya no hay en gran cantidad”, cuenta.

Al igual que la yuca, los peces –como el sabaleta (Brycon melanopterus), el barba chata (Pinirampus pirinampu), el tucunaré (Cichla ocellaris), entre otros– son fundamentales en la dieta de los indígenas del resguardo, como fuente de proteína, y se han visto afectados también por la contaminación de las aguas debido al uso del mercurio que llega desde las zonas cercanas donde existe explotación ilegal de oro.

Un estudio de Parques Nacionales Naturales publicado en 2018 y realizado en varios puntos de la Amazonía, incluidas comunidades sobre el río Caquetá, vecinas a Curare y Boricada, analizó peces de consumo humano y muestras de cabello de personas, y en este último caso concluyó que “todos los valores excedieron los niveles de seguridad aceptados internacionalmente”.

En la extracción ilegal de oro se utilizan barcazas con sistemas de succión que extraen el sedimento del lecho del río. Ese material se lava y se le añade mercurio para amalgamar las partículas de oro. El mercurio residual se vierte al agua donde se transforma en metilmercurio, un compuesto que puede ser absorbido fácilmente por los seres vivos, como las microalgas, de las que se alimentan pequeños invertebrados y peces que las consumen otras especies en la cadena hasta el último consumidor: las personas.

El río Caquetá, límite natural del resguardo, muestra evidencias de explotación de oro de aluvión (EVOA), según el informe “Explotación de oro de aluvión: evidencias a partir de percepción remota 2021”, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Además, esa entidad validó alertas por presencia de EVOA en agua en el municipio de La Pedrera y en los parques Cahuinarí y Río Puré, que rodean Curare Los Ingleses. Esto afecta directamente al resguardo.

También se ha reportado presencia de dragas y actividad minera en la región. En los análisis hechos por Mongabay Latam, basados en los datos de la Fundación Gaia Amazonas para 2021, se precisaron al menos cuatro puntos de extracción o presencia de balsas mineras colindantes con el resguardo, uno de ellos en Puerto Caimán.

En un recorrido del equipo periodístico, en septiembre de 2023, por un trecho del río Caquetá, entre La Pedrera y Puerto Caimán, no se observaron dragas ni barcazas, tampoco actividades de extracción de oro, pero se conoce que en zonas cercanas, en el río Puré y del otro lado, en Brasil, donde el río se llama Puruê, la actividad minera ilegal de oro es actualmente abundante y estimula la corrupción y el crimen.

A diferencia de otras zonas de la Amazonía donde la deforestación ha ganado terreno considerable y la ganadería extensiva es una de las principales causas, en el resguardo Curare Los Ingleses las cifras son relativamente bajas en las zonas pobladas y no se registra actividad ganadera. En general, la tala se hace con permiso de las autoridades para tareas específicas como la construcción de casas o para adecuación de chagras, explican los líderes indígenas.

Los datos de la plataforma Global Forest Watch (GFW) mostraron en 2022 pérdida de bosque en varios puntos dispersos que suman 19 hectáreas, un perímetro que podría corresponder a las chagras.

Sin embargo, hay un dato preocupante y es el de las alertas en tiempo real de pérdida de cobertura forestal de GFW que evidenciaron durante abril de 2023 un punto de concentración en una zona más hacia el centro del resguardo —más alejada del río, selva adentro—, y otra área deforestada, monitoreada desde enero hasta octubre de este año, y que se ubica en la parte sur, que apenas entra a la “zona de conservación” del resguardo, y está en el Parque Nacional Natural Río Puré, y que se extiende de manera acelerada hasta hoy.

Las otras presiones en el territorio

En la región hay otras amenazas de las que poco se habla, pero que están transformando esta región desde hace unos años. Ante preguntas sobre los grupos armados que operan en la zona, habitantes del resguardo y pobladores prefieren callar, pero hay evidencias de su presencia y su actuar de terror que infunde miedo en la población.

El hecho más reciente fue el asesinato, en junio pasado, del promotor de salud y líder indígena Custodio Yucuna, habitante de Curare. Los hechos son confusos, pero testimonios coincidentes señalan que hizo algo que molestó al grupo armado que opera en la zona.

Según información de la Defensoría del Pueblo, que ha emitido varias alertas –la última de mayo de 2023–, relacionadas con La Pedrera, donde está el resguardo Curare Los Ingleses, en la región operan estructuras integradas por grupos ilegales que no se unieron al acuerdo de paz de las FARC con el Estado colombiano o que desertaron: el “Frente Carolina Ramírez” y el “Frente Armando Ríos”, que hacen parte del llamado Estado Mayor Central, liderado por “Iván Mordisco”.

“Custodio era una persona muy tranquila, un líder nato, alguien que tenía muchísimo conocimiento, venía de Mirití-Paraná, donde la cultura es muy fuerte, y todo su conocimiento estaba puesto a disposición de la gente”, cuenta una persona cercana que conoce el territorio y que pidió la reserva de su nombre por temor a represalias.

Su asesinato causó dolor, conmoción y miedo en la comunidad y en la organización indígena. “Fue un golpe muy fuerte porque se metieron con un líder, porque se metieron con alguien de salud, que es como lo intocable en medio de la guerra”, dice la fuente, y añade: “Se metieron con un líder y eso la organización regional, la AIPEA [Asociación de las Autoridades Indígenas de la Pedrera Amazonas], le ha puesto como a pensar en ese rol de sus líderes políticos y ver cómo cuidarlos”.

Otra fuente que también prefiere no ser identificada por temor a represalias coincide: “Fue una afrenta enorme porque en cualquier guerra, el personal de salud siempre era respetado y en este caso es una agresión, además que era una persona de mucho arraigo social y cultural en la zona”.

Antes, en 2018, otro líder, el expresidente de AIPEA, Darío Silva, y su esposa tuvieron que salir del territorio por amenazas y acciones violentas.

Sobre el asesinato de Yucuna hay mucho hermetismo, pero también sobre otro tema: el reclutamiento de adolescentes y jóvenes. Varias familias han tenido que afrontar el tema en silencio porque temen denunciar a las autoridades.

Existe “zozobra y miedo dentro de las comunidades que tienen miedo de articular [acciones] con las autoridades porque el Estado no tiene control en una zona que está siendo gobernada por las disidencias de las FARC”, explica Bram Ebus, líder del proyecto periodístico Amazon Underworld (del que hace parte La Liga Contra el Silencio) y consultor sobre medio ambiente y conflictos del International Crisis Group, y quien ha investigado la región.

Según un cálculo obtenido en esta reportería, desde marzo, siete jóvenes han sido reclutados en Curare y cuatro en Boricada. También hay quienes dicen que se unen a los grupos para huir de los tratos violentos en las familias o como una opción de empleo, escaso en la zona. Una persona que habita en la región y que no quiso ser identificada confirma que estos grupos armados les ordenan no tener ningún tipo de comunicación con los militares o la policía. Y sobre el reclutamiento dice: “Eso es voluntad de cada joven para poder ingresar, voluntad de cada cual. No es obligatorio que los lleven a fuerza mayor”.

En una alerta de 2021, la Defensoría del Pueblo ya había advertido del riesgo de reclutamiento de menores indígenas de varias comunidades sobre el río Caquetá por parte de las disidencias de las FARC. En la lista están Curare y Boricada.

La gobernanza de los parques nacionales de la zona también se ha visto afectada por la violencia. A partir de 2020, los equipos tanto del Puré como del Cahuinarí se vieron obligados a salir por amenazas y no han podido retornar a sus labores.

“Va pasando de amarillo a naranja y a rojo, si fuera un sistema de alertas de ese tipo, eso hace diez años pensábamos que era imposible que sucediera ahí y ahorita está sucediendo a velocidades que no logramos entender cómo adecuarnos y cómo actuar”, afirma Martínez, del Parque Puré.

Ebus, del International Crisis Group, explica que después de la firma del acuerdo de paz “se reconfiguró el conflicto colombiano en la región amazónica, y el río Caquetá ha sido un eje muy importante para el narcotráfico hacia Brasil”. En ese contexto, las disidencias de las FARC “forjaron nuevas relaciones económicas y estratégicas con bandas criminales brasileñas”, como el denominado Comando Vermelho.

Desde Colombia envían pasta base y clorhidrato de cocaína, y un tipo de marihuana potente, conocida como creepy y que en Brasil la llaman “maconha gourmet”, este último “un negocio muy lucrativo”, según Ebus. Detalla, además, que para el transporte de marihuana las disidencias están contratando a hombres indígenas de las comunidades de La Pedrera que cargan bultos de entre 50 y 60 kilos durante dos o tres semanas por la selva para entregarlos en Brasil, burlando el puesto de control brasileño de Vila Bittencourt mientras del lado colombiano el Estado “casi no tiene presencia”. Las disidencias también están actuando del otro lado de la frontera y cobran “vacunas”, como le llaman a las extorsiones, a mineros ilegales de oro que operan en el municipio de Japurá, en el Amazonas brasileño, añade Ebus.

La tradición se impone a contracorriente

Un contexto cada vez más violento amenaza a las comunidades indígenas en esta zona, y mientras un grupo de jóvenes hace parte de las disidencias, otro está trabajando en rescatar las tradiciones y recuperar las enseñanzas de los abuelos y abuelas.

Una noche de septiembre, Wilder Carvajal, de 23 años y líder del grupo de jóvenes de Curare, junta en la maloca a media docena de compañeros para recrear uno de los bailes más importantes: el wichakalaji o baile del dormilón, que cuenta cómo los peces se integran a bailar con todos los animales y se usa para “curar el mundo”. Es uno de los esfuerzos que hacen en la comunidad “para recuperar lo perdido, para poder así ponerlo en práctica y mantenerlo, y seguir con eso mucho más adelante, y así como el sabedor nos enseña a nosotros, nosotros también tenemos que transmitir esa información a los que vienen”, dice Carvajal.

“Muchos de los jóvenes se nos están perdiendo en el tema de la cosa occidental, no tradicional. Ya les gusta un celular, mas no les gusta lo nativo de uno, la cultura”, cuenta. Carvajal lamenta que también se está perdiendo el dialecto. El más común es el yucuna, que él escucha de su madre, y que espera usar cuando plasme en una cartilla los bailes y cantos que está buscando rescatar.

Otro esfuerzo similar es el del grupo de mujeres. Roxana Tanimuca, lideresa de este “canasto”, encabeza un trabajo de recuperación de las historias tradicionales sobre la chagra (espacio donde cultivan alimentos) y el papel de la mujer en las comunidades indígenas. También plantea hacer una cartilla en yucuna y aspira a que desde la niñez puedan aprender la lengua. Destaca el impulso de la chagra colectiva en el resguardo como una forma de consolidar la seguridad alimentaria. Ese esfuerzo colectivo aporta beneficios a todas las mujeres que están involucradas. Por primera vez lograron obtener maíz y vender la cosecha. Además, cada familia tiene una o varias chagras para su sustento. Ahí siembran principalmente yuca, plátano, ñame, entre otros alimentos.

“Como mujeres pensamos que es muy importante organizarnos para poder ser escuchadas en todas las reuniones y en todos los proyectos que se siguen fortaleciendo”, dice esta mujer de 29 años.

Cuenta orgullosa que la alimentación en el resguardo está garantizada en un 90 % y que en esta zona no hay problemas de desnutrición. “La tierra es muy fértil, todo lo que se siembra se cosecha, por eso nosotros agradecemos a la tierra, es la fuente de vida (…) No hemos aguantado hambre ni de pescado ni de la yuca porque acá hay en abundancia”, dice.

Pero las mujeres de la comunidad sí lamentan que sus productos tradicionales sean poco valorados “por los blancos” y que cada vez sea más caro acceder a productos del pueblo.

Berta Yucuna Tanimuca, por ejemplo, hace con sus manos fariña y casabe, dos alimentos provenientes de la yuca, fundamentales en la dieta de los pobladores indígenas amazónicos. Su venta en la comunidad y en La Pedrera, el pueblo más cercano, le sirve para juntar dinero que servirá luego para comprar productos como el jabón o la sal, pero considera que comerciar así es injusto. “Hay veces que los blancos no valoran mucho el producto de uno porque el de los blancos es más caro. No quieren recibir y toca bajarlo (el precio). Nosotros no les decimos bajen el producto de ustedes, y ustedes sí quieren que bajemos los productos de nosotros”, dice. “Por la necesidad toca bajarlo para que ellos lo compren”, cuenta esta mujer de 40 años.

Yucuna Tanimuca dice que en la comunidad vende el kilo de fariña a 10 000 pesos (US$ 2,3) y que en La Pedrera le toca vender a 8.000 (US$ 1,9) para que luego los comerciantes lo revendan a 12.000 (US$ 2,8).

Fotografías realizadas en el resguardo Curare Los Ingleses en Amazonas, Colombia. Fotos: Víctor Galeano.

Cada tarea en la que se ha organizado el resguardo Curare Los Ingleses tiene un sentido y su trabajo colectivo los hace sentir orgullosos, pero reclaman más atención de afuera. “Lo importante es que nos tengan en cuenta y que nos admiren el proceso que nosotros venimos conservando desde hace muchos años en el territorio, lo que tiene que ver con la fauna y la flora, que están en abundancia los árboles que hoy nos rodean están con su vida muy positiva y ninguna contaminación existe por estos lados”, señala Cubeo.

Y hace un llamado para que organizaciones no gubernamentales y el Estado los apoyen en su interés de fomentar “el buen vivir”: “Queremos este buen vivir para quizá más adelante nuestros niños tengan una sociedad mejor y alegre para que ellos tengan esa vida sana, que quizá nosotros ya no vamos a tener”.

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Foto de portada: Vista aérea de la maloca de la comunidad de Curare en el resguardo Curare Los Ingleses, en la región Amazonas, Colombia. Foto: Victor Galeano

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Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El artículo original fue publicado por Jeanneth Valdivieso en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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