- En las afueras de la capital, Bogotá, miles de personas viven en comunidades de viviendas improvisadas, que constituyen desde barriadas hasta asentamientos precarios.
(Mongabay Latam / Maximo Anderson)
Aquí arriba, entre las nubes y sobre la columna vertebral de la Cordillera de los Andes, es difícil creer que San Germán está ubicado en las afueras de la pujante metrópolis de Bogotá. Este asentamiento precario está rodeado por tres pantanos y conforma una constelación de viviendas construidas con madera, lona y ladrillo. La humedad es casi permanente en San Germán, debido a la altitud, y el viento frío silba en medio de las casas.
El líder comunitario, Arley Estupiñán, de veintiséis años, trata de hacerse oír sobre el estruendo que causa la lluvia que cae sobre el techo de chapa de su casa, y sostiene que el asentamiento es resultado de la política. Estupiñán dice que la existencia de lugares como San Germán se explica por la falta de voluntad de los políticos colombianos de proporcionar viviendas a los ciudadanos vulnerables y desposeídos que migran desde otros lugares hacia la capital.
“Esa es la razón por la que terminamos viviendo aquí, en estas condiciones, y aun así [los gobernantes] quieren echarnos”. Estupiñán es el portavoz de la población en aumento de San Germán, y su objetivo es que sea reconocido como un barrio legítimo. No existen cálculos oficiales, pero Estupiñán estima que viven cerca de 300 familias allí. Actualmente, el asentamiento está en una especie de limbo; la alcaldía de Bogotá considera que es un barrio de poca monta e ilegal porque está situado dentro de los límites del Parque Nacional Entrenubes.
Mientras tanto, la comunidad está trabajando en conjunto con una agrupación sin fines de lucro que quiere ayudar a que San Germán obtenga un título legal.
Estupiñán, músico y peluquero de profesión, llegó a Bogotá desde la ciudad costera de Buenaventura con su pareja, Esmeralda, en 2014. Escapaban de la violencia creciente de las bandas paramilitares de narcotraficantes que operan allí. Esas bandas surgieron como milicias en la década de 1980 al amparo del Estado, y muchas empezaron a dedicarse al narcotráfico después del proceso de abandono de armas de la década de 2000. Estupiñán recuerda con tristeza que llegaron a Bogotá “con nada más que la ropa puesta y $10 000” (alrededor de US$ 3).
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Cuenta que después de intentar, sin éxito, obtener asistencia del gobierno —que es el responsable legal de la reubicación de los ciudadanos colombianos desplazados por el conflicto armado—, terminaron en San Germán, donde unos amigos les dijeron que podrían encontrar un lugar para su familia.
“Todo lo que se ve acá lo construimos con nuestras propias manos”, dice con orgullo. Su casa está hecha de madera, plástico corrugado y chapa, y se erige en un risco lodoso en uno de los límites del asentamiento.
Las personas migraron históricamente a las ciudades por diversas razones, que en gran parte tienen que ver con necesidades económicas. Pero en la historia de los migrantes internos de Bogotá no puede dejar de mencionarse la sangrienta guerra civil de Colombia, que duró 53 años y que terminó con un tratado de paz el año pasado, con un saldo de casi 250 000 personas asesinadas y seis millones desplazadas en las últimas cinco décadas. Hoy, Colombia está en segundo lugar, después de Siria, en la lista de países con más cantidad de personas desplazadas a causa de la guerra.
La mayoría de los desplazados de Colombia llegan a la capital en búsqueda de refugio, pero casi todos terminan viviendo en asentamientos precarios como el de San Germán, muchos de los cuales se expanden también hacia los parques nacionales que rodean a la ciudad y que amenazan, a su vez, a los bosques y pantanos de la región.
Gran parte de esos asentamientos se ubican en las laderas de las montañas, lo cual supone un peligro por los deslizamientos de tierra, un fenómeno que se ve agravado por los efectos del cambio climático y la pérdida de bosques.
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La imposición de la ley
La problemática de la vivienda y los asentamientos precarios también dio origen una zona sin ley dentro de la ciudad, en la que las bandas criminales se aprovechan de la ausencia del Estado para falsificar escrituras de tierras, sobornar a las autoridades y exigir dinero a los residentes. La alcaldía de Bogotá dice que se está ocupando del problema, pero genera mucha crítica y resistencia de parte de los habitantes locales.
Estupiñán reconoce que San Germán “creció mucho”, con lo que da a entender que se convirtió en un problema que ni él ni otros líderes de la comunidad pueden controlar. Cuando él llego, hace tres años, dice que había catorce casas; hoy hay cerca de trescientas.
En consecuencia, el asentamiento va absorbiendo rápidamente la ladera, y pocos árboles quedan en pie. Lo que queda a la vista es un paisaje de luces parpadeantes y casas de cemento construidas en forma burda, y es imposible distinguir cuáles de ellas serían “legales” y cuáles no.
Bogotá está ubicada en una cuenca fértil de la altiplanicie, y originalmente formó parte de la capital de la civilización muisca, hasta que los españoles la conquistaron en 1538. A casi 2700 m de altura sobre el nivel del mar y a casi 500 km de la costa más cercana, uno creería que es un lugar extraño para establecer una capital colonial, si no fuera por la abundancia de oro muisca (de hecho, se atribuye la leyenda de El Dorado a los muisca).
Desde 1950, Bogotá pasó de ser una ciudad de tamaño modesto, con 700 000 habitantes, a una megaciudad global con una población de diez millones de personas.
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Ciudades en expansión
La gestión del crecimiento poblacional ha sido una preocupación de las sociedades urbanas desde que comenzaron a existir las ciudades hace alrededor de 10 000 años, pero es a partir de la reciente destrucción biológica causada por el cambio climáticoque se convirtió en una verdadera problemática transnacional. La explosión demográfica global y el cambio de una existencia rural a una urbana que comenzó a mediados del siglo XX trajo los conflictos sobre la tierra —una cuestión siempre asociada con el campo— a la ciudad.
Según el especialista en ciudades Mike Davis, en 1950 había en el mundo 86 ciudades con poblaciones de más de un millón de personas, pero para 2015, esa cantidad aumentó a 550.
El problema de esa tendencia, sostiene, es que el crecimiento se da, en gran medida, en los países en desarrollo, en los que se calcula que 78 % de la población urbana vive en asentamientos precarios en expansión, como el de San Germán. Con frecuencia, además, tales asentamientos se sitúan en zonas que no son seguras para vivir.
Otro de los peligros de esa tendencia global es el daño que los asentamientos precarios causan en el hábitat natural de los alrededores, una cuestión de visible actualidad en la comunidad de San Germán. Pero sin ningún tipo de estatus legal o disposiciones básicas de parte del gobierno, no es mucho lo que los residentes pueden hacer para disminuir el impacto ambiental causado por su presencia, afirma Estupiñán.
Hoy en día, Bogotá está sacudida por problemas relacionados con la gestión ambiental y la vivienda; dos cuestiones agravadas por los efectos del cambio climático, que causa patrones climáticos cada vez más extremos y aumenta la frecuencia de los deslizamientos de tierra. Según un informe de la influyente revista Semana, en la ciudad existen alrededor de 20 000 asentamientos ilegales de tamaño variable, desde asentamientos precarios como el de San Germán hasta barriadas más pequeñas, donde habitan familias recién llegadas a la ciudad. Muchos de esos asentamientos se ubican en parques nacionales o en las laderas de las montañas, donde los deslizamientos de tierra son un riesgo frecuente.
Solamente en Usme, el distrito donde se encuentra San Germán, se identificaron alrededor de 2000 asentamientos ilegales este año, que se extienden en un terreno de 400 hectáreas. Las autoridades identificaron diez bandas que controlan los sistemas de apropiación ilegal de tierras en Bogotá, según la revista Semana.
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Enfoque de mano dura
El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, prometió ocuparse de las bandas delictivas que monopolizan las propiedades, llevan a cabo fraudes a cambio de protección y trafican drogas en los barrios más pobres de la ciudad. El año pasado, en una demostración de fuerza, la policía nacional hizo una redada en un barrio controlado por bandas delictivas conocido como el “Bronx”, tristemente célebre por haberse convertido en sinónimo de la epidemia de adicción al crack, pandillas violentas y prostitución que asola a Bogotá. La redada tuvo éxito en limpiar el barrio, pero los críticos argumentan que lo único que logró fue dispersar la actividad delictiva del Bronx, sin resolver los problemas latentes de la ciudad.
En San Germán, el gobierno adoptó un enfoque similar de mano dura. El 6 de octubre de 2016, 500 policías, acompañados por helicópteros y equipos de televisión, fueron a evacuar por la fuerza y arrestar a los residentes de San Germán. Las autoridades locales les habían avisado que el asentamiento estaba invadiendo el Parque Nacional Entrenubes y que los “tierreros” —piratas de terrenos urbanos— estaban imponiendo en la comunidad una especie de “sharia”, o ley estricta, por la cual amenazaban a los residentes con hacerles amputaciones si no les pagaban el alquiler que exigían.
Ese día, seis personas fueron arrestadas, y desde entonces la policía estuvo haciendo patrullajes. Según varios de los residentes de San Germán, la policía los amenazó y destruyó algunas viviendas recién construidas.
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Estupiñán desestima las historias sobre los tierreros y considera que son inventos ridículos que solo buscan difamar. Sostiene que forma parte de una estrategia mayor de las autoridades de desalojar a la comunidad sin reubicar a los habitantes, para dar vía libre a proyectos de desarrollo lucrativos en esa zona.
El alcalde también prometió llevar adelante una amplia iniciativa de “legalización” y reubicación de asentamientos en muchos de los distritos más afectados en la ciudad. Pero muchos de los que ocupan o están cerca de parques nacionales, como San Germán, permanecen en el limbo.
Estupiñán cuenta que San Germán estuvo a punto de recibir estatus legal durante el mandato del anterior alcalde de Bogotá y de ser incorporado en un esquema de “barrios verdes”, cuyo objetivo era combatir la pobreza y tratar los efectos del cambio climático, pero ambas medidas fueron paralizadas cuando el gobierno de la ciudad cambió de manos. En ese esquema, las casas se construyen con materiales sustentables y hay gestión de residuos.
Una versión ampliada de esta historia fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.
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