Grandes áreas con quemas recientes, suelos chamuscados y unos cuantos árboles que permanecen en pie. Trazos de carreteras que se adentran entre el bosque, pastizales de vieja data, pozos artificiales de agua abiertos con retroexcavadoras y algunas pocas vacas distribuidas en enormes extensiones de tierra. Así luce desde el aire Guaviare, uno de los seis departamentos amazónicos de Colombia.

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Pese a tener áreas clave para la conservación de la biodiversidad, como el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete o la Reserva Nacional Natural Nukak, el departamento de Guaviare es uno de los cinco más deforestados del país y forma parte de lo que se conoce como “Arco de la deforestación amazónica”.

En el último año, este territorio se ha convertido, además, en el epicentro de la disputa entre dos grupos disidentes de las extintas FARC: el Estado Mayor Central (EMC), comandado por alias “Iván Mordisco”, y el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), comandado por alias “Calarcá”. Ambos grupos eran parte del proyecto de “Paz Total” impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro, en el que se estableció el control de la deforestación como uno de los pilares de la mesa de negociación. Sin embargo, en agosto de 2024 la facción liderada por “Mordisco” decidió abandonar el diálogo.

Su salida también se sintió en la deforestación, que había tenido una reducción considerable a nivel nacional, pasando de 123 517 hectáreas perdidas en 2022, a 79 256 hectáreas en 2023 (justo cuando los actores armados prohibieron la tala con panfletos y manuales de convivencia), y que volvió a repuntar en 2024, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), cuando alcanzó 113 608 hectáreas.

Incluso, la ex ministra de Ambiente Susana Muhamad reconoció a inicios de 2025, antes de dejar el cargo, que la deforestación estuvo altamente influenciada por lo que ocurría en las mesas de negociación y la reestructuración de estos grupos en la Amazonía.

Guaviare es una muestra de los enormes retos para conservar los bosques en medio del recrudecimiento del conflicto. A mediados de noviembre, en medio de una ofensiva militar impulsada por el Gobierno contra las disidencias de “Mordisco”, y luego de varios días de combate, Petro ordenó bombardear a dos frentes del EMC que se encontraban en la vereda Itilla, en el municipio de Calamar, zona rural de Guaviare.

Aunque se trató del séptimo bombardeo realizado por la fuerza pública este año, recibió una atención diferente, luego de que el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmara que, entre los 20 “abatidos” se encontraban siete menores de edad, cuatro mujeres y tres hombres.

Según la Defensoría del Pueblo (entidad encargada de velar por los derechos de las personas y las comunidades en Colombia), solo en 2024 fueron reclutados 463 menores de edad y casi la mitad pertenecían a pueblos indígenas.

“Cada semana que pasa, la complejidad es mayor”, aseguró Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare (la capital del departamento), en medio de un encuentro organizado por la Iniciativa Interreligiosa por los Bosques Tropicales (IRI-Colombia) en el municipio. “Mientras no exista la tranquilidad y la armonía en el territorio, va a ser muy difícil hablar de conservación o de estrategias que permitan una dinámica económica para estas familias”, enfatizó.

Las cifras oficiales también reflejan esa dificultad. Según el último informe del Ideam, Guaviare pasó de perder 11 467 hectáreas de bosque en 2023 a perder 16 906 hectáreas en 2024, un aumento de más de 5000 hectáreas. “Las principales causas directas de la deforestación fueron la praderización con fines de acaparamiento de tierras, las prácticas insostenibles de ganadería extensiva, el desarrollo no planificado de infraestructura de transporte, los cultivos de uso ilícito, la extracción ilegal de madera y la expansión de la frontera agrícola en zonas no permitidas”, señaló la entidad.

“Va más rápido la deforestación que el control, van más rápido las praderas para meter ganadería. Semanalmente sacamos, en promedio, más de 2000 animales para sacrificio a Villavicencio y Bogotá”, confiesa también el alcalde.

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Las zonas sobre las que la Defensoría ha alertado por el aumento del conflicto en Guaviare coinciden con las áreas donde se ha incrementado la pérdida de bosque. En enero de este año, la entidad emitió una Alerta Temprana sobre los riesgos para la población civil, especialmente en los municipios y zonas rurales de San José del Guaviare, Calamar y El Retorno, así como en el Resguardo Indígena Nukak y el Resguardo Indígena Yarí Yaguará II. En junio escaló la situación a una “crisis humanitaria”.

De manera similar, el primer boletín de alertas tempranas de deforestación de 2025 (que cobija los meses de enero a marzo), publicado por el Ideam, identificó cuatro de los núcleos con mayores alertas por deforestación en Guaviare: Yaguará II, Calamar-Miraflores, San José del Guaviare-Kuway-Nueva York y El Retorno. El informe más reciente (del trimestre entre abril y junio) mostró que los municipios de Calamar, El Retorno y San José del Guaviare mantienen niveles altos de detecciones tempranas de deforestación.

Mongabay Latam sobrevoló, por invitación de IRI-Colombia, algunos de los puntos con mayores índices de deforestación, como los municipios de El Retorno, Calamar y San José del Guaviare, así como el Resguardo Indígena Nukak y las inmediaciones de la Reserva Nacional Natural Nukak. El avance de la tala y quema de bosques, la ganadería, las vías ilegales y los cultivos de coca se han vuelto una imagen común entre el paisaje.

Entre parches enormes de deforestación, se hace evidente una práctica que los expertos describen como “ganadería extensiva”, donde se ven enormes potreros de cientos de hectáreas con un poco menos de una decena de cabezas de ganado.

En municipios como Calamar y Miraflores, por ejemplo, hay más vacas que personas. El censo de vacunación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) registra 126 286 cabezas de ganado en estos dos municipios, mientras que, según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), hay 19 565 personas (2023).

En diciembre de 2024, la Procuraduría alertó que había cerca de 1 200 000 cabezas de ganado invadiendo territorios protegidos como el Parque Nacional Natural Chiribiquete y la Reserva Natural Nukak.

Según Parques Nacionales Cómo Vamos (una iniciativa de la sociedad civil que evalúa el estado de las áreas protegidas en Colombia), el aumento de la producción ganadera en las zonas de amortiguación de los parques nacionales puede afectar el funcionamiento de sus ecosistemas y dificultar su conectividad ecológica.

Uno de los municipios más afectados es Calamar, donde se perdieron más de 6969 hectáreas por deforestación solo en 2024, es decir, 2552 hectáreas más que el año anterior. Esto lo convierte en uno de los municipios que concentra la mayor superficie deforestada.

Por este municipio pasa un tramo de los 159 kilómetros de trocha que conecta a los municipios de Calamar y El Retorno con Miraflores, en el departamento de Guaviare. La vía está ubicada en una zona de reserva forestal que conecta ecológicamente el Parque Nacional Chiribiquete y la Reserva Nacional Natural Nukak.

Como reveló una investigación de Mongabay Latam, en esa franja, hasta 2015, se veían apenas algunos parches de deforestación que sumaban 495 hectáreas. Dos años después, esa cifra se multiplicó casi por cinco. Para 2023, la pérdida acumulada de bosque desde el año 2000 superaba las 25 000 hectáreas, el equivalente a más de 35 000 canchas de fútbol o un área similar a la ciudad de Cartagena.

La deforestación no llegó sola. El terreno deforestado a cinco kilómetros de la vía se convirtió en cerca de 9000 hectáreas de pasto y actualmente, en lo que alguna vez fue selva, deambulan más de 40 000 vacas.

Las áreas protegidas también se han visto ampliamente afectadas. En el último año, la deforestación en áreas del Sistema de Parques Naturales representó el 10 % del total nacional (con 10 127 hectáreas). El aumento se concentró principalmente en áreas protegidas de la región amazónica.

El sobrevuelo por las inmediaciones de la Reserva Nacional Natural Nukak y el Resguardo Indígena Nukak deja ver cómo la deforestación, el ganado y los cultivos de coca se adentran cada vez más en las áreas protegidas y contrastan con la gran masa de bosque que aún se mantiene al interior. Según Parques Nacionales Cómo Vamos, “se ha venido presentando en los últimos años la llegada de grandes deforestadores que buscan ocupar y acaparar tierras para luego destinarlas a la ganadería y a los cultivos de coca para uso ilícito”.

En el departamento de Guaviare, la ruta que conecta las veredas (zonas rurales) de La Libertad (Calamar) y La Paz (El Retorno) se ha consolidado como un bastión importante para la producción ilegal de hoja de coca en la Reserva Natural Nukak, que colinda con ese último centro poblado. Aunque la carretera empieza a ser visible, de acuerdo con un monitoreo satelital realizado por Mongabay Latam, desde el año 2000 es una zona cocalera y es a partir de 2016 que se mejora y se amplía en casi 57 kilómetros. Allí, a la par de la deforestación de 15 564 hectáreas (a cinco kilómetros alrededor de la vía), también aumentaron las hectáreas de cultivos de uso ilícito.

El análisis evidenció que en 2022, a un kilómetro de la vía había alrededor de 9 hectáreas de cultivos. Un año después alcanzaron las 22 hectáreas. A tres kilómetros de las carreteras, la tendencia se mantuvo pasando de 68 hectáreas a 120.

Ante el avance de estas problemáticas, a los científicos les preocupa otro aspecto más grave, pero menos visible: la degradación.

De los 34 focos de degradación del suelo por erosión, que identificaron el Ministerio de Ambiente y el Ideam hace 10 años, en Guaviare (donde el 12.1 % de los suelos del departamento se encuentran afectados por algún grado de erosión), uno de los principales focos “severos” de erosión se encuentra en el municipio de El Retorno. Entre las causas, señala el estudio, está la sobreutilización del suelo para fines ganaderos, las áreas con susceptibilidad a incendios forestales, deforestación y los usos inadecuados del territorio.

“El conflicto es un gran reto para el territorio, no solo para las alcaldías o para las gobernaciones, que no contamos con los recursos ni las herramientas para hacer frente a ese tipo de problemáticas tan grandes, sino también para las organizaciones de la sociedad civil, para cooperación internacional y sus programas, o para las estrategias de conservación y de reforestación que se impulsan desde el Gobierno Nacional”, le dijo a Mongabay Latam Kelly Castañeda, Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente de la Gobernación de Guaviare y quien actualmente se desempeña también como la gobernadora encargada.

“Aunque hemos encontrado campesinos y comunidades indígenas que quieren impulsar el trabajo de liderazgo y de protección, son las mismas dinámicas del conflicto las que los han sacado de esos territorios”, insiste Castañeda. Como resultado, solo en 2024, el 68 % de la deforestación de Colombia se concentró en la Amazonía.

Imagen principal: la deforestación avanza sobre grandes extensiones de selva en el departamento de Guaviare. Las vías abren paso al acaparamiento de tierras, ganadería y cultivos de uso ilícito. Foto: Daniela Quintero Díaz

El artículo original fue publicado por YDaniela Quintero Díaz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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