La oficialización de las primeras ocho Entidades Territoriales Indígenas (ETI) en la Amazonía colombiana marca un cambio en el ordenamiento político del país y salda una deuda de más de 34 años que el Estado tenía con los pueblos originarios desde el nacimiento de la Constitución de 1991.

Los gobiernos indígenas oficialmente reconocidos en Colombia desde el pasado 16 de diciembre, tras la firmas de decretos del presidente Gustavo Petro, entrarán ahora a una nueva etapa en la que deberán coordinarse con instituciones del Estado, que ahora los reconoce como autoridad, para implementar sus saberes en los sistemas de salud, educación, justicia y ambiente, donde han logrado la preservación de sus territorios.

Esto también implica la modificación del mapa Colombiano, donde los territorios Yaigojé Apaporis, Mirití Paraná, Río Tiquié, Bajo Río Caquetá, PANI, ARICA, Ríos Cotuhé y Putumayo y UITIBOC–ASOAINTAM no solo aparecerán dentro de la cartografía, sino que gozarán también de autonomía presupuestal y fiscal para desarrollar aún más las estructuras políticas, espirituales y territoriales que los han sostenido durante siglos, incluso ante el extractivismo de los recursos naturales y la violencia armada.

La Fundación GAIA Amazonas acompañó 10 de los 20 procesos que gobiernos indígenas emprendieron para ser reconocidos formalmente como ETI. Julieth Rojas Guzmán, subdirectora técnica y política de la organización, explica a Mongabay Latam los pasos que siguen para este ejercicio histórico, que vendrá con retos, pero que, asegura, permitirá fortalecer la autonomía, el pluralismo y la construcción del Estado desde los territorios.

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—Llegó la formalización de las Entidades Territoriales Indígenas, ¿qué pasos deben seguir ahora para esta reconfiguración en Colombia?

—Viene todo lo que implica el funcionamiento pleno de esas entidades territoriales indígenas. Acá lo que es importante es recordar que los acuerdos interculturales definen una serie de rutas y de garantías para que estos gobiernos indígenas cuenten con las condiciones políticas, administrativas, fiscales, para que puedan efectivamente ejercer sus competencias en coordinación con las otras instituciones, sobre todo del orden nacional, para poder cumplir con esos objetivos que se tienen como Estado, sobre todo lo que implica la coordinación con educación, con salud, con ambiente, con hacienda, con planeación.

Lo que se requiere es sostener un diálogo intercultural y mecanismos efectivos de coordinación para una adecuación institucional en doble vía.

La idea no es que la institucionalidad del Estado se transforme totalmente de modo que sea semejante a los gobiernos indígenas. Tampoco el caso contrario, que los gobiernos indígenas tengan que transformarse para que funcionen tal cual como opera el resto de la institucionalidad estatal, sino que en efecto se puedan trazar puentes y esas adecuaciones institucionales para que la diversidad de gobierno, de administración, de conocimiento, se pueda expresar como está previsto en la Carta Constitucional.

El decreto 488 aclara cuáles son las fuentes públicas a las que pueden tener acceso estas entidades territoriales indígenas bajo el principio de igualdad con otras entidades territoriales. Por ejemplo, que las fuentes son todas las públicas y no solamente lo que corresponde a la Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Ya entran regalías entre el Sistema General de Participaciones para los distintos sectores, incluido educación, salud y otras rentas nacionales.

Habrá un proceso de diálogo intercultural para que esos mecanismos de planeación, de ejecución, de seguimiento, de rendición de cuentas que han desarrollado los gobiernos indígenas puedan interlocutar en igualdad de condiciones con el Sistema Nacional de Planeación y de Presupuestación. Eso implica transformaciones para que se pueda hacer efectivo.

La asunción de competencias va a ser progresiva en cada uno de esos territorios. La idea es que con base en los avances que ya tienen esos gobiernos territoriales se definan esas rutas para que cuenten con el acompañamiento técnico y financiero de las instituciones con las que se coordinan para ese ejercicio de competencias.

Por ejemplo, en el caso de salud, en los acuerdos interculturales hay fechas, mesas, rutas específicas para que esos gobiernos indígenas terminen de desarrollar los modelos y la coordinación con el Sistema General de Salud del Estado y que sea a partir de ahí que se generen puentes con todas las garantías financieras para poder lograrlo.

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—¿La delimitación de las Entidades Territoriales Indígenas también se hará geográficamente en el mapa político de Colombia?

—Sí, de hecho eso es parte de la celebración que queremos acompañar con los gobiernos indígena porque este proceso lo que hace es que el mapa de Colombia se transforme y que se transforme para reflejar esa realidad de gobierno territorial que la cartografía anterior no mostraba.

Están los departamentos, los municipios, los distritos especiales, que no son muchos, pero existen, también los ves reflejados en el mapa, por ejemplo, en el caso de Bogotá, pero como las Entidades Territoriales Indígenas son toda esta deuda estructural de 34 años con la formalización de estas primeras ocho es que empieza a configurarse esa cartografía, reflejando esa realidad de gobierno que existe en la Amazonía Oriental Colombiana.

Entonces, la idea también de lo que sigue es que muy pronto se puedan hacer también esas adecuaciones de cómo se configura esa realidad político-administrativa también en la cartografía oficial del país, que se va a seguir transformando en tanto son 25 gobiernos en total los que han avanzado en esta decisión de formalizarse como Entidad Territorial Indígena.

Los 10 gobiernos indígenas con los que trabajan en Amazonas son los que han liderado el proceso y quienes han abierto el camino para los otros gobiernos indígenas. Pero una vez que todos estén en un punto de avance, esa Amazonía va a mostrar esas 20, 25 ETI completando este mapa con base en esas realidades de gobierno territorial. Estamos en ese momento de celebración porque se está concretando el pacto constitucional de 1991, construyéndose el Estado desde lo local y con base en la diversidad y pluralismo.

—¿Los 25 territorios que están en proceso son a nivel nacional o sólo en la región de la Amazonía?

—Únicamente en la Amazonía. Incluyen los ocho que ya cuentan con su acuerdo intercultural, es decir, que ya están formalizados. En mayo también se expidió un decreto, a través del cual también se constituye la entidad territorial indígena de la zona extrema de la Guajira. Y esa entidad territorial indígena está al norte del país, no está en la Amazonía, sino en la Guajira.

Y sabemos de otros pueblos indígenas en distintas partes del país que también están interesados en dar estos primeros pasos. Entonces estas 25 de las que te hablo están ubicadas en lo que conocemos como Amazonía Oriental, que son tres departamentos: Amazonas, Vaupés y Guainía.

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—Por ejemplo, ¿qué pasará en este nuevo escenario con otros conflictos que surgen en el día a día, como la violencia intrafamiliar?

—Cada uno de esos gobiernos territoriales cuenta con lineamientos de política y están centrados en el bienestar de la gente de los territorios, en un goce efectivo de los derechos de las personas.

Se entiende que hay asuntos que deben coordinarse, por ejemplo, con la Justicia ordinaria. Los gobiernos indígenas tienen toda la potestad de desarrollar e implementar sus propios sistemas para la administración de la justicia en sus territorios y hay asuntos que deciden coordinar con esa Justicia ordinaria, de acuerdo a los desarrollos que han venido generando la capacidad de respuesta de la institucionalidad que ya está construida para esos fines y de los casos puntuales.

Las infancias y las mujeres son sujetos de especial protección y de interés general. Frente a ese tipo de temas habrá también que desarrollar esos mecanismos de coordinación efectiva en territorios donde realmente esa institucionalidad nunca ha sido efectiva. El desarrollo de estos gobiernos indígenas permite sobre todo consolidar ese bienestar colectivo y atender situaciones que a través de la Justicia ordinaria o de mecanismos ordinarios no ha tenido ningún tipo de respuesta.

Se pueden tejer unas nuevas formas de relacionamiento que respete esa autonomía territorial, pero siempre, por supuesto, con garantía de los derechos de las personas.

—La autonomía para los pueblos indígenas ha venido más de resoluciones judiciales y decretos presidenciales, ¿sigue pendiente una ley de ordenamiento territorial en el Congreso?

—Todo lo que ha venido ocurriendo y la formalización efectiva de estas primeras entidades territoriales indígenas dan la pauta de cómo está ordenado el país y cómo se configura política y administrativamente.

Esa ley orgánica de ordenamiento territorial, cuando exista, debería recoger todos esos avances, nunca ponerlos en duda o entrar en contradicción con ellos, sino reconocer que ya ha habido un reconocimiento efectivo de esos gobiernos territoriales, que se sabe que ahí efectivamente se garantizan los derechos de la gente.

Pero también hay un ordenamiento territorial que procura el bienestar de la vida y, precisamente, esa ley de ordenamiento debería recoger esas realidades y soportarse en esos avances que se han venido generando por la decisión clara de estos gobiernos indígenas. Son los procesos locales los que le están dando la pauta. Acá ya se está materializando lo que se había planteado en la Constitución de 1991.

—¿Qué llamado haría a la sociedad colombiana para que reconozca la autoridad de estas ETI?

—Un llamado a reconocer que esto es un proceso que protege los derechos de la gente, que protege realmente esas funciones vitales de la Amazonía, porque la consolidación de esa autonomía en términos políticos, administrativos y fiscales es una estrategia que pone en el centro de la conversación nacional y global ese bienestar de la gente y la integridad del territorio.

Es un llamado a la celebración como ciudadanía de que finalmente se esté cumpliendo ese pacto constitucional y un mensaje de que la autonomía en los gobiernos indígenas lo que hacen es aportar a esa configuración del Estado y no socavar el relacionamiento entre otras entidades que existen en el ordenamiento. Con este proceso Colombia gana. También con que la ciudadanía realmente pueda conocer y comprender lo que esto significa para su propio bienestar y para la protección de la integridad de la vida.

Imagen principal: las Entidades Territoriales Indígenas reconocidas en Colombia abarcan el 15 % de la Amazonía del país. Foto: cortesía Juan Gabriel Soler / GAIA Amazonas.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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