El Gran Paisaje Putumayo Amazonas: nuevo libro documenta el trabajo de conservación de más de 90 comunidades indígenas en Perú

• Un nuevo libro muestra las metodologías y resultados obtenidos —a lo largo de más de dos décadas— por comunidades indígenas y organizaciones en la Amazonía norte de Perú, para crear el Gran Paisaje Putumayo Amazonas, un mosaico de territorios de comunidades saneados, ampliados, y de áreas protegidas que, en conjunto, suman más de cuatro millones de hectáreas aseguradas mediante titulación y otros mecanismos de protección.
• Con esta publicación, el Instituto del Bien Común comparte su experiencia colaborativa con más de 90 comunidades indígenas en la construcción de un modelo integral de ordenamiento territorial y gobernanza de los bienes comunes en la Amazonía.
• La iniciativa surgió tras la solicitud de apoyo de las comunidades indígenas de la zona, quienes buscaban soluciones efectivas para asegurar el territorio comunal y el acceso sostenido a recursos naturales, ya que se encontraban asediados por las actividades de madereros, pescadores, cazadores y mineros ilegales.

Sin importar la distancia entre los territorios que ocupan, los pueblos indígenas que habitan la Amazonía comparten una sola visión: sin el bosque, no hay vida. “Esa mirada era ya de nuestros abuelos, desde mucho antes, y así es cómo se ha venido construyendo todo este gran paisaje”, afirma Liz Chicaje Churay.

La lideresa indígena del pueblo bora, se refiere al Gran Paisaje Putumayo Amazonas, en Perú, descrito por el Instituto del Bien Común (IBC) como un mosaico de territorios de comunidades que fueron saneados, ampliados y protegidos por un total de 4.12 millones de hectáreas en el departamento de Loreto.

No fue sencillo. Este logro vino luego de más de dos décadas de trabajo de las comunidades, organizaciones e instituciones para asegurar la tenencia de los territorios indígenas y poner fin a la depredación de sus recursos a manos de cazadores, pescadores y madereros que operaban en la ilegalidad.

El proceso involucró la colaboración de 90 comunidades amazónicas, pertenecientes a nueve pueblos indígenas —Yagua, Bora, Huitoto, Ocaina, Maijuna, Kichwa, Tikuna, Secoya y Cocama—, quienes participan activamente en la gobernanza territorial. Sus resultados y aprendizajes, que incluyen importantes mejoras ambientales, fueron recientemente publicados en un libro bajo la coordinación del IBC y la autoría de la antropóloga Valeria Biffi.

“Después de tantas conversaciones con muchos líderes y dirigentes de las comunidades, fue como hoy el Gran Paisaje se hizo realidad. Es algo que nos alegra mucho porque, a pesar de los años y de las circunstancias que hay, lo estamos logrando”, celebra Chicaje, expresidenta de la Federación de Comunidades Nativas del Ampiyacu (FECONA).

La riqueza de Loreto

Visto desde el aire, Loreto se extiende al horizonte como un mar de color verde, dice Corine Vriesendorp, científica del Field Museum de Chicago. “Este paisaje es parte de la apuesta a un futuro vivo, justo y equitativo para la Amazonía y para mantener este bosque en pie, que provee muchos servicios a lugares lejanos”, dice la experta que colaboró con los cinco inventarios rápidos que sirvieron como sustento científico para el ordenamiento territorial del Gran Paisaje Putumayo Amazonas, ubicado en el interfluvio de los ríos Putumayo y Amazonas, abarcando las subcuencas de cuatro afluentes: los ríos Yaguas, Algodón, Ampiyacu y Apayacu.

El libro recién publicado por el IBC, describe que los bosques húmedos de colinas bajas pintan el paisaje loretano. También las terrazas medias y aguajales —áreas pantanosas donde predomina la palmera Mauritia flexuosa, conocida como aguaje—, con una extensión de 5 millones de hectáreas. Loreto también representa un sitio enmarcado por el agua en grandes cantidades: los humedales —incluidos sitios RAMSAR de interés internacional—, ríos y lagos, hacen del departamento un enorme albergue para la biodiversidad.

En la región noreste de Perú, Loreto comparte fronteras con Ecuador, Colombia y Brasil. Con sus 68 852 kilómetros cuadrados se trata del departamento más extenso del país y contiene el 51 % de la Amazonía peruana. El IBC describe que la población indígena que lo habita ronda las 100 000 personas, por lo que se posiciona como el departamento con la mayor presencia de este sector poblacional en el país.

El número de especies de mamíferos, aves, anfibios y reptiles en Loreto representa entre el 40 y el 60 % de los estimados correspondientes a estos grupos para toda la cuenca amazónica. De esta manera, los mecanismos que resulten efectivos para la conservación en Loreto significan la protección del 50 % de toda la biodiversidad de la Amazonía.

“Cada uno de estos inventarios ha tenido descubrimientos, nuevas especies para la ciencia: plantas, peces, ranas y hasta un ave. Tiene unas poblaciones de mamíferos realmente increíbles. Es un lugar en donde ves comunidades saludables de monos, de lobos de río, de pecaríes o sajinos”, describe Vriesendorp. “Es un espacio de importancia cultural, biológica, ecosistémica y evolutiva que hay que mantener en pie. Hacerlo, es la manera también de asegurar el bienestar de la gente cuya vida depende de esos bosques, ríos, cochas y quebradas”, afirma la experta.

Sin embargo, toda esta riqueza también ha sufrido graves impactos por la deforestación y degradación de los suelos para la expansión de la frontera agrícola. En Loreto, particularmente entre los años 2001 y 2018, se perdieron más de 2.2 millones de hectáreas de bosques primarios, según información del Ministerio del Ambiente y GeoBosques.

“En este periodo, cerca del 45 % de la deforestación ocurrió en áreas sin derechos de uso asignados, es decir, en áreas libres del Estado. De ahí la importancia de gestionar el ordenamiento territorial y la legalidad de los derechos de uso”, apunta la autora Valeria Biffi en el libro.

Estas amenazas no han sido las únicas. Desde el siglo XIX la extracción de recursos naturales es vista por las autoridades locales y los principales actores económicos como el motor de la economía regional. Así se ha propiciado el auge para la extracción de caucho y otras gomas, petróleo, madera y, más recientemente, oro. “Estas actividades extractivas, llevadas a cabo de manera desordenada y poco planificada, han sido y continúan siendo fuertes amenazas para la biodiversidad local y los medios de vida de la población indígena y no indígena local”, señala Biffi.

Además, existe preocupación por una nueva amenaza en el Gran Paisaje, que pondría en riesgo su conectividad biológica: la construcción de dos carreteras de penetración, que avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Vriesendorp advierte que carecen de estudios de impacto ambiental y consulta previa e informada para los pueblos indígenas afectados.

Se trata de dos carreteras con las que Perú busca conectar las regiones del Napo y el Amazonas con la del Putumayo. La primera iría desde Puerto Arica a Flor de Agosto. “Esa es la más chiquita, es un proyecto que comenzó en los años ochenta, fue abandonado y ahora se ha retomado con fuerza. La otra carretera busca conectar la ciudad de Iquitos, la capital de Loreto, con Estrecho, la comunidad más grande en esta parte del río Putumayo”, dice la experta.

Esto rompería la conectividad de los bosques, porque pasará por áreas de conservación regional ya declaradas y un área de conservación regional propuesta. “Esas carreteras serían como una forma de romper esa conectividad y dar entrada a venta de tierra, tala ilegal, tráfico de productos ilegales como oro, drogas y armas; esas son las grandes preocupaciones”, asevera Vriesendorp.

Y es que los indígenas consideran que el fruto de la conservación que han hecho puede verse afectado. La lideresa indígena Liz Chicaje señala que la madera, la pesca y la caza, desde hace diez años, se han podido eliminar del Gran Paisaje. “Eso ya no existe”, afirma. “Lo que todavía contrarrestamos un poco, es la siembra de coca”.

Aún con ese reto por delante, Chicaje señala que las comunidades se sienten contentas por cuidar los recursos de la tierra. Lo que más necesitan ahora, sostiene, es lograr una economía segura para los pueblos indígenas.

“¿De qué vale que estemos cuidando los recursos, mientras las necesidades aumentan cada vez más en las familias, en los hogares, para educar a los hijos?”, cuestiona Chicaje. Por ello, tanto el ordenamiento territorial como los diversos emprendimientos que se han logrado en la región han sido clave y requieren de mayor impulso.

Así, el libro narra cómo es que a través de las gestiones de los pueblos amazónicos se ha generado el aumento de recursos naturales, que a su vez ha propiciado iniciativas económicas ambientalmente sostenibles basadas en el manejo y transformación de animales de caza, pesca y del procesamiento de la yuca, entre otros elementos de la naturaleza.

De igual forma, sus sistemas de control y vigilancia y otras herramientas de gobernanza que se ejercen desde las comunidades impiden hoy en día la depredación de recursos por personas externas a las comunidades. Además, narran la exitosa experiencia de manejo pesquero, que en pocos años ha logrado la recuperación de la población de paiche en la cuenca del Apayacu.

Si bien aún la labor de ordenamiento y gestión participativa del territorio es un trabajo que continúa en construcción, lo que se ha logrado con el establecimiento del Gran Paisaje Indígena Putumayo Amazonas —dice el IBC— tiene el potencial para trascender las fronteras nacionales y asegurar la conectividad con un gran corredor biológico y cultural que se extiende al norte del río Amazonas.

“Creemos oportuno recoger, sistematizar y dar a conocer la experiencia y el modelo resultante, que bien podría ser replicado en otros ámbitos y a diferentes escalas”, asegura la organización.

El inicio

La iniciativa que dio pie a la creación del Gran Paisaje Putumayo Amazonas nació en 1998. En aquel momento, líderes de las comunidades nativas del río Ampiyacu, en el noreste de Loreto, buscaban soluciones efectivas para asegurar tanto el territorio, como el acceso sostenido a sus recursos que se encontraban bajo la amenaza constante de extractores foráneos.

Así solicitaron el apoyo del IBC, para frenar las malas prácticas a nivel local. Esta asociación trabaja con comunidades rurales de la Amazonía Andina para promover la gestión óptima de los bienes comunes, como los bosques, cuerpos de agua, territorios comunales y áreas naturales protegidas.

“Desde el inicio una visión clara ha guiado en todo momento el recorrido, buscando la aplicación de un enfoque integral y de gran escala y una acción sostenida en el tiempo. Se conjugó el ordenamiento territorial, para asegurar legalmente los territorios comunales y conservar el entorno a las comunidades, principalmente las cabeceras de ríos, promoviendo desde las comunidades la creación de diferentes niveles de áreas de conservación”, explica Margarita Benavides, subdirectora del Instituto del Bien Común y coordinadora del Área de Gestión de Grandes Paisajes.

La antropóloga con más de 40 años de experiencia en pueblos indígenas y territorios amazónicos explica que, para ello, se propuso crear una Reserva Comunal en la cabecera de cuenca que, por condiciones políticas, se convirtió luego en una propuesta de Área de Conservación Regional: el ACR Ampiyacu Apayacu, creada en el 2010. Gradualmente, las comunidades impulsaron la creación de más áreas protegidas de diversas categorías, extendiendo sus resultados hacia el río Putumayo.

Las comunidades han logrado una variedad de nuevas áreas de conservación —algunas de ellas ya han sido establecidas y otras tienen aún estatus de propuestas—, como el Parque Nacional Yaguas y el Área de Conservación Maijuna-Kichwa, y las propuestas Reserva Comunal Bajo Putumayo y Área de Conservación Regional Eré Campuya Algodón.

El camino no ha sido lineal ni llano, afirma el IBC en su libro, pues ha requerido mucha perseverancia de parte de las comunidades nativas y de sus federaciones representativas, que también han sido fortalecidas para jugar un papel político importante en la gestión del territorio.

“Los resultados son alentadores, tanto en términos del patrimonio natural y cultural preservado a través de millones de hectáreas aseguradas mediante titulación y ampliación de comunidades y áreas naturales protegidas proyectadas y creadas”, afirma el IBC. Lo mismo ha ocurrido en términos de la efectividad de las herramientas de gobernanza desarrolladas, pues incorporan conocimientos y usos tradicionales de las comunidades nativas, sin perder de vista sus valores culturales y visión de futuro.

“El trabajo de los pueblos indígenas no es en vano, es uno con una mirada muy cuidadosa, para enfrentar el cambio climático”, concluye Liz Chicaje. “Sin el bosque, no seríamos nada. Por eso, necesitamos que los presidentes, los países y las instituciones sigan apostando por los bosques y que los recursos y esa ayuda pueda llegar a las comunidades indígenas. Que, en donde estemos, seamos atendidos por los gobiernos. Acá, como líderes, seguiremos colaborando y compartiendo”.

*Imagen principal: Miembros del Comité de Vigilancia Comunal de la comunidad Huitotos de Pucaurquillo, en la cuenca del Ampiyacu, entorno del Área de Conservación Regional Ampiyacu Apayacu. Los comités son reconocidos por las autoridades ambientales del Gobierno Regional de Loreto y juegan un importante papel para evitar la extracción ilegal de recursos en la zona. Foto: Cortesía IBC

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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