Desafíos ambientales de Ecuador en el 2024: la incertidumbre de la crisis política y la lucha contra las economías ilegales

• Ecuador vive una profunda crisis económica, política y social que lo vuelve más vulnerable ante el fenómeno de El Niño y el cambio climático. Alrededor de un tercio de los 18 millones de ecuatorianos se vería afectado por inundaciones en el primer trimestre de 2024.
• Las autoridades enfrentan la responsabilidad de cumplir con los resultados de la consulta popular, que dispusieron suspender la explotación petrolera en el Bloque ITT, ubicado en el Parque Nacional Yasuní, y la minería en el Chocó Andino. Además, está pendiente la creación de leyes orgánicas de consulta prelegislativa, consulta ambiental y consulta previa, libre e informada.

Ecuador vive una “crisis socioeconómica y política profunda”, asegura el analista político Pedro Donoso. Una de las consecuencias es la falta de confianza en las autoridades que se ve reflejada en los datos: el 90% de ecuatorianos se siente pesimista y solo el 20% cree en el Estado, según la encuestadora Perfiles de Opinión. La violencia, además, es parte hoy de la sociedad y se manifiesta de distintas formas. La segunda semana de enero de 2024, el país vivió una de sus mayores crisis registradas. Líderes de bandas criminales escaparon de centros penitenciarios, desatando amotinamientos en las cárceles, atentados a infraestructura y autos policiales e incluso el asalto a TC Televisión, mientras se transmitía el noticiero del mediodía.

Como respuesta, Daniel Noboa, el presidente ecuatoriano, declaró el estado de excepción y la existencia de un conflicto armado interno, que faculta a las Fuerzas Armadas a actuar en contra de un listado de más de 20 grupos catalogados como terroristas. La situación de violencia también llevó a que el Ministerio de Ambiente cerrará al menos tres áreas protegidas para evitar hechos de inseguridad contra sus guardaparques y turistas.

Los grupos criminales están asociados principalmente al narcotráfico, pero diversifican sus actividades en rubros como la minería ilegal. En este terreno de lo ambiental, la violencia que vive el país también está presente en los conflictos alrededor de las industrias extractivas o el asesinato de defensores ambientales, como ocurrió en 2023 con la muerte del líder de la comunidad A’i Cofán Dureno,  Eduardo Mendúa. A ello se suma la crisis del clima, la desaparición de especies y la contaminación, de acuerdo con  Tarsicio Granizo, director del Fondo Mundial para la Naturaleza en Ecuador y exministro de Ambiente.

El 23 de noviembre de 2023, Daniel Noboa asumió como nuevo presidente ecuatoriano. En su discurso de posesión corroboró que es “una persona de pocas palabras”, algo que se entrevió en su campaña. Esta cualidad ha convertido al presidente de 36 años en un “enigma”, de acuerdo con Alberto Acosta, economista y presidente de la Asamblea Constituyente de 2008. Durante el ballotage se pronunció a favor de mantener el petróleo del Yasuni ITT bajo tierra. Además de esto, no ha realizado mayores declaraciones con respecto a lo ambiental ni a los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Mientras tanto, la emigración de ecuatorianos en busca de trabajo y mejores condiciones de vida en Estados Unidos y Europa sigue en aumento. “Trabajamos en zonas del corredor Llanganates – Sangay [Tungurahua y Pastaza], donde casi no quedan jóvenes. La pobreza ha hecho que la gente se vaya del país”, cuenta Granizo. En la Costa ecuatoriana, los niños y los jóvenes son reclutados por los grupos de delincuencia organizada.

Estos son los desafíos ambientales de Ecuador para el 2024.

1. Cumplimiento de las consultas populares

El 59% de los ecuatorianos decidió —mediante consulta popular— que el petróleo del bloque 43-ITT del Yasuní se mantenga bajo el suelo de manera indefinida. Desde el anuncio oficial de los resultados, el 31 de agosto de 2023, corre el plazo de un año para el retiro de las actividades petroleras. Pero el Gobierno de Guillermo Lasso, que dejó el poder en noviembre, no cumplió con su obligación de iniciar este proceso. La responsabilidad recayó sobre la nueva administración.

“Tenemos que lograr que la salida haga justicia a las poblaciones que han sido víctimas de un proceso de dependencia de la industria petrolera”, dice Esperanza Martínez, bióloga y abogada de Acción Ecológica, una organización no gubernamental que acompañó el proceso de la consulta popular desde sus inicios, en 2013.

Para Martínez, lo primero es subsanar las necesidades de salud, educación o transporte de las poblaciones kichwas y waoranis que habitan en el sector. Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), asegura que los proyectos basados en la naturaleza, como el turismo comunitario o la medicina ancestral, son la alternativa al trabajo que generaba el petróleo.

Martínez afirma que en Ecuador, la norma ha sido abandonar los campos petrolerosdejando pasivos ambientales sin reparar los daños causados al entorno ni a las poblaciones. Ahora, distintas organizaciones, como Yasunidos y la NAWE, están vigilantes de que las autoridades limpien y reparen las fuentes de contaminación, reforesten los caminos y las carreteras abiertas y retiren la infraestructura. “Si no se cumple, haremos pronunciamientos a nivel nacional e internacional, con base en la OIT [Convenio 169, sobre pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo]. La lucha va para allá, estamos pendientes”, advierte Bay.

Noboa, heredero de Exportadora Bananera Noboa, uno de los mayores grupos económicos del Ecuador, no se ha vuelto a pronunciar al respecto desde la campaña a la presidencia. Acosta advierte que es difícil prever cuál será la política petrolera del gobierno. Sin embargo, se cuestiona si una persona que representa al sector productivo y exportador romperá “con la senda de los gobiernos anteriores, que financiaron la economía a partir de la renta de la naturaleza”.

En la consulta popular de agosto, también se preguntó a los quiteños sobre la minería metálica en el Chocó Andino, un sitio declarado Reserva de la Biósfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) en 2018, que es parte del Distrito Metropolitano, capital de Ecuador. El 68 % de los votantes estuvo de acuerdo con prohibir estas actividades. En la zona hay 12 concesiones otorgadas y 8 en trámite.

El desafío es que se respete la decisión popular. Si bien el presidente no se ha pronunciado hasta el momento sobre la minería en esta región, quedó resonando en el aire la acusación de la entonces candidata, Luisa González, quien durante el debate presidencial del 2023 señaló que la familia del mandatario tendría intereses en empresas mineras. “La inversión en los sectores estratégicos es una prioridad para el crecimiento de la economía a nivel nacional, de esta manera se promoverá el desarrollo de actividades en materia de hidrocarburos, minería, energía, electricidad, telecomunicaciones, recursos hídricos y ambiente”, se lee en el Plan de Gobierno de Noboa. ¿Cuál será la hoja de ruta del nuevo gobierno de cara al 2024?

Otro reto es que los distintos niveles de gobierno articulen acciones para evitar la minería ilegal, que acecha desde hace décadas al Chocó Andino. “El Gobierno debería buscar alternativas para el campo; para los productores de leche, panela, café y cacao, y para el turismo”, dice Inty Arcos, biólogo y miembro del colectivo Quito Sin Minería.

2. Fenómeno de El Niño y resiliencia climática

Para inicios de 2024, se espera un fenómeno de El Niño de nivel moderado con lluvias fuertes, de acuerdo con María del Pilar Cornejo, oceanógrafa y directora del Centro Internacional del Pacífico para la Reducción del Riesgo de Desastres. Se prevé, además, un evento compuesto, considerando que a El Niño se juntan la estación invernal del Hemisferio Sur y el cambio climático.

Solo en Ecuador, en el fenómeno de El Niño de 1997 y 1998 se registraron 286 muertes, 162 heridos, 36 desapariciones, y más de 29 000 personas evacuadas, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Los daños ocasionados ascendieron a 2869 millones de dólares.

Guayas y Los Ríos, provincias costeras ubicadas en la cuenca baja del río Guayas, estarían entre las más afectadas en este año, según la experta. Alrededor de 5 millones de personas, es decir, cerca del 30 % de la población de Ecuador habita en las zonas de riesgo alto y muy alto de inundaciones. Además, 1,2 millones de hectáreas de unidades productivas agrícolas podrían perjudicarse.

“Indistintamente de que haya un Niño intenso, nos vamos a inundar, porque en Guayaquil vivimos sobre el agua”, advierte Natalia Molina, investigadora de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Espíritu Santo (UEES).

La bióloga experta en manglares explica que en Ecuador se ha perdido más de la mitad de estos ecosistemas, que actúan como barreras ante el oleaje y el aumento del nivel del mar, provocado por el deshielo de los glaciares. Pero esa proyección podría ser aún más alarmante.  La cobertura de ecosistemas de manglar pasó de 203 000 hectáreas, en 1969, a menos de 100 000 hectáreas, en el 2006. Desde entonces, no existe un nuevo registro oficial. El avance de la industria camaronera y el crecimiento urbano son los principales responsables de la disminución.

En los océanos, por un lado, desde fines de 2023 ya se ha visto migración de peces, disminución de pesca de atún e incremento de captura de camarón de mar, por las elevadas temperaturas en agua, asegura Cornejo. En Galápagos, por otro lado, el calor desincentiva la proliferación de peces pequeños, crustáceos, algas y otras fuentes de alimento para lobos y aves marinas e iguanas, de acuerdo con Mario Piu, biólogo y coordinador de la Unidad Operativa del Fondo de Especies Invasoras para Galápagos. Esto puede traducirse en alta mortalidad de estas especies. “Preocupa que El Niño sea demasiado fuerte y afecte a las poblaciones de pingüinos y cormoranes”, dice Piu.

“La Secretaría de Gestión de Riesgos ha preparado un plan de contingencia”, reconoce Cornejo. Se refiere al Plan de Acción frente al Fenómeno del Niño, encabezado por esa institución. Alicia Abad, directora de comunicación de la Secretaría, confirmó que la institución recibió del Ministerio de Economía y Finanzas 7 millones de dólares para asistencia humanitaria y 68,4 millones de dólares para el fortalecimiento de los sistemas hídricos para prevención de inundaciones. Estos rubros fueron planteados en el Plan de Acción.

Ni la Secretaría de Gestión de Riesgos ni el Ministerio de Economía y Finanzas confirmaron si otras instituciones, como la Policía Nacional, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas o el Ministerio de Salud, recibieron los montos presupuestados. En total, según el Plan, 14 instituciones debieron haber recibido 264 millones de dólares. En contexto, el presupuesto general del Estado para el 2024, incluidos temas de contingencia, está prorrogado hasta que Noboa envíe la nueva proforma. Tiene hasta febrero de 2024 para hacerlo.

3. Las consultas, tareas pendientes

El expresidente Guillermo Lasso emitió en mayo de 2023 el decreto 754, un reglamento de consulta ambiental que buscaba dar paso a proyectos de obra pública y de extracción de recursos. Pretendía aplicarse a las poblaciones mestizas, pero también a pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montuvios (un pueblo de la Costa ecuatoriana), quienes tienen derecho a la consulta previa, libre e informada, según el artículo 57 de la Constitución. En agosto, la Corte Constitucional suspendió el decreto de manera provisional, para revisarlo.

El 9 de noviembre de 2023, la Corte emitió una sentencia de inconstitucionalidad por la forma del decreto 754. Esto fue tomado por la Conaie como un triunfo, considerando que fue una de las organizaciones que demandó la revisión del documento. “Se ha logrado demostrar que el Gobierno de Lasso usó un decreto ilegal para instaurar concesiones mineras a la fuerza, violando derechos humanos y colectivos”, dijo Leonidas Iza, presidente de la Conaie, en un video difundido el 21 de noviembre.

La Corte encontró que transgrede los artículos 132 y 133 de la Constitución,que hacen referencia a que la Asamblea Nacional es la única encargada de regular mediante leyes orgánicas los derechos y garantías constitucionales. La reforma de Lasso también violaba el artículo 398, que dice que “toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado”.

En julio, funcionarios del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), con el apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, pretendieron llevar a cabo consultas ambientales sobre proyectos mineros en las poblaciones de Las Naves y Palo Quemado. Estas comunidades, ubicadas en el centro de los Andes, se han opuesto a la minería desde hace al menos 15 años. Tras la imposición de la consulta, se produjeron enfrentamientos violentos.

La Corte ordenó en su sentencia que los efectos de esta sean diferidos hasta que la Asamblea Nacional emita una ley que desarrolle el contenido de la consulta ambiental. “La discusión de una ley orgánica es larga, y, además, en el caso de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, debe hacerse una consulta prelegislativa. Es un proceso difícil y largo, pero así se le da legitimidad a la democracia”, dice Verónica Potes, Miembro de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.

No obstante, la Asamblea Nacional no incluyó en la agenda prelegislativa los proyectos de ley de Consulta Ambiental y Consulta Previa, Libre e Informada, de acuerdo con Eduardo Andrés Rojas, asesor legislativo. “Hay un plan gubernamental que ha sido traducido en un acuerdo legislativo, en el que se priorizarán temas de seguridad”, dice. El abogado y ex Defensor del Pueblo de Napo recuerda que esta es una deuda pendiente desde que el Convenio 169 de la OIT es vinculante para Ecuador, desde 1997. Poner estos temas en la agenda de la Asamblea “dependerá de las autoridades gubernamentales y de las demandas de los grupos sociales, como la Conaie”, afirma Rojas.

4. Delitos ambientales presionan a las áreas protegidas

Delitos ambientales como la minería ilegal, además de los impactos del cambio climático, amenazan al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Sin embargo, el presupuesto asignado para que el SNAP funcione ha disminuido paulatinamente desde el 2019, de acuerdo con Tarsicio Granizo. Como consecuencia, se redujo el número de guardaparques, encargados de monitorear y denunciar delitos ambientales ante las autoridades de control.

Mientras tanto, la Reserva Ecológica Cofán Bermejo y el Parque Nacional Podocarpus, en el norte y en el sur de la Amazonía, respectivamente, son dos ejemplos claros del avance de la minería ilegal dentro de las áreas protegidas, según lo reportó el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (Maap) de la ONG Conservación Amazónica.

De acuerdo con el Plan de Gobierno de Noboa, “se realizarán operativos en conjunto con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que permitan desarticular a las mafias y bandas que extraen recursos mineros de manera ilegal”. Pero el economista Alberto Acosta señala la falta de “claridad” con respecto a las acciones que tomará el régimen para combatir la expansión de la minería ilegal en la Amazonía, como en el río Punino, en Napo o en el río Nangaritza. Además, para Acosta es necesario reconocer que las concesiones mineras en Ecuador “también son ilegales”, pues no han cumplido con la consulta previa, libre e informada ni con la consulta ambiental. En ese sentido, señala como una de las tareas pendientes del 2024 la urgencia de auditar los contratos mineros.

“El presupuesto no alcanza ni siquiera para el mantenimiento de vehículos,para la inspección de áreas protegidas ni monitoreo de obras de infraestructura y actividades mineras o petroleras”, asegura Granizo. “El caso más patético es el de la minería legal —dice—, nadie toma medidas adecuadas para que haya buenas prácticas ambientales”.

Los guardaparques, además, enfrentan amenazas de grupos de delincuencia organizada, que usan las áreas protegidas para traficar drogas y cometer otros delitos. Las áreas marino-costeras son las más afectadas, de acuerdo con Granizo. A lo largo de 2023, en Galápagos y el Parque Nacional Machalilla, en la Costa continental, se hallaron lanchas y submarinos transportando droga y, también, cargamentos de cocaína abandonados en las playas.

En el Tercer Congreso Nacional de Áreas Protegidas, realizado en julio, se elaboró una lista de demandas. Se resaltó la necesidad de crear el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, una entidad autónoma desde los aspectos técnicos y administrativos que complemente al SNAP; el impulso de una ley que proteja a los guardaparques y la consolidación de la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas. Estas son algunas de las tareas pendientes para el 2024 que recaen sobre la Asamblea Nacional y el Ministerio de Ambiente.

Tras un escándalo producido por un espectáculo de fuegos artificiales en Santa Cruz, la isla más habitada de Galápagos, Sade Fritschi, Ministra de Ambiente, propuso prohibir todo tipo de pirotécnica en las islas. La Alcaldía de Galápagos aseguró que se trató de un evento insonoro, pero los restos de los juegos pirotécnicos también constituirían una amenaza para el Parque Nacional Galápagos. Mientras tanto, en San Cristóbal, al menos 11 cachorros de lobo marino fueron hallados sin vida. Las muertes se habrían producido por mordeduras caninas. El Ministerio de Ambiente, a través del Parque Nacional Galápagos, puso una denuncia en la Fiscalía para que se investigue el caso.

5. Océanos y control de pesca incidental

La ley ecuatoriana prohíbe la pesca dirigida de tiburones, mantarrayas y otros elasmobranquios —una subclase dentro de los peces cartilaginosos—, no obstante, permite la de carácter incidental de estas mismas especies. En 2022 se reportó la pesca de 2719 toneladas de tiburones, de acuerdo con una investigación del medio Bitácora Ambiental.

El 10 de noviembre de 2023, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) acordó la suspensión de comercio de tiburones y rayas desde Ecuador. La medida entrará en vigencia 120 días después del anuncio y hasta que el país formule los requisitos para la captura incidental. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca es el encargado de establecer índices de permisibilidad en el Plan de Ordenamiento para la Acuicultura y Pesca.

“El primer gran error de Ecuador fue no aceptar que existe un problema, que se visibilizó en 2020, cuando se incautaron 26 toneladas de aletas de tiburón”, dice Cristina Cely, directora de la organización ambiental One Health Ecuador. Ahora, el país enfrenta varios desafíos. El primero, explica Cely, es aclarar los datos sobre captura, desembarque y exportación, con el fin de brindar transparencia. El segundo es realizar estudios sobre las poblaciones de las especies más comercializadas, entre esas, de tiburón zorro, azul y maco, con el objetivo de establecer porcentajes de incidentalidad. Finalmente, el país debe reforzar los controles y solucionar las falencias y vacíos legales, para mejorar el manejo de estas especies.

Mientras tanto, la Asamblea Nacional discute un tratado de libre comercio con China, que abriría la puerta para la pesca y exportación de tiburones y orquídeas.

En cuanto a la creación de más áreas marinas protegidas, como el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical y la Reserva Marina Hermandad, “la gobernabilidad de esas áreas es un desafío”, de acuerdo con Daniela Alarcón, bióloga marina e investigadora del Galápagos Science Center. Un estudio publicado en el website de la Fundación Charles Darwin encontró que el tiburón sedoso, uno de los más comercializados en el mercado internacional, continúa en peligro, básicamente porque la fauna no conoce de límites que la protejan y la pesca ilegal, la no declarada y la no reglamentada siguen siendo un problema, según el documento. Este estudio refleja la problemática general que enfrenta Ecuador: no asignar financiamiento para el control de las áreas protegidas. “Podemos tener planes de manejo, pero si no tenemos los recursos y equipos para patrullaje, disponibilidad e interés para hacer un buen manejo, no va a servir de nada”, opina Cely.

Otro trabajo académico encontró que el 26 % de muestras de carne de pescado comercializadas en 11 mercados de Quito corresponde a tiburón. La investigación de pregrado de la biotecnóloga María José Mateo, de la Universidad San Francisco de Quito, fue publicada en marzo de 2023. La venta del tiburón zorro, el más consumido en el país y cuya población es Vulnerable de extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), superó los 75 millones de dólares en el 2019.

Las flotas pesqueras asiáticas no sólo sobreexplotan los recursos. “Este año se ha visto mucha basura que llega a las islas Galápagos desde estas flotas”, afirma la bióloga marina. El Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales, firmado por Ecuador en septiembre de 2023, podría ser una solución. “Su efectividad depende de cómo actúe el gobierno, pero al menos tenemos las herramientas”, opina Alarcón.  Algunos de los ejes de este acuerdo son las medidas de gestión basadas en áreas, incluyendo las áreas marinas protegidas, y las evaluaciones de impacto ambiental. Aquí, también, la falta de financiamiento es determinante.

6. Difusión de la norma de Compensación de Emisiones de Carbono

En Ecuador se está regulando un sistema de compensación de “no-mercado”, según José Dávalos, ministro de Ambiente del gobierno de Guillermo Lasso, a través la Norma de Compensación. Este es un mecanismo que permitirá la retribución a iniciativas de mitigación del cambio climático, según el Maate. Antes de su emisión, este documento estuvo a disposición de la opinión pública por menos de una semana, tiempo considerado insuficiente por Natalia Greene, vicepresidenta de la Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma).

“Entregamos bastantes comentarios que no fueron considerados”, asegura. Entre esos, se cuestionó cómo se llevará a cabo la distribución de beneficios para los pueblos y nacionalidades indígenas. También se plantearon observaciones sobre el principio de adicionalidad, es decir, demostrar que los proyectos disminuyen o evitan la emisión de carbono. Debido a concesiones mineras, petroleras y otras actividades, los bosques de Ecuador están amenazados. Sin embargo, Greene cree que si la compensación es justa, los pueblos indígenas y campesinos tendrían un incentivo para no caer en actividades que conlleven tala o deforestación.

“El Maate enfrenta el desafío de comunicar y capacitar sobre lo que implica la norma y cómo se aplica”, asegura la experta. En el país se han denunciado estafas de empresas falsas que prometen dinero a cambio de la conservación de los bosques. “Todo es una especie de engaño”, dice Marino Calva, empleado de la Dirección de Ambiente del cantón Francisco de Orellana, norte de la Amazonía. A su oficina llegaron campesinos pidiendo certificados forestales, que son entregados de manera gratuita por la entidad. Los campesinos buscaban ahorrarse los 100 dólares que les pedía una supuesta fundación, para registrar las propiedades en un programa de compensación.

“Consultamos con el Ministerio de Ambiente en Quito, porque este tipo de proyectos deben pasar por las instancias gubernamentales, pero no tenían conocimiento sobre esto”, añade Calva. “Con lo que nos dijo el Maate y otros elementos nos hicieron entender que el ofrecimiento no era verdad”, explica. El funcionario alertó a los propietarios.

*Imagen principal: La Corte Provincial de Pastaza determinó que el gobierno no hizo consulta previa en 2012 para el bloque petrolero 22. Indígenas Waorani de Ecuador ganan fallo de segunda instancia y prohiben petroleras. Foto: Jerónimo Zuñiga / Amazon Frontlines.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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