Controversia por el litio: gobierno boliviano avanza en su plan de extracción en medio de críticas por falta de transparencia

La carrera por la extracción de litio ha cobrado impulso en las últimas semanas en Bolivia. El Estado lanzó en febrero una segunda convocatoria para atraer capital extranjero que desarrolle plantas de litio que procesen el material extraído por la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Hasta el momento, Bolivia ha firmado únicamente convenios con compañías chinas y rusas para el desarrollo de esta infraestructura, pues el litio en el país es de propiedad estatal y no hay concesiones que puedan ser entregadas a privados.

En total, el ministro de Hidrocarburos Franklin Molina está contemplando el desarrollo de estos proyectos piloto en siete salares de Bolivia: Uyuni, Coipasa, Pastos Grandes, Capina, Cañapa, Chiguana y Empexa. Se trata de un gran abanico de posibilidades, considerando que Bolivia es uno de los países con la mayor cantidad de recursos de litio: 23 millones de toneladas métricas concentradas sólo en los salares de Uyuni y Coipasa.

La extracción de litio es clave en un contexto donde la transición energética está generando una demanda importante de aquellos minerales necesarios para migrar a una generación eléctrica limpia. No obstante, según aseguran algunos investigadores consultados, el país aún tiene algunos obstáculos por sortear, entre ellos, que el litio boliviano aún no alcanza la pureza que requieren los dispositivos de carga de los automóviles eléctricos, entre otros dispositivos.

A estas críticas, hay que sumar las denuncias de organizaciones ambientales que señalan la falta de transparencia del Estado. Según los expertos entrevistados, las autoridades bolivianas no entregan la información de los proyectos, no socializan ni hay confirmación de que se hayan realizado los estudios de agua necesarios y no han contemplado la consulta previa a las comunidades que habitan alrededor de los salares, ya que en Bolivia no es necesario tener en cuenta la opinión de las comunidades en actividades de minería tras la Ley Minera de 2014.

“El estado ha mantenido una postura de no informar, no debatir, no llevar el análisis a los espacios abiertos o académicos. No se hace pública la información de cómo se van a desarrollar los procesos de explotación, cuánta agua van a necesitar, cuánta agua salada, nada es público”, dice a Mongabay Latam Gonzalo Mondaca, ingeniero ambiental e investigador en la organización ambiental boliviana Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).

¿Negociaciones ocultas?

Los especialistas que han seguido de cerca el plan para la extracción de litio en Bolivia tienen muchas dudas. Aseguran que no es posible tener acceso a las nuevas convocatorias que buscan atraer a empresas interesadas en construir las plantas de procesamiento de litio. Tampoco, indican las mismas fuentes, es posible ubicar en las plataformas públicas los convenios celebrados hasta el momento con compañías rusas y chinas.

“En el caso de Bolivia, el problema es que no hay información, es la política del estado mantener en total oscuridad esos aspectos, entonces no hay información sobre prácticamente ningún convenio”, dice Oscar Campanini, director del CEDIB. Asegura que no hay claridad sobre el detalle de los convenios, si estos solo están considerando la construcción de plantas de procesamiento o si las empresas elegidas tendrán otro roles. Un tema tan básico como el presupuesto que se está manejando, tampoco es de dominio público.

Mondaca añade que aunque es claro que los operadores de los convenios construirán las plantas y la estatal YLB se encargará de la producción, lo que no se sabe es cómo se pagará el servicio prestado a las empresas chinas y rusas. “La hipótesis nuestra es que estarían pensando [pagar] con parte del mineral”, señala el experto del CEDIB. Esto sería a todas luces ilegal, considerando quela Ley Minera de 2014 establece la propiedad del Estado sobre los minerales.

El exdirector de YLB y director del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Juan Carlos Montenegro, señala que la falta de información alrededor de la extracción de litio puede deberse a requisitos de las compañías. “Lamentablemente los detalles y alcances de estos convenios no son de conocimiento público, seguramente porque las empresas han impuesto alguna cláusula de confidencialidad”, precisa.

Mientras tanto, distintas organizaciones ambientales siguen insistiendo en tener acceso a esta información. Jose Carlos Solón, sociólogo y director de la Fundación Solón, organización social boliviana enfocada en el estudio del cambio climático y la sostenibilidad, señala que el Estado ha ignorado sus solicitudes. “No nos han entregado ningún dato, dicen que son temas sensibles, que no les corresponde. Es una irresponsabilidad absoluta no ser transparente con los convenios que están firmando”, precisa.

Las más preocupadas son las comunidades que viven alrededor de los salares. Esa falta de transparencia les impide tener un panorama claro sobre lo que se decidirá en su territorio. Samuel Flores, líder comunitario que vive en una de las comunidades cercanas alsalar de Uyuni, dice que la explotación del salar solo dejará un “un cementerio por esta irresponsabilidad del Estado y de los bolivianos. No habrá más que basura y nada de beneficios”. Lo mismo señala un representante indígena del pueblo lipez, Edson Muraña Flores, que vive en el municipio Colcha K en el salar de Uyuni. Flores está convencido que serán “los primeros afectados”, considerando ni el Estado ni las empresas los han buscado. “Para nosotros, el agua es vida y por ahora las empresas chinas y rusas no nos han convocado a ninguna reunión”, precisa.

El peligro para las fuentes de agua

La falta de transparencia no solo alcanza a los convenios, sino también a los estudios técnicos que deben garantizar, por ejemplo, la protección de las fuentes de agua. Los expertos entrevistados explican que lo riesgoso de los proyectos de litio es que al extraer elmineral de las salmueras —el agua salada que contiene el litio y que está debajo de la capa superficial de los salares—, pueden generar un impacto significativo en las aguas subterráneas dulces. Básicamente, porque los reservorios de agua dulce pueden mezclarse con la salada debido a los cambios en los ecosistemas acuáticos durante la extracción.

La otra forma en la que se puede afectar el agua dulce es que para aprovechar el litio remanente en las salmueras se reinyecta el líquido para su aprovechamiento, lo cual puede afectar las salmueras vírgenes y gastar bastante recurso hidrológico. Solón señala, además, que tampoco hay información sobre los estudios de impacto ambiental y que todo alrededor del litio boliviano “es el mundo de las incógnitas”.

“Hay una relación muy íntima entre los reservorios de agua dulce y los reservorios de agua salada, y eso no está estudiado suficientemente desde el punto de vista hidrogeológico”, dice Mondaca del Cedib y agrega que “el pueblo boliviano necesita saber cuánta agua dulce y salada van a necesitar estos proyectos”. Para el experto, la peor parte se la llevarían las comunidades, pues se estarían poniendo en riesgo sus fuentes de agua.

Montenegro considera que “todas las obras ejecutadas por YLB cuentan con sus respectivos estudios de impacto ambiental y con la otorgación de sus licencias ambientales correspondientes” y dice que toda obra requiere estos trámites previos.

¿Consulta previa vetada?

Otra de las críticas que ha recibido la nueva convocatoria para la construcción de las plantas de procesamiento de litio es la falta de una consulta previa. Las comunidades indígenas que viven alrededor de los salares siguen esperando por la llegada de un funcionario del Estado, pero es algo que probablemente no ocurra. De hecho, la Ley Minera de 2014 estableció que los minerales estratégicos eran autoridad exclusiva del Estado y que en casos como el del litio no se requeriría la consulta previa.

“Exigimos que se cumpla la consulta previa. Aquí no se trata de litio, sino del futuro de nuestros hijos”, dice el representante indígena del pueblo lipez, Edson Muraña, quien permanece expectante sobre lo que podría ocurrir en el salar de Uyuni.

Campanini de Cedib es enfático al decir que esta situación debería cambiar. “Es algo que hemos observado desde el momento en que se estaba discutiendo esa ley”, precisa. A su vez, explica queno solo se debe consultar a las comunidades más cercanas a los proyectos, sino a todas las que se afectarían por la alteración en el ciclo del agua, así estén lejanas de la explotación de litio.

Mientras más preguntas se hacen a los expertos, la opacidad se hace más evidente. No saben, por ejemplo, cuánto le costará al Estado extraer y procesar el mineral. Es decir, hay dudas evidentes sobre la rentabilidad alrededor del negocio del litio. Más aún cuando los entrevistados advierten que Bolivia todavía no ha logrado producir el litio con el nivel de energía suficiente para abastecer el mercado de los vehículos eléctricos, el principal mercado para el mineral.

Mongabay Latam consultó a YLB sobre su posición respecto a los cuestionamientos realizados, pero al cierre de esta publicación no habían respondido. YLB no se ha pronunciado directamente sobre estos asuntos, pero cuando su directora actual asumió el cargo, aseguró que respetarían los ecosistemas y a los pueblos locales. “Nuestro compromiso con la comunidad, con el medio ambiente y con la innovación serán nuestras metas. Trabajaremos arduamente para fomentar prácticas industriales responsables y promover la investigación y el desarrollo en nuevas tecnologías”, dijo en 2023 Karla Calderón.

*Imagen principal: Plantas de YLB. Foto: Yacimientos de Litio Bolivianos.

El artículo original fue publicado por David Tarazona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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