- Expertos consultados por Mongabay Latam aseguran que durante mucho tiempo Colombia manejó cierto “desprecio” por sus mares, a pesar de que es el único país suramericano con acceso al Pacífico y al Caribe. El interés por los temas marinos lleva muy poco y aún falta mucho por avanzar.
(Mongabay Latam / Antonio José Paz Cardona)
Si hay algo que Colombia considera un privilegio es ser el único país suramericano con acceso a dos mares. Su posición geográfica le permite tener salida al océano Pacífico y al mar Caribe. A pesar de que casi el 50 % de su territorio es mar, históricamente sus políticas de desarrollo se han dado de espaldas a los océanos.
El país cuenta con un territorio terrestre de 1 134 000 kilómetros cuadrados y tiene unos 988 000 kilómetros cuadrados de aguas jurisdiccionales, y si se cuentan las extensiones de la franja litoral de la nación ─área de transición entre los sistemas terrestres y los marinos─, aproximadamente la mitad del país es mar. En medio de todo ese panorama todavía está pendiente el cierre del tema litigioso con Nicaragua donde, según el fallo de la Corte Internacional de La Haya, el país perdería cerca de 75 000 kilómetros cuadrados de mar en el Caribe. Sin embargo, el mensaje del gobierno colombiano es que el fallo es inaplicable hasta que no se llegue a un acuerdo con Nicaragua y por ahora los límites del país se mantienen como están definidos en la Constitución.
Si bien tener acceso a dos mares puede considerarse un privilegio, tanto el Pacífico como el Caribe poseen dinámicas muy distintas. Juan Manuel Díaz, gerente regional de Ciencias de la Fundación Mar Viva, asegura que “en términos de productividad el mar Caribe siempre ha sido un mar pobre. Aguas azules y transparentes son turísticamente muy bonitas pero en términos pesqueros son sinónimo de pobreza. El Pacífico es un mar más gris y con mayor productividad porque está muy abonado de nutrientes. La proporción en productividad puede ser de 1 para el Caribe frente a 4 para el Pacífico”, dice.
Según Díaz, en el Caribe ya prácticamente no hay nada que sacar y además, “está invadido de especies exóticas como el pez león, que no ha encontrado competencia para expandirse porque los competidores ya nos los comimos”, asegura.
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SOBREEXPLOTACIÓN E ILEGALIDAD
Este es un tema que preocupa bastante a autoridades nacionales, ONG e institutos de investigación. Aunque la pesca ilegal también se da por parte de pescadores colombianos, fuentes consultadas por Mongabay Latam aseguran que esta práctica proviene, en su gran mayoría, de embarcaciones pesqueras extranjeras. La dificultad para combatirla radicaría en la ausencia de una flota pesquera propia y fuerte que se imponga ante las extranjeras. “Se deja el espacio y ahí tenemos gente que viene a nuestras aguas a pescar. Los espacios del Pacífico son más abiertos y difíciles de controlar y eso nos impide llevar un control del territorio”, comenta el capitán Francisco Arias, director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar). De acuerdo con Arias, los tiburones y atunes ─grandes especies─ son los más pescados ilegalmente pues producen enormes rendimientos económicos.
El camarón es otro de los recursos sobreexplotados en el país, tanto las especies de aguas someras como las de aguas profundas. Hoy, casi toda la flota del Pacífico está adaptada para atrapar camarón de aguas de profundidad porque el de aguas someras está prácticamente acabado, aunque el primero también ya está al borde del colapso. De hecho, según afirma Juan Manuel Díaz, la operación de los barcos ya no es rentable y más de la mitad de la flota está oxidándose en los muelles de Buenaventura (Valle del Cauca). Con una flota camaronera de más de 30 barcos, el año pasado no operaban más de 15.
Otro aspecto importante es que la Armada Nacional, autoridad colombiana en los océanos, debe luchar contra muchos otros delitos. A pesar de esto, la Armada ha logrado importantes resultados en el tema de pesca ilegal y en lo corrido del año, con fecha de corte el 23 de agosto, ha logrado incautar más de 14 toneladas de pesca ilegal y un total de 122 toneladas en los últimos tres años.
Por su parte, Diego Triana, asesor jurídico de la dirección general de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), asegura que el fenómeno de pesca ilegal siempre se ha venido presentando pues “si bien hay unas coordenadas geográficas que determinan los límites entre un país y otro, es muy difícil ejercer control si no hay una permanencia constante de las autoridades. Donde más sucede este fenómeno es en el océano Pacífico, pues allí se tiene la mayor cantidad de recursos”. El funcionario también añade que toda el área de influencia del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el Caribe, también se ha convertido en un punto caliente luego del fallo de la corte de La Haya.
Juan Manuel Díaz de Mar Viva asegura que a la Armada le queda muy difícil abarcar todo el espacio marítimo. A esto se suma que es frecuente que en Colombia haya flotas extranjeras autorizadas para pescar. El problema, según él, es que a pesar de tener permiso, muchas terminan realizando pescas ilegales como en el caso del tiburón, que en repetidas ocasiones se encuentra dentro de barcos costarricenses que pescan en aguas colombianas, incluso en áreas protegidas como Malpelo. “Lo que ellos argumentan es que caen accidentalmente, pero eso no es verdad, porque si uno va a las bodegas de esos barcos lo que encuentra es básicamente tiburón. Las aletas tienen un mercado muy atractivo en Asia”, comenta.
Las fuentes consultadas por Mongabay Latam coinciden en que la existencia de la pesca ilegal está vinculada necesariamente con el mercado. En la medida que hay más demanda de pescado, la ilegalidad se vuelve un negocio atractivo debido al aumento de los precios. Por otro lado, el incumplimiento de las épocas de veda, tanto en flotas extranjeras como nacionales, incluso artesanales, sobre todo en el Pacífico, constituye un gran problema.
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UNA CONTAMINACIÓN QUE SE EXPANDE
Como casi todos los problemas a los que se enfrenta el mar, la contaminación es otro tema que urge atacar. Desde hace 20 años el Invemar ha venido haciendo un monitoreo de la calidad de las aguas marinas colombianas y ha encontrado que el principal problema tiene que ver con el mal manejo de las aguas residuales de las poblaciones costeras y en general de toda Colombia, ya que a través de los ríos todos los desechos llegan al mar. “Es el viejo concepto equivocado de que el mar es capaz de funcionar como cloaca depuradora de todo lo que producimos en tierra”, afirma categóricamente el capitán Arias de Invemar. Y es que para él, está claro que el océano puede asimilar unas cosas, pero no todo. En particular le preocupan los pesticidas, los hidrocarburos y los metales pesados ─asociados hoy a minería ilegal como en el caso del río Atrato y otros afluentes del Pacífico que reciben cantidades importantes de mercurio─.
Pero también hay otros contaminantes que llegan en volúmenes mucho más grandes como los nutrientes exagerados ─nitrógeno principalmente─. Aunque el mar es capaz de asimilar mejor ese tipo de contaminaciones, preocupan los casos puntuales de grandes ciudades costeras colombianas como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Tumaco, Buenaventura y San Andrés. “Son puntos de altísima contaminación, aunque a lo largo de todas nuestras costas los niveles son relativamente bajos. Si hiciéramos un promedio, todavía podemos hablar de costas más bien sanas, eso sí, con puntos específicos donde tenemos problemas fuertes”, añade Arias.
Pero quizás el caso que más empieza a preocupar es el de La Guajira, donde se han encontrado altos niveles de plomo en el agua que viene de la gasolina de contrabando de Venezuela, pues en este país todavía utilizan el tetraetilo de plomo como antidetonante. En muchos países este componente se ha venido sustituyendo progresivamente por otros antidetonantes. De ahí la “gasolina sin plomo”. “Es un contaminante grave y persistente que se está empezando a presentar en nuestras aguas pues no se asimila en la naturaleza. Sabemos que viene de Venezuela porque en Colombia no se utiliza ese compuesto en la industria”, destaca el capitán Arias.
La contaminación por plásticos es otro tema que ha empezado a tomar fuerza. Juan Manuel Díaz comenta que no es fácil determinar cuánto plástico proviene de Colombia y cuánto viene de otros países, pues el agua circula y no respeta los límites que traza el hombre. “Ahora está el tema de los microplásticos, que solo se detectan con filtros especializados pero que están acabando con el plancton que está en la base de la cadena alimenticia marina. Es un tema que debe mirarse en conjunto con todos los países, hay unos que aportan más y otros menos, pero la única forma de controlarlo es que haya una legislación internacional muy fuerte que sancione a los que no cumplan con una cuota mínima de control y que no restrinjan al máximo su uso”, afirma.
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LA LEY Y LA AUTORIDAD
Desde mediados del 2017 Colombia cuenta con una ley de pesca ilegal que ha dejado claro los procesos que se deben surtir desde el momento en que se detiene una embarcación en actividades de pesca ilegal. De hecho, la Comisión Colombiana del Océano (CCO) ha hecho varias capacitaciones y las diferentes entidades involucradas en este tema aseguran que la ley de pesca ha permitido mejorar ciertas cosas, sin embargo, su ejecución sigue siendo bastante complicada.
“Como todo en este país, muchas veces las cosas quedan muy bonitas en el papel, pero ponerlo en práctica no es tan fácil” dice Juan Manuel Díaz de Mar Viva. Tal vez su crítica más fuerte se enfoca en las cuotas que la AUNAP le asigna a las flotas pesqueras. Para él, esa información debe medirse y sustentarse en estudios, sin embargo, en la práctica no se tiene la capacidad de saber el estado de las poblaciones de todos los recursos pesqueros y ahí comienza la falencia del sistema. “Lo que se hace es reunir un panel de expertos que tienen una idea del tema y hacen recomendaciones a la AUNAP pero también tienen mucha fuerza los industriales de la pesca. Ellos tienen mayor músculo político para influenciar las decisiones y finalmente las cuotas de pesca sobrepasan las que se recomiendan desde el punto de vista científico y técnico. Eso no contribuye a frenar la sobreexplotación de los recursos”, apunta.
El divorcio entre las políticas ambientales y de explotación de recursos es uno de los problemas más álgidos que tiene Colombia. Además, el capitán Arias del Invemar destaca la pobre articulación que se da en muchos escenarios de la vida política donde, por ejemplo, “Parques toma una decisión, el alcalde toma otra, el gobierno Nacional otra, finalmente no se ponen de acuerdo, el tema llega al juez y este decide algo completamente distinto”. Para Arias, lo anterior, junto con la reducción de presupuesto, implica un riesgo enorme para la gestión ambiental. “Cuando el Gobierno decide no poner presupuesto es un mensaje muy fuerte, básicamente significa: ‘esto no nos importa y que el problema se resuelva solo’. En Colombia siempre ha habido un olvido de las zonas costeras, de los mares y de las aguas marinas de interés nacional”, concluye Arias.
Una versión ampliada de este informe fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.
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