Colombia: las 10 historias ambientales que marcaron 2025
En 2025, la Amazonía colombiana enfrentó graves amenazas por vías ilegales como la Calamar-Miraflores, en Guaviare, que ha deforestado 47 855 hectáreas desde 2000, principalmente para instalar ganadería extensiva. Por su parte, en Mapiripán, Meta, 549 kilómetros de ramales rectos abrieron paso a 162 237 cabezas de ganado ilegal y arrasaron 42 000 hectáreas cerca de sabanas hídricas protegidas. Proyectos de…
Mongabay Latam ofrece un panorama de la cobertura ambiental en Colombia a través de los reportajes que marcaron el último año.
Una de las principales historias se centró en las vías que se adentran en áreas protegidas y resguardos indígenas.
Otras historias contaron la vida de lideresas que resisten a los grupos armados y defienden la naturaleza.
Además, negocios turbios en los mercados de carbono y felinos víctimas del tráfico ilegal son parte de los reportajes más representativos.
En 2025, la Amazonía colombiana enfrentó graves amenazas por vías ilegales como la Calamar-Miraflores, en Guaviare, que ha deforestado 47 855 hectáreas desde 2000, principalmente para instalar ganadería extensiva. Por su parte, en Mapiripán, Meta, 549 kilómetros de ramales rectos abrieron paso a 162 237 cabezas de ganado ilegal y arrasaron 42 000 hectáreas cerca de sabanas hídricas protegidas.
Proyectos de carbono opacos, como el de Cotuhé-Putumayo, vendieron 3 millones de bonos a la empresa Chevron sin consultar a líderes indígenas tikuna, repitiendo irregularidades del suspendido proyecto Pachamama Cumbal. La autonomía indígena dio pasos clave al final del año con la firma de decretos que reconocen a las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), sin embargo, los pueblos indígenas siguen enfrentándose a grandes amenazas. Por ejemplo, la Guardia Siona sufre confinamiento por minas antipersonal y enfrentamientos entre grupos armados.
A pesar de esto, 2025 también dejó historias inspiradoras, como la de la defensora Jani Silva, en Putumayo, que resiste a empresas petroleras y disidencias de la guerrilla de las FARC, mientras impulsa la Zona de Reserva Campesina (ZRC) Perla Amazónica.
La vía que comunica estas dos poblaciones del departamento de Guaviare ha sido objeto de controversia desde 2019 debido a la falta de permisos ambientales, lo que llevó a restricciones en su uso. Ante los obstáculos legales para su mantenimiento, ganaderos y colonos se las han ingeniado para cobrar “peajes informales”, así como cobros por la movilidad del ganado.
La ganadería extensiva y la apropiación de tierras han sido los dos motores que más han impactado en la deforestación de bosques de esta región, buena parte de ellos en zonas de reserva forestal. Entre 2000 y 2023, se deforestaron aproximadamente 47 855 hectáreas alrededor de la vía. El 64 % de esta tala ocurrió entre 2016 y 2023.
A 34 años de la creación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una figura clave que reconoce la autonomía política, administrativa y fiscal de estas poblaciones, Colombia reconoció a las primeras ocho poblaciones bajo este esquema en la Amazonía.
El mapa de Colombia cambiará a partir de ahora, luego de que el presidente Gustavo Petro firmó los decretos que formalizan ocho ETI. En total abarcan más de 7 millones de hectáreas y equivalen al 15 % de la Amazonía colombiana. Estos territorios contarán no solo con un polígono trazado en el mapa, sino que podrán seguir gobernando sus territorios con base en sus propios sistemas de conocimiento, los cuales ya han implementado en salud, educación y justicia. Seguirán, en todo caso, en coordinación directa con las demás instituciones del Estado.
Líderes del resguardo indígena Cotuhé Putumayo, en la Amazonia colombiana, dicen no conocer la iniciativa de carbono que se está desarrollando en su territorio y que ya vendió más de 3 millones de bonos. La empresa que lo desarrolló y la que lo auditó son las mismas involucradas en otro proyecto hecho a espaldas de la comunidad indígena que lo alberga en la cordillera andina de Colombia y que fue suspendido por orden de un juez.
El mayor comprador de créditos en este nuevo proyecto opaco ha sido, al igual que en el anterior, la petrolera estadounidense Chevron. Tanto la desarrolladora como la auditora y la certificadora se han negado a entregar información sobre el proyecto a Pepe Cham, representante legal de la Asociación Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá (Cimtar).
Las vías ilegales crecieron exponencialmente en el municipio de Mapiripán, en el departamento de Meta, a medida que se disparaba la deforestación desde 2014. Esto impulsó la ganadería ilegal (162 237 cabezas en 2023) en cerca de 42 000 hectáreas cerca de sabanas hídricas protegidas.
Mongabay Latam hizo un análisis geográfico con imágenes satelitales y comprobó que en el municipio existe un entramado de 11 ramales de vías que en total suman 549 kilómetros. Algunas de ellas están perfectamente trazadas en línea recta con hasta 60 kilómetros de longitud, lo que hace pensar que su construcción no fue improvisada.
A pesar de las constantes amenazas a su vida, Jani Rita Silva insiste en ser defensora sin salir del departamento de Putumayo, en la frontera colombiana con Ecuador.
La líder campesina ha resistido durante décadas contra empresas petroleras y disidencias de la guerrilla de las FARC, impulsando la Zona de Reserva Campesina (ZRC) Perla Amazónica con reforestación y empoderamiento comunitario. Amenazada con explosivos, Jani Rita se ha negado a exiliarse y su trabajo destaca la resistencia femenina en zonas de conflicto.
En los resguardos de Buenavista y Santa Cruz de Piñuña Blanco, dos líderes custodian un legado milenario que el conflicto armado, las minas antipersonales y la indiferencia estatal amenazan con borrar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de ambos resguardos, pero siete años después, sus líderes denuncian incumplimiento, militarización y amenazas persistentes en el territorio.
La guerra ha confinado a los Siona en su propia selva: la siembra indiscriminada de minas antipersonal ha provocado desplazamientos masivos, restricciones de movilidad y la pérdida de su libertad ancestral. La comunidad reclama la ampliación legal de su territorio ancestral —unas 52 000 hectáreas— como única garantía de supervivencia física, cultural y espiritual ante el abandono del Estado.
En octubre de 2024, autoridades en Cali, Colombia, encontraron un ocelote de aspecto enfermizo mientras hacían efectiva una orden de captura en contra de un criminal en un lujoso barrio de la ciudad. El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) se encargó de recuperar a Barto mediante un proceso exitoso, pero su futuro es incierto.
Además del comercio de pieles y la pérdida de hábitat, el tráfico ilegal de especies con fines de mascotismo ha sido uno de los principales problemas que han enfrentado los ocelotes en Latinoamérica. En Colombia, desde 2010, las autoridades han decomisado más de 340 de estos félidos, entre ejemplares vivos y muertos. Un ocelote en el mercado negro puede costar alrededor de 1400 dólares.
Durante 2023 y el primer semestre de 2024, el Programa Somos Defensores registró 238 agresiones contra las mujeres líderes y defensoras en Colombia. Diversas organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo han advertido que la violencia contra las defensoras ha tenido una escalada desde 2022.
A diferencia de sus compañeros, ellas se enfrentan a una doble victimización: por ser líderes y por ser mujeres. Las lideresas en la Amazonía y Orinoquía colombiana siguen siendo estigmatizadas, amenazadas, desplazadas y criminalizadas por su labor en la defensa del territorio.
A través de la organización y el trabajo colectivo, estas guardias no armadas han sido una barrera de protección del territorio, el ambiente y las comunidades. En la actualidad combinan sus conocimientos tradicionales con herramientas tecnológicas de monitoreo, como GPS e imágenes satelitales, para que sus datos puedan usarse en entidades del Estado.
Ejercer sus funciones de protección les ha traído múltiples amenazas: entre 2014 y 2024 al menos 70 guardias indígenas fueron asesinados en Colombia. Un equipo periodístico rastreó cinco casos en los departamentos de Amazonas, Putumayo y Guainía para conocer de cerca estos procesos de defensa y los riesgos que enfrentan.
En la Amazonía de Colombia hay más de 28 000 kilómetros de vías que se extienden entre áreas protegidas, resguardos indígenas y zonas de importancia ecológica. Aunque conectan comunidades, fragmentan la selva.
Un análisis geográfico de Mongabay Latam documentó la transformación del paisaje a lo largo de 1926 kilómetros de vías ilegales ubicadas en los núcleos más activos de la deforestación. Más de 100 kilómetros cruzan áreas protegidas y resguardos indígenas.
Un equipo periodístico viajó a los departamentos amazónicos más afectados —Caquetá, Meta y Guaviare— para documentar cómo se entrelazan las actividades legales e ilegales alrededor de estas vías, que se han convertido en promotoras de deforestación, ganadería y cultivos de uso ilícito.
De las nueve especies de tiburón martillo registradas en el mundo, el Sphyrna corona, conocido también como “cachuda amarilla”, es el más pequeño, y en su estado adulto mide menos de un metro. La sobrepesca y la captura incidental han causado una reducción de sus poblaciones en más del 80 % en los últimos 30 años, por lo que se considera en Peligro Crítico de extinción.
En el Pacífico colombiano, biólogos y comunidades afrocolombianas se aliaron para protegerlo en un área marina donde aún es común verlo: el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga. Juntos han impulsado un proyecto pionero de monitoreo que revela nuevos datos sobre esta rara y poco estudiada especie, y que abre un camino para su conservación.
Imagen principal: en un rincón del Pacífico colombiano, biólogos y comunidades afrocolombianas trabajan para proteger a la “cachuda amarilla”, el tiburón martillo más pequeño del mundo. Foto: cortesía Emilio Posada
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