Colombia: avanza proyecto de ley para combatir la deforestación al regular procedencia de la carne

Aunque no hay duda de que la Amazonía juega un papel clave en la lucha contra el cambio climático, año tras año los países que forman parte de la cuenca cuentan uno a uno los árboles caídos. En el caso de Colombia, la ganadería extensiva y el acaparamiento de tierras se han convertido en los principales enemigos para este ecosistema, de acuerdo con investigaciones académicas y de entidades estatales. Y aunque la amenaza está muy bien identificada por el gobierno, hasta ahora el país no cuenta con mecanismos que permitan evitar que la carne o los lácteos que consumen los colombianos provengan de áreas protegidas o zonas deforestadas. Un proyecto de ley que impulsa la bancada ambientalista, sin embargo, busca cambiar esta situación.

Este es el panorama actual. Por ejemplo, según cifras de los últimos años de Parques Nacionales Naturales, por lo menos 100 000 reses fueron detectadas en el corredor biológico del que forma parte el Parque Nacional Natural Tinigua (Meta), en la Amazonía colombiana. En esta área protegida, como reportan los datos oficiales, se deforestaron 5300 hectáreas de bosque en el primer trimestre de 2022.

Pero este no es el único parque afectado tanto dentro como alrededor por la presencia de ganado. Según datos del ICA, al Tinigua le sigue el Parque Natural Nacional Sierra de La Macarena (Meta) con 54 800 reses, el Parque Nacional Natural Picachos (entre Caquetá y Meta) con 22 800 cabezas de ganado y  La Paya (Putumayo) con 4900.

Las reservas o resguardos indígenas tampoco se han salvado de los daños que conlleva la presencia del ganado. Un ejemplo. Aunque en el resguardo indígena Nukak no se conoce un estimado de reses, la reserva del mismo nombre—cuya área coincide en parte con la comunidad indígena— alberga 4400 reses y ha perdido 236 hectáreas de áreas forestales entre abril de 2021 y marzo de 2022, según cifras del ICA y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), respectivamente.

En la vereda Yaguará II, que tiene una parte de su territorio dentro del resguardo indígena Llanos del Yarí-Yaguará II, se vacunaron 406 vacas en 2020. Un dato preocupante: no había actividad ganadera en el área en el 2016, como lo reportó el medio colombiano 360 grados y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). De abril de 2021 a marzo de 2022, el resguardo perdió 5517 hectáreas de bosque, de acuerdo con cifras de la FCDS.

Los expertos que conocen el tema señalan que existen diversos mecanismos que son utilizados por los responsables del  ganado para conseguir que este se alimente, de manera ilegal, en las áreas protegidas. Alejandra Laina, asesora de la dirección ejecutiva de la FCDS y conocedora de la agenda legislativa relacionada con la deforestación y la trazabilidad ganadera explica uno de esos mecanismos: “Tienes dos fincas que se llaman igual. Registran las vacas en la finca que está fuera del parque nacional y eso dice tu guía de movilización (de ganado). Las sacas, las vacunas y luego las devuelves allá (al Parque Nacional o resguardo indígena)”, explicó Laina.

Estas dinámicas ejemplifican lo difícil que es rastrear la movilidad del ganado y la propiedad de la tierra donde están las reses. En un país como Colombia, donde se consume la carne de 2429 reses cada día, según datos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), no es claro en qué sitios de sacrificio terminan las reses que pastan en áreas protegidas.

Pero, ¿cómo funciona esta dinámica de la ganadería asociada a la ocupación del territorio? Según se lee en un informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN): primero “limpian” un terreno tumbando el bosque o quemándolo, luego lo ocupan con ganado y finalmente venden esa tierra. “La verdadera función del ganado no es que se venda carne o cuero, sino ser celadores (guardianes) de la propiedad de la tierra”, le dijo a la BBC el sociólogo y abogado colombiano Alejandro Reyes. Y en ello coincide también  Augusto Castro-Nuñez, ingeniero agrícola que lleva más de 13 años investigando la deforestación en Colombia, quien señaló en una entrevista con Mongabay Latam que la “ganadería finalmente conlleva a la adquisición de la tierra, posteriormente al acaparamiento de la misma y luego a su venta”.

En este contexto, Juan Carlos Losada, representante a la Cámara del Partido Liberal, presentó por segunda vez un proyecto de ley para crear mecanismos que permitan rastrear el ganado en Colombia y así evitar que esta actividad siga provocando deforestación. Los ponentes del texto del proyecto son las representantes a la Cámara Julia Miranda (del Nuevo Liberalismo y ex directora de Parques Nacionales), Olga González (Partido Liberal) y Leyla Rincón (Pacto Histórico).

“Lo que hemos identificado es que la ganadería es una de las principales causas de la deforestación en Colombia. Y la deforestación es el principal problema ambiental de nuestro país. Más del 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la transformación de suelos”, dijo Julia Miranda en una entrevista con Mongabay Latam.

La primera vez que se presentó la propuesta de ley, en 2021, se archivó sin ser aprobada en ningún debate al no ser considerada una prioridad en la agenda legislativa de los congresistas. Esta vez ya superó su primer debate, pero aún le faltan tres.

Mongabay Latam consultó a expertos en el tema para explicar los puntos claves de este  proyecto de ley.

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Utilizar los datos para detener la deforestación

En Colombia, la información sobre registro y movilización de ganado no se cruza con la de deforestación y de propiedad de las tierras. Esto impide que se sepa con claridad a quién pertenece la finca cuyas vacas pastan ilegalmente en parques naturales o resguardos indígenas.

Es por eso que la principal apuesta de este proyecto de ley es el cruce o ensamble de al menos cuatro sistemas de información relacionados con el ganado, los bosques y el uso de tierras.

¿A qué sistemas se refieren? El primero de ellos es el Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino (SINIGAN) que reúne información de las reses desde su nacimiento hasta la llegada al consumidor final, incluyendo su ubicación, el inventario de vacunación y movilización. Esta base de datos es manejada por el ICA y fue creada por la Ley 914 de 2003. Su objetivo es que lleguen productos lácteos o cárnicos de alta calidad a los consumidores. Su información es útil en procesos de certificaciones de hatos libres de enfermedades o con buenas prácticas ganaderas y sanitarias.

El SINIGAN, además, contiene los registros del Sistema Nacional de Identificación, Información y Trazabilidad Animal (SNIITA), creado por la Ley 1659 de 2013. También contiene la base de datos del Sistema de Información para Guías de Movilización de Animales (SIGMA), que se creó en 2014 y cuya función es tener un control del transporte de las reses para evitar el contrabando y la diseminación de enfermedades. Asimismo, asigna cupos máximos de reses a mover por finca, recolecta información de coordenadas y nombre del predio de donde provienen las vacas.

El segundo es el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono y el Registro Nacional de Zonas Deforestadas, administrados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). El tercero es el sistema de catastro del del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y, por último, está el Registro de la Propiedad Inmueble, administrado por la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), que reúne información sobre las transferencias de predios como compraventas, permutas o intercambios de propiedades con valores similares, sucesión o fallos de jueces.

Alejandra Laina, de la FCDS, valora positivamente el proyecto de ley y su propuesta de conectar estos sistemas, pues para la experta es clave contar con una herramienta que permita seguir el ganado desde su nacimiento hasta la venta. Además resalta la importancia de utilizar datos que están disponibles y que no están siendo cruzados. “SINIGAN opera por sí solo, para las guías de movilización te pide una coordenada, pero esa coordenada no se cruza con ordenamiento (territorial), entonces no sabes si está en un resguardo, una reserva forestal, dentro de una finca. El sistema de bosques es otro, no interopera (se cruza) con Sinigan. Si lo logran hacer, sería ideal”, precisa.

La urgencia de ordenar el territorio

En Colombia, las grandes fincas de más de 200 hectáreas suman el 43.9 % de la tierra, porcentaje que está en manos de un 1.6 % de los propietarios, según datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Departamento Nacional de Estadística (DANE). Esta distribución y ocupación del territorio no ha sido, en muchos casos, reconocida por todas las entidades del Estado, por lo que urge poner en orden el tema de la propiedad.

Esa es la razón por la que el gobierno de Juan Manuel Santos puso en marcha en 2016 el proceso del catastro multipropósito, que consiste en la creación de un sistema actualizado de datos que pretende definir la titulación, formalización, tamaño y restricciones de uso de predios que han estado en una ambigüedad jurídica sobre su propiedad. Se trata de una especie de censo de la tierra que apunta a renovar y nutrir el Sistema Nacional Catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que contiene información de propiedad, valor y uso del territorio. Su creación es compleja porque requiere recolectar información en municipios en donde hay pocos datos oficiales o no los hay, y en los que existen contextos de alto riesgo de seguridad y donde se necesitan métodos de mapeo de la tierra como los vuelos con drones. Según cifras del IGAC, la actualización del catastro multipropósito ya se ha realizado en un 40 %.

El proyecto de ley también propone que la Agencia Nacional de Tierras (ANT), encargada del manejo de los terrenos estatales o baldíos, realice la creación de matrículas inmobiliarias para estos, como los que están en los parques naturales nacionales. Las matrículas inmobiliarias y sus certificados de tradición y libertad son documentos que recogen información de los linderos o límites, así como la extensión de un terreno o el historial de transferencias de su titularidad.

Juan Manuel Pinzón, abogado en temas ambientales de la FCDS, apoya la propuesta. “Más de la tercera parte del país son reservas. El certificado de tradición te permite tener un número de catastro. Este te envía a un mapa con los límites, con toda su historia e información, pues no es suficiente con saber que ese terreno simplemente es del Estado. Imagínate hacer esa tarea en una tercera parte del país. Cualquier elemento que alimente o permita la identificación de un predio incluidos los baldíos de la nación, es bienvenido”, dijo Pinzón.

Para la congresista ponente del proyecto, cruzar la información disponible es clave. “Nos va a permitir saber si el ganado o el predio donde están las reses [por eso también se vinculan los sistemas de catastro y registro de la propiedad inmueble], está vinculado a procesos de deforestación”, dijo la representante Julia Miranda.

Pero esta es solo una parte del trabajo en el camino para detener la pérdida de bosque, dice Sandra Durango, investigadora y zootecnista especialista en acuerdos de cero deforestación, instrumentos público-privados para que las cadenas productivas no tumben bosques. “El solo cruce de la información no va a servir. En Colombia hay que fortalecer la capacidad de las instituciones como el IDEAM, su capacidad de monitoreo [de los bosques]. También el uso que se le da a la información de movilización de ganado que hoy es específicamente sanitario. Y la información del catastro está desactualizada. Es uno de los puntos críticos para la trazabilidad en Colombia, tener realmente la ubicación y la georreferenciación de cada predio ganadero, que sea real, verídica”.

Durango además resaltó la importancia de los acuerdos de cero deforestación, iniciativas que buscan garantizar que las redes de proveedores de ganado, lácteos y carne no tumben bosques. Y valoró el diálogo con los campesinos y ganaderos como prioritario para buscar soluciones. “[No mejorará la situación] si no generamos un trabajo territorial con los productores de carne y leche, si no se hace sensibilización de porqué es importante el tema de trazabilidad. Se necesita generar confianza”, dijo.

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Fiscalizar las redes de proveedores y centros de sacrificio 

El proyecto de ley señala que la red de proveedores de leche y carne para grandes empresas, así como los centros de concentración y sacrificio de ganado, deberán asegurar en un plazo de dos años que las prácticas empleadas no fomentan la deforestación ni afectan a las áreas protegidas. El ICA y el Ministerio de Ambiente tendrán seis meses para formular dicha política específica que deberán cumplir las redes de proveedores, los centros de concentración y sacrificio.

Roberto Bruce, director jurídico de la agremiación de ganaderos de Colombia Fedegán, le dijo a Mongabay Latam que participaron en las discusiones de este proyecto de ley y que lo ven de manera favorable. También resaltó que la ganadería no se opone a  la conservación de los bosques amazónicos y reiteró que las reses nunca deben entrar a parques naturales. “Desde Fedegán hemos sido precursores en la implementación de los sistemas silvopastoriles, en sistemas que sean amigables con el medio ambiente, que ayudan a la captura de carbono”, indica Bruce. La ganadería silvopastoril integra árboles y arbustos con las reses, no únicamente pastos como ocurre con la práctica extensiva.

La propuesta de ley también contempla que la banca deberá practicar la debida diligencia al otorgar créditos para ganaderos en zonas con alta deforestación. De ser aprobada la propuesta legislativa, la Superintendencia Financiera emitiría una política que regule la materia.

Alejandra Laina, de la FCDS, señala que la Superfinanciera —como se refieren coloquialmente a la entidad bancaria— ya tiene avances: “La Superfinanciera ha estado interesada en ver cómo se hace, ha trabajado en cómo poner a operar los sistemas de información, para entender desde donde se piden los créditos. Por lo menos ya está ese interés”. Además añade que en el tema de trazabilidad del ganado colombiano también serán importantes las normas que están diseñando Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea.

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Financiación y seguimiento de la trazabilidad

En Colombia no se parte de cero en el tema de reglamentación de la trazabilidad del ganado. Desde que se instauró la Ley 1659 de 2013, en el país existe una Comisión Nacional del Sistema Nacional de Identificación, Información y Trazabilidad Animal conformada por el Ministerio de Agricultura, el de Comercio, Transporte, el Departamento Nacional de Planeación, el ICA, la Policía Nacional, un representante de los gremios y el Ministerio de Salud. Esta nueva propuesta de ley agrega la presencia del Ministerio de Ambiente para que las decisiones sobre trazabilidad del ganado tengan en cuenta las dinámicas de deforestación.

Respecto a la financiación de los mecanismos de trazabilidad ganadera, el proyecto de ley pide a las entidades que busquen los recursos en un plazo de seis meses. El exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, es escéptico sobre la financiación de las políticas de trazabilidad de ganado en caso de que se apruebe el proyecto. “Creo que no existen los recursos económicos para montar un sistema robusto”, señaló a Mongabay Latam.

*Imagen principal: Ganado en Colombia. Foto: Ministerio de Agricultura de Colombia.

*Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El artículo original fue publicado por David Tarazona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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