Bolivia: área protegida El Curichi Las Garzas se convierte en botín de invasores

• El Curichi Las Garzas es un refugio natural al que, cada año, arriban miles de cigüeñas de la especie Mycteria americana para reproducirse y luego, continuar su viaje.
• Los avasalladores han arrasado con 300 de las 1247 hectáreas que conforman esta área protegida del municipio de San Carlos. Ahora, allí hay cultivos de arroz y soya.
• Los invasores dicen contar con el aval del INRA, institución que ha negado tal extremo y pide al alcalde de la zona intervenir. En los últimos tres meses se han registrado más de 4500 alertas de deforestación y se ha dado un pico de 42 alertas de incendios, la cifra más alta de los últimos diez años.

A pesar de lo que muestran las imágenes satelitales, los pobladores que han instalado ilegalmente sus cultivos dentro del área protegida le dijeron a la comitiva que “cuidan el Curichi”, pues las parcelas de arroz de cada integrante del sindicato no superan las tres hectáreas. Mientras dicen eso, al fondo de los cultivos se puede ver una hilera de árboles.

La sorpresa de las autoridades fue cuando se acercaron a ver esa zona, pues vieron que detrás de los árboles sólo había más sembríos.

La pérdida de bosque también se puede confirmar en la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch (GFW). Las imágenes muestran cómo entre agosto de 2022 y noviembre de 2023 se registraron 5005 alertas de deforestación. Un dato importante: solo entre octubre y noviembre de este año se generaron 4558 de ese total. Cada alerta de deforestación significa una pérdida de 30×30 metros en un bosque tropical, equivalente a una cancha de básquetbol.

Estas cifras desbaratan los argumentos de los miembros del sindicato agrario, quienes les dijeron a las autoridades que “estaba eso [desde] hace 20 años”.

Las alertas de incendios activos VIIRS, tecnología de monitoreo de la NASA, también revelan que entre septiembre y noviembre de 2023 se registraron 42 focos de calor, la cifra más alta en los últimos diez años.

El fuego suele ser utilizado para despejar la tierra y prepararla para sembrar.

La concejal Mónica Vaca Gil, una de las integrantes de la comitiva, no salía del asombro ante la magnitud del daño. Dijo que intentó en el 2021 inspeccionar la reserva, pero que no logró concluir la misión porque los avasalladores tomaron al guía local de rehén y lo agredieron hasta romperle la nariz. Narró que en aquella oportunidad, junto a otros cuatro concejales y la Fundación Natura, lograron llegar a los nidos de las cigüeñas y que en ese momento todavía había monte virgen y las denuncias de avasallamiento y deforestación sólo hacían referencia a un chaco o parcela de cultivo.

Conocedores de las leyes

Cuando se les preguntó a los representantes del sindicato si sabían que sus cultivos se encontraban en una reserva municipal y si tenían documentos para demostrar propiedad del predio ocupado, reconocieron que sabían que se trataba de un área protegida pero que contaban con el permiso del INRA y el conocimiento del alcalde Óscar Zinko, que llegó al sillón municipal de la mano del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Sobre los incendios recurrentes, no dudaron en decir que ellos se encargan de que los fuegos no se salgan de control. “Evitamos que el fuego llegue más allá. Nos enfrentamos al incendio con nuestras vidas”, se apuró en decir una mujer.

En octubre de este año, el fuego arrasó con alrededor de 300 hectáreas de la reserva, según cálculos de Blanca Nieves Suárez, experta ambiental de la Fundación Natura. El análisis satelital realizado por la alianza periodística confirma también que la afectación reciente sería de al menos 300 hectáreas, incluso podría llegar a 400.

Pero, ¿qué pasa después de que se apaga el fuego? Se infiere, por las respuestas a medias que dieron los avasalladores, que ingresan las maquinarias y luego viene la siembra. Y así, explica Blanca Nieves, cada año va avanzando más y más la actividad agrícola en el área.

“Vemos ahora que son 300 hectáreas nuevas que se están destinando para la agricultura y es preocupante porque, por lo que hemos visto en esta inspección, están quemando y quieren habilitar nuevas hectáreas más. Quieren hasta dividir y repartir la reserva”, dice la experta de Fundación Natura.

Suárez alerta que de continuar este patrón, no sólo el distrito de Antofagasta sino, todo el municipio de San Carlos, se va a quedar sin agua. “Se podrá cultivar, pero luego no va haber agua para producir ni para el consumo de la gente”, precisa.

Walter Menacho, asesor jurídico de la ABT que acompañó a la comitiva de concejales, indicó que esa institución inició un proceso sancionatorio por el incendio del pasado octubre y que las investigaciones dieron con cuatro personas como responsables, quienes se sometieron a un procedimiento abreviado y recibieron una sanción administrativa consistente en el pago de una multa. Menacho no especificó el monto de la sanción pecuniaria, aunque actualmente la cifra oficial es 20 centavos de dólar por hectárea quemada. Actualmente, el Gobierno impulsa que este se incremente a 20 dólares por hectárea afectada.

¿De quién es la responsabilidad?

¿Cómo se permitió que esta reserva destinada a la protección de la vida silvestre, reguladora del clima y proveedora de agua llegará a este punto? La comisión de concejales que visitó la zona apunta al ejecutivo municipal de San Carlos, al INRA y a la ABT.

Eulogio Núñez, director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA, responde a El Deber y Mongabay Latam que la “Reserva municipal de vida silvestre Curichi Las Garzas es Tierra Fiscal No Disponible”, y que la institución que preside “no autorizó ningún asentamiento. Si alguien dice lo contrario, que muestre la resolución administrativa de autorización (ya que el ) INRA concluyó el saneamiento de dichos predios el año 2014”.

El funcionario le pasa la responsabilidad a la Alcaldía de San Carlos. “Si hay asentamientos ilegales, el gobierno municipal debe denunciar ante un juez agroambiental. Si hay desmonte ilegal, el gobierno municipal debe denunciar ante la ABT”, precisa el director del INRA.

Luego, menciona que la ley 477 establece sanciones de 3 a 8 años de cárcel para los avasalladores y traficantes de tierras. “Y si alguna autoridad pública (de los cuatro órganos de poder público) está involucrada, la pena se agrava en un 30%”, subraya Núñez.

“Pero qué quieren saber”, respondió por teléfono el alcalde Óscar Sinko, y continuó: “Yo pienso que aquí tiene que ver la autoridad competente al caso”.

Para el alcalde de San Carlos, en los comunarios recae la responsabilidad de “denunciar con nombre y apellido” a los avasalladores porque “nosotros, (Alcaldía de San Carlos) no vamos a ir a buscarlos o a corretearlos. No somos ente para hacer eso”.

Al ser cuestionado sobre por qué permitió que la actividad agrícola arrase con los patujusales, juncos y cuanto árbol había en esta reserva, al existir una ley y proyectos ecoturísticos para atraer a los visitantes que peregrinan a Buen Retiro (un distrito vecino de Antofagasta), respondió: “Escúcheme, pasa que esas historias, son simplemente historias”.

Y sobre el ‘visto bueno’ que, presuntamente, dio para que los avasalladores ingresen con maquinaria -antes de cortar abruptamente la llamada-, dijo que no era guardaparque “para estar pendiente de todo” y que “aquellas personas que se han entrado, lamentablemente, saben ellos cómo son las normativas. Así que, simplemente, tienen que atenerse a las consecuencias”.

Sin embargo, Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra, explica que el INRA ni la Alcaldía de San Carlos pueden evadir su responsabilidad y lo que acontece en El Curichi Las Garzas no es exclusivo de este municipio ni tampoco es la única área protegida de Bolivia que está avasallada.

Colque observa que el saneamiento sin desalojo es lo que está generando este problema en el país. “La obligación del INRA es, al momento de titular y terminar un proceso de saneamiento, proceder al desalojo de todos los asentamientos ilegales. Es su atribución e incluso puede hacer uso de la fuerza pública para hacer cumplir eso y resguardar estas zonas de propiedad fiscal”, sostiene.

En el caso de la Alcaldía de San Carlos, al declarar un área como reserva “no se compra solo derechos, sino obligaciones de preservar esa zona”. Y esas obligaciones implican un presupuesto municipal para el manejo, conservación y mejora de estas zonas, apunta.

Mientras las autoridades pasan la responsabilidad de hacer cumplir las leyes de un lado a otro, los avasalladores -como explicó uno de ellos- han “convertido en cedazo” el refugio natural al que cada año miles de cigüeñas llegan para anidar.

Ahora, los polluelos, cuyas madres fueron las últimas en arribar al curichi y que no fueron alcanzadas por el descomunal incendio de octubre, se preparan para partir. “Qué se encontrarán para el próximo año cuando retornen?”, se pregunta el biólogo Huáscar Castillo. Añade que la población de San Carlos debería tomar conciencia de que la reserva Curichi no solo es el refugio para la biodiversidad y núcleo reproductivo de las cigüeñas, sino que funciona como unidad ecológica reguladora del clima, temperatura y agua que ellos mismos consumen.

Imagen principal: Vista aérea de El Curichi Las Garzas muestra que en el lado oeste de esta área protegida municipal los ocupantes han sembrado cultivos de arroz y soya | Foto: Miguel Surubi.