- En el balance del año ambiental 2019, presentamos este análisis de los bueno y lo malo que deja el año que está cerca de terminarse.
(Mongabay Latam / Antonio José Paz Cardona)
El 2019 fue un año de importantes decisiones ambientales para Colombia y finaliza con un paro nacional que persiste desde el 21 de noviembre. El descontento de diversos sectores sociales con el gobierno del presidente Iván Duque llevó a que sindicatos de trabajadores, maestros, estudiantes, indígenas y defensores de derechos humanos salieran a las calles a protestar. A estas jornadas se fueron sumando otros sectores de la población y en diferentes ciudades se han realizado ‘cacerolazos’ masivos para que el presidente escuche las peticiones.
Varios líderes ambientales también se han unido a lo que se ha denominado el Comité Nacional del Paro, el cual le exige al gobierno soluciones y acciones ante el constante asesinato de líderes sociales y ambientales; un impulso real a la lucha contra la deforestación; la prohibición del fracking y el glifosato; la protección de los páramos y no otorgar una licencia minera en el emblemático páramo de Santurbán; el respeto a la participación ciudadana y a las consultas populares; la protección de la biodiversidad y la reforma de sus permisos de aprovechamiento, y la prohibición de los plásticos de un solo uso.
Hasta el momento se han realizado dos mesas de negociación para el tema ambiental. La primera de ellas, el 28 de noviembre, fue bastante tensa pues mientras el presidente Duque señalaba que se trataba de un espacio de “conversación y diálogo”, varios de los líderes ambientales como Carlos Andrés Santiago, del Movimiento Nacional Ambiental y la Alianza Colombia Libre de Fracking, precisaban que lo que buscaban era un espacio de “negociación y acuerdos, no solo que el presidente escuche sino que tome acciones concretas encaminadas a dar solución a las peticiones”.
El 6 de diciembre se realizó una segunda reunión y el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, dijo que en ella se priorizaron los temas a abordar durante las próximas mesas de diálogo en un corto, mediano y largo plazo. Entre ellos estarían la discusión sobre el Acuerdo de Escazú, la declaratoria de emergencia climática, la problemática de los páramos y los derechos de sus habitantes, la deforestación y el fracking. Muchas de las demandas expuestas durante el paro fueron considerados por Mongabay Latam como los desafíos ambientales de este año. ¿Cuáles se cumplieron y cuáles quedaran estancados?
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Lo bueno: va desapareciendo la indiferencia
A pesar del fatídico escenario para los defensores ambientales y de derechos humanos en Colombia, varios líderes y organizaciones de la sociedad civil ven una esperanza: los colombianos reaccionan cada vez más frente a estos asesinatos y las amenazas que se dan en los territorios.
“Este año, aún más que las anteriores, hubo mucha solidaridad, apoyo, reconocimiento y legitimidad de la labor de los defensores de derechos humanos por parte de la comunidad nacional e internacional”, asegura Diana Sánchez. La directora de Somos Defensores recuerda la manifestación del 26 de julio, que ocurrió luego de que la indignación colombiana llegara a su punto más alto con el asesinato de la líder María del Pilar Hurtado, delante de su pequeño hijo. “Fue una expresión de apoyo realmente grandiosa”, dice Sánchez.
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Para ella, poco a poco ha ido cambiando el concepto errado de que detrás de todas las formas de liderazgo en el país siempre había grupos armados y que estos defensores no eran autónomos ni tenían su propia agenda. “Se ha demostrado que siguen luchando por los derechos de sus comunidades, así no haya guerrilla en sus territorios”, comenta.
Los expertos consultados aseguran que estas “movilizaciones masivas y contundentes” después del 21 de noviembre, cuando inició el paro nacional, tienen como una de las agendas más fuertes el rechazo al asesinato de líderes sociales, ambientales e indígenas.
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Lo feo: un año de líderes asesinados y amenazados
El asesinato y las constantes amenazas contra líderes sociales, ambientales e indígenas fue un tema que marcó la agenda colombiana durante 2019 y que, de hecho, es una de las razones más fuertes por las que se ha venido dando el paro nacional en el país.
Octubre fue uno de los meses más violentos y críticos. Uno de los casos más impactantes fue la masacre de indígenas en Tacueyó, en el municipio de Toribío, Cauca, a finales de ese mes. En junio otro hecho ya había conmocionado al país: el homicidio de la líder María del Pilar Hurtado, en el municipio de Tierralta, Córdoba, en el Caribe colombiano, que generó una gran marcha de repudio a los asesinatos de líderes en el país a finales de julio.
Los indígenas son uno de los grupos étnicos que más han sufrido. “Se calcula que 140 indígenas, de los cuales 40 tenían liderazgos reconocidos en sus comunidades han sido asesinados este año. Es reflejo de que la situación no ha mejorado y que se ha intensificado en algunos pueblos que hacen mucha resistencia en sus territorios como los nasa en el norte del Cauca y también los embera y los awá. También han muerto muchos líderes comunitarios y comunales”, le dice Diana Sánchez, directora de la organización Somos Defensores a Mongabay Latam.
Sánchez y su organización tienen su propio sistema de información y si bien dice que 2019 cerrará con menos asesinatos que el año anterior, la cifra sigue siendo muy elevada y les preocupa que ha habido 17 lideresas asesinadas. Hasta el 30 de septiembre, último corte del sistema de información que maneja Somos Defensores, se habían reportado 85 asesinatos, “pero octubre fue altamente violento, al menos 11 indígenas fueron asesinados y eso sin contar líderes comunales, ambientalistas y otros tipos de liderazgos”, afirma y agrega que “eso es lamentable, para esta época se suponía que estaríamos muy avanzados en la implementación de los Acuerdos de Paz y en unos contextos más tranquilos, pero es todo lo contrario. Estamos en un contexto bastante hostil”.
Robinson López de la Opiac también manifiesta su preocupación y rechazo. “Se está presentando un genocidio contra los pueblos indígenas” y, sostiene, van 41 líderes asesinados, más de 53 amenazados de muerte y no solo en el Cauca, sino también en Chocó, Putumayo, Nariño y Caquetá. “Nuestras acciones para defender los territorios están generando incomodidad. En regiones de la Amazonía están llegando nuevos grupos armados, recrudeciendo el conflicto”, añade.
Carlos Castaño también ve este tema con mucha preocupación, sobre todo porque los guardaparques forman parte de uno de los grupos que se ven más afectados al tratar de cumplir con la defensa ambiental de los territorios. “A mí me tocó una época muy dura, durante el tiempo que fui director de Parques Nacionales me tocó ver cómo nos mataban muchos funcionarios que con gran esfuerzo trataban de ejercer la soberanía nacional donde no hay ningún otro tipo de institución”. Asegura que le duele ver cómo esta situación crece nuevamente.
Una versión ampliada del reportaje fue publicada en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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