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Proyectos actuales y futuros con participación de China en Colombia: retos en materia social y ambiental

Vanessa Torres y David Cruz

Como ya se ha dicho, el protagonismo de las inversiones de China en Colombia ha estado concentrado en el sector de los hidrocarburos a través de la participación de las principales empresas petroleras chinas como Sinopec y Sinochem. Dicha participación ha estado relacionada con conflictos de distinta índole: impactos ambientales, violaciones de derechos humanos, conflictos laborales y fiscales.

En el marco del post-conflicto Colombia espera atraer mayor inversión extranjera china, especialmente, en territorios donde por la guerra no era posible realizar actividades industriales o de desarrollo. Si bien aún no se han concretado muchas de las inversiones, este nuevo escenario de paz puede agilizar las negociaciones en proyectos energéticos, de agricultura e infraestructura.

Estas nuevas inversiones también podrían generar un aumento de los conflictos en distintos territorios nacionales. La experiencia previa demuestra que algunos de los proyectos más importantes han tenido un impacto negativo sobre el ambiente y los derechos de las comunidades. Además, se prevé que las inversiones se destinen a proyectos que se ejecutarán bajo el esquema de app, modalidad que presenta graves problemas de transparencia, sobrecostos, retrasos y limitaciones para garantizar la participación ciudadana.

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  • Bloques petroleros y conflictos socioambientales

En el sector petrolero, uno de los grandes movimientos comerciales fue la adquisición de Emerald Energy por parte de la estatal Sinochem en el año 2009. Emerald tiene presencia en 9 bloques petroleros de Caquetá y Putumayo (anh 2018), un área fuertemente influenciada e impactada por el conflicto armado. El bloque El Nogal sobresale entre las adjudicaciones por los conflictos que ha generado su implementación, tiene un área de 239.415 hectáreas en el departamento de Caquetá, convirtiéndose en la zona adjudicada más grande de la Amazonía Colombiana (Díaz 2016).

Desde el 2014, comunidades campesinas aglutinadas en las comisiones por la vida y el agua han manifestado su rechazo a la implementación del proyecto, que tiene un deficiente estudio de impactos ambientales y no ha garantizado la consulta, y participación de campesinos. Su resistencia ha sido significativa por la oposición no sólo al proyecto, sino también al modelo de desarrollo extractivo de Caquetá en la Amazonía.

Por otro lado, en el 2012, China National Offshore Oil Corportion (cnooc) adquirió por 15 500 millones de dólares la compañía canadiense Nexen (Portafolio 2018), que entre 2009 y 2013 desarrolló exploraciones para la extracción de crudos no convencionales a través de fracking entre Guatavita, Junín y Guasca (estos dos últimos municipios con territorio en el Parque Natural Chingaza) (Prieto y Hernández 2017). En 2013 la empresa se retiró de la zona. Actualmente, Nexen se encuentra dentro de la lista de empresas habilitadas en la competencia para adjudicación de contratos para la cuenca San Jacinto Sinú, donde hay ofertados 15 bloques para la exploración de crudo y gas (anh 2018b).

Una tercera empresa de importancia es Mansarovar Energy que fue constituida en 2006 por la unión de capitales de las estatales Sinopec Corp. de China y ongc Videsh de India. Tiene operaciones en  la cuenca del Valle del Magdalena Medio, en los campos de la Asociación Nare (con participación de Ecopetrol del 50%) y en el Campo Velásquez (100% de participación), uno de los campos más antiguos de Colombia. También han desarrollado actividades de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos en los departamentos de Boyacá, Santander, Antioquia y Cundinamarca (Mansarovar 2018).

La empresa Mansarovar Energy tiene adjudicado el contrato Llanos 69, que lo habilita para realizar actividades de exploración y producción en un área de 22.650 hectáreas localizadas en Cumaral, Restrepo y Villavicencio (Meta) y Medina (Cundinamarca). El proyecto generó preocupaciones entre los habitantes de Cumaral por los impactos sociales y ambientales, especialmente los impactos en el agua. Por tal motivo, en junio de 2017 se realizó una Consulta Popular donde el 97% de los votantes de la comunidad votó por el ‘No’, en rechazo a la actividad petrolera en el municipio.

Recientemente, la empresa demandó una sentencia del Tribunal Administrativo del Meta relacionada con la realización de un Consulta Popular en Cumaral (Meta). La decisión de este tribunal podría ser determinante en la realización de las consultas populares en el país, y representa un riesgo para el derecho a la participación y consulta de las comunidades afectadas por los proyectos mineros y petroleros (Dejusticia 2018).

 

  • Proyectos de generación de energía

La construcción de la termoeléctrica Gecelca 3 en el Municipio Puerto Liberador del Departamento de Córdoba está a cargo de Generadora y Comercializadora de Energía (Gecelca). La licitación fue ganada en diciembre del 2010 por el consorcio China United Engineering Corporation (cuc) y Dongfang Turbin Co. ltd (dtc), por un costo de 236 millones de dólares (Gómez 2016). El proyecto ha estado inmerso en diferentes conflictos. Primero, la termoeléctrica Desafíos en la relación entre China y Colombia. Cambios normativos, postconflicto e impactos socioambientales debía ser entregada a finales del 2012, pero fue inaugurada hasta el 2015. La Contraloría General de la República determinó un hallazgo fiscal por 97.602 millones, por tanto, se aplicó una multa de apremio por 10,5 millones de dólares al consorcio, ante el incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales (Mouthon 2017). Por otro lado, en noviembre de 2016, indígenas zinúes tomaron las instalaciones en protesta de la posible contaminación en aguas y ríos del área de influencia, además de reclamar la falta de contratación de mano de obra de la región (García 2016).

En 2013 le fue concesionado un nuevo proyecto denominado Gecelca 3.2 ubicado en el mismo municipio. El consorcio chino tampoco dio cumplimiento a este segundo contrato y tuvo problemas en el cumplimiento de las normas de seguridad, luego de que uno de los trabajadores del proyecto cayera de un andamiaje y muriera a causa del impacto. Según trabajadores de Conalvías, empresa subcontratada, los protocolos de seguridad del contratista no ofrecen garantías suficientes a los trabajadores (Gómez 2016).

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  • Banca china financia Hidroituango

También ha sido posible rastrear la llegada de dineros de China a proyectos críticos como la Hidroeléctrica Ituango. Es importante mencionar que China ha estado interesada en el proyecto desde el momento de su licitación. China Three Gorges Corporation y Sinohydro Corporation Limited estuvieron participando en el proceso de adjudicación de contratos durante el año 2010, sin embargo, las obras fueron otorgadas a otro consorcio (Revista Dinero 2010).

El financiamiento de la Banca china llega principalmente a través de un fondo que administra el Banco Interamericano de Inversiones (bid). Empresas Públicas de Medellín tomó un crédito de estructura A/B de 1.000 millones de dólares con bid Invest destinado a financiar parcialmente el proyecto. El préstamo incluye un tramo A de 300  millones de dólares del Grupo bid, más 50 millones de dólares del fondo de cofinanciamiento del gobierno de China administrado por bid y coordinado por el Banco Popular de China. El tramo B del financiamiento compromete 650 millones de dólares aportados por inversionistas institucionales y bancos internacionales como el Banco Industrial y Comercial de China, aunque se desconoce el monto aportado por esta entidad (bid 2018).

El proyecto ha sido cuestionado por la sociedad civil colombiana por sus impactos y violaciones que ha causado a los derechos humanos. Además de estar ubicada en una de las zonas más impactadas por el conflicto armado, y sobre uno de los ríos más emblemáticos de la región (el río Cauca), el Movimiento Ríos Vivos ha denunciado que el proyecto no realizó una adecuada consulta y socialización del estudio de impacto ambiental; el censo poblacional no reunió la totalidad de los afectados por la obra y la licencia ambiental ha sido modificada varias veces sin consulta. Comunidades y organizaciones sociales han recibido constantes amenazas y persecuciones a raíz de la movilización social contra la obra, y se han presentado asesinatos de líderes sociales.

Recientemente, el taponamiento de los túneles de la planta y la crecida del cauce del río generaron una emergencia ambiental y social en 12 municipios aledaños a la obra, principalmente Puerto Valdivia (Antioquia). La obra se mantiene en alerta y se ha ordenado la evacuación preventiva de algunas poblaciones.

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