En una carta enviada a los congresistas y otra al Presidente Duque, las organizaciones piden que se ratifique el tratado internacional. Varios mitos falsos rodean el debate. El proyecto de ley está agendado para discusión este 14 de octubre.
Uno de los pocos acuerdos claros que surgieron tras el Paro Nacional y la Conversación Nacional del año pasado, fue la promesa por parte del Presidente Iván Duque de firmar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
“Una de las mesas que ha sido más enriquecedora ha sido la de medio ambiente donde todos los sectores han planteado la importancia de tomar acciones y ahí hay una gran confluencia en lo que queremos como Gobierno y lo que quieren los ciudadanos”, subrayó Duque el 9 de diciembre de 2019.
Desde entonces, y con una pandemia de por medio, el acuerdo aún espera que a través de un proyecto de ley sea ratificado por el Congreso. Sin embargo, algunas voces políticas han intentado bloquear el proceso en las últimas semanas. Más de 150 organizaciones ambientales enviaron una carta a los congresistas pidiendo que Colombia cumpla con su compromiso y otra más al presidente Iván Duque solicitando que redoble esfuerzos en pro de la ratificación.
El Acuerdo de Escazú ya fue adoptado y firmado por 24 países y ratificado por 10 de ellos. Su objetivo primordial es que los Estados se comprometen a garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, a través de herramientas que respondan a las prioridades y necesidades de cada país.
«El país encuentra en el Acuerdo de Escazú un instrumento que le permitirá a Colombia superar las ambigüedades actuales que tiene la legislación ambiental y contar con un marco jurídico unificado y estandarizado que proporcione reglas claras a todos los actores nacionales”, plantean en su carta a los congresistas las organizaciones ambientales.
Los firmantes de la carta enfatizaron que no es cierto que su firma atente contra la soberanía nacional pues el Acuerdo no contiene disposiciones sobre los espacios terrestre, marítimo o aéreo del territorio nacional: “De hecho, su implementación se guía por dos principios clave que garantizan la soberanía de los Estados: el artículo 3 del Acuerdo menciona los principios de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, e igualdad soberana de los Estados; y el artículo 4 dispone que las obligaciones contenidas en él deberán ser incorporadas por los Estados según su propia legislación, sin que estas limiten o deroguen otros derechos y garantías más favorables previstas por las legislaciones del Estado que lo ratifique”.
La carta recuerda a los congresistas que la OCDE como la Banca Multilateral han enviado mensajes claros a Colombia sobre la importancia de avanzar en democracia ambiental. En el caso de la OCDE ha señalado que el país debe consolidar y hacer más efectivas las leyes y disposiciones ambientales y alinearlas con las buenas prácticas internacionales; promover la participación pública en los procesos de evaluación de impacto ambiental; reforzar la base de información ambiental, garantizando su vínculo con los datos de salud y económicos; fortalecer el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC); y responder al desafío de la poca integración ambiental dentro del marco nacional de políticas.
Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya se comprometió “a respetar los derechos de acceso a información, participación y justicia en relación con los temas ambientales de conformidad con los principios del Acuerdo de Escazú.
Las organizaciones ambientales le agradecieron al presidente Duque su liderazgo al comprometerse ante la Asamblea General de Naciones Unidas con la ratificación del Acuerdo de Escazú pero al mismo tiempo le piden dar un nuevo impulso político al proceso de ratificación ante el Congreso. Un paso decisivo en ese sentido fue el mensaje de urgencia con el que se radicó el proyecto de ley aprobatoria del Acuerdo de Escazú el pasado 21 de julio.
Sin embargo, advierten los firmantes de la carta, “a pesar del compromiso del Gobierno Nacional, en las últimas audiencias públicas celebradas el 03 y 14 de septiembre en el Senado de República y la Cámara de Representantes del Congreso, respectivamente, diversos congresistas del partido de Gobierno (Centro Democrático) manifestaron abiertamente su rechazo al Acuerdo de Escazú. Estas declaraciones y manifestaciones que argumentan los parlamentarios del Centro Democrático se basan, en esencia, en la inexistente contradicción entre el desarrollo sostenible y el desarrollo económico, las cuales además han sido replicadas en medios de comunicación generando un cuestionamiento sobre la conveniencia de avanzar en este proceso”.
Algunas de las organizaciones que han firmado las cartas:
En total 777 personas han firmado hasta ahora la carta al presidente Duque así como 134 organizaciones ambientales y sociales. La carta enviada a los congresistas ya suma 205 firmas de organizaciones y líderes.
Entre las más reconocidas figuran:
- Asociación Ambiente y Sociedad
- WWF
- Universidad del Rosario
- Universidad de los Andes
- AIDA
- Foro Nacional Ambiental
- Movimiento Ambientalista Colombiano
- Foro Nacional por Colombia
- Fundación ALMA
- Fundación ACUA
- Fridays for future
- Fundación Ficamazonia
- Fundación Ciudadanía y Desarrollo
