Este articulo hace parte del informe regional de transparencia y acceso a la información en industrias extractivas en América Latina y El Caribe.
En Honduras, el derecho de acceso a la información se encuentra sustentado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Decreto Legislativo No 170-2006. Asimismo, la Ley de Municipalidades, en el artículo 24, inciso 7, indica que un ciudadano puede: “pedir cuentas a la Corporación Municipal sobre la gestión municipal, tanto en los cabildos abiertos por medio de sus representantes, como en forma directa”. En cuanto a la participación, la Ley de Municipalidades de Honduras, en el artículo 25, inciso 9, obliga a: Celebrar asambleas de carácter consultivo en cabildo abierto con facultades de la corporación municipal, como máxima autoridad representantes de organizaciones locales, legalmente constituidas, como ser: comunales, sociales, gremiales, sindicales, ecológicas y otras que por su naturaleza lo ameriten, a juicio de la corporación, para resolver todo tipo de situaciones que afecten a la
comunidad.
Además, el inciso 10 obliga a las municipalidades a “convocar a plebiscito a todos los ciudadanos vecinos del término municipal, para tomar decisiones sobre asuntos de suma importancia, a juicio de la Corporación”. El resultado del plebiscito será de obligatorio cumplimiento y deberá ser publicado.
Honduras se adhirió a las iniciativas Asociación Internacional de Presupuesto (IBP, por sus siglas en inglés), al EITI y a OGP, cada una con distintos compromisos en diferentes ámbitos de acción. Sin embargo, estas iniciativas aún tienen retos que necesitan ser trabajados en conjunto con la sociedad civil para mejorar la eficacia de los derechos de acceso a la
información y participación. La planificación de acciones relacionadas con la implementación de la iniciativa OGP ha descansado, en gran medida, en esfuerzos anteriores en pro de la divulgación de la información. De esta manera, las leyes que promueven la transparencia y los organismos que han nacido a la par de ellas, como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), han promovido la utilización de sistemas de datos de acceso público. Un ejemplo de ello es la creación de portales de transparencia y de rendición de cuentas de las instituciones públicas, los cuales han permitido de manera parcial que los ciudadanos posean criterios informados sobre el actuar del gobierno. Sin embargo, durante el año 2013 han existido retrocesos importantes en materia de transparencia y participación ciudadana. Algunos ejemplos claros son la aprobación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional
(Decreto No 418-2013), así como el uso recurrente de instrumentos de ejecución de gasto público que no se consolidan con el presupuesto, como son los fideicomisos. En general, la población no ha tenido acceso a información suficiente para realizar auditoría social sobre las decisiones que toma el gobierno en cuanto al diseño y ejecución del presupuesto público y de la política económica.
Honduras fue clasificado país miembro del EITI el 22 de mayo de 2013. En teoría, la implementación del EITI conlleva a una serie de ventajas vinculadas con la relación tripartita entre empresas, ciudadanos y gobierno: aumento en la recaudación de impuestos, mejora en la planificación presupuestaria, igualdad de contribución y acceso a la información sobre
empresas mineras, mejora en el clima de inversión y fortalecimiento de la rendición de cuentas. Para alcanzar este fin, se elaboró un plan de trabajo que tenía como principal producto que el Informe EITI incluya la conciliación de los pagos realizados por las industrias mineras al gobierno y los ingresos recibidos por el gobierno de las empresas involucradas en este
sector por los años 2012 y 2013. La EITI, al igual que otras iniciativas a las cuales se ha adherido el gobierno de Honduras, ha sido
caracterizada por una limitada participación de las organizaciones de la sociedad civil. Los representantes de la sociedad civil fueron electos desde el propio gobierno y se ha creado un proceso de admisión de nuevas organizaciones que desincentiva la participación de otros sectores. La mayoría de las organizaciones que representan a la sociedad civil, o tienen una fuerte influencia gubernamental (porque reciben recursos públicos), o estuvieron a favor de la nueva Ley General de Minería aprobada a comienzos de 2013. Ninguna de las organizaciones que velan por el medio ambiente en
Honduras está representada en la EITI. Con esta modalidad de participación, el peso principal de las decisiones lo lleva el gobierno.