Infraestructura en América Latina|

Publicado el impactosocioambiental

Contexto latinoamericano de transparencia y acceso a la informacion en el sector extractivo

Este articulo hace parte del informe regional de transparencia y acceso a la información en industrias extractivas en América Latina y El Caribe.

Ver informe completo aquí

La economía de nuestros países, como la de la mayoría de nuestros vecinos  latinoamericanos y caribeños, es altamente dependiente de la exportación de bienes primarios, lo cual implica una intensiva inversión en actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Por una parte, estas actividades tienden a afectar directamente la vida, la integridad, la salud y el entorno ambiental de las personas que viven en territorios  indígenas o zonas rurales. Por otra, provocan afectaciones indirectas, sobre todo en perjuicio de las poblaciones más vulnerables y sometidas a patrones de desventaja histórica. A modo de ejemplo, la presencia de grandes empresas extractivas en zonas rurales y amazónicas ha provocado, de forma casi invariable, el incremento de instituciones sociales patriarcales en perjuicio de las mujeres que habitan la zona de impacto.

Organizaciones de la sociedad civil y organismos supranacionales de derechos humanos han emitido informes y pronunciamientos sobre el impacto diferenciado de la expansión de actividades extractivas para lideresas sociales, mujeres indígenas y campesinas de las zonas impactadas por los respectivos proyectos. Para hacer frente a las violaciones generadas por la acelerada expansión de las concesiones extractivas en América Latina y el Caribe, el acceso a la información es una herramienta fundamental, tanto para prevenir tales violaciones como para permitir a la ciudadanía incidir en las políticas estatales que afectan directamente sus vidas. Ante los recientes escándalos de corrupción vinculados con el pago de millonarias coimas a funcionarios de gobiernos por empresas concesionarias de megaproyectos en América Latina y el Caribe, la implementación de políticas eficientes de acceso a la información se convierte en un imperativo para que nuestras democracias logren liberarse del flagelo de la corrupción, el incremento continuo de conflictos sociales y la cooptación de procesos políticos por las grandes corporaciones.

Pese a la importancia del acceso a la información para el ejercicio de diferentes derechos humanos, la normativa de nuestros países no contempla mecanismos específicos para acceder a información crucial en procesos de licitaciones de proyectos mineros y de hidrocarburos, y tampoco obliga la administración pública a proporcionar documentación sobre la planificación, implementación y fiscalización. A modo de ejemplo, muchas veces no es posible conocer las áreas sujetas a procesos de concesión, instrumentos o espacios de planificación para definir un área a concesionar, los expedientes de concesión, los registros completos de derechos otorgados ni los funcionarios que participan en las tomas decisiones durante el proceso de licitación. Tampoco es posible obtener información completa sobre los procesos y expedientes administrativos de la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental de los proyectos, ni el estado de revisión en el que se encuentran estos instrumentos. Respecto de la fiscalización de las empresas que ejecutan los proyectos extractivos, la población de la zona concesionada no posee mecanismos para conocer la relación de compensaciones, sanciones, multas por infracciones ambientales, incumplimiento de los contratos de concesión, resultados de la contaminación ambiental, derechos de servidumbre otorgados y otros pagos o gastos sociales y ambientales que realizan las empresas a los Estados.

Como regla general, la información previamente descrita no se encuentra actualizada en los portales web de las secretarías o ministerios de Energía y Minas, ministerios del Ambiente, organismos de fiscalización ambiental ni de los gobiernos subnacionales o locales. Cuando existe alguna información, no se encuentra en los idiomas mayoritarios de las regiones afectadas, lo que impone una barrera intercultural para millones de personas. La falta de accesibilidad ha imposibilitado, por ejemplo, que varias comunidades indígenas y afrodescendientes ejerzan plenamente sus derechos de participación y consulta previa, libre e informada.

Adicionalmente, los funcionarios de las entidades responsables por la concesión, evaluación y fiscalización de actividades extractivas no están capacitados en temas de transparencia y acceso a la información pública, por lo que aun cuando existe normatividad, se suele restringir el acceso a la información, desarrollando prácticas no establecidas en la normatividad, retrasando la entrega de información a los usuarios o argumentando que aquella es reservada, secreta o confidencial. Por otro lado, existe otra información importante que generan las empresas para el cumplimiento de estándares de calidad de los recursos naturales, los pagos y acuerdos que tienen con los Estados e información ambiental que no se informa en procesos adecuados de rendición de cuentas a la ciudadanía.
La  ausencia de conocimiento oportuno, veraz, completo e intercultural sobre los proyectos y sus impactos socioambientales ha ocasionado que las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas no tengan herramientas para participar adecuadamente en los procesos de consulta previa, en procesos de diálogo o para utilizar mecanismos de transparencia y vigilancia para defender sus territorios de la contaminación ambiental.

Ello ha puesto en riesgo su salud, los ha expuesto a hechos de contaminación por metales pesados, sin acceso a agua potable y de calidad, y ha vulnerado otros derechos fundamentales. Cabe subrayar que tales poblaciones tienen menores recursos económicos para financiar los gastos que implica el traslado a los puestos de policía o a centros urbanos, en donde se encuentra la información primordial para relatar sus casos. Tampoco pueden acceder a la justicia y quejas administrativas de manera gratuita, por lo que las denuncias ambientales suelen ser costosas debido a los traslados y los gastos adicionales que deben realizar. Además, sufren discriminación generalizada, lo que hace poco probable que sus denuncias sean tomadas en cuenta, y se exponen a la violencia y el hostigamiento por parte de los funcionarios que las reciben. Por ende, el riesgo de los defensores y defensoras se incrementa cuando, al denunciar, las empresas denunciadas son las que más pronto se enteran de lo denunciado.

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