Hacia un Estado mínimo, autoritario y policial al servicio del mercado.

Un logro de la constitución política de 1991 fue el cambio de modelo de Estado, pues le apostó al Estado social de derecho o Estado “social” y “democrático” de Derecho. Después del Estado confesional y autoritario que instauraron Miguel Antonio Caro y Rafael Núñez en 1886, los constituyentes del 91, donde hubo representantes del M-19, de los distintos partidos y de las minorías, decidieron apostarle a un Estado distinto: plural, laico, diverso, participativo, pero, ante todo, a un Estado donde lo social no era un mero adjetivo. No. Era el corazón de la filosofía política de la nueva carta, un horizonte para la acción del gobierno, de las políticas públicas y para la actuación de las instituciones y de los funcionarios del Estado.

El Estado social de derecho nuestro era un intento de construir un Estado de bienestar, al estilo de las democracias europeas o de las socialdemocracias. Ese era el anhelo y algo se logró en estos años, primero, por medio de la Corte constitucional en los 90s y sus decisiones revolucionarias sobre los derechos; después, por algunos gobiernos que entendieron que el papel del Estado no era pasivo, sino que debía intervenir en la economía y en la sociedad para corregir las desigualdades sociales buscando así la equidad y la justicia. El fundamento de ese modelo de Estado lo expresó la Corte en la sentencia C-1064 de 2001. Allí dijo la alta corte: “el ser humano no es realmente libre e igual debido a limitaciones naturales y sociales dentro de las cuales sobresalen las económicas. Es por ello que se acepta que, en muchos casos, la libertad y la igualdad requieren para su realización de medidas, acciones, prestaciones, servicios, que la persona, por sí misma, no puede asegurar. El Estado de Derecho evolucionó así, de un Estado liberal democrático a uno social, también democrático, animado por el propósito de que los presupuestos materiales de la libertad y la igualdad para todos estén efectivamente asegurados”. C-1064/2001.

Pues bien, en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella el soñado Estado social de derecho será eso, un sueño. La filosofía de su programa de gobierno, el de las tres páginas, más algunas de sus declaraciones en prensa y en medios públicos, apunta a que el tipo de Estado por el que propende, el tipo de Estado que defiende es de otra naturaleza. No es un Estado social de derecho, sino un Estado mínimo, autoritario, policivo, securitista y al servicio del gran capital. Me explico.

1º. Será un Estado mínimo porque en su programa habla explícitamente de reducir el Estado en un 25%. En otras declaraciones ha dicho que el recorte del Estado será del 40%, y que el objetivo es eliminar, privatizar, fusionar muchas instituciones, por ejemplo, reducir los ministerios de 19 a 10. El argumento es que hay mucha burocracia y que el Estado es ineficiente. Este recorte, de suyo, generará miles de desempleados y aumentará la cifra de desempleo en el país. Tampoco es creíble ni viable la idea de que esos trabajadores puedan ser reubicados en el sector privado, pues este no cuenta con las capacidades de absorción. Si además se desmontan programas sociales, la situación de los menos favorecidos será peor, pues se habla de intervenir el ICBF, El programa de alimentación escolar PAE, el Fondo Nacional del Ahorro, entre otras. Intervenir estas tres instituciones deja desprotegida a los niños, aumenta el hambre escolar y encarece el acceso a la vivienda.

2º. En segundo lugar, y esto es, a mi juicio, lo más preocupante del programa de la derecha, es que se trata de un Estado autoritario. Esto es muy claro. El candidato habla en términos del Bien y del Mal, de un país enfermo que hay que sanar, de un país corrompido que hay que purificar. Habla en nombre de Dios, de la fe, de la iglesia, de la familia. Este es un lenguaje inmunitario donde el otro aparece como un peligro, como alguien que debe eliminarse, pues es una especie de virus que enferma al “cuerpo social”. El lenguaje que habla de enfermedad, sanación, es un lenguaje biológico, del organicismo, que apunta a que hay que proteger la comunidad de otro amenazante. Era el mismo lenguaje de la “re-generación” (término biológico) del autoritarismo de Caro y de la constitución de 1886. Esos Otros estarían representados en la izquierda “comunista”, “los marxistas” y en todo aquél que se oponga a su visión de país, y a sus personales convicciones como cuando, bajo sus propios términos, distingue entre “periodista” y “activista”. El “País milagro” es otra entelequia para captar votos entre evangélicos o cristianos fanáticos. Y todo fanatismo (político o religioso) solo expresa el fondo bestial del entusiasmo, un fondo bestial que en este país es demasiado fácil activar con el peligro del porte de armas.

3º. Pero el Estado mínimo y autoritario tiene otras señales en su corto programa: [a]la construcción de megacárceles es una de ellas. Esta idea, copiada o plagiada de Bukele, es la antesala. Si el gobierno va a iniciar una cruzada contra el Mal (y todos aquellos que lo encarnan) primero hay que construir los lugares de reclusión y encerramiento. El Gulag o campo de concentración debe estar preparado previamente para aislar de la sociedad todo aquello que la amenaza. Pero los signos o señales no paran ahí. [b] En el programa dice: “Elevar a rango constitucional la prohibición de la ‘combinación de todas las formas de lucha’ como estrategia de poder político”. Esto es peligrosísimo. Sabemos que la expresión “combinación de todas las formas de lucha” fue usada por las guerrillas para justificar el uso de todos los medios posibles para lograr el fin de “la toma del poder” y de la “transformación de la sociedad”. Eso es ampliamente sabido. Sin embargo, en el contexto de un posible gobierno de De la Espriella que no ha dejado de enviar señales de autoritarismo, como el ataque a periodistas con su respectiva intimidación judicial, el uso de la famosa expresión entra en terreno resbaloso. La expresión misma se torna demasiado amplia, abstracta e interpretable por vía extensiva a cualquier tipo de acción. Puede equivaler a prohibir “con rango constitucional” la protesta social misma. Además, dentro de la expresión “todas las formas de lucha” cabe desde una marcha, una protesta, un cierre vial, una obstrucción del espacio público hasta una columna, una conferencia o un escrito, pues estas últimas también son formas de lucha ideológica. Si la persecución a los herejes que atentan contra la “patria” o el “país milagro” se generaliza, terminaremos en la mazmorra todos aquellos que pensemos diferente o que salgamos a defender la educación pública (que aparece una vez en su programa y con tintes privatizadores) o nos opongamos al fracking en los páramos.

Pero las señales siguen. [c] En el programa aparece esta idea: “Seguridad en el barrio: Bloque de Búsqueda contra la extorsión, y Primera Línea de Seguridad con veteranos y reservistas”. Es loable la preocupación por la seguridad barrial. De hecho, la policía ya tiene programas como la seguridad por cuadrantes, sin embargo, una especie de fuerza pública o ejército paralelo formado por “reservistas o veteranos” suena funesta. Estas personas, ¿serán funcionarios públicos? ¿No es ese sector de veteranos uno de los más agresivos y fanáticos militantes, fervorosos del orden y defensores de la pureza moral de la patria? Y para culminar, la cereza del pastel. [d] En un artículo en El Tiempo publicado el día 3 de junio, titulado: “Los puntos claves del plan de gobierno de Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta: Plan Colombia II, reducción del Estado y 7 megacárceles”.

En este artículo se habla de “seguridad jurídica total a la Fuerza Pública: “Prioridad absoluta a la Fuerza Pública sobre los narcoterroristas en el DIH”. Esto significa, palabras más, palabras menos, que habrá una especie de blindaje jurídico para la fuerza pública, lo que equivale a protegerla ante el sistema judicial por posible extralimitación de sus funciones; significa desarmas a la ciudadanía ante el abuso policial y otros excesos. La violación de Derechos humanos por parte de militares o policias, como en los gobiernos de Uribe Vélez y Turbay Ayala, se puede volver pan de cada día. En aras de no igualar a la fuerza pública con los grupos ilegales, se termina desprotegiendo a los ciudadanos y dándole una especie de carta blanca a la fuerza pública para el abuso.

En ese mismo artículo se habla de  [e] revisar la pertenencia de Colombia a organismos como la “ONU, la OEA y la CIDH”. Pues bien, en el contexto explicado esto quiere decir que el Estado autoritario, mínimo, represivo, no podría ser demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) por la violación de derechos por parte del Estado colombiano y sus fuerzas represivas, o por otros motivos. Esa jugada la hicieron ya, curiosamente, los gobiernos autoritarios de izquierda de la región. En ese momento la derecha salió a criticar, pero ahora copian (como muchas otras cosas) esa estrategia.

La verdad es preocupante el tinte autoritario del proyecto abelardista. La ciudadanía debería de estar atenta en vez de emborracharse con expresiones patrioteras y vacías como “El tigre” o “Firmes por la patria”. La proclividad a la dictadura del proyecto de ultraderecha la han puesto de presente personas (escritores, constitucionalistas, académicos, políticos) como Abad Faciolince, Rodrigo Uprimny, Ramiro y Ana Bejarano, Humberto de la Calle, Gonzalo Sánchez, Claudia López, entre muchos otros. Ese autoritarismo es propio de la ultraderecha internacional a la cual se encuentra adscrito De la Espriella: el sionismo de Netanyahu, Vox en España, Bukele en Salvador, Milei en Argentina y Donald Trump. En Estados Unidos, lo sabemos bien, Trump caza migrantes, interfiere en las universidades, censura e insulta periodistas, viola la división de poderes, gobierna por decreto, gobierna para los millonarios, persigue a los opositores, etc. Abelardo haría muchas de estas cosas aquí, eso está anunciado.

Preocupa sobremanera que el país se convierta en una colonia trumpista, en un país lacayo sometido a los intereses gringos; y que dada su calidad de “ciudadano americano republicano” de Colombia, en una eventual presidencia, actué más a favor de intereses extranjeros que a favor de los propios; o que pida intervenciones frecuentemente. En ese caso, la soberanía estaría seriamente comprometida. Igualmente, preocupa el ingreso al país del sionismo que masacra y comete genocidio en Gaza y en el Líbano.

Por último, sin duda, el modelo de Estado que prefigura la ultraderecha es un Estado al servicio del capital: el tema de la desregulación, las exenciones a empresarios, la reducción de impuestos a los más ricos; los anuncios sobre la “revisión” de las superintendencias y sus facultades de control y vigilancia; las declaraciones (muy confusas y contradictorias) sobre el futuro de las licencias ambientales, de la Agencia Nacional de Tierras,  de la consulta previa a comunidades, etc., apunta ineludiblemente a que estas instituciones son consideradas obstáculos para el crecimiento Económico y por ello deben intervenirse o suprimirse. Todo quedará sometido a la lógica del mercado, la acumulación de la ganancia y la especulación financiera. Este es, en verdad, un Estado policial al servicio del neoliberalismo.

Es un modelo donde los organismos de control son obstáculo; es la antípoda del Estado social de derecho que contempla la constitución de 1991. En ese sentido, el programa político no defiende la constitución, defiende el mercado y los intereses de los sectores más ricos de la sociedad. Se configuraría un Estado oligárquico autoritario donde lo “social” y lo “democrático” serían tan solo un espejismo o una cosa del pasado.  En un escenario represivo, defender el Estado social y democrático de derecho equivaldría a levantar las banderas del comunismo y a convertirse inmediatamente en un subversivo al que hay que combatir.