El argumento, en principio, parece razonable. Todo gobierno necesita tiempo para ejecutar sus políticas, poner en marcha sus programas y demostrar resultados. Pero hay una pequeña contradicción que no debería pasar inadvertida: ¿no dizque Abelardo De La Espriella era el milagroso?

Porque si durante la campaña se vendió la idea de que él tenía soluciones extraordinarias para los problemas del país, entonces resulta inevitable preguntar dónde están los milagros. No se puede pedir paciencia para medir los resultados y, al mismo tiempo, reclamar aplausos anticipados por un gobierno que apenas comienza. Si 30 días son insuficientes para determinar si gobierna mal, también deberían ser insuficientes para decretar que gobierna bien.

No se puede jugar con las dos barajas.

Cuando conviene, se dice que hay que esperar para juzgar. Cuando conviene, se celebra cada declaración, cada gesto y cada decisión como si estuviéramos asistiendo al nacimiento de una nueva era. Eso no es evaluación: es indulgencia selectiva.

Y conviene decirlo con toda claridad: gritar frente a un micrófono, manotear, cerrar el puño, elevar la voz o adoptar una postura desafiante no constituye una política pública. Mucho menos demuestra capacidad de gobierno. El volumen de la voz no guarda relación alguna con la calidad de las decisiones.

Iván Duque también sabía utilizar el micrófono, levantar la voz y construir discursos de firmeza. Eso, sin embargo, no impidió que su gobierno terminara siendo objeto de fuertes cuestionamientos y que su legado político quedara sometido a una evaluación mucho más compleja que la que ofrecían sus intervenciones públicas.

El problema, entonces, no es que De La Espriella lleve apenas 30 días. El problema sería creer que durante esos 30 días el país debe suspender su capacidad crítica porque el nuevo presidente necesita tiempo para demostrar lo que prometió. Una cosa es darle tiempo y otra concederle inmunidad política.

En lo que he visto hasta ahora aparece un presidente que parece especialmente empeñado en demostrar quién manda. Y ahí es donde comienzan las preguntas incómodas. Porque la autoridad presidencial no se demuestra intimidando, gritando o imponiendo. Se demuestra gobernando dentro de las reglas, respetando las instituciones y entendiendo que el poder tiene límites.

También preocupa la impresión de que el Presidente prefiera tener cerca a quienes lo aplauden antes que a quienes puedan decirle que está equivocado. Un gobernante rodeado de aduladores puede sentirse muy poderoso, pero está extraordinariamente mal acompañado.

La historia está llena de gobiernos que terminaron creyéndose sus propios aplausos.

El caso del DANE merece especial atención. Si la salida de Ricardo Valencia estuvo relacionada con discrepancias frente al manejo o la interpretación de las cifras, como se ha planteado públicamente, entonces el asunto no debería despacharse como una simple disputa burocrática. Las estadísticas oficiales no pueden convertirse en instrumentos al servicio de la narrativa de un gobierno. Si una cifra incomoda, se debate. Si una metodología tiene problemas, se corrige. Si existe una irregularidad, se investiga. Pero la solución no puede ser que las instituciones produzcan únicamente los datos que resulten políticamente convenientes.

Y aquí aparece otro asunto de fondo: la obsesión con el gobierno de Gustavo Petro.

Nadie está diciendo que Petro haya sido un ángel. Su administración tuvo errores, escándalos y decisiones profundamente controvertidas. Todo aquello que deba investigarse debe investigarse. Si hubo corrupción, quienes resulten responsables tendrán que responder ante la justicia.

Pero una cosa es investigar posibles delitos y otra convertir la administración pública en una gigantesca operación de revancha política.

No todos los funcionarios que trabajaron durante el gobierno anterior son delincuentes. No todos los programas anteriores fueron un desastre. No todas las cifras negativas son falsas y no todas las positivas son sospechosas. Gobernar consiste precisamente en tener la capacidad de distinguir.

Si el nuevo Gobierno pretende corregir lo que estuvo mal, adelante. Para eso recibió el poder. Pero si su principal argumento para justificar cada problema consiste en señalar a Petro, entonces la pregunta inevitable será cuándo empezará realmente a gobernar De La Espriella.

Porque resulta muy cómodo gobernar culpando al antecesor. Lo difícil es hacerse responsable de lo que ocurre durante el propio mandato.

Y aquí De La Espriella debería tener cuidado con algo que parece olvidar: el cielo también tiene memoria.

Está escupiendo demasiado hacia arriba.

Ningún gobierno está vacunado contra los escándalos. Ningún presidente está por encima de los errores. Ninguna administración puede garantizar que entre sus funcionarios no aparecerá un caso de corrupción. Quien construye su autoridad política sobre la supuesta superioridad moral frente a sus adversarios debería recordar que el poder tiene una costumbre particularmente incómoda: tarde o temprano, examina a todos con la misma lupa.

Por eso sería saludable que el Presidente dejara de comportarse como si cada crítica fuera una conspiración y entendiera que la prensa no está para aplaudirlo.

Porque respetar la libertad de prensa no significa permitir que los periodistas hagan preguntas mientras sean cómodas. La libertad de prensa se pone a prueba precisamente cuando aparece la pregunta que incomoda, la repregunta que molesta y el periodista que no acepta la respuesta prefabricada.

Un presidente democrático no necesita periodistas arrodillados ante el poder. Necesita periodistas que pregunten. Que contradigan. Que investiguen. Que insistan. Que incomoden.

Y también necesita funcionarios capaces de decirle que no.

El verdadero peligro para un presidente no es tener críticos. El verdadero peligro es quedarse sin ellos.

Después de 30 días no es serio declarar que el gobierno fracasó. Pero tampoco es serio proclamar que ya demostró ser exitoso. El mismo criterio debe aplicarse en ambas direcciones. Si todavía es temprano para exigir resultados definitivos, también es temprano para repartir certificados de excelencia.

Así que paciencia, sí. Pero paciencia no significa silencio.

Tiempo, sí. Pero tiempo no significa impunidad política.

Respeto institucional, sí. Pero respeto institucional también significa permitir que las instituciones hagan su trabajo aunque sus decisiones incomoden al Gobierno.

Y milagros, si fueron prometidos, que aparezcan donde realmente importan: en el empleo, la seguridad, la economía, la salud, la educación, la lucha contra la corrupción y la calidad de vida de los colombianos.

Porque un país no se gobierna a gritos.

Tampoco a punta de aplausos.

Y mucho menos a punta de milagros prometidos.

Al final, De La Espriella tendrá que demostrar algo mucho más difícil que su capacidad para llenar plazas, levantar el puño o pronunciar discursos incendiarios: tendrá que demostrar que puede ejercer el poder sin convertirlo en una extensión de su personalidad, gobernar sin confundir autoridad con autoritarismo, escuchar sin sentirse derrotado y aceptar la crítica sin tratar al crítico como enemigo.

Los colombianos no necesitan un presidente que les diga constantemente quién manda. Ya sabemos quién manda: temporalmente, el presidente. Pero el poder no le pertenece. Es prestado. Y precisamente por eso, cuando terminen los aplausos, cuando se apaguen los micrófonos y cuando desaparezcan las cámaras, quedará la única pregunta que realmente importa: ¿qué hizo con ese poder?

Ahí, y no en el volumen de sus discursos, comenzará la verdadera evaluación.

Durante años, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachenca, han construido un sistema de control que combina armas, extorsión, economías ilegales y regulación de la vida cotidiana. No estamos hablando simplemente de una banda que cobra extorsiones de manera ocasional. Estamos hablando de una organización armada que, según investigaciones recientes, ha conseguido imponer mecanismos de control sobre una parte importante de la economía y del territorio de Santa Marta y de su corredor turístico.

Un informe de la Fundación Ideas para la Paz estimó que cerca del 95 % de los prestadores de servicios del corredor turístico entre Santa Marta y Palomino estarían sometidos a extorsiones y calculó esas rentas entre 6.000 y 7.000 millones de pesos mensuales. El dato debería obligarnos a mirar el problema de otra manera: cuando una organización armada obtiene miles de millones de pesos de una economía legal mediante amenazas, ya no estamos únicamente frente a un problema de seguridad. Estamos frente a una disputa por el control económico de una región.

Y hay una contradicción particularmente dolorosa.

Santa Marta es uno de los lugares más extraordinarios de Colombia. Pocas ciudades tienen una geografía semejante: el Caribe frente a la ciudad, la Sierra Nevada elevándose detrás de ella y, en esa Sierra, una de las mayores riquezas culturales del país, representada por los pueblos indígenas que han habitado ese territorio durante siglos y que han construido alrededor de él una relación espiritual y cultural profundamente distinta de nuestra concepción convencional del territorio.

Los pueblos indígenas de la Sierra la llaman el corazón del mundo.

Resulta difícil pensar en una contradicción mayor: uno de los lugares más bellos y culturalmente ricos de Colombia sometido a una realidad en la que organizaciones armadas pretenden imponer reglas, cobrar tributos y disputar al Estado el control efectivo del territorio.

Los Pachenca no son una autoridad. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra no son una autoridad. No son los dueños de la Sierra Nevada ni de Santa Marta. El nombre que una organización armada se dé a sí misma no transforma su naturaleza ni le concede legitimidad.

No hay conquista legítima cuando el control se sostiene mediante armas, amenazas y extorsiones.

Por eso lo que está ocurriendo en Santa Marta puede convertirse en la batalla más importante que está dando en este momento el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

No necesariamente por el tamaño de la ciudad ni por el número de habitantes. La importancia está en otra parte. Santa Marta representa una prueba concreta de la capacidad del Estado para recuperar una función elemental de cualquier República: que ninguna organización armada pueda convertirse en autoridad paralela y decidir quién trabaja, quién paga, quién circula y quién puede desarrollar una actividad económica.

Ese es el verdadero problema político.

Un comerciante que paga una extorsión no está haciendo una transacción comercial. Está reconociendo, bajo amenaza, una autoridad distinta a la del Estado. Un empresario turístico que tiene que pagar para poder operar no está simplemente asumiendo un costo ilegal. Está siendo sometido a un sistema de poder que pretende reemplazar la autoridad pública.

Y allí está la dimensión más importante de esta crisis.

Santa Marta es hoy una batalla por la legitimidad del Estado.

La respuesta, por eso, no puede consistir únicamente en enviar más uniformados durante una coyuntura de violencia. El Estado tiene que recuperar el control territorial, pero también debe desmontar el poder económico que permite a estas organizaciones sobrevivir. Tiene que perseguir las estructuras de extorsión, seguir las rutas del dinero, proteger a los comerciantes que denuncien, intervenir las redes asociadas al narcotráfico y evitar que las cárceles se conviertan en centros de coordinación criminal.

Tiene que conseguir algo mucho más sencillo de decir que de lograr: que un ciudadano pueda abrir un negocio sin pedirle permiso a un grupo armado.

Y aquí aparece el turismo.

El turista llega a Santa Marta para conocer una ciudad, descansar, comer, contratar una excursión, visitar la Sierra o recorrer el Caribe. No llega pensando que una parte de la economía en la que está participando puede encontrarse sometida a una estructura de extorsión.

Por eso resulta inaceptable que el turismo, que debería ser una de las grandes fuentes de empleo, inversión y desarrollo de Santa Marta, pueda convertirse en una de las fuentes de financiación de quienes pretenden controlar la ciudad.

El turista no puede terminar financiando, aunque sea indirectamente y sin saberlo, el poder de quienes amenazan a los comerciantes que hacen posible su experiencia.

Esto convierte el problema en un asunto nacional.

Santa Marta no es únicamente de los samarios. Es una de las principales puertas turísticas de Colombia y uno de los lugares mediante los cuales el país se presenta ante el mundo. Su bahía, su patrimonio histórico, sus playas, el Tayrona y la Sierra Nevada hacen parte de un patrimonio que trasciende a la ciudad.

Por eso este es un momento en el que el Estado debe ejercer toda la legitimidad que le corresponde.

No se trata solamente de recuperar una carretera después de un paro armado. No se trata solamente de impedir que una organización cierre los comercios durante unos días. Se trata de demostrar que en Colombia la autoridad no se negocia con grupos armados.

Que la extorsión no es un impuesto.

Que el narcotráfico no es una economía legítima.

Que una organización armada no puede convertirse en gobierno local.

Que una montaña no puede tener dueños armados.

Y que los ciudadanos no tienen por qué escoger entre pagar o arriesgar su vida.

Por eso Santa Marta merece la atención de todo el país. De los empresarios, de los trabajadores del turismo, de los comerciantes, de los samarios y, especialmente, del Gobierno nacional.

Esta puede ser una oportunidad para demostrar que la recuperación de la seguridad no consiste solamente en responder a cada episodio de violencia, sino en desmontar las estructuras que producen esa violencia y recuperar las condiciones para que la economía legal vuelva a funcionar sin intermediarios armados.

Lo que está en juego en Santa Marta es mucho más que la temporada turística.

Está en juego quién manda.

Y esa pregunta, en una República, solamente puede tener una respuesta.

Santa Marta no necesita otro dueño. Necesita que vuelva a mandar la República.

“Ecosistemas de innovación portuaria y rol de universidades” es el tema del webninar.

La Cumbre Universidad-Empresa en Buenaventura, inicialmente con fecha del 26 de agosto, se postergó para el primer trimestre de 2027 por el impacto del terremoto del 10 de agosto en la ciudad.

Para la Cumbre, organizada por el Comité Intergremial de Buenaventura y la Fundación Color de Colombia, han confirmado participación las universidades Icesi, Nacional de Colombia (sedes Manizales, Palmira y Tumaco), Javeriana Cali, Autónoma de Occidente, UniValle, de San Buenaventura Cali, UniLibre y U. Santiago de Cali.

En la agenda de directivos de las ocho universidades se prevé visita a la Sociedad Portuaria de Buenaventura.

La Cumbre busca activar y ayudar a estructurar a mediano plazo la relación Universidad-Empresa para Buenaventura, contando con el clúster universitario de Cali.

Dado que la Cumbre abordará los temas de capital humano, automatización, innovación y logística en la industria portuaria, para cuyo documento de trabajo se usó una publicación de Fundación Valencia Port, se solicitó el webinar al subdirector general de esta, Salvador Furió Pruñonosa, PhD, quien delegó al asesor senior y líder de proyectos en más de 15 países Jonas Mendes.

Fundación Valencia Port es el centro de conocimiento del clúster portuario líder del mediterráneo.

Y esta es la versión divulgativa del artículo de consulta: “Ecosistemas de innovación portuaria de referencia: Rotterdam y Valencia”.

Fundación Valencia Port es una iniciativa de la Autoridad Portuaria de Valencia a la que se suman relevantes empresas, universidades e instituciones de la comunidad portuaria.

Desde sus inicios ha desarrollado proyectos en más de 70 países, principalmente del Mediterráneo, resto de Europa, Asia y América Latina.

“Rol de universidades en innovación portuaria es variado”: Jonas Mendes

Avances de la entrevista.

• Un puerto inteligente no es el que tiene más tecnología, sino el que tiene mayor capacidad de innovar.
• El ecosistema de innovación depende de la cooperación efectiva entre actores.
• Cartagena ya ha construido capacidades relevantes de smart port.
• Un ecosistema se reconoce por sus conexiones y resultados, no por el número de instituciones
• La calidad y frecuencia de las conexiones son la verdadera medida del ecosistema.

Jonas Mendes Constante es un experto internacional en el sector portuario y en consultoría estratégica, con más de 20 años de experiencia en estrategia e innovación portuaria.

Doctor en Administración de Empresas, cuenta con formación ejecutiva en Babson College (Estados Unidos), la Universitat Politècnica de València (España) y la Fundação Getulio Vargas de São Paulo (Brasil).

Es especialista en estrategia, competitividad e innovación en el sector logístico-portuario y ha desarrollado proyectos en más de 15 países.

Es profesor en escuelas de negocios, ponente en programas ejecutivos internacionales y autor de publicaciones sobre innovación y competitividad en los sectores de infraestructuras y logística.

A continuación, la entrevista.

¿Qué tanto de la competitividad de un puerto depende de que sea un puerto inteligente, y qué es un puerto inteligente?

Un puerto inteligente no es simplemente un puerto que utiliza mucha tecnología. Es un puerto cuya gestión tiene procesos y capacidades para identificar, absorber, probar e implementar nuevas soluciones de manera continua, transformando tecnología y conocimiento en mejoras concretas de sus operaciones y servicios.

Por eso, ser un smart port implica combinar tecnología, datos, talento, empresas, investigación y colaboración. Un aspecto especialmente importante es la capacidad de utilizar los datos generados por el propio puerto y por su comunidad para mejorar la toma de decisiones, anticipar problemas y aumentar la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad.

Ahora bien, un puerto no es competitivo solamente por ser inteligente. La competitividad también depende de factores estructurales como su ubicación, conectividad marítima y terrestre, infraestructura, costes, eficiencia operacional y calidad de los servicios.

¿Y en qué momento estamos?

Lo que está cambiando es que, frente a desafíos como la digitalización, la automatización, la transición energética y la descarbonización, la capacidad de innovar y adaptarse se está convirtiendo en un factor cada vez más importante para mantener la competitividad en el tiempo.

Y aquí hay una idea central de nuestra investigación: muchas veces el desafío de un puerto no es desarrollar internamente una nueva tecnología, sino tener la capacidad de identificar tecnologías desarrolladas fuera del sector, absorberlas, adaptarlas e implementarlas rápidamente. Es lo que denominamos absorptive capacity.

En definitiva, un smart port no es el puerto que tiene más tecnología, sino el que tiene mayor capacidad para convertir tecnología, datos y conocimiento en mejores decisiones y mejores resultados.

En la investigación ustedes analizaron de cerca el caso de la Sociedad Portuaria de Cartagena. ¿En qué fase del camino hacia ser un puerto inteligente se encuentra Cartagena?

Cartagena es un caso interesante porque ya había avanzado bastante en el camino hacia un puerto inteligente cuando realizamos el estudio. La innovación era uno de los pilares de crecimiento del Grupo Puerto de Cartagena, con dos objetivos muy claros: generar más valor para sus clientes y desarrollar nuevas fuentes de crecimiento.

Lo más interesante es que no se trataba solamente de incorporar tecnología. Cartagena había desarrollado distintos mecanismos de innovación: innovación interna, un programa para aprovechar las ideas de sus propios colaboradores —Port-Ideas—, innovación abierta mediante Delta X y procesos de cocreación con startups y empresas del ecosistema logtech.

Además, ya existían aplicaciones concretas: integración digital de actores, monitoreo en tiempo real de carga refrigerada, automatización y digitalización de operaciones, procesos de atención al cliente 100% online y uso de energías renovables.

Por eso, Cartagena no estaba empezando su camino hacia un smart port. Ya había construido capacidades importantes de innovación y estaba utilizando la tecnología para transformar operaciones, experiencia del cliente y desarrollar nuevos modelos de negocio.

Para puertos como Barranquilla, Buenaventura, Tumaco o Puerto Antioquia, quizá la principal lección de Cartagena es precisamente esa: no empezar preguntando qué tecnología comprar, sino cómo construir dentro y alrededor del puerto la capacidad permanente de innovar.

También creo que el benchmarking es muy importante para acelerar este proceso. Contar con la experiencia de puertos que ya han recorrido este camino y superado los retos. 

El estudio dice que sin ecosistema de innovación es difícil llegar a la condición de puerto inteligente. ¿Cuál es el factor clave para que haya un ecosistema de innovación?

El factor clave es la cooperación y conexión entre los actores. Un ecosistema no existe porque haya universidades, empresas, startups o gobierno actuando por separado.

Existe cuando esos actores trabajan juntos de forma recurrente sobre problemas y oportunidades concretas. En los puertos, además, suele ser importante que alguna institución ejerza una función de orquestación del ecosistema.

Cuando hablan de centros de formación e investigación, ¿a qué tipo de instituciones se refieren? ¿Solamente universidades?

No. Hablamos de un concepto mucho más amplio. Incluye universidades, centros tecnológicos, institutos de investigación aplicada, centros de formación profesional, fundaciones portuarias, laboratorios, living labs, incubadoras y otras instituciones de conocimiento.

Lo importante no es el tipo de institución, sino su capacidad para generar y conectar conocimiento y talento con necesidades reales del sector portuario.

¿Qué indicadores podemos usar para saber si ha comenzado un ecosistema de innovación que involucre a las universidades?

Yo miraría principalmente indicadores de interacción. Por ejemplo: programas de formación especializados, proyectos conjuntos universidad-empresa, prácticas de estudiantes en empresas portuarias, startups surgidas del entorno académico, pilotos realizados en el puerto y participación conjunta en proyectos internacionales.

En síntesis, un ecosistema empieza a existir cuando vemos relaciones recurrentes y proyectos concretos, y no solamente eventos aislados. Un ecosistema de innovación no se mide solamente por el número de actores que existen, sino por la calidad y la frecuencia de las conexiones entre ellos.

Los interesados en el estudio del BID pueden descargarlo aquí: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Ecosistema-de-Innovacion-en-Puertos-benchmarking-internacional-y-recomendaciones-para-el-desarrollo-en-America-Latina.pdf

Para más información escribir a: mision.tecnica@fundacioncolordecolombia.org

«Desde 2010 tenemos más de 40 crímenes de personas indígenas pertenecientes a los pueblos pemón, warao, jivi, yanomami, piaroa y wayúu que han sido asesinados por las fuerzas públicas o actores no estatales», afirma Óscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea). Lo dice luego del asesinato de Julio Rodríguez, capitán –máxima autoridad de comunidad o pueblo– del pueblo indígena jivi ekunay, quien fue secuestrado el 2 de agosto y hallado muerto días después.

El hecho ocurrió en Bolívar, un estado con intensa actividad minera, en su mayoría ilegal, que forma parte del Arco del Orinoco -una extensa área minera creada por el presidente Nicolás Maduro- y tiene fuerte presencia de grupos armados. “Es un territorio donde se explota el oro, pero también el estaño y el coltán. Y está cerca a la comunidad donde Julio Rodríguez ejercía como capitán», señala el antropólogo Aimé Tillett, integrante de Wayamoutheri, un programa de promoción de los derechos indígenas en Venezuela.

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Este caso vuelve a poner sobre la mesa la situación de amenaza para los líderes indígenas en los territorios venezolanos ocupados por actividades mineras ilegales. Según un informe de SOS Orinoco, publicado en julio de 2026, “el estado Bolívar constituye el principal núcleo de actividad criminal, concentrando la mayor cantidad de grupos armados”. El reporte señala que por lo menos 26 grupos armados operan en cuatro estados del sur venezolano: Amazonas, Bolivar, Delta Amacuro y Esequibo (zona en disputa con Guyana). Según el informe, estos grupos están presentes en 20 de los 21 municipios que existen en esta zona.

La investigación también sostiene que estos grupos armados actúan “como estructuras de gobernanza de facto que regulan la vida económica y social de amplias zonas del territorio”. En los lugares donde actúan, “predominan los mecanismos de control territorial, administración informal de justicia, extorsión sistemática, control de corredores fluviales y fronterizos, regulación de la actividad minera y provisión de servicios básicos a comunidades donde la presencia estatal es débil o inexistente”.

También se menciona que la expansión criminal no se explica solo por la fortaleza de los grupos armados ante la ausencia del Estado, sino que apunta a “la existencia de un sistema de gobernanza criminal híbrida caracterizado por distintos niveles de tolerancia, coexistencia, facilitación y presunta colaboración entre actores estatales y organizaciones armadas”.

“Estos grupos armados operan cobrando ‘vacunas’ –extorsión–, regulando la vida cotidiana, ‘administrando justicia’ en las minas y realizando otras tareas que corresponden a las instituciones del Estado, como el pago de salarios a maestros y médicos, e incluso repartiendo alimentos y medicinas”, precisa el documento.

“Hay muy poca presencia del Estado venezolano. No hay contacto permanente. Son comunidades que además padecen falta de medicamentos y alimento, se ha trastocado absolutamente sus modos de subsistencia. El caso de Julio es el espejo de una crisis más profunda que se ha venido acelerando y que no habíamos calculado”, agrega Murillo.

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Pueblos indígenas dentro del Arco Minero

“Como indígenas que vivimos dentro del Arco Minero podemos decir que nada ha cambiado desde el 3 de enero, específicamente en las zonas mineras del sur del estado de Bolívar, municipio de Sifontes, mientras aumenta la contaminación por mercurio en los principales ríos como Cuyuni, Yuruari, Chicanán, afectando la salud materna de las mujeres y de los niños”, dice la lideresa indígena del pueblo pemón y defensora ambiental Lisa Henrito al iniciar su participación durante el 196 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizado en agosto. Allí representantes de Venezuela expusieron los impactos de la minería y otras actividades extractivas.

Henrito habló sobre lo que ocurre con las comunidades indígenas en Bolívar por la presencia minera y la criminalidad organizada. Dijo que “la contaminación de los ríos por mercurio está afectando la salud materna de las mujeres y niños”. Además, alertó sobre “el consumo de estupefacientes por parte de menores de edad en las comunidades”.

“Desde diciembre de 2025 hasta esta fecha se han registrado varios y diversos tipos de crímenes de los cuales resaltan tres por la crueldad con la que fueron ejecutados”, agrega para luego describir asesinatos cometidos por jóvenes indígenas bajo los efectos de las drogas.

El panorama que describe incorpora casos de tráfico de menores y divisiones dentro de los pueblos indígenas. “Hay conflictos entre los propios pueblos indígenas, entre quienes defienden los valores ancestrales frente a quienes apuestan por la minería como único mecanismo de subsistencia, situación que conviene al sistema de gobernanza criminal que reina en nuestra zona y al gobierno de turno”, cuestiona.

“El despojo territorial es una de las mayores amenazas vigentes y graves que podemos vivir como comunidades indígenas”, dice Henrito y continúa su discurso para adentrarnos en la inseguridad y violencia impuesta por los remanentes de los grupos armados de Colombia y los sobrevivientes de las bandas criminales que “siguen generando brotes de violencia intermitente” en medio de disputas y ofrecimientos económicos a las comunidades indígenas para tomar el control de las zonas mineras.

Tampoco deja de lado al Gobierno, por entregar “zonas ricas en oro y otros minerales a grandes empresas y grupos con poder económico y político sin implementar medios de vida para la población local”.

En la audiencia, Javier Palummo Lantes, relator especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, informó que pese a haber sido convocado, el Estado venezolano no respondió ni participó en la audiencia. No obstante, Palummo señaló que continuará monitoreando la situación en ese país.

Mongabay Latam solicitó al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas información sobre las acciones realizadas para la protección de los pueblos indígenas en las zonas mineras con presencia del crimen organizado, pero hasta el cierre de esta nota no había recibido respuesta.

“Han habido ejecuciones, desapariciones, reclutamientos forzados, desplazamiento masivo de comunidades indígenas y todo esto operando con la anuencia de las autoridades civiles y militares de Venezuela”, dice Cristina Burelli, directora ejecutiva de SOS Orinoco, sobre lo que se vive en los pueblos indígenas ubicados en los estados mineros.

Burelli señala que es muy difícil documentar las amenazas y asesinatos en la Amazonía venezolana por el temor que tienen las personas de contar lo que sucede, por tanto, “se quedan callados”, y solamente se conocen los crímenes “muy visibles” como el caso de Virgilio Trujillo, del pueblo indígena uwottuja, asesinado en 2022.

Trujillo se oponía a la minería ilegal y a la presencia de grupos armados que entraban a su territorio comunal en el estado de Amazonas. “Sabemos que los yanomami, los pemón, los piaroa, los yekwana están siendo amenazados”, agrega Burelli.

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Vivir en medio de disputas violentas

El estudio de SOS Orinoco identifica a los 26 grupos armados que operan en los cuatro estados del sur de Venezuela, que incluye al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos derivados de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La lista también suma al Primeiro Comando da Capital (PCC), al Tren de Aragua y a Tren de Guayana, entre otros.

Según esta investigación, los grupos armados con mayor presencia fueron el ELN y las disidencias de las FARC, los mismos que están presentes en 16 de los 21 municipios que hay en toda esta zona. Otras organizaciones locales como la Organización 3R, el Tren de Guayana y varios de los ‘sindicatos mineros’ tienen un dominio focalizado sobre enclaves estratégicos de extracción aurífera.

“Las amenazas que rodean a las comunidades indígenas venezolanas están en manos de grupos armados ilegales, tanto extranjeros como nacionales”, comenta Murillo, de Provea. “Hay una combinación letal en el país donde grupos armados de criminalidad urbana migraron a los yacimientos mineros y ahora coexisten con grupos armados internacionales como las disidencias de las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] y la guerrilla colombiana del ELN [Ejército de Liberación nacional]”, dice Murillo sobre el panorama de violencia en las zonas mineras del sur de Venezuela.

El asesinato de Julio Rodríguez no ha sido esclarecido. “No se saben los detalles”, dice Murillo, pero explica que el año pasado hubo una ruptura de lo que era una especie de alianza de entendimiento entre las disidencias de las FARC y el ELN. “Entraron en una disputa más violenta de esos territorios y en medio están las comunidades indígenas, absolutamente vulnerables y abandonadas”.

“Allí hay muy poca presencia del Estado venezolano. El último contacto con representantes del Estado, nos dicen ellos, fue hace más de un año.”, comenta Murillo.

El antropólogo Tillett comenta también sobre otros asesinatos ocurridos en las zonas mineras. Menciona el caso de un indígena warao, en el estado de Bolívar, así como el caso de dos indígenas piaroas, en la misma zona.

Los crímenes de la población indígena en Venezuela no son esclarecidos. El informe de Provea sobre Derechos de los Pueblos Indígenas 2025 incluye tres casos de asesinatos que permanecen impunes. El caso de Virgilio Trujillo es uno de ellos, también está el de Joaquín Hernández, indígena ye’kwana de la comunidad de Tencua, en el estado de Amazonas, considerado un guardián de su territorio, asesinado en septiembre de 2024 por individuos que no han sido identificados. Un tercer caso es el de Franklin Fernández, indígena yukpa, a quien mataron en la plaza central de Machiques, estado de Zulia.

*Imagen principal: un trabajador usa agua para comprobar cuánto oro absorbe una placa de cobre cubierta de mercurio en El Callao, estado de Bolívar. Foto: AP/Matías Delacroix.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Me aterriza en este hoy tan pausado para entender que nuestras casas no sabrán nunca que nos hemos ido.

De ese lado nos susurran los recuerdos frescos de quienes decidieron llamarse amores de la vida.

Me devuelves a los días en los que fuimos niños y entraste a ver mis medallas de natación diciendo que recorrerías el mundo de mi mano, volteando la esquina de una credencial.

No quiero que me invites a la otra orilla.

Yo sé mucho sobre los amores de la vida. En ellos, las promesas no se extinguen, porque reflejan los ojos en un espejo propio y sin tiempo, en una burbuja de protección incontenible.

Si me llevas, soportaré menos descifrar las agresiones de los insolentes que se autoproclaman perfectos.

Aquí sobrevivo con la ilusión de que un día, en esos pequeños ojos, retomaremos tiempos de vidas pasadas, sin prejuicios, en el reconteo de palabras de las canciones de siempre.

Solo repetiré emociones, sin la novedad del repentino descubrimiento.

No me invites, que no puedo ser el amor de tu vida.

En este reino soberano ya llegué a mi trono, y no quiero, ni puedo, añadir a lo temido y adorado.

Suena el pájaro que no conozco, escucho un zumbido y cae una rama en lo profundo de mis manos.

La programación incluye conferencias, conversaciones y encuentros con artistas e investigadores.

Hasta el 27 de septiembre el Museo de Artes Visuales exhibe “Senso/grafías” con artistas nacionales e internacionales.

Hay propuestas de Ximena Díaz, Célin Jiang, TomoKo Mukaiyama, Valentina Ruiz, Jason Castro, Ruth Martínez, Elina Zazulia, Juan Miceli y Xinlyu Wang.

Archivos, inteligencia artificial, diseño, cambio climático, medios digitales e investigación-creación son algunos temas explorados.

liartedialogosobrearte@gmail.com / @LiarteconArte

Lo que comenzó como un escenario de práctica académica se convirtió en un espacio abierto para la comunidad. A través de experiencias gratuitas, desarrolladas principalmente los sábados, 42 niños y niñas han participado en las distintas actividades del laboratorio, 21 de ellos en el proceso más reciente, con valoraciones de satisfacción de las familias participantes de entre 4,7 y 5,0.

El impacto no se queda dentro del campus: EduLab 360 ha llegado a jardines infantiles cercanos, madres comunitarias y familias del sector, acercando los recursos de la institución a poblaciones que tradicionalmente no tienen acceso a este tipo de experiencias de aprendizaje.

Aprender haciendo, desde la primera infancia

En sus recorridos por EduLab 360, los niños pasan por laboratorios de robótica, biología y química, visitan el CRAI y participan en actividades que integran ciencia, tecnología, arte, juego y sostenibilidad bajo metodologías STEAM. Mientras tanto, los estudiantes de la Licenciatura en Educación Infantil diseñan, implementan y evalúan estas experiencias en escenarios reales, fortaleciendo sus competencias pedagógicas, investigativas, tecnológicas y socioemocionales desde el contacto directo con la comunidad.

Este ejercicio, niños que aprenden jugando y estudiantes que aprenden enseñando, es la esencia de nuestro modelo Universidad-Empresa aplicado a la educación infantil: no lo decimos, lo hacemos.

Para Andrea Romero, directora de la Licenciatura en Educación Infantil de UCompensar, programa que recientemente renovó su acreditación en Alta Calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, hablar de educación infantil va mucho más allá de preparar a un niño para ingresar al colegio:

“La educación infantil es la base sobre la que se construye todo el proceso educativo de una persona. Durante estos primeros años se desarrollan habilidades para aprender, convivir, resolver problemas y comprender el mundo. Por eso, formar maestros con metodologías innovadoras y con experiencias reales de aprendizaje es una inversión que trasciende las aulas y tiene impacto en toda la sociedad.”

Un ecosistema que crece con el territorio

EduLab 360 se ha consolidado como un ecosistema de innovación educativa que integra formación docente, investigación, proyección social y trabajo con la comunidad. Además de sus jornadas abiertas, el laboratorio desarrolla proyectos de investigación sobre juego e interculturalidad, impulsa Aula Verde para promover la sostenibilidad y la ciudadanía planetaria desde la primera infancia, y articula iniciativas con organizaciones como Compensar para fortalecer el trabajo con las familias.

Como lo resume Andrea Romero:

“Creemos que los mejores maestros no se forman únicamente dentro de un salón de clase. Necesitan interactuar con los niños, comprender sus contextos, trabajar con las familias y aprender a transformar cada experiencia en una oportunidad de aprendizaje.”

Este contenido hace parte de las iniciativas que UCompensar impulsa desde su modelo Universidad-Empresa, llevando el aprendizaje experiencial a cada etapa de la formación, desde la primera infancia hasta el mundo laboral.

Estamos acostumbrados a hablar de la migración desde la perspectiva de quienes reciben al migrante. Las discusiones públicas suelen comenzar en las fronteras y terminar en ellas: cuántas personas llegan, cómo atraviesan los controles, qué hacen los gobiernos, qué capacidad tienen las ciudades para recibirlas, cuáles son los temores de las sociedades que las reciben. En ese recorrido, la persona concreta tiende a desaparecer. El migrante se convierte en una categoría, una cifra, una noticia o una discusión política, y detrás de cada una de esas palabras queda escondida una historia que empezó mucho antes de que apareciera en nuestra pantalla. Antonio Lozano plantea justamente la necesidad de invertir esa mirada y acercarnos a quien emprende el viaje, comprender las razones que lo llevaron a tomar una decisión que, vista desde fuera, puede parecer incomprensible, pero que adquiere otra dimensión cuando se conocen las circunstancias desde las cuales fue tomada.

La historia de Suleimán ocurre, además, dentro de un fenómeno mucho más grande que las fronteras de Europa. Según la Organización Internacional para las Migraciones, a mediados de 2024 había alrededor de 304 millones de migrantes internacionales en el mundo. Pero el mismo informe recuerda algo que suele perderse cuando las imágenes de las fronteras ocupan nuestra atención: cruzar un país para vivir en otro sigue siendo menos frecuente que desplazarse dentro del propio país. La migración interna es mucho más común que la internacional. A finales de 2024, además, más de 83 millones de personas vivían en situación de desplazamiento interno en el mundo. La movilidad humana, entonces, no empieza necesariamente en un aeropuerto, en una frontera o en un barco. Muchas veces comienza mucho más cerca: en la decisión de abandonar una vereda para ir al pueblo, un municipio para llegar a una ciudad, una región para buscar trabajo o una casa para escapar de la violencia.

Migrar puede significar cosas muy distintas. Puede ser una decisión planeada durante años, una oportunidad laboral, la búsqueda de una universidad, el deseo de reunirse con la familia o la necesidad de huir. Puede implicar atravesar un continente o simplemente recorrer unos cuantos cientos de kilómetros. Puede ser voluntario, forzado o encontrarse en esa zona gris en la que una persona decide marcharse porque las posibilidades que tiene delante parecen haberse reducido hasta hacer del movimiento una forma de supervivencia. Por eso resulta tan difícil hablar de los migrantes como si fueran un grupo homogéneo. Las razones para partir son tan diversas como las personas que parten.

Suleimán no parte de Malí persiguiendo una idea abstracta de Europa. Su deseo es mucho más elemental y, precisamente por eso, mucho más difícil de juzgar desde lejos: quiere trabajar, conseguir suficiente dinero para volver y montar un negocio que le permita ayudar a su familia. El viaje, sin embargo, empieza a deformar rápidamente esa expectativa. Él y Musa atraviesan el desierto en camiones incómodos y llenos de personas que, como ellos, buscan una vida distinta; llegan hasta la frontera con Melilla y descubren que llegar hasta allí no significa haber llegado a ninguna parte. El primer intento fracasa y Suleimán decide volver a intentarlo, esta vez por mar. La distancia entre el sueño inicial y la realidad del camino es precisamente aquello que la obra consigue poner delante del espectador: detrás de la palabra migración existe un trayecto físico, pero también una sucesión de decisiones, renuncias, miedos y esperanzas que resulta mucho más difícil de resumir en una estadística.

Quizá por eso Me llamo Suleimán funciona mejor cuando uno deja de pensar en ella como una obra sobre la migración y empieza a verla como una historia sobre el futuro. Suleimán quiere algo que, en principio, no parece extraordinario: quiere que su vida sea diferente, quiere tener la posibilidad de regresar con algo que ofrecer a los suyos y quiere escapar de una pobreza que ha dejado de aceptar como destino. El dossier de la obra insiste en que no se trata de un tratado sobre inmigración ni de un estudio exhaustivo del fenómeno, sino de la historia de un joven que emprende un viaje para alcanzar sus sueños. Esa decisión narrativa es importante porque devuelve al personaje algo que las grandes discusiones sobre migración suelen quitarle: individualidad. Suleimán no representa a todos los africanos, ni a todos los migrantes, ni siquiera pretende explicar las razones de todos quienes emprenden una travesía semejante. Es un muchacho con un nombre, un amigo, una familia y una idea particular de aquello que podría ser una vida mejor.

Colombia conoce bien esa pregunta. También nosotros hemos sido un país de migrantes, aunque durante mucho tiempo hayamos hablado menos de esa experiencia porque solemos asociar la palabra con quien cruza una frontera internacional. Hoy más de 5,5 millones de colombianos viven fuera del país, según la Cancillería. Es una diáspora que se extiende por Estados Unidos, España, Venezuela y muchos otros lugares del mundo. Son millones de historias distintas: quienes se fueron buscando trabajo, quienes llegaron para estudiar, quienes se reunieron con sus familias, quienes salieron por razones económicas y quienes tuvieron que abandonar el país por la violencia.

Pero hay otra historia migratoria colombiana, quizá todavía más profunda, que ocurre sin necesidad de cruzar una frontera internacional. Durante décadas, millones de colombianos se han desplazado de un municipio a otro, del campo a las ciudades, de una región a otra. El DANE ha estudiado esta migración interna como una de las grandes fuerzas que han transformado la geografía del país. El Censo de 2018, por ejemplo, permitió caracterizar los movimientos entre municipios y departamentos y distinguir entre migración de toda la vida y migración reciente.

El dato histórico ayuda a dimensionar esa transformación. En el Censo General de 2005, el DANE encontró que cerca del 36 por ciento de las personas censadas había nacido en un municipio diferente de aquel en el que residía. Eso significa que, entre los 41,5 millones de personas consideradas en ese cálculo censal, alrededor de 15 millones vivían en un municipio distinto al de su nacimiento. No eran necesariamente refugiados ni desplazados por la violencia: eran colombianos que, por distintas razones, habían cambiado de lugar de residencia dentro del país.

Y junto a esa migración existe una experiencia todavía más dolorosa: la de quienes no decidieron marcharse. Colombia continúa teniendo una de las mayores poblaciones de desplazados internos del mundo. Al cierre de 2025 había más de siete millones de personas desplazadas internamente por el conflicto y la violencia, según ACNUR. Es una cifra que obliga a recordar que para millones de colombianos la palabra migración no describe una aventura, una oportunidad ni la búsqueda deliberada de un futuro distinto, sino la interrupción brutal de una vida que estaba ocurriendo en otro lugar.

Hay, entonces, una línea invisible que conecta la historia de Suleimán con muchas historias colombianas, aunque las circunstancias sean radicalmente diferentes. Un campesino que abandona su vereda para llegar a Bogotá, una familia que deja una región por amenazas, un joven que viaja a España para trabajar, una mujer que se muda de un municipio a otro para estudiar, un hombre que cruza una frontera buscando una oportunidad: todos participan, de maneras distintas, de una misma condición humana, la de comprender que el lugar en el que se nació no necesariamente será el lugar en el que se vivirá para siempre.

No se trata de establecer equivalencias fáciles. La experiencia de un joven de Malí que atraviesa el Sahara no es la misma que la de un colombiano que llega a Bogotá desde el campo, ni la de quien emigra a Madrid, ni la de una familia desplazada por la guerra. Las causas, los riesgos y las circunstancias son diferentes. Pero hay algo que sí puede reconocerse entre todas esas historias: el acto de imaginar que la vida puede continuar —o comenzar de nuevo— en otro lugar.

Y es justamente esa historia la que llegará a Bogotá. Me llamo Suleimán se presentará el 2 de octubre de 2026, a las 7:30 de la noche, en la Sala Delia Zapata del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, un escenario que, por unas horas, permitirá que esa travesía que comienza en Malí y atraviesa el Sahara, las fronteras y finalmente el mar encuentre otro territorio desde el cual ser contada. La llegada de la obra a Bogotá tiene algo particularmente sugestivo: una historia sobre alguien que atraviesa territorios para intentar encontrar un lugar donde construir su futuro será representada en una ciudad que también conoce, de distintas maneras, las historias de quienes han tenido que abandonar un lugar para comenzar de nuevo. Más que una coincidencia geográfica, es una oportunidad para que el teatro vuelva a hacer aquello que mejor sabe hacer: poner una vida concreta frente a otras vidas y obligarnos, durante el tiempo que dura una función, a mirar el mundo desde una perspectiva que no es la nuestra.

En una época en la que buena parte de nuestras conversaciones sobre migración se producen a partir de imágenes de multitudes, estadísticas y mapas, esa individualidad adquiere una importancia política y humana que el teatro puede expresar mejor que muchas explicaciones. Las cifras son necesarias, por supuesto, pero una cifra no permite saber qué pensaba la persona que representa. No sabemos qué dejó atrás, qué conversación tuvo antes de partir, qué le prometió a su familia o qué imaginaba encontrar al otro lado del mar. Sabemos solamente que cruzó, que intentó cruzar o que murió intentando hacerlo. La obra parte de una operación mucho más sencilla: darle voz a uno de ellos y permitir que el espectador conozca la historia antes de formular el juicio. ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones han insistido en la importancia de comprender las dimensiones humanas que existen detrás de los datos sobre desplazamiento y migración. El material de la obra recoge esa idea para explicar por qué Suleimán no funciona como un símbolo abstracto, sino como un personaje capaz de despertar identificación en quien lo observa.

Existe una frase en el material de la obra que resume buena parte de esa intención. Suleimán dice que le gusta contar de qué familia y de qué país viene porque así siente que es un hombre y no una sombra perdida entre blancos. La frase resulta poderosa porque introduce una diferencia fundamental entre ser visto y ser reconocido. Una sombra puede estar delante de nosotros sin que sepamos absolutamente nada de ella; podemos verla atravesar una frontera, aparecer en una fotografía o convertirse en una noticia y, sin embargo, seguir sin conocerla. Contar una historia es una manera de romper esa distancia. Cuando sabemos que quien viaja tiene un nombre, una familia y un proyecto de vida, la palabra migrante empieza a resultar insuficiente para describirlo.

También por eso Colombia puede escuchar esta historia desde una experiencia propia. Quizá uno de los rasgos más profundos de nuestra historia reciente sea precisamente que hemos aprendido a vivir en movimiento. Familias que llegaron a las ciudades, campesinos que abandonaron sus tierras, jóvenes que viajaron a otros países, personas que regresaron después de décadas, comunidades enteras que tuvieron que reconstruir su vida lejos de donde nacieron. La historia colombiana está llena de desplazamientos, algunos buscados y otros impuestos. El país que recibe a Suleimán en el escenario es, al mismo tiempo, un país que ha enviado millones de personas al exterior y que ha visto a millones de sus propios ciudadanos cambiar de municipio, de región o de vida.

La trayectoria de la obra también dice algo sobre la capacidad del teatro para permanecer alrededor de un asunto incluso cuando cambian las noticias que lo rodean. Me llamo Suleimán nació de la novela homónima de Antonio Lozano, publicada en 2014, y fue llevada al escenario bajo la dirección de Mario Vega. En 2015 recibió reconocimientos para el espectáculo, la dirección, la autoría, la interpretación y la escenografía, además del Premio del Público. La compañía unahoramenos ha desarrollado posteriormente otros proyectos relacionados con asuntos contemporáneos, entre ellos Moria, una pieza de teatro documental surgida de una visita al campo de refugiados de Lesbos y reconocida con el Premio Max a la Mejor Labor de Producción en 2022.

Lo que queda después de conocer a Suleimán no es necesariamente una respuesta sobre qué debería hacer Europa, ni una conclusión sencilla sobre las fronteras o sobre las políticas migratorias. Queda algo más incómodo: la obligación de imaginar durante unos minutos la escena desde el otro lado. Pensar en un joven que observa su país, mira a su familia, calcula las posibilidades que tiene y termina concluyendo que un viaje incierto puede ofrecerle más futuro que permanecer en casa. Desde nuestra comodidad, esa decisión puede parecer temeraria; desde la suya, puede ser simplemente la consecuencia de haber agotado otras posibilidades. La obra no necesita resolver esa contradicción. Le basta con ponerla delante de nosotros y dejar que el espectador descubra que, antes de preguntarse quién llega, convendría preguntarse qué tuvo que ocurrir para que alguien decidiera irse.

Porque quizá esa sea una de las cosas que la migración revela con mayor claridad: que ningún lugar es completamente definitivo. Las personas se mueven. Cambian de ciudad, de región, de país. Se marchan, regresan, vuelven a marcharse. Llevan consigo fotografías, acentos, recetas, recuerdos, idiomas y una idea del lugar al que algún día quisieran regresar. Algunas migraciones son una elección; otras son una huida; muchas son una mezcla de necesidad y esperanza. Pero casi todas contienen, de una manera u otra, la misma pregunta que acompaña a Suleimán: ¿qué podría encontrar al otro lado que todavía no puedo encontrar aquí?

Suleimán emprende un viaje hacia Europa, pero el verdadero viaje de la historia ocurre en otra dirección: va desde la distancia hacia el reconocimiento. En algún momento dejamos de mirar a un grupo de personas que intenta atravesar una frontera y empezamos a mirar a un muchacho que quiere trabajar, volver a su casa y ayudar a los suyos. La diferencia puede parecer pequeña, pero cambia completamente aquello que estamos viendo. Quizá el teatro tenga, entre otras, esa capacidad extraña de convertir un problema del que creemos saberlo todo en una historia que todavía necesitamos escuchar. Y quizá por eso, cuando se apagan las luces y Suleimán empieza a contar su viaje, la pregunta ya no sea solamente por qué alguien decide irse de un país, sino cuánto de nuestras propias vidas ha sido también, de una manera u otra, un viaje hacia otro lugar.

¿A qué edad debería tener un niño su primer celular? ¿Cuánto tiempo frente a una pantalla es demasiado? ¿Estamos protegiéndolos o dejándolos por fuera de un mundo que ya es digital?

Para muchas familias, estas preguntas hacen parte de la crianza cotidiana. El celular puede ser una herramienta para comunicarse, aprender y relacionarse, pero también puede convertirse en una fuente de distracción, afectar el sueño o exponer a niños y adolescentes a contenidos y situaciones para los que todavía no están preparados.

Por eso, más que preguntarnos únicamente “¿mi hijo debería tener celular?”, vale la pena preguntarnos: “¿está preparado para usarlo y estamos preparados para acompañarlo?”

La tecnología no es el problema

Cada nueva tecnología ha cambiado nuestra forma de vivir y, con ella, hemos tenido que aprender a usarla: pasó con la escritura, la televisión, internet y ahora con los celulares. La diferencia es que nunca una herramienta había estado tan presente en la vida de los niños como el smartphone. 

Por eso, más que preguntarnos si el celular es “bueno” o “malo”, el verdadero reto está en enseñar a nuestros hijos a usar la tecnología de manera responsable, segura y equilibrada. Hoy, familias y colegios tenemos la oportunidad de acompañarlos, crear hábitos saludables y ayudarles a aprovechar los beneficios de la tecnología sin dejar que esta marque el ritmo de su infancia.

¿Qué nos dicen los datos sobre atención y aprendizaje?

Los resultados de PISA 2025 vuelven a poner sobre la mesa una habilidad fundamental para aprender: la capacidad de concentrarnos. En Colombia, los estudiantes de 15 años obtuvieron 399 puntos en lectura y 381 en matemáticas, frente a promedios de la OCDE de 461 y 472, respectivamente. Además, el desempeño en lectura de Colombia disminuyó 9 puntos entre 2022 y 2025.

Esto no significa que el celular sea el culpable de los resultados educativos, porque la realidad es mucho más compleja. Pero sí nos invita a preguntarnos qué lugar ocupan los dispositivos digitales en la vida escolar y cómo podemos proteger momentos esenciales para leer, pensar, conversar, resolver problemas y aprender.

La propia Academia Americana de Pediatría (AAP) señala que los estudiantes necesitan tiempos de aprendizaje libres de distracciones digitales y que las políticas escolares bien implementadas pueden ayudar a reducir esas interrupciones.

Porque la tecnología puede potenciar el aprendizaje cuando tiene un propósito. Pero aprender también necesita algo que ninguna pantalla puede reemplazar: atención sostenida, interacción humana y tiempo para pensar.

La mente también necesita aprender a desconectarse

El filósofo Byung-Chul Han plantea que vivimos en una sociedad marcada por la exigencia constante: estar disponibles, producir, responder y rendir. El celular lleva buena parte de esa lógica al bolsillo de niños y adolescentes: notificaciones, mensajes, redes sociales y contenidos que hacen difícil encontrar un verdadero “hasta aquí”.

A esta mirada se suma la reflexión de Bernard Stiegler sobre la atención y las tecnologías. Cuando determinadas herramientas están diseñadas para captar nuestra atención de manera permanente, el desafío deja de ser únicamente evitar la distracción y pasa a ser aprender a recuperar nuestra capacidad de concentrarnos, profundizar y elegir dónde ponemos nuestra atención.

Y aquí aparece una pregunta esencial para las familias y los colegios: ¿cómo enseñamos a nuestros hijos a utilizar una herramienta sin permitir que la herramienta termine utilizándolos a ellos?

Estar conectados también significa aprender a convivir

Hablar del celular en el colegio no es hablar únicamente de rendimiento académico. También es hablar de convivencia.

La empatía se construye en gran medida a través de las relaciones con otros: una conversación, una mirada, un gesto, un desacuerdo, la posibilidad de escuchar y comprender una perspectiva diferente. Es en esos encuentros donde niños y adolescentes desarrollan herramientas para relacionarse, resolver conflictos y reconocer cómo sus acciones pueden afectar a los demás.

Por eso, crear momentos libres de celulares dentro del colegio no significa darle la espalda a la tecnología. Significa proteger espacios para hacer amigos, conversar, jugar, resolver diferencias, pedir ayuda y construir comunidad.

Porque estar conectados no siempre significa estar cerca. Y una educación verdaderamente integral también enseña a nuestros hijos a reconocer cuándo una pantalla los conecta y cuándo empieza a alejarlos de los demás.

3 claves para construir una relación saludable con el celular en familia

1. Establezcan momentos y espacios sin pantallas

Una de las mejores herramientas para crear hábitos saludables son las reglas claras y consistentes:

• Nada de celulares durante las comidas.
• El celular no duerme en la habitación.
• Evitar pantallas durante la hora previa a dormir.
• Definir momentos específicos para entretenimiento digital.
• Mantener los dispositivos fuera del momento de estudio cuando no sean necesarios.

La AAP recomienda priorizar el sueño, la actividad física, la lectura, las relaciones familiares y otras experiencias importantes frente al consumo digital, además de establecer espacios libres de dispositivos.

Y hay una regla que vale para todos: los adultos también educamos con el ejemplo.

2. No solo controlen: conversen

El acompañamiento digital no debería comenzar cuando aparece un problema. Debe comenzar mucho antes.

Pregúntenles:

• ¿Qué ves en internet?
• ¿Con quién hablas?
• ¿Qué te preocupa?
• ¿Qué harías si alguien te incomoda?
• ¿Qué información nunca deberías compartir?
• ¿Qué harías si ves que están molestando o excluyendo a alguien?
• ¿Qué harías si eres tú quien está siendo víctima de una agresión en internet?

UNICEF recomienda precisamente mantener conversaciones frecuentes y abiertas sobre las experiencias digitales de niños y adolescentes, promoviendo relaciones digitales respetuosas y seguras.

3. Asegúrense de que la vida real siga siendo más grande que la pantalla

Una infancia y una adolescencia saludables necesitan mucho más que conexión a internet: movimiento, juego, deporte, lectura, creatividad, descanso, conversación, amistad y experiencias compartidas.

La AAP plantea que el uso de medios debe analizarse en función de aquello que puede desplazar: sueño, actividad física, tareas escolares, tiempo familiar y experiencias sociales.

Por eso, una buena pregunta familiar no es solamente: ¿Cuántas horas estuvo conectado?. También podemos preguntar:

• ¿Qué aprendió hoy?
• ¿Con quién compartió?
• ¿A quién ayudó?
• ¿Qué conversación tuvo?
• ¿Qué hizo hoy que no necesitó una pantalla?

El objetivo no es que nuestros hijos tengan miedo de internet. Es que tengan criterio para navegarlo.

Cuando el bullying llega al celular

La hiperconexión también ha cambiado la manera en que puede presentarse el acoso escolar. Una burla, una exclusión, una fotografía compartida sin consentimiento o un mensaje ofensivo pueden salir del salón de clase y continuar en un chat o en una red social.

En Colombia, la Ley 1620 reconoce el ciberacoso como una forma de intimidación ejercida mediante tecnologías como internet, redes sociales, telefonía móvil y videojuegos en línea, y establece mecanismos de prevención, detección y atención.

En el CBJML entendemos que la prevención del bullying no termina cuando un estudiante sale del salón. También debemos acompañarlo en los espacios digitales donde hoy se relaciona.

Por eso desarrollamos Rompamos el Silencio, una estrategia institucional que, junto con la Universidad EAN y El Espectador, busca abrir conversaciones sobre las violencias relacionales, entregar herramientas para identificarlas y fortalecer una cultura en la que pedir ayuda, intervenir y no guardar silencio también hacen parte del cuidado.

Porque el bullying puede ocurrir cara a cara o detrás de una pantalla. Lo que no debería cambiar es nuestra respuesta: reconocerlo, hablarlo y actuar.

¿Y cómo se hace en los colegios?

En el Colegio Bilingüe José Max León entendemos que educar también significa preparar a nuestros estudiantes para desenvolverse de manera responsable en un mundo cada vez más digital. Por eso contamos con normas claras para el uso de dispositivos, pensadas para proteger la concentración, el aprendizaje, la convivencia y el bienestar.

De primero a noveno grado, los estudiantes no utilizan celulares ni dispositivos digitales personales durante las clases. En cambio, cuentan con los recursos tecnológicos del colegio —como las salas de sistemas, el laboratorio STEAM y la sala de consulta— para incorporar la tecnología cuando realmente aporta a su proceso de aprendizaje.

En décimo y undécimo, el escenario cambia porque también cambia la responsabilidad que esperamos de nuestros estudiantes. Pueden utilizar celulares y otros dispositivos personales con autorización del docente, bajo supervisión y con fines académicos.

No buscamos formar estudiantes que le tengan miedo a la tecnología. Buscamos formar estudiantes que comprendan que detrás de cada pantalla hay una persona que merece respeto.

Tecnología con propósito, convivencia con sentido

El reto no es escoger entre tecnología o educación. El verdadero reto es educar para que ambas puedan convivir de manera responsable.

En el CBJML creemos que formar ciudadanos del mundo también significa preparar a nuestros estudiantes para desenvolverse en entornos digitales, sin perder de vista lo que nos hace esencialmente humanos: la empatía, el respeto, el diálogo, la capacidad de cuidar y la valentía para no guardar silencio frente al bullying.

Por eso, nuestras decisiones sobre el uso del celular hacen parte de una visión más amplia: proteger el aprendizaje, fortalecer la convivencia y acompañar a cada estudiante para que crezca feliz, seguro y preparado para el mundo que lo espera.

En casa y en el colegio tenemos una responsabilidad compartida: acompañar, poner límites, conversar, prevenir el acoso —en cualquiera de sus formas— y educar.

Porque educar en el mundo digital también significa enseñar a poner límites, tomar decisiones, cuidar a los demás y saber cuándo desconectarse.

¡Educación para la vida, también en el mundo digital!