Frases de Luis Enrique Abadía García en esta entrevista:

• “Reglas conocidas de antemano y aplicadas por igual. Eso protege tanto a quien gobierna como a quien ejerce oposición”.
• “Tengo un perfil de vicecontralor en mente, no un nombre”.
• “El control en tiempo real no es leer papeles más rápido. Es seguir el dinero”.
• “El daño fiscal casi nunca empieza en el robo o el desgreño administrativo. Empieza antes”.
• “El control fiscal debe llegar a cada municipio sin multiplicar la nómina”.

Luis Enrique Abadía García nació en Juradó, Chocó. Trabajó desde niño en la pesca y las ventas ambulantes; la violencia sacó a su familia del pueblo.

Se hizo abogado en la Universidad Tecnológica del Chocó con un crédito del Icetex.

Hoy es doctor en Derecho, y además cuenta con cuatro maestrías, seis especializaciones, y ha sido profesor universitario por más de dieciocho años.

Lleva más de veintiún años en el servicio público y conoce el control fiscal desde adentro: fue contralor delegado y director de Despacho en la Contraloría General, así como Gerente de la Auditoría General de la República en Medellín.

Ocupó el primer lugar en el concurso de méritos para la elección de Contralor General.

¿Qué garantías les ofrece al gobierno y a la oposición sobre su neutralidad política?

Ofrezco independencia y ecuanimidad. Ofrezco total garantía de un control fiscal transparente y responsable, ese que no se construye contra nadie sino con todos y por el bien del país.

Pero la independencia e imparcialidad se demuestran: por eso publicaremos los criterios técnicos con los que se decide qué se audita, antes de auditar. Y cada decisión quedará documentada y verificable.

Reglas conocidas de antemano y aplicadas por igual. Eso protege tanto a quien gobierna como a quien ejerce la oposición.

La elección del vicecontralor suele ser una señal que esperan el Congreso, el Gobierno y la opinión. ¿Tiene un perfil de vicecontralor?

Tengo un perfil, no un nombre. Escucharé a quien quiera aportar ideas, pero el criterio que decide será la capacidad técnica.

Busco conocimiento profundo del control fiscal y a alguien capaz de sostener una posición contraria a la mía. Un contrapeso, no un eco.

Es un cargo de gestión: quien llegue responderá por resultados medibles, igual que yo.

Y creo que el mejor mensaje que puede dar un nombramiento es que la persona esté a la altura del cargo.

Frente a la corrupción, ¿es posible el «control fiscal en tiempo real»?

Sí, y ya empezó: la reforma constitucional contenida en el Acto Legislativo 04 de 2019 otorgó a la contraloría la facultad del control preventivo y concomitante, la cual permite la realización de los seguimientos permanentes a la ejecución de los recursos públicos, lo que, llevado a un nivel superior de optimización, permite anticipar los riesgos de pérdida de recursos públicos, ya sea por corrupción o ineficiencia administrativa.

El control en tiempo real no es leer papeles más rápido. Es seguir el dinero: desde que sale del presupuesto hasta que llega, o no llega, a la obra bien o servicio que se persigue.

Y ese dinero no se detiene en la frontera. Me reuniré próximamente con el congresista Gregory Meeks, quien presidió el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara en Estados Unidos: hablaremos de cooperación internacional para la recuperación de activos de responsables fiscales y del Pacífico.

Se propone recurrentemente eliminar las contralorías territoriales. ¿Qué opina?

Se ha planteado la existencia de duplicidades funcionales y dispersión de competencias. Comparto la necesidad de fortalecer el control fiscal en los territorios, el control fiscal debe llegar a cada municipio sin multiplicar la nómina.

Es un debate que tendrá que abordarse desde las instancias concernidas, de cara a la ciudadanía; es un tema álgido, con múltiples miradas, cuya decisión de fondo corresponde al Congreso, no al contralor.

Me comprometo a acompañar de manera técnica un debate transparente que arroje el mayor consenso y las mejores conclusiones y decisiones para el país.

Creo que la contraloría debe liderar con el ejemplo en materia de austeridad y eficiencia en el gasto público, contribuyendo a la estabilidad fiscal del país por la vía de los ahorros.

También considero debe propenderse por un control fiscal musculoso, ojo, no adiposo, ágil y competente para cumplir cabalmente su misionalidad.

La planta de personal de la Contraloría General de la República ha crecido notablemente. ¿Con qué criterios manejará la planta? ¿Y si por ajuste fiscal hay que recortarla?

Con dos criterios: carga real de trabajo y riesgo fiscal. Ni presión política ni conveniencia.

Si llega un ajuste, primero se ajusta lo que no toca la capacidad de vigilar. Modernizar no es despedir: el criterio del auditor es el activo que hay que proteger, no el que hay que recortar.

Y cambiemos la pregunta. El tamaño no se decide en abstracto, sino contra una medida: qué porción del gasto público alcanzamos a vigilar de verdad. Si el Estado crece y el control no, la cobertura cae, aunque la nómina siga igual.

¿Cuáles son sus dos principales aprendizajes de su experiencia en la Contraloría General de la República?

El primero: el daño fiscal casi nunca empieza en el robo o el desgreño administrativo. Empieza antes, en un estudio previo mal hecho o en una obra mal planeada. Por eso insisto en la prevención.

El segundo tiene dos caras. La lentitud es la forma más silenciosa de impunidad; pero también castiga al investigado que termina siendo inocente. Una medida cautelar mal puesta puede arruinar a una familia honesta.

Por eso hablo de rapidez con garantías. Detrás de cada expediente hay una comunidad esperando algo que no llegó — y también una persona esperando decisiones justas fruto del debido proceso.

¿Se preparó mucho para obtener el primer lugar en la prueba académica?

Me preparé veintiún años. El examen duró unas horas; el estudio, media vida.

Para los que venimos del Pacífico y en general de la periferia del país, la educación es la mejor y muchas veces la única vía que tenemos para lograr las oportunidades.

Al que no tiene padrino solo le queda el estudio. Salí del pueblo por la violencia, trabajé desde niño y me gradué de abogado con un crédito del Icetex.

Después vinieron los posgrados hasta graduarme del doctorado y más de dieciocho años como profesor universitario. Nada de eso lo hice pensando en un concurso.

Pero cuando llegó, estaba listo. Eso hace la meritocracia cuando funciona: premia lo que uno construyó en silencio.

Tolima es hoy una potencia cafetera y ostenta un título que otros departamentos envidiarían: “Corazón Cafetero de Colombia”.  

Desde que asumió la Gobernación, Adriana Magali Matiz concibió un sueño: aumentar la producción de café y arrebatarle a Antioquia el segundo lugar. En ese camino avanza a paso firme, de la mano de la Federación Nacional de Cafeteros, gremio que representa a más de medio millón de familias caficultoras (en 23 departamentos y 601 municipios), y próximo a celebrar su centenario.  

“En 2007, en el Tolima producíamos un promedio de 10 sacos por hectárea; hoy estamos en 19, prácticamente en la misma área de cultivo”, señala Gildardo Monroy, director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros.  

La inversión es generosa: más de $45.000 millones destinados a proyectos de renovación, nuevas siembras y mejoramiento de la infraestructura de beneficio, explica la gobernadora.  

Otra apuesta conjunta es la Escuela Regional del Café —única en su género—, con una inversión superior a los $8.000 millones. “Desde 2024 hemos formado y capacitado a 2.600 jóvenes. Es la única escuela a la que asisten sin pagar absolutamente nada; les garantizamos alimentación, alojamiento y todo el proceso formativo”, destaca Matiz.

Además, cuentan con dos proyectos para extender esta formación a los 38 municipios cafeteros del departamento: La Maleta Viajera y la Escuela Satélite, ubicada en el corregimiento de Bilbao, en Planadas.  

La estrategia es integral: productividad, fortalecimiento de la asociatividad, agroindustria y comercialización. Así, la IV Feria Internacional del Café —que se realizará en Chaparral del 14 al 16 de agosto— servirá de vitrina internacional para el mejor café tolimense. En esta edición se reunirán 150 expositores y más de 45 compradores provenientes de 10 países.

Chaparral es la puerta de entrada al sur del departamento, región de donde proviene la mitad del café tolimense y que destaca, además, por la producción de cafés de alta especialidad.  

Foto: Comité Departamental de Cafeteros.

En el podio cafetero

Con más de 66.000 familias cafeteras, el Tolima produce actualmente 1.870.000 sacos de café en 105.000 hectáreas, generando más de 76.000 empleos directos y 165.000 indirectos.  

“El esfuerzo articulado con la Gobernación busca aumentar la productividad gracias a las buenas prácticas, al servicio de extensión y a la investigación de Cenicafé”, afirma Monroy.  

Doctor Gildardo Monroy, ¿ustedes siempre ocuparon el tercer lugar?

No, de hecho fuimos cuartos. El cultivo del café ha ido migrando hacia el sur del país, principalmente por los costos de la tierra y la disponibilidad de mano de obra. Llevamos consolidados en el tercer lugar más de 15 años, pero lo que hoy nos diferencia a los tolimenses es la producción de café de alta especialidad. Hemos ganado varios concursos, vendido lotes a muy buenos precios en subastas internacionales y creado la Escuela Regional del Café, una apuesta por la integración generacional donde niños y jóvenes se nutren de la experiencia de sus mayores. Creemos que esto garantizará la sostenibilidad de la actividad en el tiempo para seguir ofreciendo el café más suave del mundo.  

¿Qué tan cerca están de Antioquia, que ocupa el segundo lugar, y qué tan lejos del Huila, que lidera el ranking?

Del Huila estamos bastante distantes. Hoy el Huila cuenta con unas 130.000 hectáreas y nosotros estamos en 105.000. A Antioquia la tenemos a poco más de 3.000 hectáreas, pero lo importante no es solo la cifra, sino la calidad y la productividad. Cada región cafetera es distinta; Colombia cuenta con 23 departamentos y más de 600 municipios productores, y en cada uno hay un factor diferencial. El más importante son los caficultores: campesinos que labran la tierra de sol a sol, de domingo a domingo, porque en una finca cafetera hay labor diaria para producir un grano de superior calidad.  

¿Qué hace extraordinario al café del Tolima?

El Tolima ofrece café fresco durante todo el año. A diferencia de zonas en los extremos sur o norte del país que solo tienen una cosecha anual (como Cauca o Nariño), nuestra ubicación privilegiada sobre la Cordillera de los Andes, con un clima idóneo, nos permite tener dos cosechas al año. Esto nos otorga una oferta constante para compradores nacionales e internacionales.

Astrid Medina y Duberney Cifuentes, ambos oriundos de Planadas, han sido ganadores de la Taza de la Excelencia. El café de él se subastó a 72 dólares la libra en la III Feria Internacional del Café, en El Líbano (2025). Foto: Comité Departamental de Cafeteros.

¿A qué se refieren cuando hablan de café de alta especialidad?

No es un café estándar. Posee atributos diferenciadores: se cultiva en suelos de origen volcánico ricos en minerales que favorecen el desarrollo del grano, y cuenta con un clima que aporta una taza limpia, notas muy balanceadas y un sabor residual dulce con matices afrutados. No obstante, la verdadera especialidad se la imprimen los productores a través de sus procesos de beneficio y poscosecha.  

Por último, ¿cómo o quién determina la calidad de un café?

Un café estándar obtiene menos de 84 puntos en la escala de la SCA (Specialty Coffee Association), que es nuestro referente técnico. De 84 puntos en adelante se considera café de alta especialidad, y a partir de los 90 puntos entramos en la categoría de cafés presidenciales. En el Tolima hemos subastado lotes de más de 91 puntos, evaluados por catadores expertos bajo criterios rigurosos como la suavidad, el cuerpo y la acidez. Todos estos factores juntos determinan que un café alcance la excelencia.  

El municipio de Planadas, ubicado al sur, es el mayor productor de café del Tolima. Allí, donde nacieron las extintas FARC, hoy se cultiva uno de los mejores cafés del mundo. Foto: Comité Departamental de Cafeteros.

Antes de que un recién nacido respire por primera vez, una partera indígena ya ha leído el territorio. Ha observado la luna y reconocido las plantas medicinales que aliviarán a su madre del dolor, ha preparado infusiones, encendido el fuego y convocado un conocimiento transmitido durante generaciones. En muchas comunidades indígenas, traer una vida al mundo nunca ha sido un acto exclusivamente médico: es también una forma de cuidar el bosque, el agua, las semillas, la lengua y la memoria colectiva.

Ese vínculo entre nacimiento y conocimiento ancestral es el eje del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en 2026, dedicado a reconocer la partería indígena como una práctica que salvaguarda la vida y el bienestar. La fecha busca visibilizar el aporte de quienes acompañan los nacimientos, pero también los desafíos que amenazan su continuidad: la falta de reconocimiento institucional, la interrupción de su transmisión entre generaciones y los cambios que atraviesan los territorios.

Frente a estas presiones, la partería indígena continúa sosteniendo la salud de miles de familias, especialmente en lugares donde los servicios médicos son insuficientes.

“Es imprescindible que defendamos los derechos de las mujeres indígenas a tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo y cuidados. La sabiduría tradicional puede proteger las nuevas vidas”, afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres, en el mensaje oficial de la conmemoración.

En Mongabay Latam conversamos con tres mujeres de Panamá, Ecuador y México que trabajan por mantener viva la partería indígena desde sus territorios y muestran los retos que enfrentan quienes buscan transmitir estos saberes, ejercerlos y defender el derecho de las comunidades a decidir cómo nacer.

Panamá: la medicina del territorio

Antes del amanecer, un Inaduled —médico tradicional guna— entra al bosque. No habla en voz alta. Antes de cortar una planta medicinal, pide permiso en un susurro a Nabbguana, la Madre Tierra. En la tradición guna, el bosque no es un lugar inerte del que se extraen recursos: los animales, los peces y el agua también forman parte de esa relación y perciben las palabras con las que se acercan a ellos.

Solo entonces comienza a recoger las plantas que, después de un cuidadoso proceso de preparación, se convertirán en Muu Ina, el conjunto de medicinas que las parteras conocidas como Siggwi Gaed ofrecen a las mujeres para acompañarlas durante el embarazo, el parto y el posparto en las comunidades de Gunayala, Panamá.

El propio nombre contiene una forma de entender la vida. Muu Ina une Muu, que significa abuela, pero a la vez útero, e Ina, que hace referencia a la medicina. Para la antropóloga e investigadora guna Yadixa Del Valle-Guardia, quien documentó esta práctica en su investigación de maestría en The University of Western Ontario, traducirlo únicamente como “medicina de plantas” deja afuera parte de su significado.

“Representa un conjunto de plantas medicinales y una diversidad de momentos en que las mujeres se tratan”, explica. El Muu Ina acompaña distintas etapas del embarazo: puede aliviar malestares, preparar el cuerpo para el nacimiento o ayudar en la recuperación después del parto.

En las comunidades guna, la preparación de estas medicinas requiere conocimiento y cuidado. Las plantas se limpian y son molidas sobre una piedra conocida como Aggwa Muu, la “piedra de la abuela”, donde hojas, flores y ramas se transforman en preparados para distintos momentos.

La investigación de Del Valle-Guardia, basada en trabajo etnográfico en ocho comunidades y entrevistas con médicos tradicionales —los Inadulegan, en plural—, las parteras Siggwi Gaed y las mujeres muestra que el Muu Ina forma parte de un sistema de cuidado más amplio. Los médicos botánicos preparan las medicinas y las parteras acompañan a las mujeres durante el embarazo, reciben a los bebés y continúan el cuidado después del nacimiento.

“Además del Muu Ina, la partera utiliza también su mano y otros elementos”, explica Del Valle-Guardia. “Cuando ella necesita la medicina para la limpieza después del parto, para que limpie todos los residuos que puedan quedar, se la pide al médico botánico”.

Ese acompañamiento también puede cambiar la relación con el sistema de salud convencional. Del Valle-Guardia recuerda el caso de una mujer a quien los médicos habían advertido que su bebé estaba en una posición que podía requerir una cesárea. Ella acudió primero con una partera porque no quería una intervención quirúrgica.

“Te fuiste a ver a la abuela Claudina, ¿verdad? Mira, el bebé está bien, tiene buena posición. Ya no te vamos a practicar la cesárea”, recuerda la investigadora sobre el momento en que el médico confirmó que la operación ya no era necesaria.

Una de las escenas que más marcó a la investigadora fue precisamente con la Siggwi Gaed Claudina, quien recuperaba las placentas de mujeres que habían dado a luz en hospitales. Después de limpiarlas y bañarlas ritualmente con cacao, las enterraba bajo su casa.

“Las enterraba para que la inteligencia del bebé no se destruya”, explica la investigadora. “Me llamó la atención que a ella no le interesa si es su familiar, una comunera o una mujer de otra comunidad la que ha parido. Ella en lo que piensa es en mantener el espíritu de la madre y del bebé bien resguardados para que tengan una buena salud más adelante”.

Pero este conocimiento enfrenta un desafío: la falta de relevo generacional. Aunque existe formación para médicos botánicos, no hay una escuela de partería desde la propia visión guna. “Hay una urgente necesidad de crear una escuela de formación de parteras”, afirma Del Valle-Guardia. “Si no lo hacemos ahora, sí estamos en riesgo de que la partería guna desaparezca”.

Para la investigadora, preservar este conocimiento no significa incorporarlo como un complemento subordinado a otro sistema de salud. “No hay que capacitar a las parteras. Las parteras ya saben”, concluye. “Es al revés: vamos a capacitarnos con los conocimientos de las parteras. Uno no puede estar por encima del otro”.

Ecuador: nacer en la selva

En la Amazonía ecuatoriana, las mujeres achuar y shuar suelen decir que el bosque lo tiene todo: árboles que alimentan, plantas que curan y saberes que acompañan la llegada de una nueva vida. Allí, la partería no es solo una práctica de salud; también es una forma de cuidar el territorio, preservar la memoria de las abuelas y mantener vivo un conocimiento comunitario.

Ese vínculo dio origen hace casi dos décadas a Ikiama Nukuri, que en lengua achuar significa “mujeres protectoras de la selva”. La iniciativa nació en 2006, cuando Narcisa Mashienta, mujer shuar y fundadora del programa, conoció de cerca las dificultades que enfrentaban las mujeres achuar para acceder a atención materna.

“Había muerte materna no registrada; era súper alta. También había niños que padecían muchas enfermedades”, dice Mashienta. “Desde ahí parte esta iniciativa, del sueño de crear este programa para poder salvar vidas de niños y mujeres, pero también de empoderar a las mujeres”, recuerda.

En ese momento, muchas mujeres parían solas, lejos de los centros de salud y sin posibilidad de traslado en una emergencia. Los hospitales podían estar a horas —o días— de distancia y una avioneta era una alternativa costosa que pocas familias podían asumir.

Mashienta cuenta que la idea de fortalecer la partería tradicional tomó forma durante una ceremonia de ayahuasca junto a Margaret Love, una partera jubilada que visitaba la Amazonía. Allí recibió el llamado. Con el acompañamiento de la Fundación Pachamama, organización con la que se aliaron, Ikiama Nukuri comenzó a trabajar para fortalecer los saberes de las parteras sin reemplazarlos, articulándolos con la medicina occidental cuando fuera necesario.

Durante dos décadas, la iniciativa ha formado una red de mujeres parteras en comunidades achuar y shuar. Actualmente reúne a más de 60 parteras y ha acompañado alrededor de 3900 partos, promoviendo una atención materna más cercana a las prácticas y decisiones de cada comunidad.

Para Mashienta, la salud de las mujeres y la protección de la Amazonía son inseparables. “Las mujeres somos las que vivimos en realidad en la naturaleza; la mujer es la que sabe del territorio, sabe de la tierra, sabe de la contaminación. Mientras más salud tengamos, más vida vamos a tener para seguir cuidando el bosque”, afirma la lideresa.

Ese vínculo también está en las plantas medicinales que acompañan el embarazo, el parto y el posparto. “La selva es nuestra farmacia, siempre lo decimos. Si el bosque se contamina, se acaban nuestras plantas medicinales”, sostiene. “Las mujeres parteras usan la medicina tradicional tal como nos han enseñado nuestras abuelas, por eso hay peligro de que estos conocimientos se pierdan porque nuestras abuelas ya no se quedan muchos años. Por eso queremos que este conocimiento sea pasado a las más jóvenes”.

Mashienta explica que los saberes tradicionales conviven con la medicina occidental cuando existen complicaciones en los partos, pero insiste en que esa relación debe construirse desde el respeto y no desde la imposición.

Ese reconocimiento, sin embargo, todavía enfrenta obstáculos. Cristina Melo, abogada y coordinadora del programa de derechos de la Fundación Pachamama, explica que aunque Ecuador reconoce constitucionalmente la salud intercultural y la medicina ancestral, las parteras indígenas siguen enfrentando barreras para ejercer y articularse con el sistema público de salud.

“No hay la capacidad estatal para cubrir la salud, pero aún así se le monopoliza y se criminaliza a quienes desean organizarse autónomamente para poder acceder a ella”, advierte Melo. “Los pueblos indígenas tienen la capacidad y los conocimientos, pero se pone en segundo plano sus sistemas de salud propios”.

Mashienta señala que esa falta de reconocimiento genera temor entre las propias parteras. “En la Constitución está escrita la interculturalidad plurinacional; quiere decir que debe existir respeto y escucha, pero no los hay”, asevera. “Nosotras como parteras tenemos miedo de asistir un parto: si algún incidente nos pasa o una mujer muere, somos condenadas a estar en la cárcel”.

Para la lideresa shuar, la defensa de la partería también es una defensa del bosque. La contaminación de los ríos, la expansión de actividades extractivas y la pérdida de la selva amenazan las plantas medicinales y los conocimientos que sostienen la vida comunitaria.

“Si cambia nuestra vida, llega el extractivismo, viene la minería, nos matan nuestras plantas y nos matan a nuestros abuelos, estos conocimientos van a ir desapareciendo”, agrega Mashienta. “Ese es nuestro miedo”.

Aun así, Mashienta mira hacia el futuro con esperanza. El mayor logro de Ikiama Nukuri, dice, no es solo haber acompañado miles de nacimientos, sino haber impulsado a mujeres que hoy son parteras, lideresas y defensoras de sus comunidades.

“Queremos que la partería tradicional no se pierda, que el liderazgo femenino sea valorado y que nuestra población indígena sea escuchada y respetada”, concluye. “La naturaleza y la farmacia que nos da vida nos van a seguir sosteniendo. Cuidamos al pulmón del mundo para toda la gente que respira”.

México: la memoria de un nacimiento

Después del parto, la madre y su bebé entran al temazcal, un espacio de calor, plantas y acompañamiento familiar donde continúa el cuidado. Para Lilia Heber Pérez Díaz, originaria del pueblo ayuujk, esta práctica expresa una manera distinta de entender la vida: “La primera casa de nosotras es el vientre de la madre, luego es el temazcal, luego la casa y luego el pueblo”, sostiene.

En Santa María Tlahuitoltepec, en la Sierra Norte de Oaxaca, el nacimiento no termina cuando llega un bebé al mundo. Para las mujeres ayuujk, nacer es entrar en relación con un territorio, una comunidad y una memoria que comienza antes del primer aliento.

Pérez Díaz es coordinadora de la Organización de Mujeres Poj Kääj —“Jaguar del viento” en lengua mixe—, que nació en 2009 como un proceso organizativo de mujeres de Santa María Tlahuitoltepec que regresaron a su comunidad después de estudiar fuera, con la intención de poner sus conocimientos al servicio del pueblo.

En 2011 realizaron un diagnóstico sobre las violencias que enfrentaban las mujeres y encontraron una preocupación común: la pérdida de autonomía para decidir cómo, dónde y con quién parir.

A partir de esas conversaciones, la organización comenzó a recuperar los testimonios de mujeres y parteras ayuujk, que más tarde se convertirían en un podcast y círculos de escucha. La iniciativa no solo documentó experiencias de parto, sino que abrió preguntas sobre lo que ocurre cuando una comunidad pierde los rituales, los saberes y los vínculos que acompañan la llegada de una nueva vida.

Uno de esos vínculos está relacionado con la placenta. En la tradición ayuujk, explica Pérez Díaz, “es un elemento fundamental para la identidad de la persona que nació y que le vincula con su espacio territorial”. Cuando el nacimiento ocurre en un hospital, muchas veces esa relación ritual se interrumpe y con ella se pierden prácticas familiares y comunitarias.

Los testimonios recogidos por Poj Kääj también revelaron experiencias de violencia obstétrica y barreras para las mujeres indígenas, especialmente cuando no pueden comunicarse plenamente en español. Pérez Díaz insiste en que la defensa de la partería no significa rechazar los servicios médicos, sino garantizar que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos y sus partos.

“No debería ser una limitante para tomar decisiones como mujeres que nos embarazamos y que queremos parir, no únicamente en una institución u hospital porque no se tiene otra opción”, afirma.

En 2021, Poj Kääj abrió la Casa Temazcal, una construcción de adobe con un temazcal, espacios para masajes y una cocina donde se prepara medicina y alimentos. Allí trabaja Virginia Pérez, cofundadora de la organización y una de las pocas parteras que mantiene vivo este acompañamiento en la comunidad, junto con otras mujeres que comparten sus saberes.

El desafío más urgente es la continuidad. Pérez Díaz explica que muchas parteras ayuujk que conservan estos conocimientos son mujeres mayores, de 60 o 70 años, mientras que son pocas las jóvenes que están aprendiendo. Las abuelas parteras cuentan que recibieron su llamado a través de sueños, pero las nuevas generaciones enfrentan otros ritmos y otras formas de relacionarse con estos saberes.

Para Pérez Díaz, documentar estos conocimientos es importante, pero no suficiente. “No es lo mismo que esté documentado a que la gente lo siga practicando”, explica. La partería vive en las manos de quienes acompañan los nacimientos, en las plantas medicinales nombradas en ayuujk, en los rituales y en la lengua que transmite una forma propia de comprender el cuerpo y el territorio.

“Si nombramos la partería desde nuestra lengua, que es el contenedor de todos estos conocimientos que nuestras abuelas y abuelos han desarrollado, ahí radica el reconocimiento mismo del existir de los pueblos y comunidades indígenas”, dice.

En Santa María Tlahuitoltepec, Poj Kääj busca que las nuevas generaciones puedan imaginar otras formas de nacer y cuidar. Porque cada nacimiento, para las mujeres ayuujk, no solo recibe a una persona: mantiene viva una relación entre la comunidad, la tierra y la memoria.

“Es por lo que hemos apostado y ahora hay mucha gente de la comunidad que ha empezado a interesarse por el temazcal, que ha empezado a volver a su uso para sanarse y atenderse”, concluye. “Creo y siento que lo estamos logrando, pero también falta mucho por hacer”.

*Imagen principal: una partera realiza una visita de seguimiento a una mujer embarazada en la Amazonía ecuatoriana. Foto: cortesía Fundación Pachamama

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Es entendible que los sentimientos juveniles sean particularmente agudos cuando se trata de auscultar el futuro. A esas alturas de la vida cada quién está en la tarea de prever lo más que pueda y escoger entre los caminos que se abren en busca de uno u otro destino. Si bien ese ejercicio comienza en el seno de la familia, cuando se cuenta con el privilegio de tenerla, es de ahí hacia afuera, en los diversos escenarios de la educación, donde, a través del diálogo con amigos y maestros, y al observar el mundo, donde aparecen mejor dibujadas las opciones y abiertas o cerradas las exclusas para que las aspiraciones sean viables.

Esos escenarios “diversos” de la educación son los cientos de circunstancias de la vida cotidiana que llevan una carga educativa.  Carga de la cual en muchos casos son inconscientes quienes aprenden y quienes enseñan una u otra cosa con su experiencia y con su ejemplo.

El Estado, como árbitro y calificador de concursos para acceder a instancias educativas o de trabajo, debe obrar de manera impecable para garantizar justicia y mantener credibilidad. De manera que cualquier fisura en la seriedad de los concursos que organiza, sea para contratar o para que en cualquier escenario opere la meritocracia, no es un problema menor.

Aquellas sociedades en las que se vuelven parte del folclor las trampas en los concursos organizados por el Estado, sea para contratar obras, admitir personal a su servicio o marcar el acceso a instancias educativas, adquieren una infección que afecta una amplia variedad de aspectos de su vida, y cuya erradicación se tiene que convertir en prioridad.

En la India los concursos fueron considerados como el mecanismo ideal para contar con las personas mejor calificadas para entrar a las universidades o acceder al servicio público. Pasar el examen respectivo se convirtió en una tradición tanto regional como nacional, y el resultado de cada examen vino a ser determinante no solo de éxito o fracaso en el propósito inmediato de estudiar o trabajar, sino factor decisivo de vivir una u otra vida, o inclusive morir. Todo explicable cuando el examen venía a demostrar si quien participaba en las pruebas estaba a la altura de su aspiración, y siempre y cuando el puntaje obtenido fuese confiable.

El aseguramiento de un puesto en la administración pública es tan apetecido como fuente de trabajo e ingresos para toda una vida, que muchas personas, ante uno o dos fracasos, insisten en participar en los concursos con la esperanza de lograr sus anhelos, sobre la base de las experiencias anteriores.  

La anulación de un examen de acceso a estudios de medicina propició en junio pasado efectos devastadores y hasta una serie de suicidios entre los dos millones de candidatos frustrados en su aspiración, obligados a tomar nuevamente unas pruebas para las que se habían preparado meses y años enteros. Uno de los más de veinte suicidas fue Kahaan Patel, de 17 años, estudiante distinguido que saltó del balcón de su habitación familiar en un sexto piso.

La familia Patel se había movido a Ahmedabad, en Gujarat, para tomar impuso desde la base de un mejor colegio, de manera que los estudios de medicina del menor se convirtieron en sueño de toda la familia. Y así, en diferentes regiones, miles de familias adoptaron la causa de los estudios de sus hijos, cuando no la de acceder al servicio público, como medio de realización colectiva o ascenso social. Todo frustrado por la corrupción.

Ante una creciente protesta, con su oleada de suicidios, vino la infortunada, infame y despectiva reacción de un alto funcionario que no vaciló en llamar cucarachas a quienes protestaban por la irresponsabilidad en el manejo de los concursos. Con lo cual dio origen a que un ingenioso publicista satírico decidiera apelar a Instagram y convocar a la fundación del “Cockroach Janta Party”, o “partido popular de las cucarachas”, parodia de nombre cercano al Janata Party, a cargo del gobierno nacional.

En tiempo récord la idea tomó fuerza y miles de personas corrieron a manifestarse frente al Parlamento en Nueva Delhi y en otras ciudades del país. Pedían seriedad en los exámenes y la renuncia del ministro de educación, que por fin tuvo que salir. Algo que Narendra Modi no está acostumbrado a afrontar, dado el tono de su gobierno, que para manejar los problemas mezcla de manera experimentada las dosis necesarias de vinagre y miel.

El problema renace ahora ante la noticia de que la revelación de secretos de examen se ha presentado tres meses más tarde en el concurso para entrar al servicio civil en el Estado de Jharkhand. Miles de personas quedarían esperando para siempre sin poder entrar a la administración pública, mientras que otras accederían de una vez por el atajo de la corrupción.

Ante la reiteración del asunto, ha habido héroes populares en huelga de hambre. Rahul Gandhi, jefe de la oposición, fue con manifestantes hasta la puerta de la casa de Modi y se hizo arrestar, levantado de pies y manos, no sin antes haberse dejado maltratar, al tiempo que dejaba en el aire su necesaria proclama contra el gobierno, que forma parte de la campaña permanente de acción en busca de la recuperación del poder.

Como los problemas sociales no son aislados, hay otras causas que se pueden sumar a las defendidas hasta ahora por el “partido de las cucarachas”. Ahí cabe la lucha anticorrupción agitada en India en 2011, la acción antiviolencia sexual que ya tuvo apogeo en 2012, la situación de los campesinos pobres, y el repudio a la discriminación de la población musulmana que no se fue a Pakistán ni Bangladesh cuando se produjo la partición de la India británica.

Lo mismo que el gobierno indio, muchos otros han de asumir la responsabilidad de garantizar la completa seriedad de las pruebas de acceso a la educación superior y al servicio civil. No se trata de detalles menores del funcionamiento del Estado y de sus relaciones con la sociedad. De la confianza de los jóvenes en la seriedad de los concursos se derivan numerosos factores de viabilidad no solamente de un gobierno, que sería lo de menos, sino del conjunto del sistema político y social del país.

Los jóvenes tienen habilidad natural para vincular todo tipo de causas al momento de la vida por el que pasan ahora, afectado por su temor natural ante la perspectiva de las puertas cerradas hacia las opciones de educación, y aún más ante las oportunidades y obstáculos del empleo.

Siempre hay y debe haber campo en la sociedad para la rebeldía de los años juveniles. En cualquier contexto sería preocupante que no estuviera presente la fuerza cuestionadora de la juventud. Que nadie criticara desde la perspectiva de recién llegado la forma como se hacen las cosas, la organización de las ciudades y los países, lo que hagan o dejen de hacer los gobiernos y, naturalmente, la manera como se trata a los jóvenes.

¡Ningunas cucarachas! No debe imperar el temor a que los muchachos protesten porque el mundo no es todavía como quisieran. De pronto los reclamos por ese mundo que para ellos aún no ha tomado forma, llevan la semilla de la sabiduría del futuro, que es la del progreso, ante el inminente relevo de generaciones que jamás se detendrá.  

Aclaro que mis ideas alrededor del tema del arte (su definición, razón de ser y sentido) —aunque consideran seriamente algunas propuestas del libro se Shiner— son distintas de las suyas. Aquí, en este texto, hablaré de las ideas de Shiner. Haré una lista de supuestos sobre el arte que la mayoría de la gente da por ciertos, pero que no son verdad en todos los casos y, a veces, en ninguno (y en los que coincido con él):

1. Que el arte es una esencia que poseen algunos objetos y no otros.
2. Que el arte se encuentra en cierto tipo de actividades, pero no en otras; por ejemplo: bailar, cantar, esculpir, pintar o tocar un instrumento, pero no jugar yoyó, saltar la cuerda, hacer zapatos, la jardinería, la cerámica o la física y las matemáticas.
3. Que el arte demanda una contemplación desinteresada.
4. Que el arte no debe tener ninguna función; o sea, que no debe servir para nada.
5. Que el arte debe estar relacionado con la belleza.
6. Que es normal que el arte exista en un mundo elitista.

En su libro, Shiner dice que la definición del arte y lo que esto implica ha variado en el tiempo y en las culturas; nunca ha sido un concepto universal. Sostiene que se trata de un concepto en constante transformación, pues cada momento histórico específico lo ha definido según sus necesidades y convenciones y, por lo tanto, debe ser reinventado para ajustarse a nuevos contextos, inventos y necesidades. Según él, el «sistema moderno del arte» es una construcción histórica.

Menciona que los museos y las élites del arte (como galerías, revistas y marchantes) han mantenido los productos artísticos fuera del alcance de la gente común, y se han encargado de que las personas sientan que «no lo entienden»; y, añado yo, de hacer que los precios sean tan astronómicos que solo los ricos los puedan adquirir. El mundo del comercio ha influenciado muchísimo el cómo se ven y cómo se manejan las artes para sacarles el máximo provecho económico posible.

Shiner muestra que la separación entre arte, artesanía y artes populares solo existe desde hace doscientos años. Nos presenta registros históricos que demuestran cómo antes del siglo XVIII el arte y la artesanía estaban unidos en un solo concepto: el del saber hacer (ars / techné), orientado al uso, la devoción o el ritual.

Dice que a pesar de que movimientos como el Dadaísmo, el Pop Art o el Arte Conceptual intentaron disolver la frontera entre el arte y la vida cotidiana, el mercado del arte, los museos y la crítica profesional terminaron absorbiendo e institucionalizando estas rupturas, convirtiendo la mismísima rebelión contra el «objeto de arte» en nuevas mercancías y piezas de exhibición.

Así que Shiner nos propone romper con las falsas dicotomías: la de artista y artesano; la de contemplación desinteresada versus utilidad o funcionalidad; y la de arte culto versus arte popular. Sobre todo, a Shiner le molesta que las artes domésticas, las músicas populares y los oficios tradicionales sean relegados a categorías de «artes inferiores» (su sueño de que cambien de estatus se está haciendo realidad en Instagram, en mi opinión).

Comparto con Shiner la idea de que la categoría de arte, tal como la entendemos hoy, es una invención cultural. No obstante, hay algo que nos ocurre a todos los humanos, lo nombremos o no: nos sorprendemos, encantamos, apegamos y exaltamos frente a cualquier objeto o comportamiento que alcance un óptimo dirigido hacia una función o característica, o un óptimo respecto a otros elementos de su misma categoría (no comparamos una sonata con un edificio). Esto no es cultural; todos los humanos —del pasado y del presente— estamos programados para sentir dicha, asombro y apego ante las cosas excelsas.

El techo de la mezquita Isfahan, en Irán.

[i]En un segundo libro escrito por Shiner, Art Scents: Exploring the Aesthetics of Smell and the Olfactory Arts, él explica a profundidad por qué debe existir un arte para apreciar con el sentido del olfato y no solo con la vista y el oído. Shiner abre aún más las puertas del mundo del arte, lo cual es interesante.

En la elección de Contralor General siempre hay candidatos visibles y candidatos reales. Y Luis Enrique Abadía parece pertenecer a la segunda categoría.

Su relación con Carlos Hernán Rodríguez Becerra no nació ayer. Coincidieron en la Defensoría del Pueblo y, cuando Rodríguez llegó a la Contraloría General, llevó a Abadía consigo. No a cualquier cargo: terminó siendo uno de sus hombres de mayor confianza, llegó a ocupar la jefatura de despacho y era, además, el delegado que quedaba encargado del despacho del Contralor en cada ausencia de Carlos Hernán.

¿Casualidad? Puede ser. Pero en política las casualidades suelen tener hoja de vida.

Y esa hoja de vida tiene números que hablan solos. Entre el 17 de julio de 2024 y el 13 de abril de 2026 —el periodo de su gestión al frente del despacho—, la capacidad sancionatoria de la Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública se desplomó: los Procesos Administrativos Sancionatorios pasaron de 7 en el bienio anterior a apenas 1 en 2025 (y a cero en 2024). Las indagaciones previas cayeron de 7 a solo 2 por año. Y el beneficio de auditoría —la plata efectivamente recuperada para el Estado— colapsó de $93 millones en 2023 a poco más de $9 millones en 2024. Para completar el cuadro, de las 46 actuaciones programadas en 2026, 13 —casi tres de cada diez— siguen represadas, sin informe liberado.

Pero el dato más elocuente es otro: entre 2024 y 2026, la Delegada auditó recursos públicos por más de $1,148 billones de pesos —un universo que incluye entidades tan sensibles como la DIAN y el Ministerio de Hacienda—, y de ahí solo salieron hallazgos fiscales por $184.485 millones. Es decir, apenas el 0,016 % de todo lo vigilado terminó traducido en un detrimento detectado. Menos de un milésimo de cada peso auditado. Una auditoría pública que, en la práctica, se quedó en el papel: sin dientes frente al verdadero tamaño del erario que estaba llamada a proteger.

A ese recorrido se suma un capítulo político que resulta clave para entender su candidatura. Según se comenta, Abadía había sido contemplado como el candidato que podría contar con el visto bueno de Iván Cepeda y del Pacto Histórico para llegar a la Contraloría General en caso de que ese sector político ganara la Presidencia de la República. Es decir, su nombre no aparece ahora de manera improvisada en la carrera por el organismo de control: ya se movía como una carta para ocupar uno de los cargos más poderosos del Estado en un eventual gobierno del Pacto Histórico.

Abadía también tiene vasos comunicantes con el sector de Daniel Quintero: su esposa ocupó una subsecretaría durante la Alcaldía de Medellín, y él mismo figuró como contratista en esa administración. Dos vías, no una, que lo acercan al quinterismo.

Así que su candidatura reúne una combinación bastante particular: cercanía histórica con Carlos Hernán Rodríguez —al punto de ser su reemplazo de facto en cada ausencia—, conexiones —familiares y contractuales— con el quinterismo y, además, haber sido considerado como una carta del Pacto Histórico y de Iván Cepeda para la Contraloría en un eventual triunfo presidencial.

Hay, además, un asunto patrimonial que merece aclaración pública. En el barrio El Jardín de Quibdó existe un predio de 912 metros construidos, avaluado por la Alcaldía en más de $437 millones para 2026, registrado a nombre de Luis Enrique Abadía García. El documento oficial de cobro predial que reposa en la Secretaría de Hacienda de esa Alcaldía identifica al contribuyente con un número de cédula de once dígitos —un formato que no corresponde al estándar de la cédula de ciudadanía en Colombia—.

¿Es un simple error de digitación de la Alcaldía, o hay algo más detrás? Es necesario que Abadía responda: ¿este inmueble está declarado en su patrimonio ante los organismos de control correspondientes? ¿Y a qué se debe la irregularidad en el número de identificación asociado a una propiedad que lleva su nombre?

Por eso la verdadera pregunta no es si Luis Enrique Abadía cumple o no los requisitos para aspirar. La pregunta es otra: ¿es Abadía el verdadero candidato de Carlos Hernán Rodríguez para conservar influencia en la Contraloría?

Porque cuando el aspirante fue compañero, subordinado, jefe de despacho, encargado en sus ausencias y hombre de confianza de quien hoy dirige el organismo —con una gestión que dejó cifras a la baja, conexiones con distintos sectores políticos y un patrimonio con preguntas sin responder—, hablar de independencia requiere algo más que un discurso.

Carlos Hernán puede guardar silencio sobre su candidato.

La hoja de vida de Abadía habla por él.

Nota recomendada: Se quitaron el sombrero

Quien quiera estar más cerca de Dios, sepa que Bogotá está más cerca del cielo y de las estrellas.

El artículo 322 de la Constitución de 1991 es claro: Bogotá es la Capital de la República y del departamento de Cundinamarca. La ciudad, que se llamó Santa Fe a secas durante casi todo el periodo colonial, acaba de cumplir 488 años y, aunque espero con ansias el 6 de agosto de 2038 para celebrar su quinto centenario —a doce años y tres periodos presidenciales de distancia—, ya le salió competencia.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella —criado en Montería, pero barranquillero por adopción y negocios—, anunció que presentará una reforma constitucional para elevar a Barranquilla a la categoría de capital alterna de Colombia.

La propuesta plantea tres epicentros: el Palacio de la Aduana, el Batallón Paraíso (sede de la Segunda Brigada del Ejército que, según la prensa, “apunta a concentrar la actividad de Gobierno”) y las propias oficinas de su firma de abogados. Leí que dicho batallón cuenta con un búnker subterráneo para la protección presidencial en caso de conflictos internacionales.

En su alocución dominical, casi una prédica, dijo: “Se acabó el olvido. Se acabó la desidia. Se acabó el abandono centralista. En pocos días, un hijo del Caribe se sentará en el soleo de Bolívar y cumplirá una promesa que hizo durante la campaña: gobernar desde las regiones y para las regiones”. 

Por si acaso, se les recuerda que el doctor Abelardo nació en Bogotá. Obviamente, él se reconoce como un costeño de pura cepa. Uno sus detractores, el exministro Manuel Rodríguez Becerra, fue más allá: lo llamó “corroncho millonario” en una extensa diatriba que publicó en la red social X.  

Pero, ¿qué tan delicado es que las decisiones políticas, y no solo las de seguridad, se tomen en una guarnición militar? Que yo sepa, nadie puso el grito en el cielo, por haber dado su primer discurso en presencia de los militares y no de los congresistas y la sociedad civil, quienes asistieron el 7 de agosto a la imposición de la banda presidencial y de pronto lo vieron desaparecer.

Mientras esto escribo, al margen o no de lo anterior, trascendió que el gobierno salvadoreño de Nayib Bukele está listo para asesorar la construcción de megacárceles en Colombia. Amnistía Internacional denunció que las violaciones de derechos humanos en el país centroamericano podrían constituir delitos de lesa humanidad. Se habla, por ejemplo, de torturas y muertes bajo custodia en los megapenales.

Volviendo al cuento, no tengo nada contra Barranquilla ni contra los barranquilleros; envidio a cualquiera que viva cerca del mar. Barranquilla me sabe a Gabo, Esthercita Forero, Shakira y Sofía Vergara (no necesariamente en ese orden). Se entiende, además, el justo reclamo costeño contra la visión cachaca e hipercentralista, desconectada de las realidades territoriales.

Gabriel García Márquez lo resumió muy bien en El olor de la guayaba: “La síntesis humana y los contrastes que hay en el Caribe no se ven en otro lugar del mundo (…) El Caribe es la única región donde yo no me siento extranjero”.

Siempre he pensado que el Caribe, al ser una región tan distinta al centro andino, bien pudo haberse anexionado a Panamá para constituir un país propio, más afín a Cuba y el resto de la región antillana, y más cerca de los United States. Nadie lo habría echado de menos, así como nadie echa de menos a Panamá, cuya venta (1903), más de un siglo después constituye una pérdida irreparable, una vergüenza y un mal negocio; ya es muy tarde para ponernos sentimentales.

Buena parte de los problemas irresueltos de Colombia obedecen a la inmensidad de un territorio atomizado en 32 departamentos; tal vez lo que necesitamos es volver a los estados soberanos de la época de los Estados Unidos de Colombia (aunque nos doliere perder el orgullo de compartir patria con Gabo o Shakira).

Pero Bogotá es Bogotá y debe seguir siendo la única capital. Hay que defenderla como sede real y emblemática del poder central. Permitir este antecedente abre la puerta para que futuros presidentes caigan en embelecos similares solo para congraciarse con sus regiones y élites locales. Además, si es por mérito, en ese caso le correspondería a Medellín o Cali ser capitales alternas, pues son en ese orden las que más aportan al PIB después de Bogotá.

Pero nadie se haga ilusiones. Ya el exmagistrado Alfredo Beltrán, constitucionalista él, se pronunció en contra de la idea: “Cambiar la capital de Colombia no se puede por voluntad del presidente”.

¿Un gerente para Bogotá?

La gente lee las noticias, pero no nota lo que está ocurriendo: poco a poco, el nuevo gobierno desmantela la posición privilegiada que la Atenas Suramericana ha ostentado durante casi medio milenio. De la Espriella ya anunció que convertirá la Casa de Nariño en un museo y mandó a construir su propia residencia presidencial en la Puerta de Oro. ¿Puede o podía tomar semejantes decisiones de manera unilateral?

Mientras tanto, la sede formal de gobierno pasaría a la Cancillería, en el tradicional Palacio de San Carlos —lugar donde el general Simón Bolívar escapó de la muerte en la Noche Septembrina—. No puedo evitar pensar que el nuevo presidente, más empresario que político, no está viendo en estos edificios gubernamentales sino posibles franquicias.

Convertir la Casa de Nariño en museo y abrirla al público es una idea fabulosa para reconocerle al precursor Antonio Nariño su peso real en la historia, como si eso importara en un país desentendido de su pasado. Sin embargo, este gesto no puede usarse para eclipsar un edificio emblemático ni despojarlo de su importancia para otorgársela a una nueva residencia presidencial en el Caribe (a la que ya apodan “Casa Blanca” en redes sociales, a modo de burla). Como dato curioso, cabe recordar que un caprichoso Donald Trump remodeló la Casa Blanca original: hizo demoler el Ala Este, pavimentar la Rosaleda y añadir decoración dorada.

No veo a muchos bogotanos defendiendo la dignidad de su ciudad; veo, en cambio, a bastantes aplaudiendo un supuesto espíritu “descentralizador”. Se equivocan: trastear no es descentralizar. Exijamos que concejales y representantes a la Cámara por Bogotá se pronuncien con prontitud.

Cambiar la ubicación geográfica del gobernante no es descentralizar. Es un retoque cosmético, un simple trasteo y, por qué no, la prueba de que De la Espriella no gusta de Bogotá, a pesar de haberse formado aquí como abogado. La bronca rayó en tal extremo que no invitó a la ceremonia de posesión a dos expresidentes de la República: Juan Manuel Santos (además Nobel de Paz) y Ernesto Samper. Pero si quería fastidiar al establishment cachaco, resultó poco inteligente al tomar juramento en una universidad caleña.

Poco a poco obligará a los funcionarios a desplazarse hacia donde él esté. No quiero pensar que estos sean los indicios para refundar la patria —expresión harto problemática en nuestra historia reciente—, pero por ahora lo cierto es que se apresta a instaurar lo que denomina la “Patria Milagro”, cuyo arranque, recordemos, incluyó un retiro espiritual en Curramba entre alabanzas, lecturas bíblicas y golpecitos de pecho. Con razón, un amigo me preguntó: ¿Sera que el presidente vino a gobernar o a evangelizar?

A esto se suma su anuncio de nombrar un “gerente especial para Bogotá”. ¿Estará esta figura por encima del alcalde de turno o es una estrategia calculada de cara a las elecciones de 2028; es decir, una declaración de guerra anticipada contra el petrismo y el uribismo, ahora que cuenta con partido propio (Defensores de la Patria)? Complacido, el alcalde Carlos Fernando Galán ni chistó. ¿Le gusta acaso la idea de que le nombren “virrey” al segundo cargo más importante de la nación? Recuerden que antes de la Constitución del 91 los alcaldes los escogía a gusto el presidente de turno. ¿Será que es momento de evaluar y reformar una elección popular que le corresponde al pueblo, sí, pero sobre la cual no se ejerce ningún control político real ni incidente?

Ha llegado la hora de que los bogotanos y los bogotanólogos dejen la indiferencia y se pronuncien. ¡Pintados en el mapa no estamos!

Ahora, cuando termina un gobierno y comienza otro, Sánchez plantea una discusión que va más allá del balance sobre Petro: qué país queda y qué país se quiere construir. Habla de energía, gas, tarifas, inversión, pobreza y empleo, pero también de la necesidad de recuperar la técnica en las decisiones públicas, de tener funcionarios capaces de contradecir al presidente y de entender que el sector privado no puede ser visto como un enemigo. Su frase resume buena parte de la conversación: “Necesitamos gabinetes de lujo, no personas que hagan caso”.

Pero quizá la parte más importante de escucharlo ahora está en su llamado a dejar atrás la política de la confrontación permanente. “Tenemos que parar de darle el megáfono a Petro. Tenemos que hacer un acuerdo de mirar al futuro”, dice. Sánchez no propone olvidar lo ocurrido durante estos cuatro años, sino aprender de ello y construir sobre lo que ya existe. En un país acostumbrado a que cada gobierno quiera empezar de cero y a que cada diferencia termine convertida en una pelea, su invitación es sencilla y, al mismo tiempo, difícil: volver a hablar, volver a escuchar y preguntarnos menos quién ganó la discusión y más qué necesita Colombia.

Diego Aretz: Usted fue compañero de Gustavo Petro en el Senado y lo conoce desde hace muchos años. Ha sido también un crítico de su gobierno. ¿Cómo lee hoy a Petro? ¿Es el mismo alcalde, el mismo senador o el presidente fue otra persona?

Camilo Sánchez: Yo estoy acostumbrado a construir desde la diferencia. Cuando llegó Petro al Gobierno pensé que íbamos a tener un diálogo técnico. La gran sorpresa fue que terminó siendo ideología y no técnica.

Yo lo tuve como compañero en el Senado y tengo que decirlo: era un buen parlamentario, hacía debates muy bien sustentados. Eso fue totalmente distinto a lo que vimos como gobernante.

Creo que no tuvo un equipo real y serio que pudiera acompañarlo. Fue muy egoísta, creyendo que él tenía la verdad revelada. Nombró funcionarios para que hicieran caso y no para que lo ayudaran a gobernar. Esa fue una de sus grandes falencias.

Si se hubiera mantenido con el primer gabinete, con personas pensantes que podían decirle que no y darle buenos consejos, hubiera tenido una administración admirable. Hoy creo que fue deplorable. Cometió el error de rodearse de áulicos, de personas que solamente hacían caso y no de personas que lo ayudaran a gobernar.

Él es bueno para hacer debates, malo para ejecutar. Lo demostró en la Alcaldía y ahora lo ratificó como presidente.

Diego Aretz: Hablemos de economía y energía. ¿Cuál es su balance de estos cuatro años?

Camilo Sánchez: Los servicios públicos son el nivelador social por excelencia. Desde que llegué a Andesco aprendí que cuando uno mejora la calidad, la cobertura y la continuidad de los servicios públicos, mejora el nivel de vida de todos los colombianos.

Como senador tuve la suerte de ayudar a hacer las leyes 142 y 143, que produjeron una gran revolución. En menos de 32 años cambiamos las coberturas, la calidad y la continuidad de los servicios públicos. Mostramos que para cambiar lo público se necesitaba algo fundamental: competencia. Entraron los privados y los modelos mixtos a competir con lo público y el servicio mejoró.

Hoy tenemos coberturas superiores al 95% en todos los servicios. Es un ejemplo para Latinoamérica. En muchos rincones del país la gente tiene acueducto, alcantarillado, energía y tecnologías de información y comunicación, algo que antes parecía reservado a los departamentos ricos.

Lo triste es que este Gobierno no aprovechó esa ventaja.

Los empresarios, que son quienes hacen la inversión, pedían dos cosas: seguridad jurídica y personas que conocieran técnicamente los sectores para tomar decisiones. Nosotros tenemos una frase: “Buenas decisiones hoy aseguran servicios públicos mañana”.

Cuando se toman malas decisiones ocurre lo que estamos viviendo. Nosotros nunca deberíamos estar hablando de un apagón.

Un apagón en Colombia nos puede costar entre 1,8 y 2,2 puntos del PIB. Es gravísimo. El Gobierno decidió que Colombia no iba a producir más petróleo y gas y terminamos dependiendo de otros países. Hoy estamos importando más del 30% del gas, cuando antes se importaba alrededor del 4%.

Necesitamos recuperar la soberanía energética y construir una matriz energética diversa: agua, energía eólica, solar, pero también térmica. Aquí se decidió que algunas de esas energías no tenían sentido y son precisamente las que nos han salvado.

Diego Aretz: ¿Qué tan probable es un apagón y qué tiene que hacer el nuevo Gobierno?

Camilo Sánchez: Si no hubieran existido las empresas del sector eléctrico colombiano que se endeudaron, trabajaron e hicieron esfuerzos enormes, este país habría tenido problemas muy graves.

Hoy tenemos un apagón técnico. La demanda del país está casi un 5% por encima de la oferta y tenemos cortes programados en municipios del Pacífico y el Atlántico de cuatro, seis y hasta ocho horas. Les ponemos un nombre técnico, pero son apagones.

Cualquier contingencia puede apagar el país.

Además, tenemos un problema financiero. A Air-e se le deben alrededor de tres billones de pesos y a las térmicas cerca de dos billones. En un momento como el fenómeno de El Niño, cuando las térmicas pueden generar una parte fundamental de la energía firme del país, no tener liquidez puede producir un apagón financiero.

Por eso le estamos pidiendo al nuevo Gobierno que priorice estos recursos en el Presupuesto Nacional. Hay que evitar ese apagón.

También aplaudo que se haya nombrado una persona técnica al frente de Minas y Energía. En el Gobierno anterior, los ministros de Minas y Energía brillaron por su ausencia de capacidad técnica. Hicieron ideología y política.

Nosotros dimos muchas propuestas, pero querían bajar las tarifas a las malas y no lo lograron.

Diego Aretz: ¿Fue una estrategia deliberada de desfinanciar empresas públicas y servicios para debilitarlos?

Camilo Sánchez: Desde afuera parecía exactamente la misma práctica aplicada en dos sectores distintos. Era un modus operandi.

Tengo que aplaudir a los empresarios que hicieron hasta lo imposible. Otros habrían botado la toalla. Las empresas térmicas se endeudaron hasta el máximo para poder cumplirle al país.

Ahora tenemos que hacer un plan de choque. Primero, priorizar el Presupuesto Nacional para resolver el problema de Air-e. Segundo, revisar la opción tarifaria. Y tercero, pedirles a alcaldes y gobernadores que paguen las deudas de colegios, hospitales y otras entidades públicas.

La liquidez es la única forma de evitar una quiebra y un apagón.

Diego Aretz: Usted ha tenido una postura muy abierta al diálogo. Incluso durante el Gobierno Petro invitó a sus ministros a los congresos de Andesco. ¿Cómo debe ser la relación con el nuevo Gobierno?

Camilo Sánchez: Desde antes de que ganara el presidente de la República teníamos un vínculo muy grande con el vicepresidente y estuvimos revisando las propuestas para construir un plan de choque para los primeros 100 días.

Nosotros creemos en construir sobre lo construido. Una de las cosas que le decía al presidente Petro y a sus ministros era que ellos creían que habían llegado a fundar el mundo. Aquí ya se habían hecho cosas muy importantes que tenían que seguir construyéndose.

Desde la diferencia buscamos puntos de encuentro.

Nosotros les entregamos estudios sobre electricidad y gas. Les dijimos a tiempo que íbamos a tener que importar grandes cantidades de gas si dejábamos de perforar y aumentar las reservas. Nos dijeron que éramos mentirosos y tramposos, que el apagón era mentira.

Hoy estamos en un apagón técnico y tenemos cortes programados.

Al presidente le faltó dignidad para nombrar personas que pudieran llevarle la contraria. Y ese también es un mensaje para el nuevo Gobierno:

Necesitamos gabinetes de lujo, no personas que hagan caso.

Gabinetes capaces de escuchar las distintas posiciones y tomar decisiones aunque no sean las que inicialmente tenían previstas.

Y tenemos que entender algo fundamental: el sector privado no es el enemigo a vencer.

Con este Gobierno queremos trabajar. Para todo lo bueno estaremos acompañándolo, pero tampoco vamos a ser áulicos. Vamos a decir siempre las cosas en las que no estemos de acuerdo, con argumentos y estudios.

Aquí tienen que volver a gobernar la inteligencia, los estudios y la técnica.

Diego Aretz: ¿Cuáles son las prioridades de los primeros 100 días?

Camilo Sánchez: Lo primero es revisar y derogar los proyectos que fueron negativos y estuvieron fundamentados solamente en ideología. El Consejo Gremial entregó un arsenal de propuestas y prospectiva. Mostramos cuáles resoluciones, decretos y proyectos eran negativos.

En energía y servicios públicos tenemos varios asuntos claves: el marco tarifario de agua potable y saneamiento básico, la transmisión, la generación y, especialmente, Air-e.

También es fundamental priorizar el Presupuesto Nacional para darle liquidez al sector en el momento más crítico.

Lo que estamos viendo ahora es algo que no se había hecho durante cuatro años: técnica, conocimiento y convocatoria a los mejores, sin importar de dónde vengan.

Y hay otro reto: la oposición.

Me parece equivocado empezar a hacer oposición sin que siquiera haya comenzado el Gobierno. ¿Cómo se puede juzgar un Gobierno que todavía no ha tenido la posibilidad de empezar a actuar?

Primero hay que esperar 90 o 100 días y hablar sobre hechos, no sobre prejuicios.

Diego Aretz: ¿Cómo podemos superar la polarización?

Camilo Sánchez: A mí me dolió mucho ver cómo se perdió la cultura democrática. Un presidente tiene que saber entregar el poder.

Uno no puede ser una persona maleducada ni en la entrada ni en la salida. El presidente Duque no tenía por qué estar feliz de entregarle el poder a Petro, pero era un demócrata y lo entregó como debía.

Ahora tenemos que trabajar para volver a unir al país. Lograron dividir a los colombianos, a las familias, los barrios y las poblaciones.

La gran estrategia debe ser que todos, desde la diferencia, construyamos para el beneficio general.

Tenemos que volver a trabajar en equipo. Lo que queremos todos es que le vaya bien al país.

Diego Aretz: Hablemos de servicios públicos. ¿Son caros o baratos en Colombia frente a los países desarrollados?

Camilo Sánchez: Tenemos servicios públicos admirables para los estándares internacionales y nuestras rentabilidades no son excesivas.

Hay que entender algo: más del 80% de los colombianos gana menos de dos salarios mínimos. Los empresarios saben que no pueden poner tarifas que la gente no pueda pagar porque destruirían el sector.

En Colombia hemos hecho un milagro. Somos un fenómeno en Latinoamérica.

Tenemos, además, un sistema de subsidios cruzados: los estratos 4, 5 y 6, junto con los sectores comercial e industrial, subsidian a los estratos 1, 2 y 3. Eso es algo maravilloso.

Lo que tenemos que hacer es sacar a los colados del sistema.

En Colombia el estrato 4 es el único al que se le cobra lo que realmente vale el servicio.

En tecnologías de información y comunicaciones, por ejemplo, los precios han crecido por debajo de la inflación. Es un sector tecnológico, con economías de escala y mucha competencia.

Y en energía, comparados con Estados Unidos, nuestros costos son muy bajos.

El problema es que tenemos redes de transmisión de más de 50 años. Somos unos berracos: hemos logrado mantener y aprovechar tecnología que ya es obsoleta.

Pero durante cuatro años no fue negocio invertir porque cambiaron las reglas de juego.

Diego Aretz: ¿Cómo sacamos de la pobreza a los colombianos que siguen en esa situación?

Camilo Sánchez: Lo primero es evitar el asistencialismo puro. Cuando un país se vuelve asistencialista, la gente puede terminar atrapada en la pobreza porque no encuentra incentivos para progresar.

Los subsidios son necesarios para quienes realmente los necesitan y no tienen posibilidades de salir adelante. Pero tienen que ser dignos, pagables y sostenibles.

El resto debe complementarse con incentivos.

Yo creo profundamente en el autoempleo y en la creación de microempresas. Hoy una persona crea una empresa y puede quebrarse en los siguientes cinco años porque le ponen condiciones como si fuera una gran compañía.

Hay que darle líneas de crédito, subsidios a las tasas de interés y condiciones para que pueda desarrollar su actividad.

Eso es más barato que mantener permanentemente un subsidio.

Y tenemos que incentivar a quien estudia y se esfuerza. ¿Cómo puede haberse convertido en pecado que una persona de estratos bajos reciba apoyo para estudiar en una universidad como Los Andes?

En mi caso particular, mi padre fue mesero del Hotel Tequendama y uno de mis mayores orgullos es que me dio la educación para que yo no tuviera que repetir lo que a él le tocó vivir. Llegó incluso a ser presidente encargado de este país.

Eso es lo que tenemos que crear: conciencia de que una persona puede progresar.

Diego Aretz: Si tuviera que escoger una política concreta para reducir la pobreza, ¿cuál sería?

Camilo Sánchez: Hacer de la generación de microempresas un objetivo nacional.

Tenemos que crear una política de autoempleo. Dar crédito, capacitación e incentivos para que una persona pueda convertirse en su propio empleador y trabajar para mantener a su familia y mejorar su situación.

También hay que hacer algo con el campo. Si entregamos tierras pero no damos maquinaria, crédito, asistencia y posibilidades de comercialización, en cinco años esas tierras pueden volver a concentrarse en otras manos.

No basta con entregar cinco hectáreas. Hay que darle al campesino las condiciones para producir, pagar a sus trabajadores, tener agua, servicios y comercializar.

Por eso necesitamos una política de autoempleo y darle incentivos al sector productivo, no convertirlo en el enemigo a vencer.

Los particulares son quienes hacen la inversión en este país. Tenemos que volver a darles confianza.

Diego Aretz: Hay algo que parece fundamental para el nuevo Gobierno: ¿cómo hacemos para que Colombia deje de vivir permanentemente mirando hacia atrás, discutiendo sobre Petro y sobre los cuatro años que terminan?

Camilo Sánchez: Yo creo que tenemos que parar de darle el megáfono a Petro. Tenemos que hacer un acuerdo de mirar al futuro. Petro ya tuvo cuatro años para gobernar, tomó sus decisiones y los colombianos las van a evaluar. Ahora el país tiene que mirar hacia adelante.

No podemos permitir que durante los próximos cuatro años toda la agenda nacional siga siendo Petro. Sería un error político y un error histórico. Si el nuevo Gobierno se dedica a responderle todos los días al presidente anterior, termina gobernando para él y no para los colombianos.

Hay que pasar la página, pero pasarla no significa olvidar. Significa aprender. Tenemos que mirar qué funcionó, qué no funcionó y qué tenemos que corregir. Y eso implica reconocer también las cosas buenas que se hicieron en gobiernos anteriores. Colombia no puede seguir siendo un país que cada cuatro años cree que empieza de cero.

Tenemos que construir sobre lo construido.

Yo le diría al nuevo presidente: no se deje llevar por la tentación de gobernar solamente para quienes votaron por usted. Gobierne para todos. Y eso significa escuchar a los empresarios, a los trabajadores, a los sindicatos, a las regiones, a las universidades, a las organizaciones sociales y también a quienes están en la oposición.

La oposición es necesaria en una democracia. Lo que no podemos tener es una oposición que quiera que al Gobierno le vaya mal para demostrar que tenía razón. Si al Gobierno le va mal, le va mal a Colombia. Y si le va bien, ganamos todos.

Por eso también necesitamos bajar el nivel de agresividad. Colombia está cansada de que todo se convierta en una pelea. Hay que recuperar la conversación pública.

Yo no estoy diciendo que tengamos que pensar igual. Al contrario. Yo creo en la diferencia. Pero una cosa es tener diferencias y otra es convertir al que piensa distinto en un enemigo.

El sector privado no puede ser el enemigo. La oposición no puede ser el enemigo. Los empresarios no pueden ser enemigos. Los trabajadores no pueden ser enemigos. El Gobierno tampoco puede ver enemigos en todas partes.

Tenemos que volver a construir confianza.

Y la confianza se construye con reglas claras, con instituciones fuertes, con decisiones técnicas y con personas capaces de reconocer cuando se equivocan.

Colombia tiene enormes problemas, pero también tiene enormes posibilidades. Tenemos empresarios, trabajadores, científicos, universidades, campesinos y jóvenes capaces de hacer cosas extraordinarias.

Lo que necesitamos es que el Gobierno no les ponga obstáculos y que vuelva a existir una idea común de país.

Tenemos que dejar de preguntarnos quién ganó la discusión y empezar a preguntarnos qué necesita Colombia. Ese tiene que ser el acuerdo nacional: mirar hacia adelante.

La especialista colombiana Daniela Parra, con más de 11 años de experiencia en Mallplaza, Pactia, desarrolladora de la marca Gran Plaza, y Cencosud, afirma que el futuro de las ciudades dependerá de la capacidad de transformar los espacios comerciales en escenarios que impulsen inversión, innovación y crecimiento territorial.

El crecimiento del comercio electrónico, la digitalización y los nuevos hábitos de consumo están cambiando la manera en que las personas se relacionan con las ciudades. En este escenario, los espacios comerciales enfrentan un nuevo reto: evolucionar para responder a una ciudadanía que busca mucho más que una oferta de productos, con propuestas que integren bienestar, gastronomía, cultura y entretenimiento.

Para Daniela Parra, especialista en Gestión Empresarial y experta en desarrollo comercial, este cambio exige comprender las nuevas dinámicas del consumidor y diseñar proyectos que respondan a las necesidades de cada territorio, generando oportunidades para empresarios, inversionistas y comunidades.

Durante más de once años ha participado en proyectos para Pactia, a través de la marca Gran Plaza, Mallplaza y Cencosud, liderando procesos de expansión, negociación estratégica, atracción de marcas y desarrollo de nuevos conceptos comerciales. Su experiencia le ha permitido identificar oportunidades de crecimiento y consolidar iniciativas acordes con la evolución del sector.

“Cuando un espacio comercial se gestiona con una visión estratégica, deja de ser únicamente un lugar de encuentro para convertirse en un catalizador del desarrollo de su entorno, capaz de abrir oportunidades para empresas, emprendedores y comunidades”, afirma Parra.

Esa visión se refleja en proyectos como la llegada de Adidas a Gran Plaza Soacha, una negociación que puso en evidencia el potencial económico del municipio, y en la apertura de Mallplaza Cali, donde lideró el desarrollo de El Mercado, una propuesta gastronómica concebida para diversificar la oferta y fortalecer la experiencia de los visitantes.

A partir de estas experiencias, Parra sostiene que el éxito de un espacio comercial no depende únicamente de las marcas que reúne, sino de su capacidad para adaptarse a las nuevas dinámicas sociales, construir alianzas de largo plazo y ofrecer propuestas con identidad para cada comunidad.

Aunque reconoce que la inteligencia artificial, el análisis de datos y las plataformas digitales seguirán transformando el sector, considera que el principal diferencial continuará siendo la creación de lugares donde las personas quieran encontrarse, compartir y construir comunidad.

En un momento en el que las ciudades buscan nuevas estrategias para fortalecer su competitividad, Daniela Parra considera que revitalizar los espacios comerciales representa una oportunidad para atraer inversión, estimular el crecimiento empresarial y contribuir al desarrollo sostenible de los territorios.

Perfil de la especialista

Daniela Parra es especialista en Gestión Empresarial y profesional en Lenguas Modernas. Cuenta con más de once años de experiencia en desarrollo comercial y negociación estratégica en Mallplaza, Pactia, desarrolladora de la marca Gran Plaza, y Cencosud, donde ha liderado proyectos de expansión, atracción de marcas y desarrollo de iniciativas orientadas a fortalecer el crecimiento de los territorios.

Pero una vez terminan la música, los discursos y las ceremonias, empieza lo verdaderamente difícil: gobernar.

Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia. No porque una parte del país lo prefiera, ni porque otra parte lo deteste, sino porque obtuvo la mayoría necesaria en las elecciones y las instituciones electorales hicieron posible la transmisión del poder. Esto debería ser una obviedad en una democracia. Sin embargo, Colombia parece empeñada en convertir hasta las derrotas electorales en una discusión interminable sobre la legitimidad del resultado.

Durante las últimas semanas han circulado narrativas sobre un supuesto fraude electoral que no han logrado demostrar una alteración de las dimensiones necesarias para desconocer el resultado. Es legítimo pedir que cada elección sea vigilada. De hecho, una democracia sana necesita ciudadanos obsesionados con cuidar sus elecciones. Lo que resulta peligroso es convertir la sospecha en una verdad permanente cuando no aparecen pruebas capaces de sostenerla.

Petro puede cuestionar al nuevo gobierno. La oposición puede ejercer una oposición feroz. El Pacto Histórico puede movilizar a sus bases. Todos tienen ese derecho. Lo que no deberían hacer es mantener a millones de colombianos atrapados en una elección que ya terminó. Una democracia no consiste solamente en ganar; también consiste en saber perder.

Y esto vale para todos.

La derecha que llega al poder tampoco puede comportarse como si hubiera recibido un cheque en blanco. Ganar una elección no convierte automáticamente cada propuesta en una buena política pública. La mayoría electoral otorga el derecho a gobernar, no el derecho a tener siempre la razón.

Ese debería ser el comienzo de una conversación adulta sobre Colombia.

¿Qué va a pasar con el crecimiento? ¿Cómo se reducirá el déficit? ¿Qué ocurrirá con el empleo? ¿Cómo se recuperará la inversión? ¿Qué hará el Gobierno con la educación? ¿Cómo enfrentará el deterioro de la seguridad? ¿Qué sucederá con las regiones? ¿Cómo se puede recuperar la capacidad del Estado sin convertir la autoridad en arbitrariedad?

Son preguntas menos emocionantes que una pelea en redes sociales, pero mucho más importantes para la vida de los colombianos.

Uno quisiera que el nuevo Gobierno entendiera que la autoridad no consiste solamente en ordenar. Consiste también en hacer funcionar las cosas. La seguridad importa, pero también importa que una carretera se construya, que un hospital funcione, que un joven encuentre empleo, que una universidad produzca conocimiento, que una empresa pueda invertir y que un campesino pueda sacar su producto de una región sin que una organización criminal decida por él.

En ese sentido, el nuevo Gobierno debería ser mucho más ambicioso que la simple revancha contra el petrismo.

Y debería convocar a Colombia, no solamente a quienes piensan como él.

A quienes conocen la conservación de nuestros ecosistemas, a quienes han dedicado su vida a la ciencia, a los economistas que han estudiado durante décadas los problemas del país, a los empresarios que saben crear empleo, a los profesores que conocen las dificultades de la educación, a los líderes sociales que conocen territorios que Bogotá apenas comprende.

Un gobierno fuerte no debería tener miedo de convocar a personas que no piensan exactamente como él, que conservan su propio criterio y que pueden mantener una diferencia intelectual.

Esa sería, de hecho, una señal de verdadera confianza.

Hay otra lección que debería aprender la nueva administración. Colombia no necesita pasar de una guerra cultural a otra. Durante cuatro años la política estuvo atrapada demasiadas veces en la lógica de Petro contra sus contradictores y de sus contradictores contra Petro. Ahora sería lamentable que el péndulo simplemente cambiara de dirección.

El país no votó para reemplazar una tribu por otra.

Votó para cambiar de gobierno.

Y ahí está la oportunidad.

El nuevo presidente tiene la posibilidad de demostrar que una derecha que habla de autoridad también puede hablar de ciencia; que un gobierno que defiende la empresa puede preocuparse por la pobreza; que una política de seguridad puede convivir con la memoria de las víctimas; que la defensa de la familia no necesita convertirse en una guerra contra las mujeres o las minorías; que la libertad económica puede ir acompañada de movilidad social; que el patriotismo puede ser compatible con la crítica y que el orden democrático no necesita enemigos internos permanentes.

Eso sería mucho más interesante que una simple restauración del pasado.

A la oposición, mientras tanto, le corresponde una tarea igualmente difícil: aceptar que el poder cambió de manos.

Petro y Cepeda pueden hacer oposición. Deben hacerla. Pueden investigar, denunciar, protestar y organizarse. Pero deberían dejar de alimentar la ficción de que la democracia funciona solamente cuando gana el sector político propio. Insistir indefinidamente en una elección que no pudieron demostrar fraudulenta no fortalece la democracia colombiana: la desgasta.

Hay una diferencia enorme entre fiscalizar al poder y negarse a reconocerlo.

La primera es democracia.

La segunda puede terminar convirtiéndose en un ardid contra ella.

Colombia tiene problemas demasiado grandes para quedarse discutiendo eternamente quién ganó.

Ahora sabemos quién ganó.

Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.

La pregunta interesante ya no es cómo llegó a la Casa de Nariño.

La pregunta es qué hará con ella.

Y ahí empieza el verdadero examen.

Porque después de Nessun dorma, después del Vincerò, después de las banderas, los uniformes y la celebración, viene la parte menos cinematográfica de la política: hacer que un país funcione.

Ahora le toca gobernar.