Mercadeando

Publicado el Dagoberto Páramo Morales

¿Negligencia médica, descuido profesional o, suerte familiar?

¿Cuántos de los decesos que ocurren en los hospitales o las clínicas del país se deben a la negligencia, la incompetencia o la irresponsabilidad del médico de turno o de la institución responsable de la prestación del servicio de salud? ¿Cuántas personas fallecen, a veces de manera inexplicable para el común de los mortales, porque los procedimientos tanto de diagnóstico como de tratamiento no se corresponden con los síntomas que presentaban los pacientes? ¿Cuántos galenos responsables de recibir a los enfermos en los servicios de urgencias los atienden por salir del paso, o ejecutan procedimientos que por ser robotizados casi nunca aciertan, o por dejarse llevar por los síntomas más visibles que no auscultan en profundidad para detectar el nivel de seriedad y compromiso vital en el que se encuentra el paciente?

Las evidencias indican que estos casos son mucho más frecuentes de lo que todos llegamos a pensar, a juzgar por algunas aterradoras estadísticas que se registran en algunas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que por comprometer la idoneidad profesional no son divulgadas de manera amplia no obstante sus nefastas consecuencias.

Los casos se cuentan por miles de los que, infortunadamente, nadie conoce o, lo que es peor, ante los cuales ninguna institución gubernamental hace algo para que esto no desemboque en tragedia.

El siguiente caso es una muestra de lo que ocurre en el silencio del dolor y la angustia que, para fortuna de la familia involucrada, no pasó a mayores. ¿Pasa siempre lo mismo? No, simplemente no.

Siendo las nueve y treinta horas de la noche del pasado lunes 27 de septiembre una madre con su hija adolescente arriba a la Clínica Tolima de la ciudad de Ibagué. La niña padece insoportables dolores abdominales desde cuatro horas antes, tiene vómito y está tan visiblemente desalentada que casi ni puede caminar. Acude a esta IPS porque es la que le ha sido asignada por la EPS a la que está afiliada la madre y su hija es beneficiaria. Después de someterse a los procedimientos de rigor para demostrar que la empresa para la que trabaja la madre está al día con sus pagos de seguridad social, la niña es valorada en el servicio de Triage en el que califican su urgencia como de nivel 2, que significa que debe ser atendida de manera prioritaria. Pasados unos minutos la hacen seguir al consultorio de un joven médico quien la ausculta con la prisa y la superficialidad propias de querer irse lo más rápido posible porque se acerca el final de su turno. El diagnóstico es simple y aunque grave no es mortal: la adolescente -a quien no le permiten entrar acompañada de su madre porque es mayor de edad, aunque apenas tiene unos cuantos días de haberla cumplido- padece un ataque de gastritis severo. La prescripción médica es la de inyectarla para disminuir el dolor y si ella quiere -así como se lee-, puede mandarse a practicar unos exámenes de sangre en los laboratorios ubicados en el otro extremo de la clínica, para lo cual, ni siquiera le proporcionan una silla de ruedas para que pudiera desplazarse.

Ante la no mejoría de la niña y por el contrario, un notorio deterioro de su estado de salud, su madre y su familia logran contactar a un amigo cercano de la médica encargada de urgencias de la clínica quien, solícita y profesional, ordena una nueva valoración. Para ello, a la niña se le practican varios exámenes concluyendo que su situación de salud es mucho más grave de lo diagnosticado inicialmente y que por lo mismo amerita una intervención quirúrgica inmediata. La adolescente padece una “apendicitis aguda agangrenada”, que como tercer nivel de agravamiento de esta enfermedad es la fase previa para padecer una “apendicitis perforada”, que implicaría el rompimiento de las paredes del apéndice liberando el pus acumulado y las heces dirigiéndolas hacia el interior del abdomen y produciendo la famosa peritonitis que tantas muertes ha causado.

Una vez realizados los exámenes de rigor la niña es operada exitosamente, dejada en recuperación lo necesario, y luego enviada a su residencia en la que en la actualidad se recupera de manera satisfactoria.

Ante este hecho, la pregunta obligada es simple y directa: ¿Qué hubiese pasado si la familia de la adolescente no cuenta con un contacto que haya podido llegar hasta la médica responsable del servicio de urgencias de la clínica y se conforma con el presuroso diagnóstico del médico que inicialmente la trató? Muy seguramente no estaríamos escribiendo sobre un impasse de salud -casi anecdótico-, sino de una adolescente más que, por negligencia, descuido o falta de profesionalismo de un profesional de la salud, hubiera fallecido haciendo parte de esta fatídica estadística a la que parece nos hemos acostumbrado. Sin duda, este hecho pareciera ser una nueva modalidad del terrible “paseo de la muerte” que tan popular se está haciendo entre los colombianos.

Este hecho también amerita otra reflexión respecto a la posición que asume la clínica frente a tan peligroso hecho: ¿Qué hace para evitarlo? ¿Qué hacemos los usuarios frente al omnímodo poder que tienen estas organizaciones que darán todas las vueltas del mundo para no aceptar su responsabilidad y la del galeno en cuestión? Es descorazonador saber que más allá de “escuchar” lo que podamos decir, nada pasará. Los usuarios estamos solos. A nadie parece importarle más que a quienes padecemos todo tipo de atropellos.

Definitivamente, el sistema de salud en Colombia tiene que ser cambiado. Su ineficiencia y deshumanización es letal. Y ello sucede muy agudamente desde que la salud dejó de ser un derecho para ser transado como mercancía, alrededor de la cual los propietarios y socios de estas organizaciones empresariales se llenan sus bolsillos de dinero, a costa de la vida de los colombianos.

 

 

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