Mercadeando

Publicado el Dagoberto Páramo Morales

¿El Estado contra el ciudadano?

¿Qué colombiano no ha tenido que padecer un verdadero viacrucis cada vez que por cumplir con sus deberes de ciudadano tiene la obligación de relacionarse con alguna parte del Estado colombiano? ¿Quién no ha tenido que padecer hasta lo indecible para obtener la tarjeta de identidad, la cédula de ciudadanía, el pasaporte, el pasado judicial, la libreta militar, el Rut, el paz y salvo de la Procuraduría o de la Contraloría, la licencia de conducción? ¿Quién no ha perdido los estribos cuando debe pagar los impuestos o cancelar una multa por alguna infracción cometida? ¿Quién no ha tenido que someterse al interesado capricho de tramitadores “autorizados” quienes en un santiamén pueden lograr lo que para el ciudadano del común parece inalcanzable?

No hay prácticamente oficina pública alguna en la que los “ciudadanos de a pie” no tengan que perder horas infinitas a la espera de ser “atendidos” por los funcionarios estatales, a veces bajo las más insoportables condiciones climatológicas. Y si el tiempo de espera en esas colas interminables es angustiante, no lo es menos durante el desarrollo del proceso de “atención al público”. No solo hay una inexplicable desinformación de parte de estos inescrupulosos funcionarios sino que pareciera que todos ellos estuviesen en el lugar equivocado. Sus palabras, sus expresiones, sus actitudes, sus gestos, y sus ocupaciones en menesteres distintos a los de su puesto, se han venido traduciendo en una inaceptable forma de maltrato a todos sus conciudadanos.

Su vocación de servicio pareciera habérseles extraviado –si algún día existió- denotando su clara falta de compromiso y convicción de la enorme responsabilidad que tienen. Son muy pocos, infortunadamente, quienes convencidos de la función social que a diario cumplen se entregan a servir con alegría y permanente ánimo de cooperación y ayuda al ciudadano. Las evidencias son por todos conocidas, todos las padecemos.

La situación se agrava aún más cuando el análisis se extiende a la infraestructura física y tecnológica que se tiene en estas oficinas públicas. Los muebles y los equipos no solamente son escasos sino que muchos se encuentran bastante deteriorados. Y de los recursos tecnológicos ni hablar; inexistentes, caducos, obsoletos. En pleno auge de los sorprendentes avances informáticos en tecnologías de información aún en muchas oficinas se escriben cartas y constancias en destartaladas y desvencijadas máquinas de escribir.

Ante estos hechos es innegable que la relación con el Estado se ha vuelto engorrosa y desesperante. No obstante los billones de pesos destinados a un sinnúmero de procesos de modernización de la administración pública a nivel nacional, regional y local, la ineficiencia e improductividad predominan en cada trámite oficial. Prevalecen la tramitología y la burocracia sobre el servicio público que se debe ofrecer para quienes se supone el Estado trabaja y se entrega, a cambio del precio que cada ciudadano paga a través de los impuestos directos e indirectos que el mismo Estado le impone sin derecho a “patalear”. Es absolutamente increíble la odisea que hay que vivir. Una vez más, la realidad superando la ficción.

Sin duda las razones de esta cruda y dura realidad se hallan en la concepción que del Estado se tiene entre sus más encumbrados representantes. Seguramente aún no se ha comprendido que el Estado es una unidad política organizada al servicio de todos sus miembros. Que su existencia está fundamentada en la doctrina de la unidad nacional y ello implica el respeto al derecho ajeno, como base para la construcción de una sociedad en paz como lo dijera Benito Juárez, el primer presidente constitucional mexicano. Pareciera que nuestros gobernantes y funcionarios del Estado estuviesen viviendo las épocas de la monarquía autoritaria donde el absolutismo se impusiera por la fuerza. Como si no supieran que desde Montesquieu y Locke vivimos en un Estado de derecho en el que el ciudadano común corriente es el eje de toda la acción estatal.

¿Será de esta manera como el Estado colombiano debe seguir prestando sus servicios a sus indefensos ciudadanos quienes además de pagar sus impuestos tienen que soportar la ineficiencia y el maltrato de la estructura institucional nacional? ¿Será que el Estado está por encima y peor, contra sus propios ciudadanos de quienes sostiene todo su andamiaje burocrático? Por supuesto que estas prácticas son una muestra del anti-marketing que se concibe y se práctica en las más altas esferas del Estado. Son un claro reflejo de la arrogancia y la soberbia que suele apoderarse de todas las organizaciones públicas o privadas que ejerzan funciones monopólicas.

¿Hasta cuándo soportaremos esta situación que se traduce en una inexcusable violencia simbólica que tanto daño nos está haciendo?

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