Mercadeando

Publicado el Dagoberto Páramo Morales

El ciudadano-elector, un consumidor indefenso

Ante tanto caos que se vive en el país por la inoperancia y bandazos reales del gobierno colombiano en las decisiones que no están beneficiando a la mayor parte de la población, la frustración más grande proviene, sin duda, de la desesperanza que se vive en la ciudadanía por la impotencia que cunde por doquier frente a lo que a diario sucede. La indefensión en que se encuentran vastas capas de la población por sus anhelos puestos en un sistema y en un gobierno que en nada les responde, es una muestra más del desbalance que existe a favor de la burocracia y los partidos políticos y desde el cual pareciera que no existe solución posible. Este estado de desánimo nacional se origina en las nulas posibilidades que se tienen de frenar la cadena de desasosiegos que desde el poder se producen con diferentes argumentos y de distintas formas.

Este desconsuelo colectivo tiene hondas raíces no fácilmente admisibles por quienes han ostentado el poder en el país por siglos, Las irrisorias oportunidades que ha tenido la mayoría de enrumbar los destinos de la nación y de participar en su construcción son más que evidentes a lo largo de nuestra propia historia. Aunque existen múltiples causas, todas ellas se conectan con los inmensos niveles de desigualdad e inequidad social imperantes, no obstante los ríos de promesas que cada gobierno ha hecho buscando el apoyo de la gente a fin de profundizar su férrea defensa de sus propios intereses y los de los partidos políticos que representan.

Ante esta insultante ignominia a la que parece nos hemos acostumbrado, lo más desesperante viene del hecho irrefutable de no disponer de las herramientas institucionales -reales- para que una ciudadanía inconforme con los gobiernos elegidos, puedan actuar en reclamo del incumplimiento de las promesas elaboradas y propaladas ampliamente en campaña. A diferencia de los consumidores de bienes y servicios para quienes no solo existe legislación que protege sus sagrados derechos, el ciudadano común y corriente no dispone, en términos efectivos, de ningún mecanismo a través del cual ejerza el poder que se supone radica en su soberanía como expresión de una democracia legítima, viva y pujante.

Ninguno de los siete derechos –a la información, a la educación, a elegir, a la seguridad y la calidad, a no ser discriminado, a la compensación, a la protección– que tienen los consumidores de bienes y servicios es defendido y propalado por la legislación nacional a pesar de que en los discursos se afirme lo contrario con hartera distracción. Existe todo tipo de vericuetos jurídicos y excusas institucionales para que los ciudadanos puedan reclamarle a sus representante lo que tienen derecho legal y moralmente. Tristemente, se ha “normalizado”, como práctica politiquera, una vergonzante forma de hacer política: prometer “esta vida y la otra” con tal de convencer a los electores de ser la mejor opción para transformarse, de forma radical, en el momento de llegar al cargo de representación popular y ejercer el poder.

Y ello se repite sin cesar porque -más allá del funcionamiento del sistema político imperante- el órgano institucionalmente encargado de velar por los derechos de los electores -el Consejo Nacional Electoral- es un nido de politiqueros elegidos por los mismos partidos y movimientos políticos que participan en la tajada burocrática. La historia de esta institución electoral es implacable. Hay que ver las trabas que se inventan cuando un grupo de ciudadanos decide -cumpliendo todos los requisitos de ley- tramitar una revocatoria del mandato de alguien elegido por voto popular. Sus execrables tramoyas legales no tienen nombre. No hay poder humano que haga que este grupo de “magistrados”, cumpla la ley. Y, lo peor, cuando los ciudadanos lo logran, los requisitos son tan enmarañados que es notable lo que hay en el trasfondo: la participación popular es una burla.

Y para completar este cuadro que parece surrealista, cuando la democracia agarra vuelo y los ciudadanos tratan de expresarse recurriendo al derecho a la protesta, entonces la represión asoma su peor y más perverso rostro.

Duele todo esto. En Colombia, el ciudadano solo cuenta como potencial consumidor electoral cuando participa en los comicios, siendo cínicamente despreciado cuando como consumidor reclama lo que se le ha prometido en el producto electoral que adquirió.

¿Hasta cuándo?

 

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