Entre la vida y la muerte. La emergencia sanitaria a raíz del Covid-19 ha supuesto uno de los mayores retos para asegurar el financiamiento de las organizaciones sociales.
- Por: Gerardo Arias Remolina / IG: @gerardo_ariasre
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Las áreas rurales del país suelen enfrentar los mayores embates de la violencia, el abandono estatal y la escasez de recursos. Sin embargo, no han sido pocas las zonas del país en donde los mismos campesinos se organizan para hacerle frente a estas condiciones adversas. Este es el caso de un grupo de campesinos del sur de Santander, los cuales fundaron la Asociación de Organizaciones Campesinas y Populares de Colombia (El Común). Esta ha servido como un elemento articulador de campesinos para promover el desarrollo económico y para desincentivar el uso de la violencia como una forma de subsistencia. Ahora bien, la pandemia del Covid-19 les ha representado el mayor reto que han tenido desde su fundación. El financiamiento del que antes gozaban ha menguado y el contacto con los campesinos asociados ha perdido fuerza dadas las dificultades que desde antes de la pandemia limitaban la conexión a Internet o el acceso a electricidad para muchos de ellos.
El Común y otras organizaciones de su tipo adolecen de una alta dependencia a los organismos de cooperación internacional en cuanto al financiamiento de sus programas y proyectos. En ese sentido, estas organizaciones han retrasado o incluso cancelado las convocatorias con las cuales podían concursar para hacerse con recursos. Además, otra preocupación de estas organizaciones radica en las localidades en donde tienen incidencia. “Los municipios en donde trabajamos no están para nada preparados, carecen de infraestructura básica, puestos de salud dotados y en muchas veredas no cuentan ni con electricidad en pleno 2020. El Gobierno decide todo desde Bogotá y centraliza las políticas contra el virus. Los municipios pequeños no son consultados” afirma Edward Quintero, coordinador de comunicaciones de la organización El Común.
En el país, además de la amenaza violenta que intimida el actuar de estas organizaciones sociales, también se tiene un enorme reto para asegurar que estas sobrevivan a la caída en sus fuentes de financiación. Otras organizaciones sociales se financian a partir de proyectos que involucran el ecoturismo, la venta de productos alimenticios e inclusive la provisión de servicios que dependen de la circulación de turistas y foráneos en estas regiones. Sin embargo, la prohibición de la entrada y salida de personas del país en circunstancias no especiales y la pérdida de confianza del consumidor han redundado en un menguamiento importante en el acceso a esta fuente de recursos.
Ante el panorama preocupante que se avizora para las organizaciones sociales, oenegés como Cáritas Internacional han liderado la firma del documento titulado – Declaración de las organizaciones sociales en torno a la situación actual y sus evidentes consecuencias –. Con ello pretende dar a conocer las consecuencias que el manejo de la crisis del Covid-19 podría conllevar dentro de las organizaciones sociales. Así, plantean un conjunto de exigencias al Gobierno Nacional para que de esta forma las organizaciones sociales no pongan en peligro su existencia y en especial, se les incluya dentro de las políticas surgidas a raíz de la emergencia. Toda vez que sus ingresos han caído a la par con el cierre económico.
Por el lado del Gobierno la situación no es menos complicada. Los recientes programas lanzados para atenuar las consecuencias económicas del virus han supuesto un costo fiscal sin precedentes. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, ha afirmado que el costo de la pandemia escala a los 330 billones de pesos y se han tenido que desembolsar recursos para programas como ingreso solidario ($4,1 billones), devolución del IVA, pago parcial de nóminas ($3,3 billones), entre otros. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los nuevos requerimientos en materia de gasto podrían llevar al déficit fiscal a 8.2% del PIB terminado el 2020.
Otro punto adicional que complica la respuesta oficial a la emergencia de las organizaciones sociales es que se requiere de la caracterización de las organizaciones sociales para poder diseñar programas de financiamiento que se ajusten al sector. Este es un trabajo que podría tomar años en terminarse, y sin el cual, cualquier desembolso podría ser ineficiente al carecer de focalización.
¿Qué sigue?
A pesar de las dificultades, las organizaciones sociales en el país han seguido manteniendo sus puentes con las comunidades para las cuales trabajan. En el caso de El Común, las comunidades de los más de 20 municipios del sur de Santander en donde tienen operación siguen vinculadas a sus diferentes proyectos. Este el caso del proyecto de biodigestores, el cual le permite a más de 500 familias campesinas hacer un mejor aprovechamiento del excremento del cerdo para poder extraer de allí el gas con el cual pueden encadenar otros procesos productivos. Adicionalmente, El Común mantiene un proyecto de huertas familiares y de acueducto comunitario que asegura agua potable a pobladores de Villanueva y Barichara.
En El Común se han tenido que repensar las formas como se reúnen con la comunidad, ya no es posible la tan habitual reunión presencial que los conectaba con la actualidad de los proyectos. Ahora, los computadores y los ‘celulares flecha’ han servido para coordinar a las familias campesinas para que mantengan el seguimiento a sus unidades productivas.
En este momento más que nunca, los lazos comunitarios resultan esenciales para posibilitar el sostenimiento de los más vulnerables de la sociedad, y es allí en donde el papel de las organizaciones sociales es fundamental. El Gobierno debe asegurar estrategias de financiamiento que proteja el tejido social que las organizaciones ya han construido y que la pandemia amenaza con destruir. Es esencial la caracterización de estas para diseñar programas que les permitan mantenerse funcionando y de esta forma, que sigan impactando positivamente en sus comunidades.