Por: Juan Felipe Rubio
En vísperas de terminar el pregrado o simplemente el semestre se escucha que “ya estamos cansados” y que “cómo hicieron los papás para llegar a pensionarse”. En general se ha vuelto muy común entre nosotros los jóvenes decir que nos queremos jubilar. Pero también se dice que nos olvidemos de la pensión, que eso ya es cuento viejo y nadie de esta generación lo va a lograr. La realidad para nosotros (personas entre los 20 y los 30 años) es incierta, pues se cumplen veinte años de la creación del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y los problemas por los que fue creado se mantienen a la orden del día: bajos niveles de cobertura, insostenibilidad financiera e inequidad en el Sistema General de Pensiones (SGP).
Para comenzar, es preocupante que sólo el 35% (7,7 millones) de los 22 millones de colombianos de la Población Económicamente Activa cotizan o ahorran activamente en el SGP. Uno de los propósitos de la Ley 100 de 1993 era aumentar el número de afiliados del sistema pensional, que por esos días no superaba el 20% de la población. Aun cuando se ha logrado incrementar el número de personas que aportan al SGP, los niveles aún son muy preocupantes y no se ha conseguido combatir uno de los problemas más importantes del mercado laboral: la informalidad.
Como segundo gran problema se encuentran las tendencias demográficas que afectan directamente la estructura del sistema. Desde antes de la década de los noventa en Colombia aumenta la expectativa de vida y disminuye la tasa de natalidad, es decir, las personas con derecho a pensión (en términos de la edad) aumentan y los que aportan disminuyen. Si se tiene como panorama que de los 7,7 millones de personas que cotizan en el SGP únicamente 2 millones se van a pensionar, se puede decir que el sistema no logra asegurar una pensión mínima ni a la mitad de personas que ahorran para la vejez.
Por último, y no por esto menos importante, el régimen de pensiones es inequitativo. Por un lado, debido a las transferencias monetarias de pobres a ricos y, por el otro, por el impacto debido al nivel educativo. En primer lugar, un sinnúmero de publicaciones académicas han demostrado que el sistema estimula una devolución de saldos inferior a lo aportado en el caso de las personas con menos recursos. Lo anterior, implica que las personas pobres no sean tan “fieles” con el sistema y esto conduce a que las más fieles, es decir las personas que cotizan con 100% de regularidad (los más ricos) sean los que gocen de los subsidios. Por otro lado, también se ha demostrado que las personas con nivel educativo más bajo se pensionan menos. Las investigaciones académicas e institucionales sugieren que entre más pobre sea la persona existe mayor probabilidad de no pensionarse. Esto resulta alarmante si se tiene en cuenta que la prioridad del sistema debe ser atender las necesidades de los menos favorecidos.
El panorama es oscuro y el problema es que no se le ha dado atención especial al SGP en los últimos años y este necesita una reforma urgente, pues, por obvias razones, ni el Gobierno Nacional ni los usuarios están conformes con el modelo actual. Hay que precisar que el gobierno ha desarrollado iniciativas como la depuración del Instituto de Seguros Sociales y la creación de Colpensiones, por un lado, y la creación de los Beneficios Económicos Periódicos, por el otro. Sin embargo, la posibilidad de una reforma pensional se aleja si esta entra a competir, en términos de agenda en el Congreso, con el proceso de paz y la reforma tributaria. La invitación es a poner sobre la mesa la reconfiguración del SGP en virtud del aumento de la cobertura y la equidad. Si no, las predicciones de pasillo, las que auguran probabilidad nula de pensionarse si se tiene entre 20 y 30 años, se cumplirán.