Por María Paula Silva y Samuel González
“Una sociedad que se precie de ser equitativa, debe ser aquella que garantice a todos sus ciudadanos las oportunidades necesarias para que el esfuerzo y el trabajo duro se traduzcan en éxito económico y personal, sin importar si nacieron en un hogar adinerado o no.”
Para nadie es un secreto que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, con un Índice de Gini superior a 0.54. Para darles una idea, ese resultado indica que el 20% más rico de la población posee más del 55% del ingreso, mientras que el 20%más pobre, tiene menos del 3% del PIB. A pesar de los célebres índices que declaran el país como el más feliz, es prudente enfocarse en aquello que no funciona; por lo anterior, la reducción de la desigualdad debe ser una de las prioridades de cualquier política pública.
La riqueza no es el único escenario en el cual hay desigualdad entre los colombianos. De hecho, también es crítica la desigualdad en el acceso a la educación, a las instituciones estatales o a la prestación de servicios públicos, por nombrar solo algunos casos. Una sociedad que se precie de ser equitativa, debe ser aquella que garantice a todos sus ciudadanos las oportunidades necesarias para que el esfuerzo y el trabajo duro se traduzcan en éxito económico y personal, sin importar si nacieron en un hogar adinerado o no. Bajo esta idea, la desigualdad de ingresos debería ser un solo “resultado” que refleje el esfuerzo de unos y la pereza de otros. Desafortunadamente, en Colombia hay tanto desigualdad de ingresos como desigualdad de oportunidades. Para ilustrar un poco mejor a lo que nos referimos:
Hay igualdad de oportunidades cuando los resultados que consigue una persona a lo largo de su vida, en sus varias dimensiones, reflejan en su mayor parte su esfuerzo y su talento, y no circunstancias predeterminadas como su género, raza, lugar de nacimiento, orígenes de familia o el grupo social al que la persona pertenece al nacer, todas ellas condiciones sobre las que un individuo no tiene ninguna influencia.[1]
Estas variables, tomadas como dadas porque el individuo no las decide, “afectan su dotación inicial de activos y su acceso a servicios públicos e infraestructura”. Meléndez y Ferreira (2012) encontraron que una de las variables que mayor influencia tiene en los resultados de los individuos es el nivel de escolaridad de sus padres; a su vez, están en desventaja las personas que nacen en municipios pequeños[1]. Al tener en cuenta que Colombia es un país con una gran proporción de zonas rurales, y que éstas se han caracterizado por la ausencia de instituciones que garanticen el acceso a la educación de calidad, es manifiesto que la desigualdad tiende a perpetuarse, y que un individuo, así no lo haya decidido, tiene unas sendas de consumo y bienestar predestinadas.
Luego, ¿qué podría hacer el Estado para romper esas trampas de pobreza que no permiten un progreso estructural de los grupos con altos niveles de precariedad? Podría implementar una política pública que trate de disminuir principalmente tales variables mencionadas: acceso a la educación y atención a los pequeños municipios. De allí que, a pesar de las críticas debidas a su pronta implementación e incluso improvisación en ciertos aspectos, sea válido rescatar el programa de becas Ser Pilo Paga.
Hace unos días nos dimos a la tarea de buscar a algunos de los beneficiarios de este programa y entrevistamos a 3 de ellos: David Bautista, Daniel Bustamante y Deiver Pérez.
Los tres son estudiantes de primer semestre de ingeniería de sistemas, ciencia política e ingeniería electrónica, de la Universidad de los Andes; David es bogotano y vive con su familia, mientras Deiver y Daniel son de Choachi (Cundinamarca) y Armenia (Quindio), respectivamente, por lo que viven en habitaciones alquiladas. Ellos no comparten carrera, ciudad de origen o forma de ser, pero tiene en común algo más valioso que todo aquello que se pueda comparar: tienen una mirada llena de ilusiones, que apunta hacia el horizonte en donde reposan sus sueños.
El programa de Ser Pilo Paga los tomó por sorpresa. Cuando presentaron el examen Saber 11, no se habían anunciado las 10 mil becas. Nuestros tres entrevistados nacieron en hogares con necesidades económicas, lo que implicaba que sus opciones de continuar estudiando se limitaban a ingresar a una universidad pública, solicitar un crédito o lograr una de las pocas becas que algunas universidades privadas ofrecen. En el caso de Daniel, existía un obstáculo adicional, pues hay pocas universidades en Armenia y solo una tiene acreditación de calidad. Ni hablar de las nulas opciones de educación superior en municipios pequeños como Choachi, de donde los jóvenes tienen que emigrar hacia las grandes ciudades, pues de otra forma estarían condenados a no continuar con su formación académica.
Cuando se enteraron que cumplían los requisitos para ser beneficiaros del programa, los jóvenes enfrentaron otras dificultades. ¿Qué universidad escoger?, ¿cumpliría el Gobierno con su promesa?, ¿se podrían adaptar a la vida universitaria?, ¿serían discriminados por ser becados?, ¿tendrían el dinero suficiente para financiar sus gastos diarios? No solo ellos tenían miedos y preguntas, pues sus familiares y profesores tenían prejuicios, especialmente sobre la Universidad de los Andes; incluso algunos de los maestros afirmaron que era una mala decisión entrar a la que es considerada la mejor universidad de Colombia.
Han sido meses de cambios drásticos para la vida de estos tres jóvenes. Deiver sueña con terminar su carrera y crear una empresa de tecnología con la cual pueda dar empleo a muchas personas. David es un “gamer” y le gustaría ser desarrollador de videojuegos y trabajar en las mejores empresas del mundo dedicadas a ello. Daniel es un poco más idealista; quiere pertenecer a la clase política y hacer de este un mejor país. Son grandes metas, pero ellos tienen las capacidades intelectuales y personales para alcanzarlas.
Así como ellos, son 10 mil jóvenes más que ven el programa de Ser Pilo Paga como un “trampolín” hacia un mejor futuro. Son 10 mil trampas de pobreza que se empiezan a romper y que no solo los beneficia a ellos, sino que tendrá impactos futuros sobre el bienestar de sus familias. Por supuesto, surgen muchos interrogantes al programa -incluso algunos fuera del alcance de este artículo- por ejemplo, ¿qué pasará con los cientos de miles de jóvenes que se graduaron el año pasado de secundaria y no tienen cómo costear sus estudios superiores? Lo mismo que viene pasando desde hace años: entrarán a universidades de calidad regular y sus oportunidades no serán las mismas que las de aquellos jóvenes que se gradúen de buenas instituciones.
El Estado hizo una apuesta a favor de la educación; si valió la pena o no, solo lo podremos conocer en unos cuantos años. Sin embargo, no se puede desconocer que es un primer paso necesario en aras de reducir uno de los ámbitos que en mayor medida ataca la desigualdad del país: las oportunidades. También es un primer paso para hacer efectivo el “Estado Social de Derecho” consagrado en la Constitución; el cual, no se garantiza únicamente con índices optimistas que posicionan a Colombia como el país más feliz del mundo.
Agradecemos a David Bautista, Daniel Bustamante y Deiver Pérez por su grata compañía y disposición, la cual inspiró la realización de este artículo.
Facebook: El Mal Economista
[1] Ferreira, F. y Meléndez, M. (2012). Desigualdad de Resultados y Oportunidades en Colombia: 1997-2010. (40), Recuperado desde: https://economia.uniandes.edu.co/components/com_booklibrary/ebooks/dcede2012-40.pdf