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¿Por qué es tan alto el salario de los congresistas colombianos?

Por: Santiago Silva Jaramillo

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Al menos una vez cada dos años nos espera el escándalo momentáneo, la esporádica indignación nacional cuando el Gobierno Nacional ajusta el salario de los honorables congresistas de la República. El más reciente incremento se dio el pasado mes de septiembre cuando, por medio del Decreto 1739, los “padres de la patria” recibieron un aumento del 4,66% de sus salarios. El porcentaje es mayor al que recibieron el resto de colombianos por el ajuste al salario mínimo de los años anteriores, además de ser casi el doble del que recibieron los mismos congresistas el año pasado (y que también generó polémica), y llevó su ingreso mensual a unos veinte y seis millones de pesos.

El aumento significó que los congresistas colombianos devengan un salario mensual constituido por unos cuarenta salarios mínimos mensuales vigentes, una diferencia no solo sustancial por sí misma –supone que un colombiano de a pie tiene que trabajar cuatro años para ganarse lo que se gana un Senador o Representante a la Cámara en un mes- sino porque ratifica la desigualdad económico y política del sistema colombiano.

Ahora bien, aunque la diferencia entre el salario de un congresista colombiano y el salario mínimo legal vigente no es la más amplia de América Latina, sí es una de las mayores. En Chile, por ejemplo, un parlamentario se ganaba en 2012 al menos el equivalente a ochenta veces el salario mínimo de su país; en Brasil la diferencia era de cuarenta y nueve veces; en la poco alentadora lista de países suramericanos sigue Colombia, en donde por entonces un congresista se ganaba treinta y ocho veces el salario mínimo. Los últimos lugares pertenecen a Venezuela, Paraguay y Ecuador.

En Ecuador el salario de un parlamentario en 2013 era unas veinte veces el salario mínimo del país. Pero lejos de nuestros vecinos la diferencia se reduce aún más; en Estados Unidos un congresista se gana el equivalente a unas diez veces el salario mínimo federal (aunque la diferencia varíe ligeramente según el salario mínimo estatal), y en Reino Unido un parlamentario se gana apenas cinco veces el salario mínimo legal.

Una particularidad en el caso colombiano es la potestad constitucional del ejecutivo de nuestro país para realizar estos ajustes sin tener que dar muchas explicaciones. Al final, se puede constituir en una herramienta de “gobernabilidad” para el presidente de la República. Similar a los cupos indicativos y la contratación en las regiones –aunque de menor cuantía y mejor protegida en términos legales-, los ajustes salariales le permiten al ejecutivo colombiano influenciar en las decisiones y posiciones de los congresistas del país, o en un comportamiento más pasivo, responder a exigencias de los mismos congresistas.

Los ajustes dan cuenta de un sistema que es a la vez práctico en términos de gobernanza clientelista, pero que también se ha nutrido de una cultura política donde este tipo de transacciones acompañan el día a día del gobierno. Es herramienta de gobernabilidad y al tiempo síntoma de las endémicas disposiciones corruptas del sistema político colombiano.

Por otro lado, también puede ser efecto visible de la desigualdad económica y política del país. De hecho, algunos de los países con diferencias más marcadas en la relación “salario de parlamentario – salario mínimo” tienden a ser bastante desiguales en general. Los tres países que puntean la lista en Suramérica (Chile, Brasil y Colombia) también tienen los puntajes más altos de la región en el índice GINI, de acuerdo al Banco Mundial. La diferencia podría ser entonces el producto de una sociedad desigual, solo otro espacio de expresión de este problema social.

En el caso colombiano ambos argumentos, el del clientelismo y el de la desigualdad, podrían explicar el fenómeno e incluso dar cuenta de las expresiones poco efectivas de indignación colectiva. Porque a pesar del despliegue mediático durante los días inmediatos al aumento en septiembre e incluso la promesa de varios parlamentarios de no aceptar el aumento o donarlo, las semanas siguientes y las noticias presentes echaron tierra sobre el asunto.

Así como con la corrupción y la desigualdad –donde parece que se aloja este problema- la opinión pública resulta tan distraída en encontrar soluciones y presionar por reformas como siempre.

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