Por: Juan Felipe Rubio Arrubla
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Colombia está en la lista de los países con mayor concentración de la tierra en el mundo. Según el Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia,[1] el índice Gini de tierras[2] del país se encuentra por encima del promedio mundial y regional. El país aparece entre las naciones con la concentración de la tierra más alta (0,86), solamente superada en el continente por Paraguay (0,93) y Brasil (0,87). La solución del problema agrario es fundamental para alcanzar la paz, si se tiene en cuenta que fue uno de los motivos principales para el desarrollo del conflicto armado colombiano, al lado de la inequitativa distribución del poder político.
Lo preocupante es que el Estado colombiano nunca ha logrado atacar el problema de raíz y ha convertido la adjudicación de terrenos baldíos en la única herramienta para lograr una redistribución de la tierra[3]. El empeoramiento de la situación y el paso de los años han demostrado que la adjudicación de baldíos ha sido un fracaso en cuanto a mejorar la democratización de la tierra. Es alarmante que el gobierno de Juan Manuel Santos quiera continuar apoyando este tipo de políticas que han significado un total fracaso para el campo colombiano. La muestra de esto es que el pasado 29 de enero el presidente sancionó la Ley 1776 de 2016, por medio de la cual se crean y desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES).
Si bien el propósito de las ZIDRES no es la redistribución de la tierra, sino el desarrollo del sector agropecuario, no se puede engañar a la sociedad mostrando esta iniciativa como, “la ley más audaz de nuestra historia para garantizar el desarrollo del campo”, según el presidente Santos. No se puede hablar de desarrollo si no hay formalización de la propiedad rural, restitución de tierras ni democratización en la propiedad de las mismas. En consecuencia de esto, si no hay desarrollo en el campo y no hay garantías para los campesinos que han sido desplazados, despojados o abandonados por culpa del conflicto armado y de la desidia del Estado colombiano, tampoco es posible hablar de paz con justicia social. En el país la tierra tiene una dimensión política y económica que no se puede desconocer y que es fundamental para desarrollar el posconflicto.
Tierra y votos
La historia política del país ha demostrado que muchos políticos representan los intereses de los grandes tenedores de tierra. Existen casos emblemáticos como Agro Ingreso Seguro que muestran cómo se utilizaron recursos del Estado en distritos de riego y subsidios a grandes terratenientes que no cumplían con el perfil de pequeños campesinos. Lo anterior, a cambio de apoyo electoral en campañas presidenciales y de autoridades locales.
Estudios académicos[4] han mostrado la relación entre la concentración de la tierra y la concentración de los votos en el país. Municipios como Jardín (Antioquia), Gámeza (Boyacá), Trinidad (Casanare), Fómeque (Cundinamarca) y Encino (Santander) son muestra de cómo las estructuras agrarias latifundistas han influido en la distribución del poder político, y viceversa. Esta relación no es igual en todos los casos, no obstante, permite ver un patrón similar en la mayoría de los municipios: los grandes propietarios tienen acceso privilegiado a la burocracia estatal que se encarga de definir los derechos de propiedad de la tierra y sus usos productivos, a través del INCODER o del Ministerio de Agricultura. Un ejemplo de esto son los subsidios mal direccionados y la indebida titulación de baldíos.
ZIDRES: vía libre para continuar con el fracaso
Teniendo en cuenta que en Colombia ya existen precedentes de indebidas adjudicaciones de terrenos baldíos (por ejemplo en la altillanura o en el departamento de Córdoba), al igual que compras de tierras que van en contravía del artículo 39 de la Ley 160 de 1994[5], es absurdo pensar que darle vía libre a la titulación de terrenos nacionales sea una solución para el desarrollo del campo colombiano. A pesar de que hubo una fuerte oposición a esta Ley, y de que ya existen demandas y tutelas en su contra, el gobierno nacional insiste en seguir con el fracaso de la adjudicación.
En otras condiciones, la adjudicación podría ser un paso posterior en el camino a la democratización de la tierra en el país. Sin embargo, no existen garantías ni necesidades básicas que permitan implementar este tipo de iniciativas. Un claro ejemplo de esto, también impulsado por el gobierno nacional, es el proyecto de formalización de la propiedad rural, realizado por el Ministerio de Agricultura, operado en departamentos como Antioquia, Boyacá y Cauca. Según el Ministerio, “48% de los 3.718.000 predios rurales inscritos en el Catastro Nacional no tienen títulos registrados” ¿Cómo es posible que el gobierno no considere una prioridad formalizar la mitad de la propiedad rural que en estos momentos no lo está? ¿Cómo es posible que esta no sea una de las banderas del desarrollo del campo? El mismo Ministerio de Agricultura reconoce que “la informalidad en la tenencia de predios rurales, entendida como la ausencia de títulos de dominio válidamente registrados, presente en su mayor parte en predios de particulares y algunas zonas en terrenos baldíos de la Nación, es uno de los obstáculos para acceder a la propiedad de la tierra”.
Sin propiedad de la tierra no es posible desarrollar con éxito la producción agropecuaria ni adjudicar debidamente la inversión pública rural. Sumado a esto, existen otras necesidades fundamentales como la restitución de tierras y el aseguramiento y la garantía del retorno a los más de 6 millones de personas desplazadas. Es evidente que el problema agrario, como uno de los cinco puntos de la agenda de conversaciones en La Habana, es de vital importancia para alcanzar la paz. El fin de la violencia (aparente) es el principio pero no es el final del conflicto. Existen mecanismos no coercitivos que han afectado el campo colombiano por décadas y que no permiten que este mismo se desarrolle.
Es momento de que el Estado, en particular el gobierno de Juan Manuel Santos, ponga en cintura a los grandes tenedores de tierra y se comprometa de verdad con los campesinos. Se tiene que cumplir la acertada frase de Darío Fajardo hace más de una década: para sembrar la paz, hay que aflojar la tierra.
Referencias
[1] Instituto Geográfico Agustín Codazzi . Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 2012.
[2] Índice que mide hasta qué punto una distribución entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa, siendo 1 distribución completamente desigual y 0 distribución perfectamente igualitaria (Banco Mundial, 2015).
[3] Palacios, Marco. ¿De quién es la tierra? : propiedad, politización y protesta campesina en la década de 1930. Bogotá: Universidad de los Andes; Fondo de Cultura Económica, 2011.
[4] Velasco, Juan y Juan Felipe Rubio. Poder terrateniente y límites a la democracia: un estudio exploratorio en municipios colombianos, 2002-2014. En Misión de Observación Electoral. Mapas de riesgo electoral, elecciones 2015. https://drive.google.com/a/moe.org.co/file/d/0B6MOmzEA7ruKZXlrZUhoc3p3X0U/view?pli=1
[5] Artículo 39 de la Ley 160 de 1994: “Hasta cuando se cumpla un plazo de quince (15) años, contados desde la primera adjudicación que se hizo sobre la respectiva parcela, no podrán transferir el derecho de dominio, su posesión o tenencia sino a campesinos de escasos recursos sin tierra, o minifundistas. En este caso el adjudicatario deberá solicitar autorización expresa del INCORA para enajenar, gravar o arrendar la Unidad Agrícola Familiar” (Congreso de la República de Colombia 1994)