Hoy 30 de abril dedico mi espacio en EME para honrar la memoria de dos valientes servidores públicos colombianos, a quienes con violencia les arrebataron sus vidas por haberse involucrado a viva fuerza en la lucha contra el narcotráfico.
Imagen tomada de El Espectador. Disponible en: http://goo.gl/hNE04G
Por: Pedro O. Hernández Santamaría
Twitter: @peter_ohs
Facebook: El Mal Economista
Twitter: @MalEconomista
Instagram: @MalEconomista
Nuestro país ha tenido que sufrir el dolor, los sacrificios y las víctimas del problema mundial de las drogas. Hoy, 30 de abril, dedico mi espacio en EME para honrar la memoria de dos valientes servidores públicos colombianos, a quienes con violencia, les arrebataron sus vidas al haberse involucrado a destajo en la lucha contra el narcotráfico.
Se trata de Rodrigo Lara Bonilla y de Enrique Low Murtra, asesinados un 30 de abril de 1984 y de 1991, respectivamente, cuando el narco-terrorismo mantenía intimidada a la sociedad, los grupos paramilitares empezaban a mostrar su barbarie y la guerrilla perfeccionaba su máquina de guerra en nuestro país.[1]
Rodrigo Lara Bonilla era abogado y ejercía el cargo de Ministro de Justicia en la administración de Belisario Betancur (1982-1986) cuando fue asesinado por unos sicarios de Pablo Escobar en el norte de Bogotá, a pesar de tener un cuerpo de escoltas a cargo de su seguridad, como venganza por su lucha contra el denominado Cartel de Medellín.
Enrique Low Murtra era economista, abogado y académico. Fue Ministro de Justicia durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990). Su asesinato se dio al frente de la Universidad de La Salle, en el centro de Bogotá, donde ejercía como decano de la Facultad de Economía. “Murió inerme y desprotegido, pese a que había enfrentado a los más violentos”[2]. Esto sucedía en la misma época en la que en Colombia se llevaban a cabo las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente que darían origen a nuestra actual Constitución Política de 1991 que, por cierto, cumple 25 años de su promulgación en julio de este año.
A estos dos hombres los mató su compromiso ciudadano y público por la gestión efectiva del Estado contra las fuerzas corruptas y violentas del narcotráfico. Lara se enfrentó directamente con Pablo Escobar, líder del Cartel de Medellín, cuestionando su posición como suplente en el Congreso por el Movimiento Alternativa Liberal y demostrando su vínculo con el negocio de las drogas y la infiltración de estos dineros en otros sectores de la economía. Por su parte, Low Murtra denunció al capo Gonzalo Rodríguez Gacha de estar detrás del magnicidio de Jaime Pardo Leal (1987).
Tanto Lara como Low Murtra defendieron la extradición de colombianos a los Estados Unidos por la comisión del delito de narcotráfico. Fue este el caballo de batalla que los hizo más vulnerables. El interés de los capos de la droga en Colombia fue evitar a toda costa que esta medida se aprobara por el Congreso colombiano. Asimismo, no puede olvidarse que fue Low Murtra quien el 5 de enero de 1988 firmó las órdenes de detención con fines de extradición de los capos Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vásquez.[3]
Después de tantos años del impune[4] magnicidio de estos dos hombres consagrados, quiero honrar su memoria como ejemplos de liderazgo público. A pesar del trágico final de sus vidas, el ejercicio dedicado de su función pública es motivo de inspiración. Es un llamado a un mayor compromiso y esfuerzo de quienes tienen el privilegio de ejercer como servidores públicos en las instituciones de nuestro país. La invitación a “que más de nuestros mejores profesionales se dediquen a lo público, decidan comprometerse con el desarrollo de sus [comunidades] y quieran servirlas, precisamente, desde las instituciones públicas”[5].
Si de verdad queremos honrar a los héroes caídos de la historia de nuestro país, en su búsqueda de paz, transparencia y equidad, seamos conscientes de la frase de Low Murtra: ¡que nos tiemble la voz, pero nunca nuestra moral!