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Las FARC: un empleador difícil de reemplazar

Por: Felipe Pineda  

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Pese a que el grupo guerrillero no es lo que fue en la década de los 90s, cuando hacía presencia en más del 80% de los municipios del país y manejaba un presupuesto de USD$3 mil millones [1]; lo cierto es que las FARC continúan siendo un actor importante en muchas regiones del país, no solo por su actividad armada, sino por los vínculos económicos que ha desarrollado en estas regiones y que las convierten en una empresa difícil de reemplazar.

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Desde la publicación del acuerdo final para la terminación del conflicto, el pasado 24 de agosto, son muchos los colombianos que se apresuraron a descargar las famosas 297 páginas e iniciar la lectura del documento que más que ayudar a definir una postura en el plebiscito, permitirá en la mayoría de los casos, reafirmar la postura adoptada previamente.

Pues bien, luego de la tediosa lectura y más allá del temor por la llegada del castrochavismo y la abolición de la propiedad privada en Colombia, mis temores se centran en la capacidad financiera del Estado para asumir los compromisos suscritos y sobre los cuales se articula la consolidación del denominado post-conflicto.

Precisamente uno de los pocos apartes del documento donde podemos encontrar una concreción del gasto público requerido, es la denominada “Renta Basica” (Pag. 67) y los gastos en reincorporación económica y social de los excombatientes (Pag. 68 y 69), uno de los puntos más polémicos y que involucra un gasto promedio de 24 millones de pesos por guerrillero en el transcurso de los 24 primeros meses de implementación del acuerdos. Si bien la defensa de la medida por parte del gobierno se centra en señalar que la guerra es mucho más costosa, un argumento que pese a su simpleza es de una lógica aplastante, lo cierto es que la medida entraña una importancia sustancial para la ejecución de los acuerdos y la efectiva desmovilización de los excombatientes.

No hay que olvidar que durante largos años las FARC han sido, en muchas zonas del país, más que un grupo armado, un empresario que mueve la economía local de regiones apartadas como el Catatumbo, los Llanos del Yarí, los Montes de María o el norte del Cauca. Se estima que el presupuesto de las FARC se sitúa entre USD$1,3 mil millones y USD$3 mil millones por año, muy inferior a los reportados en los mejores años de la guerrilla, pero que repercute de forma directa e indirecta en cerca de 50 mil familias colombianas [2]. Solamente entre combatientes y milicianos la guerrilla de las FARC cuenta con cerca de 17 mil hombres, provenientes de las zonas más marginadas del país y en las que el grupo insurgente hizo o hace presencia [3].

Según la fundación de InSight Crime, mantener a 12 hombres semanales le cuesta a las FARC 4 millones de pesos, es decir que un frente de 50 guerrilleros le cuesta semanalmente 17 millones de pesos [4]. Así mismo y según diversas publicaciones que remiten a un informe reservado que realizó la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) del Ministerio de Hacienda en el año 2005, los gastos relacionados con sus combatientes y milicianos correspondían a más de 2,5 mil millones de pesos.

Parte de estas erogaciones corresponden al denominado “Fondo de Solidaridad”, una especie de subsidio económico que las Farc ofrecen a los combatientes que están en prisión y a sus familias. Según el informe, a cada guerrillero preso le entregan mensualmente entre 150 mil y 200 mil pesos, dependiendo de su rango y condiciones de salud. A la familia de cada detenido le entregan lo que denominan «auxilio», el cual oscila entre los 30 mil y 50 mil pesos [5]

Sumado a estas contribuciones directas que la organización guerrillera  hace a sus combatientes y familiares, las FARC cuentan con estructuras empresariales que actúan dentro del tráfico legal de la economía colombiana, este es el caso de las cooperativas de lanchas y taxis, empresas de envíos y encomiendas, que en algunas zonas del país actúan mediante testaferros al servicio de la insurgencia [5]. Los organismos de seguridad también han detectado que las Farc son dueñas de supermercados, fincas y ganadería, negocios que se mueven en la legalidad, y por los que algunos frentes reciben hasta el 15% de todos sus ingresos según las estimaciones de la Corporación Arco Iris [6].

Más allá de las actividades delictivas que las FARC desarrollan para su financiación como el narcotráfico, el secuestro y la extorción, lo cierto es que la organización guerrillera conserva un entramado económico que trasciende su estructura criminal, y que involucra a cientos de ciudadanos que sin hacer parte de la estructura armada, dependen de los ingresos relacionados directa o indirectamente con la organización insurgente. Este es el caso de los campesinos cultivadores de coca, los “raspachines”, y algunos tenderos, transportistas y demás ciudadanos que  lejos de participar en las actividades propiamente delictivas del grupo guerrillero, han encontrado una alternativa económica en el ecosistema fariano.

Solamente en el Catatumbo se estima que entre agricultores y raspachines haya 10 mil campesinos dedicados al cultivo de coca, a quienes se les paga entre 40 mil y 50 mil pesos por día, de esta forma un raspachín puede ganar unos 700 mil pesos mensuales [7]. Lo que se le debe sumar al dinero que se mueve atreves del alquiler de las tierras, la venta de semillas o plantones de coca y los insumos para su tratamiento.

Muchos recordaran como en el año 2008 se vivió una verdadera crisis económica entre la población del Catatumbo, cuando certeros golpes dados a la estructura financiera de las FARC provocó que el grupo guerrillero acusara una severa iliquidez y demorara los pagos a los campesinos cultivadores de coca, raspachines y demás actores económicos que negociaban con la guerrilla [8].

La situación incluso tomó verdaderos tintes macondianos cuando los propios campesinos y comerciantes de la zona, denunciaron ante las autoridades el incumplimiento de las FARC, mostrando unos bonos de deuda extendidos por la propia organización guerrillera. En dicha oportunidad todo el comercio de la región se vio afectado por la crisis de liquidez que sufrió la guerrilla.

De esta manera y pese a la incertidumbre sobre el presupuesto real que manejan las FARC, lo cierto es que su actividad ha generado relaciones económicas que en algunas zonas del país trascienden la mera delictividad, y han adquirido verdadera relevancia social y  empresarial. Una sub-economía -probablemente incentivada por el narcotráfico-, que constituye un salvavidas para estas regiones sumidas en la extrema pobreza y que el Estado Colombiano deberá asumir una vez las FARC asuman los compromisos adquiridos en el proceso de paz, especialmente en relación con la erradicación de cultivos ilícitos, la delación de empresas de blanqueo y la entrega de bienes destinados a la reparación de víctimas.

Si como afirma la Corporación Arco Iris) [9]  el Estado no asume un papel protagónico en las regiones en las que actualmente hace presencia las FARC, se corre el riesgo de que estas zonas caigan en manos de estructuras criminales como “Los Urabeños” o el “Clan Úsuga” que ya han afectado amplias zonas del país incluyendo ciudades importantes como Medellín, Santa Marta y Montería. Incluso esté último clan, ya controla casi todo el norte del país, amplias zonas de Antioquia y la Costa Atlántica hasta el Catatumbo.

Pese al anuncio hecho por el gobierno nacional en relación con la inversión pública de 14 billones de pesos, que se ejecutaran dentro de los próximos 4 años a través de los denominados Contratos Plan para la Paz, lo cierto es que los presupuestos de este año, que se habían anunciado como los presupuestos del postconflicto, contemplaron un recorte de 1,5 billones del sector agropecuario (cerca de un 33% de recorte presupuestal) al pasar de 4,5 a 3 billones de pesos [10].

Estos recortes contrastaron con el optimismo que habían generado los acuerdos alcanzados en la Habana, entre el gobierno nacional y las FARC, en los que se contemplaron, en materia agraria, una serie de medidas para fomentar el desarrollo de los territorios afectados por el conflicto, -incentivos a las asociaciones campesinas, programas de formalización gratuita de tierras, incentivos a la producción agraria, de los que hasta la fecha se desconoce al compromiso presupuestal del gobierno nacional para su puesta en marcha.

Para algunos expertos y para el propio Departamento Nacional de Planeación [11], solo en materia agropecuaria se requerirá una inversión promedio anual equivalente al 0.6% del PIB durante los próximos veinte años. este cálculo suma 2.9 billones de pesos anuales adicionales en promedio durante el periodo 2016-2020 frente a la base de 2015, y debería aumentar hasta 6.1 billones anuales (pesos de 2015) en el periodo 2031-2035, lo que representaría una inversión promedio anual equivalente al 0.8 % del PIB en 2031-2035 [12].

Este impacto fiscal requerirá un debate amplio en la próxima legislatura, donde además de tramitarse el desarrollo legislativo de las reformas acordadas, se tramitará la tan ansiada reforma tributaria con la que se espera incrementar la recaudación en $16 billones de pesos -pese a la caída de los ingresos petroleros-, esto supondría que cada colombiano pague cerca de $850 mil pesos al año en impuestos [13].

Por lo pronto, los presupuestos para el año 2017 que se tramitan en el Congreso de la Republica, contemplan un recorte del 33,6% en Agricultura, lo que equivale a recibir 1,66 billones de pesos en 2017, casi la misma cifra que en el 2006, luego de haber tenido topes como en 2014 cuando el sector agropecuario recibió 4,32 billones de pesos [14], habrá que esperar las cifras consolidadas pero hasta el momento el panorama no es para nada alentador.

Así que, si ya terminaron de leer los acuerdos de paz, les recomiendo que empiecen a leer el segundo capítulo de los mismos y del que muy pocos hablan, esto es, el proyecto de ley 040 de 2016 (Cámara), por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017. En este documento, es donde el gobierno nacional, deberá garantizar la financiación de la batería de reformas acordadas y darle viabilidad a la tan ansiada paz.

 

Referencias

[1] http://es.insightcrime.org/analisis/las-elusivas-finanzas-de-las-farc-y-sus-implicaciones-para-la-paz

[2]  http://es.insightcrime.org/analisis/las-elusivas-finanzas-de-las-farc-y-sus-implicaciones-para-la-paz

[3] http://www.elespectador.com/noticias/paz/gobierno-calcula-17500-miembros-de-farc-se-desmovilizar-articulo-622360

[4]http://lasillavacia.com/historia/de-lo-que-viven-las-farc-sin-el-secuestro-31683

[5] http://www.elcolombiano.com/historico/con_-36_billones_las_farc_sostienen_sus_estructuras-NGEC_301369

[6] http://lasillavacia.com/historia/de-lo-que-viven-las-farc-sin-el-secuestro-31683

[7] http://www.soho.com.co/testimonio/articulo/cuanto-ganaun-cultivador-de-coca/795

[8] http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Febrero202008/coca.html

[9] http://www.arcoiris.com.co/2016/04/zonas-de-las-farc-que-son-de-alto-riesgo-de-copamiento-por-paramilitares/

[10] http://es.presidencia.gov.co/noticia/160624-Contratos-Plan-para-la-Paz-por-14-billones-beneficiaran-a-un-centenar-de-municipios-golpeados-por-el-conflicto

[11] http://www.larepublica.co/sites/default/files/larepublica/Mision%20Final.pdf

[12] Idem.

[13]http://www.incp.org.co/41-billones-espera-recaudar-el-gobierno-con-la-nueva-reforma-tributaria/

[14] http://www.portafolio.co/economia/presupuesto-del-minagricultura-con-recortes-para-el-2017-499256

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