La economía ambiental dispone de unas herramientas que se denominan ‘metodologías de valoración económica ambiental’, así mismo, en un contexto legal, también existen resoluciones para cuantificar el valor económico de las afectaciones sobre bienes y servicios ambientales, sin embargo la aplicación de dichas resoluciones no se han vuelto más que un requisito de relleno dentro del proceso de la solicitud de una licencia ambiental. Este es solo uno de los grandes yugos que tiene el medio ambiente, ya lo vimos con Hidroituango.

Por: Óscar Andrés Martínez

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La economía ambiental, definida por el economista Barry Field, consiste en la aplicación de los principios económicos al estudio de la gestión de los recursos ambientales. Recursos que en el caso de Colombia son abundantes, ya que según la comunidad científica somos el segundo país mega diverso del mundo. Sin embargo, esta herramienta no sirve para nada en Colombia, ya que los impactos ambientales generados por los casos como la Hidroeléctrica de Ituango y el aumento de la deforestación en la selva del Amazonas, causan severos daños a la economía y al bienestar de las personas, no solo en el sitio donde ocurre el impacto sino en todo el país. Sus efectos sobre los bienes y servicios ambientales no se evidenciarán en los siguientes meses: estos se van a mantener por varios años e incluso décadas.

El medio ambiente provee una serie de bienes y servicios al ser humano, los cuales se clasifican en: regulación del agua en el caso de las inundaciones; regulación del clima en estos tiempos de alteraciones climáticas; aprovisionamiento a partir de productos que provee el ecosistema, como cultivos, carne, peces y demás insumos; también están los servicios de soporte, que permiten la dispersión de semillas y el desarrollo de hábitats para especies; finalmente, el servicio ecosistémico cultural, el cual corresponde a beneficios no materiales, como la recreación a través del ecoturismo.

Los bienes y servicios ambientales de estas zonas del país han sido afectados en diferentes proporciones por causa de esos impactos, y es aquí donde la economía ambiental debería jugar un papel fundamental para cuantificar y valorar económicamente las consecuencias de esos impactos.

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Para hacerlo, la economía ambiental dispone de unas herramientas que se denominan metodologías de valoración económica ambiental, las cuales, a través de diversas técnicas como entrevistas, modelos econométricos, precios de mercado, entre otras, permiten estimar cuánto vale la afectación de los impactos sobre bienes y servicios ambientales.

En un contexto legal, existen dos resoluciones para cuantificar el valor económico de las afectaciones sobre bienes y servicios ambientales. La Resolución 1669 de 2017 estableció los criterios técnicos para el uso de herramientas económicas en los proyectos, obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental. Aquí se estipula cómo deben ser valorados los impactos positivos y negativos para los proyectos que requieren una licencia ambiental. En segunda instancia aparece la Resolución 1084 de 2018, “por la cual se establecen las metodologías de valoración de costos económicos del deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales”.

Cada una de estas resoluciones se puede aplicar de manera apropiada, tanto en el proyecto de la Hidroeléctrica de Ituango, que tiene licencia ambiental, como en el aumento de la deforestación en la selva del Amazonas, cuyas consecuencias son el deterioro del medio ambiente. En ambos casos estas metodologías pueden proveer insumos para establecer cuánto vale lo que estamos perdiendo en medioambiente como sociedad.

Por esto digo que la economía ambiental no sirve para nada en Colombia: porque dichas resoluciones se están convirtiendo en solo el cumplimiento de un requisito más dentro del proceso de la solicitud de una licencia ambiental ante la respectiva autoridad y de acatamiento para los requerimientos y compromisos al momento de entrar Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además, cada evaluador tiene su propio criterio de evaluación y a eso se le suma la superioridad con la que algunos creen tener la última palabra cuando emiten los conceptos económicos en las licencias ambientales.

En el caso de las licencias ambientales, las metodologías de valoración económica ambiental, en vez de ser un instrumento robusto y de soporte para la toma de decisiones, se convierten en un relleno dentro del estudio de impacto ambiental, que, en el caso de la hidroeléctrica, las evidencias muestran que dicha investigación no contempló todos los escenarios que podrían causar una catástrofe ambiental, tal y como se pudo ver el mes anterior en esa zona.

Los impactos ambientales generados por ese proyecto deberían ser valorados económicamente de tal forma que se demuestre cuál es el valor económico de la pérdida de los servicios ecosistémicos afectados. Así mismo, cuánto vale la deforestación que se está realizando en la selva amazónica. Lo anterior, para que se exponga cuánto le va a doler a nuestro bolsillo.

Este último se verá afectado por el deterioro de los bienes y servicios ambientales, lo que se reflejará en un aumento de tarifas de servicios públicos como la energía y el agua, y también estará la carestía en los alimentos básicos, porque si continúan las obras que alteran el medio ambiente, la economía no funcionará sin el medio ambiente[1]. Con el incremento de la deforestación y la tala indiscriminada de árboles, se afectará la salud y por consiguiente los costos de tratamiento de las enfermedades respiratorias.

Los lamentos en redes sociales por parte de la comunidad en general y los gurús ambientales del país, hacen que las noticias acerca de estos problemas se conviertan en ruido mediático. Lo anterior le da la razón al encabezado de este artículo, pues los impactos ambientales tienen consecuencias, pero no solo de esta índole, sino también en nuestra economía.

Este es uno de los grandes problemas que tiene el medioambiente: si desde las entidades a cargo de protegerlo no se hace un desarrollo robusto, idóneo y útil de la economía ambiental para toma de decisiones en la evaluación y medición económica de los problemas ambientales del país, seguiremos viendo cómo estos son tomados como temas de segunda mano.

P. D.: Los ciudadanos designados por la comunidad académica como gurús ambientales, se han dedicado a través de los años, por medio de las redes sociales y foros, a criticar el manejo ambiental del Estado con la justificación de que tienen la verdad absoluta en estos temas y que nadie los objeta por llevar años en este medio y ser de alguna universidad importante. ¿Por qué no presentan propuestas concretas para mejorar la administración de los recursos naturales independientemente del mandatario de turno y así dejamos el ambientalismo inocuo?

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[1] http://elmaleconomista.com/la-economia-no-funciona-sin-el-medioambiente/

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