Por: Sebastián Mayor Velasco
@sebastianmayor
El dinero plástico (tarjeta débito o de crédito) es uno de los principales medios para realizar compras y pagos en el mundo. Los pagos con tarjeta ayudan a formalizar la economía debido a que es posible llevar una mejor contabilidad que ayuda a frenar la evasión de impuestos, el contrabando y demás negocios ilícitos, problemas que se presentan actualmente en Colombia. Adicionalmente, realizar las transacciones desde la comodidad de su casa o incluso desde su teléfono celular les proporciona a los usuarios una mayor seguridad y en algunos casos, les permite acceder a descuentos.
En Agosto del presente año, Asobancaria, el gremio que representa el sector financiero en Colombia, propuso reducir en 20 puntos porcentuales la cantidad de dinero en efectivo que circula en la economía. Entre sus argumentos, se encontraba que mediante esta reducción, sería posible aumentar el PIB en medio punto porcentual, debido a un incremento en el consumo y una reducción en la ilegalidad. Además, esto llevaría a Colombia a una mayor modernidad financiera, debido a que los países más desarrollados tienden a tener una menor preferencia por el uso del efectivo que la que tenemos en Colombia. Hasta aquí todo suena muy bien, pero ¿están dadas las condiciones para que esto sea posible?
El primer punto a analizar es que todavía una grandísima proporción de las personas en Colombia no hacen parte del sistema financiero. Para finales del 2013, en la economía había casi 19 millones de tarjetas débito y cerca de 12 millones de tarjetas de crédito, dato que incluye tarjetas de personas y de empresas y establecimientos. Para aumentar esta tendencia, actualmente existe un Proyecto de Ley para la Inclusión Financiera, que fomentaría el ingreso de más de 20 millones de colombianos al sistema financiero, incluyendo a los de más bajos recursos.
El segundo punto que debe ser analizado, son los costos que se deben asumir para hacer parte del sistema. Actualmente se cobran cuotas de manejo por el uso de tarjetas de débitoy crédito. Además, los intereses que cobra la banca por pagos con tarjeta de crédito han evidenciado un aumento en los últimos años, presentando una altísima tasa de 29.6% a día de hoy. Adicionalmente, en algunos casos se cobra por la realización de transacciones bancarias e incluso por retirar dinero de cajeros del mismo banco del que se es cliente. Los anteriores costos son un desincentivo para ingresar al sistema financiero, especialmente para los hogares con menores ingresos, que proporcionalmente perderían una mayor parte de su ingreso por estos pagos.
Vale la pena analizar las medidas que se han tomado en otros lugares del mundo para la bancarización de la economía. Un caso interesante para Colombia puede ser el de Uruguay, país que en los últimos años ha desarrollado una serie de normas para disminuir las transacciones que se realizan en efectivo. Por dar un ejemplo, en Uruguay se espera que los alquileres por encima de ciertos valores no se puedan pagar en efectivo y los salarios deban ser consignados en una cuenta bancaria. Pero estas medidas han ido acompañadas de políticas que brindan beneficios a los usuarios del sistema financiero. Los pequeños comerciantes recibirán descuentos para acceder a los servicios tecnológicos como el Datáfono y se les harán rebajas en las cuotas de manejo. Para los consumidores, el pago por medios electrónicos podría representarles la devolución de parte del IVA, las promociones que se realicen también deberán aplicar para pagos con tarjeta y nunca el precio de un artículo podrá ser más caro si se paga con tarjeta que si se paga en efectivo.
Aunque un menor uso del efectivo parece traer ventajas tanto para los usuarios como para el país en general, todavía falta un largo camino por recorrer para que los usuarios sean los más favorecidos por la ley. Una revisión en los costos y requisitos de acceso a los usuarios incentivaría a las personas a hacer uso de los servicios financieros y modificar su preferencia por el dinero en efectivo.