Factores como la ausencia de material médico, al igual que un sistema inmunológico débil y la lejanía de centros de salud, inciden negativamente en la resistencia de los indígenas ante enfermedades transmisoras como el coronavirus.
- Por: Miguel Felipe Acosta Sarmiento /@MiguelAcosta96 (Twitter)
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Desde principios de año el mundo ha vivido el drama de la propagación del coronavirus, y Colombia no es la excepción. A pesar de haber tomado medidas para evitar su difusión en territorio nacional, la situación en el país no parece favorable. Recientemente se han socializado tomas de decisiones que van desde la cuarentena, hasta los alivios económicos para la población más vulnerable. Sin embargo, dichas medidas son pensadas desde los grandes centros urbanos, excluyendo a las minorías étnicas presentes en la amazonia colombiana. Si llega la pandemia a sus territorios, impactará con más fuerza a esta población por la falta de acceso a la salud, y otros temas estructurales.
A pesar de tener la tasa poblacional más baja del país, la región amazónica se extiende por el 44,3% del territorio nacional. A lo largo de sus principales ríos y afluentes viven numerosas poblaciones indígenas que no tienen claridad sobre el coronavirus, desconocen qué es, cómo se transmite, al igual que las posibles consecuencias nefastas para su entorno si llegase la pandemia. Por esto, sólo entendiendo cómo viven se puede dimensionar el riesgo que corren con el COVID-19.
Conociendo más sobre el GRIV
En el Gran Resguardo Indígena del Vaupés (GRIV), que por extensión territorial sería el décimo departamento más grande del país, habitan numerosas comunidades indígenas como los cubeo, tukano, bara, barasana, cabiyarí, carapana, curripaco, desano, macuna, siriano, tatuyo, wanano, macuna, yurutí, entre otros. Cada pueblo indígena tiene cosmología y lengua propia y comparten costumbres ancestrales como el cultivo de alimentos en la chagra, danzas sagradas, narración de los mitos y el compartir de coca, yagé, al igual que otras prácticas asociadas a la medicina tradicional.
Para contraer una alianza matrimonial, el hombre indígena debe escoger una novia que hable otro idioma distinto al suyo. Así, los casamientos entre indígenas en esta parte del país responden a una ley ancestral para evitar el incesto y esto se materializa en la proliferación de lenguas habladas en el territorio. Naturalmente los hijos se crían en la lengua del padre y de la madre, aunque aprenden español en los colegios con enfoque etnoeducativo ubicados en el resguardo indígena.
Más allá de la riqueza cultural arraigada en este territorio, las condiciones de vida de sus habitantes son, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), deficientes respecto a la media nacional. De acuerdo con los resultados arrojados en el último Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018), la encuesta nacional de calidad de vida (ECV) y el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), se estima que los indígenas en Colombia presentan considerables limitaciones en el acceso a servicios públicos, de educación y salud.
Adicionalmente, la pobreza multidimensional en población indígena es 2.5 veces la del total nacional (45,8% versus 17,8% respectivamente), y las mayores disparidades entre grupos étnicos y la población sin pertenencia a grupo étnico están en las variables de vivienda y servicios públicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas natural conectado a una red pública, recolección de basuras, etc.). Mientras la cobertura del servicio de energía eléctrica tiene un alcance en el 96,3% a nivel país, para las viviendas con jefatura indígena la cifra ronda el 66%. Además, el acceso a acueducto o alcantarillado en hogares indígenas es menor al 40%, mientras que en los hogares no indígenas es de 81,5%.
Los riesgos a la salud pública que afrontan las comunidades
Por otro lado, en temas relacionados a salud pública las poblaciones indígenas también presentan cifras preocupantes. Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Salud (INS), departamentos con alta población indígena como el Vaupés, Guainía y Vichada cuentan con la tasa de mortalidad por infecciones respiratorias en menores de cinco años más alta del país, llegando a casos de 30 defunciones por 100.000 habitantes (la media nacional es de sólo 4 defunciones por cada 100.000 habitantes).
Adicionalmente, una de las principales causas de mortalidad en poblaciones indígenas son las enfermedades transmisibles, como la gripa, que generan cerca del 10% de defunciones anuales en este grupo poblacional. Este sucede porque históricamente su sistema inmunológico ha mostrado baja reacción frente a virus respiratorios, y al tener una dieta limitada en nutrientes, la presencia de defensas y anticuerpos respecto a un habitante urbano es notablemente baja. Si se tiene en cuenta que la participación de la población indígena en el total departamental del Vaupés es del 81,7%, siendo la más alta del país, resulta inquietante imaginar que la llegada del COVID-19 al departamento podría diezmar la población local.
Asimismo, el panorama de cobertura y asistencia en salud en el Vaupés es limitado. Según informes de MinSalud, en el departamento sólo hay un hospital y dos centros de salud que en total tienen la capacidad instalada de camas hospitalarias más baja de todo el país, con 10 unidades. Adicionalmente, el Vaupés es uno de los cinco departamentos, junto con Amazonas, Guainía, Vichada y Guaviare en donde no hay camas de UCI. En este orden de ideas, se puede afirmar que la infraestructura de salud necesaria para atender estas crisis en el departamento es deficiente.
De igual manera, la remota ubicación de las comunidades indígenas complica el traslado a los centros de salud ubicados en las 3 cabeceras municipales del departamento (Carurú, Mitú y Taraira). Se considera que la falta de infraestructura, geografía y abandono estatal han incidido históricamente en que esta parte del país viva desconectada del centro del territorio nacional. En casos de gravedad, como un accidente ofídico, los pacientes deben ser remitidos a centros asistenciales en San José del Guaviare o Villavicencio. Ahora bien, si este tipo de accidentes ocurren en zona rural del departamento, en comunidades indígenas ubicadas a 5 o más horas en lancha desde centros poblados, la cobertura en salud es notablemente limitada y la ausencia de equipos médicos adecuados para tratar este tipo de casos son un reflejo de los múltiples retos que enfrenta el sector salud en el departamento.
El impacto del COVID-19 en su comunidad
A pesar de haber vivido la intromisión de madereros y mineros ilegales, las comunidades indígenas en la región se han esmerado por vivir en equilibro con el entorno que los rodea y de preocuparse genuinamente por el cuidado de la madre naturaleza. Sin embargo, en épocas como la actual, en donde la pandemia del COVID-19 es un peligro latente en cualquier rincón del mundo, es indispensable tomar cartas en el asunto y preservar su salud y proteger el rico legado cultural de las comunidades amazónicas descendientes, desde su origen mítico, de la Anaconda Ancestral.
Aunque en las ciudades ya se hayan implantado medidas para contrarrestar el virus, éstas no son replicables a cabalidad en el GRIV. En primer lugar, los indígenas no cuentan con la infraestructura necesaria para el lavado de manos, tapabocas y guantes para evitar la propagación del virus. En segundo lugar, su campo de acción queda reducido a las medidas tomadas por instituciones departamentales, que deben cerciorarse con alta rigurosidad de que ninguna persona ajena a las comunidades, como turistas, investigadores, delegados de ONG o cooperación internacional entren al Vaupés ya sea por vía marítima o aérea. Asimismo, se espera que la Gobernación esté pendiente de los vuelos semanales de carga que llegan a Mitú, procedentes de Villavicencio y Bogotá, para que cumplan con todas las medidas sanitarias pertinentes y se garantice que todos los productos traídos sean debidamente desinfectados.
De acuerdo con el último comunicado de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el riesgo de contagio del virus ha aumentado a cerca de 115.000 familias, siendo las comunidades indígenas cerca de la frontera con Ecuador las más propensas a la enfermedad. Dicha organización ha recomendado fortalecer las formas tradicionales de cultivo, realizar programas de siembra de corto plazo, recuperar las semillas propias y realizar trueques entre comunidades.
Don Rodrigo y su taller de artesanías
En el taller de artesanías Comunidad Cubay, de quien Rodrigo López, artesano indígena cubeo es el dueño, se pueden encontrar ollas, tinajas, tapas, pocillos y animales tallados en madera hechos a mano por él y su esposa Lina. Cada artesanía es construida buscando plasmar la riqueza cultural y material de los indígenas cubeo, habitantes del Gran Resguardo Indígena del Vaupés (GRIV). Mientras Rodrigo prende las hornillas y alista las herramientas necesarias para iniciar la jornada laboral, enfoca su mirada al otro lado del río, en dirección al occidente en donde se encuentra Mitú, la capital departamental.
Extrañado por la ausencia de movimiento en la ciudad, recuerda que sólo tiene hasta las 11 de la mañana para cruzar el río y abastecerse de los alimentos necesarios para su hogar. Es consciente que es uno de los pocos indígenas en su resguardo y en el departamento, que ha escuchado algo sobre el COVID-19, pero no entiende cómo se transmite ni qué se puede hacer para evitar su propagación.
Don Rodrigo, como le llaman sus amigos con cariño, comenta que desde que inició la cuarentena las cosas han cambiado mucho. Si bien él cuenta con un taller para trabajar artesanías, puede salir a pescar, cazar venados o trabajar en la chagra, se pone a pensar en la situación que vive el resto de los indígenas desplazados que habitan en el GRIV. “Es muy preocupante con los [indígenas] desplazados, ellos no tienen de qué generar ingresos”, manifestó al autor en una llamada telefónica. Dado que no cuentan con una tierra donde cultivar, y no pueden entrar a Mitú a vender la pesca del día, viven del apoyo solidario de la comunidad.
La problemática detrás de la propuesta del Gobierno
El Gobierno lanzó el programa Ingreso Solidario, que da subsidios a las personas que están en la informalidad y no hacen parte de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Se estima que las personas que califican a este subsidio serán contactadas vía teléfono, mensaje de texto o correo electrónico. No obstante, pareciera que las autoridades del orden nacional, entre ellos el Ministerio de Hacienda y el DNP, desconocen la realidad de los habitantes del GRIV y otros resguardos indígenas a nivel nacional.
La mayoría de los indígenas en la región amazónica no tienen acceso a electricidad, mucho menos cobertura de internet y un computador para revisar el correo. Además, la señal de celular es considerablemente mala y no todos tienen a su disposición un dispositivo móvil para realizar y recibir llamadas.
Por esto, don Rodrigo se pregunta cómo colaborarles a sus compañeros cuando ni el mismo municipio o el departamento les ha brindado apoyo. Él denuncia que ningun personal de salud les ha explicado qué es el virus, cómo se transmite y qué medidas se están adoptando para evitar su propagación. Por si fuera poco, cuando cruza el río y llega a Mitú, las explicaciones que recibe por parte de las autoridades son limitadas y poco acertadas; todo lo que ha aprendido sobre el virus ha sido mediante la televisión satelital que ve desde su casa.
Es decir, las políticas públicas pensadas para contrarrestar los efectos negativos del coronavirus han dejado de lado a los indígenas amazónicos, quienes no han sido informados sobre el virus y desconocen las múltiples implicaciones catastróficas detrás de la posible llegada de la enfermedad a sus territorios ancestrales.