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Publicado el El Mal Economista (EME)

El 5to round en la pelea por los baldíos de Colombia

Por: Felipe Pineda

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En el país se han denunciado 16 mil casos de acumulación irregular de baldíos que comprometen 2,5 millones de hectáreas, el equivalente a la superficie que ocupa todo el departamento de Boyacá, pero lo más preocupante es que el gobierno nacional está a punto de regularizar este modelo de ocupación mediante el proyecto de ley de ZIDRES.

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Fuente: www.theglobeandmail.com

El 28 de junio de 2013, el diario norteamericano Wall Street Journal [1] publicó las denuncias hechas por los senadores Jorge Enrique Robledo y Wilson Arias, que vinculaban al entonces embajador de Colombia en Estados Unidos, Carlos Urrutia, con la adquisición irregular de tierras por parte de algunas empresas y particulares, entre las que se encontraban la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo –Corficolombiana, Aceites Manuelita, Riopaila Castilla S.A.y Gragill, entre otras.

El episodio que se saldó con la renuncia del embajador Urrutia en medio de fuertes debates de control político, sacó a la luz pública las argucias legales utilizadas por empresas y particulares para adquirir grandes extensiones de tierra en la altillanura colombiana, eludiendo las prohibiciones establecidas por la Ley 160 de 1994 para la adquisición de más de una UAF de predios inicialmente baldíos.

Según el informe de la Contraloría General de la Republica [2] presentado en febrero de 2014, fueron 12 las personas y empresas investigadas con estos hechos, quienes llegaron a acumular hasta 140 mil hectáreas en los Departamentos de Casanare, Vichada y Meta, el equivalente a dos veces la superficie que ocupa una ciudad como Manizales.

La argucia legal no fue ninguna genialidad jurídica, consistía en la simple creación de sociedades subsidiarias por parte de la empresa matriz, muchas de las cuales eran sociedades por acciones simplificadas con un único dueño y con un mismo representante legal.

Este es el caso de la multinacional Cargill, donde se llegaron a constituir 36 Sociedades entre los años 2010 y 2013, mediante las cuales se adquirieron 39 predios en los municipios de Santa Rosalía, Cumaribo y la Primavera en el Departamento del Vichada, propiedades que sumaban una extensión total de 52 mil hectáreas, y que según pudo constatar el ente de control, correspondían a baldíos adjudicados a pequeños campesinos en los años 90.

En total se han denunciado 16 mil casos similares en todo el país, comprometiendo 2,5 millones de hectáreas [3], pero lo más preocupante es que el gobierno nacional parece más interesado en regularizar este modelo de ocupación que en proteger los derechos de los pequeños campesinos.

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Fuente: prensarural.org

Detrás de estos casos reseñados, se esconde un modelo productivo similar al implantado en el Cerrado” brasileño. Incluso organizaciones como la ONG Oxfam, se han referido a la Altillanura colombiana como “el Cerrado colombiano”, donde se trata de impulsar un modelo intensivo a gran escala, con un papel protagonista de la gran empresa agroindustrial, y que en Brasil ya consume el 60% de los recursos hídricos, y está comprometiendo la biodiversidad y seguridad alimentaria de la nación [4].

En este sentido y desde la primera administración de Álvaro Uribe, se planteó una propuesta desarrollista para la Altillanura, plasmada en el proyecto de “Renacimiento de la Orinoquía alta de Colombia” [5]; Esta iniciativa provocó que sólo entre 2005 y 2010 cambiasen de manos al menos 250.000 hectáreas [6], incluso en el año 2008, el entonces Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, expidió la Resolución 148, mediante la cual se intentó modificar la parte del Estatuto de Desarrollo Rural que prohibía precisamente la venta de antiguos baldíos, sin embargo un mes más tarde el mismo Ministerio derogó su propio acto, al ser advertidos por la procuraduría de la nulidad del mismo.

Pero quizás, quien más interés ha mostrado por implantar este modelo productivo en la altillanura, ha sido el actual gobierno del presidente Santos. Desde la promulgación de la Ley 1450, con la que se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo para los años 2010 -2014, donde se contempló la posibilidad de adquirir hasta 10 UAFs en Baldíos modificando la prohibición del artículo 72 de la Ley 160.

En esta oportunidad, fue la Corte Constitucional quien declaró inexequible dicha reforma, al considerarla “una afectación sustancial de las líneas ordenadoras de la reforma agraria que se diseñó mediante la Ley 160 de 1994” (C-644/12)

Cerrada la puerta a la transacción de los predios inicialmente baldíos, el gobierno quiso apostar  por los proyectos asociativos, que permitirían poner a disposición de la agroindustria grandes extensiones de tierra mediante arrendamientos o leasings. De esta forma se formuló el Proyecto de Ley No 162 de 2013, en el que se empieza a hablar de las denominadas ZIDRES “Zonas de interés de Desarrollo Económico y Social”.

El controversial proyecto de Ley ni siquiera llegó a materializarse y rápidamente fue retirado de la Secretaria de la Cámara de Representantes por decisión del propio presidente Santos, quien unos meses después aceptaría la renuncia del entonces ministro de agricultura Rubén Darío Lizarralde, a quien se le acusó de encontrarse en conflicto de intereses por haber sido miembro de la junta directiva de Fedepalma.

El turno en el año 2014 fue para el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien radicó el proyecto de Ley No 133, mediante el cual se intentó revivir las ZIDRES, pero fue retirado el 18 de marzo de 2015, según expresó el propio ministro porque: “Desde diferentes sectores se ha planteado la necesidad de ampliar la discusión de esta iniciativa y buscar los consensos que permitan facilitar su buen suceso….”

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Fuente: henaoarboleda.blogspot.com

Parece que el dicho consenso se alcanzó solo un mes después y sin mucha divulgación, porque el pasado 16 de abril, el gobierno presentó un nuevo proyecto de Ley, en esta oportunidad el número 223 de 2015, donde se contempla una vez más las ZIDRES como apuesta productiva, y vuelve a cargar contra la prohibición del artículo 72 de la Ley 160, abriendo la puerta para que se puedan adquirir más de una UAF de bienes inicialmente baldíos (art. 7º), o en su caso para que se puedan legalizar la acumulación irregular de baldíos que se hallen en los proyectos (art.12)

Pero tal vez la medida más regresiva para los derechos de los campesinos, es la contemplada en el artículo 14 que faculta al Estado para expropiar aquellos predios que no se acojan al proyecto productivo vinculado a la declaratoria de ZIDRE o que no se ajusten a los niveles de productividad del proyecto.

Para este propósito, el propio gobierno acaba de promulgar los decretos 2363, 2364 y 2365 de 2015, mediante los cuales ordenó liquidar el Incoder, y en su lugar creó la Agencia Nacional de Tierras, entidad que se encargará de la administración y disposición de las tierras baldías, y en caso de aprobarse el proyecto de Ley 223, será también la responsable de aprobar la creación de ZIDRES, así como cualquier otra adjudicación o disposición  de tierras baldías.

El proyecto que ya ha superado 3 de los 4 debates en el congreso, continua avanzando en plenaria de senado pese a la oposición de diversos movimientos y organizaciones sociales y políticas, así como a los múltiples impedimentos presentados contra algunos senadores y representantes de la Unidad Nacional y del Centro Democrático, lo que imposibilitó su aprobación en las sesiones ordinarias del pasado lunes y martes.

Sin embargo, el gobierno quiere dejar aprobado el proyecto antes de terminar el año, y para ello convocó al congreso a sesiones extraordinarias, con la intención de apresurar su aprobación y dejar listo el texto para sanción presidencial antes de las vacaciones de fin de año.

En definitiva, el proyecto de ley será determinante para el país, y especialmente para el sector agropecuario; En él se definirá el futuro de 40 mil familias campesinas que habitan la altillanura colombiana, y otras muchas que aún no logran acceder a la propiedad rural, determinante igualmente para el futuro la última frontera agrícola del país y uno de los 8 ecosistemas estratégicos para la humanidad según la ONG World Wildlife Fund –WWF- [8].

[1]http://www.wsj.com/articles/SB10001424127887323689204578571832721057220

 

[2]Informe de Actuación Especial sobre acumulación irregular de predios baldíos en la altillanura Colombiana. Contraloría General de la Republica.  2014.

 

[3] http://www.lapatria.com/nacional/hay-16-mil-casos-de-acumulacion-indebida-de-tierra-en-colombia-150231

 

[4[http://www.larouchepub.com/spanish/reir/privado/anteriores/anteriores2005/2005_07/economia/economic7.html

 

[5] http://es.scribd.com/doc/22487815/EL-RENACIMIENTO-DE-LA-ORINOQUIA-ALTA-DE-COLOMBIA.

 

[6] Divide y Compraras, Una nueva forma de concentrar tierras en Colombia. OXFAM. 2013

 

[7] PNUD Razones para la esperanza. 2011

 

[8]http://www.humboldt.org.co/publicaciones/uploads/205_INFORME_ORINOQUIA_FINAL_2009_1.pdf.

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