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De la educación pública de calidad y otros especímenes raros

Por: Andrés Martínez-Jiménez

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Si existen instituciones públicas de reconocida calidad, cuyos egresados se destacan en diversos campos por sus capacidades profesionales más allá de su lista de contactos en WhatsApp, ¿debería el Estado apalancarse en estas instituciones ofreciendo un respaldo político y económico sólido para proyectar un modelo de calidad que transcienda al resto del sistema?

JMSantos

La calidad de la educación debería ser un tema que, en lugar de preocupar a muchos analístas, académicos y políticos oportunistas, debería ocupar las agendas de personajes públicos y privados que tienen la capacidad de hacer que las cosas cambien. Para nadie es un secreto que el sector educativo en Colombia está marcado por la escasez de recursos en la oferta pública y por la mediocridad de la oferta privada, escenario que empeora cuando se logra vislumbrar que la desigualdad imperante en Colombia es perpetuada a través de su sistema educativo.

En medio del escándalo de la institución San Martín, porque de universidad tiene poco, el sector educativo está atravesando una coyuntura interesante. Por primera vez en muchos años, la Jefe de la Cartera de Educación parece estar haciendo la tarea -mal hecha para algunos- y se ha puesto la camiseta para entender la realidad de nuestro sistema educativo. Sin embargo, aunque loables, las iniciativas actuales parecen paños de agua tibia ante la grave enfermedad del principal órgano del sistema educativo colombiano: sus instituciones de educación pública en los niveles básico, medio y superior.

De hecho, es de dominio público que el presupuesto público en educación no alcanza para cubrir las millonarias necesidades del sistema, particularmente cuando se trata de instituciones que demandan importantes recursos para sostener su calidad, como es el caso de la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle, en el nivel superior, o del Instituto Técnico Central en el nivel de educación media. Porque en medio de esta crisis eterna de desfinanciación existe un número destacado de instituciones públicas en los diferentes niveles educativos que parecen ser la excepción de la regla: son instituciones públicas y son de calidad.

Recientemente, diversos medios de comunicación revelaron un ranking que posicionó a dos universidades públicas, Nacional y Antioquia, como las dos mejores de Colombia de acuerdo con criterios de visibilidad en internet e investigación; así como en la Revista Dinero se destacó el Técnico Central entre los 50 mejores colegios del país de acuerdo con las pruebas Saber 11. Lo cual es el vivo ejemplo de que la educación pública de calidad no es un sueño, sino una realidad tratada con ingratitud por el país. Usted, amigo lector, podrá esgrimir que se trata de instituciones de extensa trayectoria, ubicadas en ciudades capitales y con cierta capacidad de presión ante el Gobierno, lo cual es cierto; sin embargo, no resulta menos cierto el hecho de que se trata de instituciones que optimizan sus recursos más allá de cualquier modelo de sostenibilidad financiera y forman colombianos altamente competitivos en todos los campos del conocimiento a pesar de los limitados recursos.

Ahora bien, si existen instituciones públicas de reconocida calidad, cuyos egresados se destacan en diversos campos por sus capacidades profesionales más allá de su lista de contactos en WhatsApp, ¿debería el Estado apalancarse en estas instituciones ofreciendo un respaldo político y económico sólido para proyectar un modelo de calidad que transcienda al resto del sistema? La respuesta inmediata de algunos críticos de izquierda y derecha sería No, porque los primeros defienden plata a diestra y siniestra para todos y porque los segundos se dividen entre quienes creen en la mejor eficiencia de lo privado, en la importancia superior de la educación básica o en el perpetuo  modelo de ‘castas’ que tenemos actualmente.

Sin embargo, si Juan Manuel Santos y Gina Parody son consistentes con su discurso de paz, equidad y educación, deberían actuar en pro del Sí y comenzar reconociendo la calidad de lo público, promoviendo el sistema de educación del Estado y brindando el respaldo necesario para convertir a la educación pública en el motor de una economía tan vulnerable como la colombiana. El primer acto en ese sentido sería muy sencillo: designar un rector de la Universidad Nacional, que como cabeza del Sistema Universitario Estatal, esté en capacidad de liderar el proceso de evolución de la educación pública y se convierta en la primera piedra para que las instituciones públicas de calidad no sean la excepción sino la regla.

En otras noticias: Por estos días, la ciudad de Bogotá ha entregado con celeridad las facturas correspondientes al impuesto predial para el año fiscal; muchos ciudadanos de clase media han visto con profundo asombro cobros ridículos que reflejan, tanto el nocivo impacto de la valorización de la finca raíz para quienes su único patrimonio es su vivienda, como la incapacidad de la Administración de Bogotá de ser humana. ¿Será que Petro puede por primera vez pensar que es el Alcalde Mayor de TODA la ciudad y no solo el Alcalde de los pobres?

 

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