Por: Oscar Andrés Martínez
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Las Corporaciones Autónomas Regionales CAR, nuevamente están en el ojo de huracán, debido a las reiteradas problemáticas ambientales que se han presentado en estos años. Fenómenos climáticos como la niña y el niño, deforestación de bosques nativos, invasión de cauces de ríos y quebradas por minería ilegal o construcciones ilegales en áreas de reserva forestal, han dejado en tela de juicio las actuaciones y sus responsabilidades ante la nación y sus respectivas regiones.
Dado lo anterior, ¿Quién ejerce el control administrativo y operativo de las CAR? ¿Quién sanciona la inoperancia de las CAR ante los daños ambientales que suceden en sus jurisdicciones? ¿Quién apoya a las CAR cuando estas entregan conceptos negativos en contra de proyectos que afectan el medioambiente? Estas preguntas son debido a problemas ambientales tales como: deterioro ambiental de la laguna de Fomeque, la construcción ilegal en la laguna de sonso[1] la desviación del arroyo Bruno, la urbanización de zonas de reserva forestal, el daño ambiental a la ciénaga grande de la Magdalena, son ejemplos claros de cómo la gestión de las autoridades ambientales en los departamentos está comprometida.
Es tan preocupante la gestión de las CAR que ya la contraloría[2], mediante su auditoria del segundo semestre de 2015, ha manifestado que hay una crisis de inoperabilidad de estas entidades ante situaciones de inversión, cobro de multas, control técnico y administrativo a proyectos que se desarrollan bajo su jurisdicción.
¿Cómo surgen las CAR?
Las CAR son creadas bajo la ley 99 del 93 bajo el titulo VI, artículo 23º. “Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.”
Es aquí donde comienzan los problemas, las CAR están sin control administrativo, ni operativo, bajo la expresión “AUTONOMIA” nadie las vigila ni tampoco pueden ser sancionadas por sus acciones, solamente está estipulado en la ley 99 que el control fiscal estará a cargo de la Contraloría General de la República. En el año 2011 el gobierno nacional insinuó una reforma para las CAR´s pero al hasta el día de hoy no ha pasado nada de nada, un anuncio más para los ciudadanos.
La incongruencia entre la política y la gestión ambiental en los departamentos está ocasionando serios problemas de gobernabilidad y de institucionalidad ambiental, donde las comunidades están sufriendo las consecuencias de una degradación ambiental que está en aumento y sin control, dado esto estaremos próximos a afirmar que del medio ambiente solo nos va a quedar un cuarto.
En Colombia hay alrededor de diez superintendencias, dentro de las cuales se destaca la Superintendencia de Industria y Comercio quien ha presentado unos resultados importantes en lo relacionado a los carteles de los cuadernos y el de los pañales. También están la Superintendencia Financiera de Colombia, de la Economía Solidaria, de Subsidio Familiar, Nacional de Salud, la de Sociedades, la de Vigilancia y Seguridad Privada, de Notariado y Registro, de Puertos y Transportes y finalmente la de Servicios Públicos Domiciliarios.
Las respuestas a preguntas como ¿Quién ejerce el control administrativo y operativo de las CAR? ¿Quién sanciona la inoperancia de las CAR ante los daños ambientales que suceden en sus jurisdicciones? ¿Quién apoya a las CAR cuando estas entregan conceptos negativos en contra de proyectos que afectan el medioambiente? Serian dadas por una reforma a las corporaciones autónomas regionales mediante la creación de una superintendencia ambiental.
Con esta superintendencia se desarrollarían labores de inspección, vigilancia y especialmente apoyo técnico a las CAR. Una entidad donde estas tareas se fortalezcan y no se eliminen, donde las funciones que les fueron asignadas por ley se potencialicen, una superintendencia ambiental donde se salvaguarden los derechos y necesidades de los ciudadanos con lo relacionado al manejo y gestión de los recursos naturales en cada región. Una institución donde las advertencias de las autoridades ambientales y las réplicas de los ciudadanos contra los proyectos que afectan los recursos naturales sean tenidas en cuenta.
Se busca que las CAR tengan un fortalecimiento y un mejor desempeño tanto a nivel administrativo como técnico, de tal forma que no sean catalogadas como entidades inoperantes y para que no queden en un tercer plano. Tampoco se busca que las entidades que están allí sirvan como cuotas burocráticas del gobierno de turno, quizás podrían pasar de corporaciones autónomas regionales a corporaciones “Ambientales” regionales.
Sin embargo, soy consciente que la burocracia y la mermelada estarán a la orden del día y que mientras el gobierno nacional siga anunciando con bombos y platillos las donaciones de la comunidad europea para evitar la deforestación de la selva amazónica, apoyar el postconflicto y las medidas para mitigar el cambio climático, la gestión y política ambiental del país sea una completa y absoluta incongruencia.