El Mal Economista

Publicado el EME

Círculos de ineficiencia

Por: María Paula Silva Hernández

La decisión del presidente Santos de nombrar a un economista y no a un médico como ministro de salud generó varias críticas y un amplio debate. Alejandro Gaviria, ante estas críticas, afirmó que estar más cerca a la realidad no siempre nos hace más capaces de juzgarla o de evaluar cuáles son sus causas, sino que incluso puede cerrar la mente; de esta manera, valida el rol del economista en temas que, solo en apariencia, deberían corresponderles a otros profesionales. Como consecuencia, defiende que aunque el economista desconozca una cantidad de temas, tiene la capacidad de analizar y proponer mejoras en diversas esferas de la sociedad.

Con el permiso de los protagonistas de las críticas, me propongo a debatir la eficiencia de algunos círculos del mercado laboral. Pero, ¿qué es eficiencia? Los economistas dicen que un mercado es eficiente si se pueden aprovechar todas las oportunidades posibles para que algunos individuos mejoren sin que otros empeoren. Luego de la necesaria unicidad en la definición, pensemos en el siguiente escenario: profesionales que promueven como premisa contratar a quienes sean egresados de su misma universidad; si bien no hay un compromiso formal con los estudiantes del mismo establecimiento, existe la intención de apoyar el talento laboral que de allí pueda surgir. Aunque la idea defienda un utópico respaldo entre un círculo específico, no dinamiza el mercado laboral y no tiene en cuenta las oportunidades desaprovechadas que genera. La universidad sí es un atractivo al momento de conseguir un empleo, mas no debe estar focalizada a un único grupo, pues se omite a los aspirantes de otras universidades que puedan generar mayores aportes a las compañías.

No conozco si existen empresas que perpetúen el lema de contratar a los egresados de su universidad, mas es importante aclarar que la crítica está dirigida a la intención como tal, que a pesar de su ingenuidad, podría generar, además de ineficiencia en el mercado laboral, una menor competitividad en las empresas. En este punto es imposible no recordar a uno de mis profesores, que dice que las buenas intenciones no garantizan buenas políticas públicas. El siguiente escenario es un ejemplo preciso de una buena intención pero un cuestionable resultado.

La Ley de cuotas del 2000 pretende un mayor tránsito de las mujeres por los escenarios laborales, así como una medida para disminuir la brecha de salarios y oportunidades entre hombres y mujeres. La asimetría en cuanto a oportunidades laborales y remuneración en Colombia entre ambos géneros es un hecho, así como la renombrada desigualdad histórica. Ahora bien, si pasamos a la fórmula, ¿la emisión de la ley ayuda radicalmente a la disminución de la desigualdad? La Ley enuncia que por lo menos un 30% de los cargos públicos debe estar conformado por mujeres; así que vale la pena cuestionar si una Ley, que afirma que un 30% y 70% entre mujeres y hombres estaría bien promueve la igualdad, o si por el contrario, puede funcionar como una herramienta de acentuación. Sin embargo, ese no es el objetivo del presente artículo; la cuestión radica en evaluar su eficiencia.

Si los aspirantes están sujetos a que su sexo sea una variable fundamental en su acceso a un cargo público se están desaprovechando oportunidades. Una igualdad a secas debería promover la competencia basada en capacidades y no en variables inalterables al nacer; en otras palabras, con base al mérito. Supongo que una crítica respetable es que solo de esta manera nos aproximaremos a un escenario menos desigual; asumo que una respuesta que debe ser tenida en cuenta es que el escenario, si es igual o desigual, depende de cómo lo consideremos y de qué otras perspectivas estemos dispuestos a escuchar.

En varias entidades públicas, tanto en la ciudad como en varios municipios, se presenta un incumplimiento de la Ley de cuotas, casi 15 años después de estipulada. Aunque puede ser por muchas razones, me arriesgo a pensar que quizá sea porque no encuentran mujeres en la capacidad de asumir los cargos; lo anterior, no solo puede deberse a una desigualdad en las habilidades, sino también en los intereses. La ley estipula que la entidad deberá contratar a un porcentaje de mujeres, sin tener en cuenta si estas desempeñarán o no mejor el cargo que algún hombre. Vale la pena mencionar que mi objetivo no es criticar las intenciones que promuevan la igualdad entre géneros, ni abrir debates en cuanto a qué género tiene un mejor desempeño en los cargos públicos, sino cuestionar si éstas van en el camino correcto hacia el cumplimiento de su objetivo.

Los dos anteriores ejemplos, más el segundo por su magnitud y efectos, ilustran lo defendido por mi profesor. Las buenas intenciones no son suficientes. En ambos casos, pretenden crear círculos más unidos y menos dispersos, pero no consideran las oportunidades que puedan desaprovecharse, las personas indirectamente perjudicadas,  ni en la ineficiencia generada mientras pretenden mejorar un objetivo específico.

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