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Pacto por el capitalismo moderno en la ruralidad. Mauricio Velásquez, Escuela de Gobierno

Ni empresarios del agro ni campesinos se benefician del estado actual de la tierra en Colombia. Los inversionistas realmente interesados en producir dudan mil veces antes de invertir en tierras sin títulos claros, y los campesinos deambulan por las ciudades mientras el campo se queda sin mano de obra. Más grave aún, la base estructural del estado, las alcaldías municipales, siguen atoradas sin recursos para promover el imperio de la ley y la seguridad. En zonas rurales seguimos sin capitalismo. Tristemente se ha perdido la voz de Don Hernán Echavarría Olózaga cuando advertía como la falta de un verdadero sistema capitalista en materia rural nos llevaba a “sistemas semi feudales de patrón y peón”**.
El pacto que se necesita, y hace mucho tiempo, implica reconocer el capitalismo como sistema superior de administración rural así como el derecho sagrado de propiedad sobre la tierra, tanto de campesinos despojados, como de empresarios sin claridades legales: eso se llama restitución por una parte y necesita celeridad; y por otra parte también supone el registro, que requiere modernización e incorporación de los arriendos para dar seguridad a estos contratos, así como lupa a los sistemas notariales. Requiere también programas de formalización de baldíos que no detengan la producción, pero tampoco le hagan conejo a los campesinos y su derecho constitucional a los baldíos de la nación.
Este pacto implica, además, tener información plena sobre la tierra para poder definir los usos y a sus propietarios: eso se llama catastro, y necesita expandirse a todo el país (¿quién lo creyera?) con sistemas geo-referenciados, con actualización permanente.
Este pacto necesita de un empresariado, unos propietarios medios, y un campesinado comprometidos con el capitalismo y que estén dispuestos a pagar impuestos para que el estado exista y proteja a los ciudadanos: eso se llama impuesto predial y necesita un cobro riguroso y progresivo, que sea bajo si hay alta producción, pero que además evite el incentivo a guardar plata en tierras improductivas protegidas de la inflación y los impuestos (que es lo que sí pagan casi todos los demás activos) y de esa manera promueva la inversión en las industrias y la compra de acciones de las empresas necesitadas de capital.
Este pacto necesita de sectores políticos que estén dispuestos a abrazar el capitalismo en el sector rural y así abandonar discursos de polarización: eso se llama política pública rural de largo plazo y requiere un serio compromiso con la provisión de bienes públicos rurales que hagan la vida menos penosa en el campo, integre a los productores con la extensión y los mercados, y cumpla con la creación de un estado rural que cumpla su palabra e implemente los acuerdos que haga o promueva.
El estado actual, por supuesto es otro. Sin capitalismo, la única defensa efectiva de la tierra pasa, o bien por la acción colectiva de las comunidades, o por la acción dirigida de los grupos armados cohonestada por algunas élites rurales: eso se llama asesinato de líderes sociales en materia de restitución. Y esto se propaga a apuestas contra el capitalismo que dependen del acaparamiento para hacer riqueza vía acumulación primitiva, o supuestamente liberar tierras de quienes las acumulan: eso se llama conflicto por la tierra y recicla la guerra desde principios del siglo XX (quizás desde mediados del XIX).
Una vez se desata el conflicto por la ausencia de un verdadero capitalismo rural competitivo que promueva el cierre de brechas entre campo y ciudad la acción armada adquiere autonomía y se traga a sus promotores, despoja a ricos y pobres y avanza hacia formas superiores de acumulación no capitalista: eso se llama auge del narcotráfico y pone en riesgo todo el sistema de derecho capitalista que se sostiene en las zonas urbanas.
El capitalismo rural es nuestra mejor apuesta para frenar la deforestación porque elimina los incentivos a la ilegalidad y permite que la democracia llegue a todo el territorio. La corrupción de las corporaciones regionales pasa por el vínculo perverso entre acción política y falta de claridad en los derechos sobre la tierra. El capitalismo rural integra la política rural con la política agropecuaria, abandonaríamos el gran lastre de bifurcar la política pública entre, por un lado, producción agropecuaria, y por el otro la matriz de desarrollo rural que se requiere para su sostenibilidad y competitividad y por eso hablaríamos de sistemas agroalimentarios.
Brasil avanza con un modelo de formalización masiva de baldíos que sinceró a ocupantes y campesinos con incentivos para no desestabilizar la producción, pero sin hacer conejo al capitalismo quedándose con tierras que son del estado y se necesitan para distribución. Por este medio se incentiva la inversión en las agroindustrias sin apostarle a la espera del paso del tiempo en un panorama no capitalista. Uruguay ha mostrado resultados muy positivos con su último proceso de actualización del catastro electrónico que ya sirve de ejemplo en la región. Estos países avanzan en su competitividad gracias a un pacto genuino por el capitalismo rural. Colombia ¿para cuándo?
*Maurico Velásquez, Escuela de Gobierno.
**Olózaga, E. (1985). sentido común en la reforma agraria.

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