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¿Cuál es el efecto de la migración venezolana irregular sobre la seguridad ciudadana en Colombia?

Juan Sebastián Franco Mora (Universidad de los Andes, Facultad de Economía. Email: [email protected])

Michael Weintraub (Universidad de los Andes, Escuela de Gobierno y Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, CESED. Email: [email protected])

 

En los últimos 4 años cerca de 5,1 millones de personas han salido de Venezuela en busca de mejores oportunidades de vida. De esta cifra, el 35% se encuentran en Colombia y según Migración Colombia (2020), la mayoría de ellos se encuentran viviendo en el país sin permisos que les permitan trabajar legalmente, acceder al sistema de seguridad social o beneficiarse de la focalización de la política social del Gobierno colombiano.  Encuestas en países de Norteamérica y Europa han reflejado que las personas creen que la migración produce inseguridad en las comunidades receptoras (Bell & Machin, 2013; Fasani et al, 2019). Varias encuestas citadas por la FIP (2019), así como análisis de medios y redes sociales hechos por Proyecto Migración Venezuela (2019) revelan que los colombianos comparten esta misma idea. A pesar de esto, a la fecha no existe evidencia académica contundente que demuestre que haya una relación positiva entre la migración y el delito.

Un documento de trabajo de Franco Mora (2020) publicado en días pasados por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) y el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) muestra que la migración irregular en el país entre 2016 y 2018 tuvo, apenas, un efecto pequeño en el corto plazo sobre delitos que potencialmente generan ingresos, como es el caso de los hurtos a personas o hurto a comercios. Adicionalmente, no existe ningún impacto sobre delitos violentos como el homicidio o las lesiones personales.

Un país nuevo en migraciones

A diferencia de algunos países de la región como Argentina, México, Perú e incluso Venezuela, Colombia no ha tenido una larga historia de inmigración. Mientras que estos países recibieron en el siglo pasado a miles de europeos, norteamericanos y asiáticos; la situación de Colombia estuvo más bien caracterizada por una inmigración muy reducida (DNP, 2018)[1]  y un fenómeno de desplazamiento forzado interno producto del conflicto armado (Ibáñez, 2009).

Esto habría de cambiar en el año 2015, en el cual el cierre de frontera decretado por el Gobierno venezolano produjo el retorno de aproximadamente 20.000 colombianos residentes en la zona fronteriza (DNP, 2018). Este hecho inauguraría lo que se convirtió en el mayor fenómeno migratorio de la región y que, en conjunto, hoy es segundo en el mundo después de la migración producida por la guerra civil siria según el número de personas expulsadas (UNHCR, 2020). Según las últimas cifras publicadas por la respuesta de Naciones Unidas para la migración de Venezuela (R4V, 2020), cerca de 5,1 millones de venezolanos viven hoy fuera de su país, de los cuales se estima que 1,8 (el 35% del total) se encuentran en Colombia.

La percepción de la ciudadanía y la evidencia para otros países

Varios análisis de opinión pública alrededor del mundo muestran que una de las principales preocupaciones de la ciudadanía con respecto a la llegada de migrantes corresponde al temor de que los fenómenos migratorios aumenten el crimen. Para Colombia, varias encuestas (WFP, 2019; Oxfam, 2019), así como análisis de redes sociales y medios de comunicación (Proyecto Migración Venezuela, 2019; FIP, 2019) confirman que este imaginario está igualmente arraigado en nuestro país.

No obstante, no existe evidencia sistemática de que los migrantes afecten el crimen. Aunque para países como España (Alonso-Borrego et al., 2012) o Italia (Bianchi et al., 2012) se ha encontrado que la migración aumentó ligeramente los casos de delitos contra el patrimonio como los hurtos, para otros como Alemania (Maghularia & Uebelmesser, 2019) o Reino Unido (Bell et al., 2013) se ha encontrado que la migración no tuvo efectos significativos sobre ningún tipo de crimen.

Una de las ramas de la literatura señala la relevancia de estudiar de manera diferenciada los efectos de diferentes tipos de migración, en particular según el estatus migratorio. Esto, debido a que aquellos migrantes que se encuentran en un estado irregular[2] en el país receptor enfrentan incentivos distintos a participar en actividades criminales y pueden afectar diferentes segmentos del mercado laboral respecto a aquellos que cuentan con permisos de permanencia.

¿Qué encontramos para Colombia?

Utilizando datos del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, así como de estadística delictiva de la Policía Nacional, creamos una base de datos panel para los 1.102 municipios que contiene el flujo estimado de llegada de migrantes irregulares y las tasas mensuales de cuatro delitos principales[3], así como algunos controles relevantes de actividad económica municipal.

Por medio de diferentes metodologías de estimación encontramos que la migración irregular produjo un pequeño aumento[4] en el corto plazo de las tasas de hurto a personas y hurto a comercio, mientras que no tuvo ningún impacto sobre los delitos violentos como el homicidio o las lesiones personales. Estos resultados son consistentes en diferentes ejercicios econométricos que controlan por la posible endogeneidad de la migración irregular, así como por posibles correlaciones espaciales entre municipios contiguos. Adicionalmente, los efectos negativos presumiblemente no ocurrieron en todo el país, sino que solo se presentaron en los municipios con los niveles más bajos de informalidad laboral previos a la ola migratoria. Al realizar un ejercicio similar para los migrantes regulares, encontramos igualmente que el número de migrantes con permisos de permanencia PEP (de las primeras dos olas) no tiene ninguna correlación con las tasas de criminalidad de los municipios.

Uno de los hallazgos recurrentes de la literatura es que la regularización de los migrantes sin permisos de trabajo puede tener efectos positivos para la seguridad ciudadana (Pinotti 2017; Fasani 2018). Calculamos el efecto de la regularización de migrantes venezolanos en 2018 por medio del permiso de permanencia conocido como “PEP-RAMV”; las estimaciones sugieren que, aunque a nivel agregado no se encuentran efectos sobre los hurtos y los delitos violentos, en los meses posteriores a la entrega de estos permisos se redujo ligeramente la tasa de hurtos a comercio en los municipios con mayor migración irregular.

Algunas conclusiones

En suma, a pesar de los imaginarios existentes en parte de la población colombiana, el efecto de la migración irregular venezolana en indicadores de seguridad ciudadana entre 2016 y 2018 no es determinante. En particular, solo se encuentran algunos efectos pequeños en el corto plazo sobre las tasas de hurto a personas y a comercio, mientras que no existen efectos sobre delitos violentos. Adicionalmente, se encontró que en el periodo posterior a una política de regularización produjo una ligera reducción en el hurto a comercio en aquellos sitios con mayor población irregular.

A lo largo del documento se resaltan tres mensajes principales. Primero, es importante tener en cuenta el horizonte de tiempo que analiza esta investigación y la importancia de considerar los beneficios de la migración en el mediano y largo plazo. Aunque en el corto plazo encontramos algunos efectos en indicadores de seguridad ciudadana, es posible que en el largo plazo estos efectos desaparezcan. Adicionalmente, investigaciones para otros países han mostrado los efectos positivos de la migración en dimensiones como la innovación (Moser et al., 2014), el desarrollo tecnológico y de investigación (Bahar et al., 2020) o la probabilidad de desarrollar empresas exportadoras (Bahar & Rapoport, 2018).

Segundo, es clave considerar la especial vulnerabilidad de los migrantes a la hora de analizar cualquier resultado relacionado con seguridad ciudadana. En particular, se hace énfasis en la importancia de que la población migrante cuente con la posibilidad de generar ingresos propios. Esto podría hacerlos menos susceptibles a ser cooptados por grupos criminales o a participar en actividades delictivas, dado que, como muestran otros trabajos, aquellas poblaciones con peores posibilidades en el mercado laboral tienen mayor probabilidad de participar en actividades delictivas (Bell et al., 2013).

Por último, es esencial no confundir los efectos agregados de la migración sobre los indicadores de crimen con una mayor participación de los migrantes en delitos. Aunque este es un canal directo a través del cual las migraciones podrían afectar la seguridad ciudadana, trabajos como el de Bianchi et al. (2012) han señalado la importancia de analizar también el efecto de la migración en la participación de los nativos en el crimen, dado que el mercado laboral de los sectores más vulnerables se ven afectadas como producto del fenómeno migratorio.

 

 

[1] Según el Censo 2005 del DANE residían en el país 107.641 personas nacidas en el exterior que correspondían aproximadamente al 0,2% del total de la población.

[2] Por estatus irregular nos referimos a aquellos migrantes que ingresaron por lugares distintos a los puntos de control migratorio de Migración Colombia por lo que no cuentan con alguna autorización para su estadía en el país como visa, cédula de extranjería, salvoconducto o PEP.

[3] Hurto a personas, hurto a comercio, homicidio, lesiones personales

[4] Para un municipio promedio de la muestra, se encuentra que la tasa de hurtos a persona solo habría aumentado en 0.1 y la tasa de hurtos a comercio en 0.2 casos por cien mil habitantes en un mes con un flujo migratorio promedio.

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