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BORRÓN Y CUENTA NUEVA: LOS COSTOS DEL POPULISMO

Por Andrés Zambrano

 

Recientemente el Senado aprobó el proyecto de ley bautizado como “Borrón y Cuenta Nueva” presentado por el ausente David Barguil y Luis Fernando Velasco. Parte del proyecto consiste en que el historial de mora de un ciudadano desaparezca si paga su deuda dentro de los siguientes seis meses. Esta propuesta, que cala en la memoria de la gente como benéfica, y que promete ser por una sola vez, como en el 2008, esconde costos más graves que los beneficios que aparentemente tiene.

¿Qué dice la teoría económica frente a esta propuesta? Aquí nos enfrentamos a un clásico problema de información en el mercado financiero analizado desde hace más de 50 años, y que le hizo merecedor de un premio Nobel de Economía a George Akerlof. El término económico se conoce como selección adversa y hace referencia a casos donde dos personas quieren transar un objeto o servicio, pero uno de ellos sabe algo que el otro no sabe.

Suponga que los usuarios de servicios financieros pueden clasificarse como buena paga y mala paga, pero esto sólo lo saben ellos. Un banco sabe que con los buena paga siempre recuperaría su dinero, con los mala paga hay una probabilidad alta de que no. Si el banco supiera quién es quién, le prestaría a los buena paga a una tasa de interés baja y a los mala paga con una tasa de interés alta dado el mayor riesgo que representan. Pero si no sabe qué tipo de persona es la que está acudiendo por un crédito, el banco solo prestaría a tasas de interés altas. Si prestara a tasas bajas, saldría perdiendo porque los mala paga también tomarían esos créditos. El problema es que los buena paga podrían considerar que estas tasas son demasiada altas y preferirían no pedir un crédito, justo cuando habrían más ganancias para las dos partes.

Precisamente el rol de las centrales de riesgo como Datacrédito es disminuir estos problemas de información y permitir que el mercado funcione mejor. Con el historial de las personas, los bancos pueden ajustar sus tasas de acuerdo con los perfiles de riesgo y más personas podrían tener acceso a créditos. Si el proyecto de ley termina siendo aprobado, los bancos no tendrían información previa de sus clientes potenciales, aunque sospecharán que dentro de ellos habrán mala pagas, y por ende cobrará tasas más altas de interés. Los buena paga saldrán perdiendo, los mala paga seguirán con las mismas condiciones de antes. Con un serio agravante, la aprobación de cuando en cuando de este tipo de proyectos, como en el 2008, aumentaría la proporción de mala pagas en el tiempo que esperarán el próximo proyecto de ley que borre su historial. La política “bien intencionada”, si no populista, tendría más costos que beneficios.

Los efectos perversos de estas políticas mal diseñadas ya han sido calculados en Chile y muestran una reducción preocupante del crédito agregado. Más aún, muestra que los niveles de retraso en pagos volvieron a ser los mismos tres años después de dicho borrón y cuenta nueva, y continuaron aumentando en los años subsiguientes. El problema con estos proyectos es que sus ponentes no piensan en cómo van a reaccionar los actores del mercado. Si el Estado interviene en el mercado, en este caso reduciendo la información de los bancos, es muy ingenuo pensar que los bancos seguirán comportándose de la misma manera.

En lugar de proponer proyectos simplistas que funcionen como plataforma para capturar los votos de ciudadanos incautos, pensemos en propuestas que de verdad solucionen el problema. Si el problema proviene porque es difícil distinguir entre buena y mala paga, lo mejor que podría suceder es que todos fueran buena paga. Para esto debemos entender qué lleva a que las personas no puedan pagar un crédito y corregirlo. Se me ocurren dos propuestas al respecto.

Primero, debemos educar financieramente los hogares. Debemos enseñarles qué significa un préstamo y las obligaciones que ello conlleva. De esta manera, antes de pedir un crédito, podrán hacer una mejor evaluación de la probabilidad de que puedan pagar el crédito. Segundo, debemos promover la competencia entre los bancos para que los costos de los préstamos sean menores. Si permitimos que se armen grandes conglomerados que se pongan de acuerdo en cobrar márgenes altos, más personas caerán en impago frente a los altos costos de acceder a un crédito. Esto último será muy difícil en un Congreso repleto de grupos de interés manejados precisamente por estos grandes conglomerados financieros. Y aún más difícil si los honorables congresistas no quieren ir a trabajar y ganarse justamente su enorme salario. Esta en nosotros elegir congresistas que sí quieran hacer bien la tarea.

 

 

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