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Publicado el Diego Leandro Marín Ossa

Coevaluación y (re)elección

El 15 de noviembre comenzará la coevaluación de profesores de planta y transitorios en la Universidad Tecnológica de Pereira, al menos así lo tiene previsto en su cronograma el Vicerrector Académico, Jhoniers Gilberto Guerrero Erazo, pese a que en el Consejo Superior quedó establecido que se suspenderían este tipo de actividades, pues ese mismo día dará inicio el proceso de elección del rector o rectora de dicha institución, primero con una consulta virtual dirigida a la comunidad universitaria, que elegirá una terna entre los 6 candidatos inscritos: Alexander Molina Cabrera; Carlos Alfonso Victoria Mena; Giovanni Arias; Xiomara Rocío González Ordóñez, Juan Carlos Gutiérrez Arias y el actual rector, para que luego, el Consejo Superior opte por un nuevo perfil o reelija a Luis Fernando Gaviria Trujillo, quien ya completa 9 años en el cargo, en el que está atornillado desde el año 2014. Este sería su cuarto periodo, después de que su tercera reelección fuera muy cuestionada, pues en el año 2020 no tuvo que enfrentarse a otros candidatos. 

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Y su permanencia en la rectoría de la institución podría durar 8 años más si logra entrar en la terna, ya que un acuerdo reciente del actual Consejo Superior, amplió el período de 3 a 4 años, con la posibilidad de reelegir al funcionario que ocupe el cargo, durante un periodo más, al respecto dice el profesor Juan Carlos Burbano que: «El mecanismo que vamos a estrenar para la elección del rector es el resultado de la revisión a través de una matriz detallada con información de las 33 universidades públicas en el país». Sin embargo, aunque el acuerdo es un avance considerable en términos democráticos, conquistado con mucho esfuerzo por parte de los estudiantes, profesores y trabajadores de la institución, también puede instalar definitivamente a Gaviria Trujillo en la silla, del tercer puesto oficial más importante del departamento de Risaralda, luego de la alcaldía de Pereira y de la gobernación.

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Así las cosas, sumaría 17 años, un nuevo récord, si tenemos en cuenta que su antecesor, Luis Enrique Arango, estuvo más de 15 años en el mismo lugar.

En ese sentido, hay suficientes ejemplos en la historia de Colombia, de Latinoamérica y del mundo entero, sobre las consecuencias nefastas que trae para la sociedad, la reelección indefinida de un funcionario público, que, “enfermo de poder”, hace años que deja entrever los rasgos de quienes padecen el síndrome de hibris o de la desmesura.

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Al parecer, la obsesión de algunos funcionarios públicos por el poder, los lleva a considerar que nadie, más que ellos, puede hacer las cosas “bien”, o incluso mejor, asimismo, cabe decir que si un empleado oficial como el rector de la UTP, no fue capaz de realizar sus promesas de campaña en el período para el cual fue elegido, debería replantearse su postulación al cargo y por consiguiente su reelección. 

Entre tanto, el proceso de elección, o de reelección, se extenderá hasta el 22 de noviembre aproximadamente, cuando el Consejo Superior elija un nuevo rector o una nueva rectora de la terna, o ratifique a Gaviria, mientras que la coevaluación de profesores se prolongará hasta el 7 de diciembre. Esa coyuntura, sin duda alguna, genera suspicacias, y de ninguna manera es conveniente para el proceso democrático al interior de la universidad, que según diversas voces de la comunidad universitaria, es un fortín de cuotas burocráticas de varios partidos políticos, sobre todo el Liberal, en cabeza del expresidente Cesar Gaviria Trujillo, hermano del actual rector.

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Cabe recordar que, en las recientes elecciones regionales, el partido del clan Gaviria ganó la gobernación de Risaralda con el hijo de Diego Patiño Amariles, y obtuvo un número considerable de escaños en la Asamblea del departamento, al igual que en el Concejo de Pereira, la capital. 

Precisamente, al gobernador de turno le corresponde por derecho propio, un lugar en el Consejo Superior, al que se le suman: un representante de los exrectores, que desde hace muchos años es Juan Guillermo Ángel Mejía, otro cacique político de vieja data que fue senador del Partido Liberal. Adicional a estos dos, tienen lugar en dicho organismo, un representante del sector productivo; un delegado del gobierno nacional; un delegado del Ministerio de Educación; un representante de los egresados; una representante de los estudiantes; un representante de los docentes; un representante de las directivas académicas; y el mismo rector que participa con voz pero sin voto. 

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Vale decir que, hasta hace poco, cuando comenzó el gobierno del Pacto Histórico, el actual rector tuvo el apoyo casi unánime del Consejo Superior para hacer todo lo que se propusiera, pero el panorama le cambió desde el año pasado con el ingreso de varias voces divergentes con poder decisorio, entre ellos el representante del Presidente de la República Iván Alberto Vergara Sinisterra, dirigente del movimiento Cimarrón, y la representante del Ministerio de Educación Nacional. Pero además, después se le sumaron las voces del representante de los egresados y de la representante de los estudiantes, quienes en cada reunión, llevan al rector a debatir y a negociar sus decisiones como debe ser, teniendo en cuenta las necesidades, los intereses y la opinión de la comunidad universitaria, algo que Gaviria había esquivado y menospreciado hasta ahora. 

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Sin embargo, hay que decir que la UTP se ha proyectado a nivel nacional e internacional como una de las mejores universidades del país, pero ese logro no es del rector y tampoco justifica su reelección, pues ese es el resultado previsto de un proceso histórico, fruto del esfuerzo, trabajo y dedicación de la comunidad universitaria, que incluye a los jubilados, los egresados, los estudiantes, los empleados y los docentes en todas las modalidades de contratación. La mayoría de los cuales viven en la precariedad laboral. Según el profesor Burbano, «ya son más los profesores transitorios que los profesores de planta en la universidad. Los profesores catedráticos ya son alrededor del 70% del total».

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De otro lado, también es cierto que la permanencia de cualquier funcionario público en el poder, como en este caso, da lugar al abuso de autoridad en diferentes instancias de la UTP, y así lo demuestran las denuncias por acoso laboral que llegaron hasta la Procuraduría, y que tienen a varios funcionarios de la actual administración, enfrentados a sendos procesos disciplinarios abiertos en su contra. 

Conozco los casos de dos profesoras que me autorizaron mencionarlas en este escrito, el caso de la profesora María Beatriz Valencia Bonilla, Doctora en Ciencias Económicas; y el caso de la Psicóloga Martha Lucia Villabona Bayona, presidenta de SINTRAUNICOL UTP. 

Y adicional a estos dos, está el caso del profesor Pedro Pablo Ballesteros Silva, Doctor en Ingeniería, quien además de enfrentar el presunto acoso laboral, ha denunciado valientemente, hechos de presunta corrupción al interior de la UTP durante el actual proceso electoral, lo que incluye posibles delitos de mayor gravedad y posibles investigaciones de carácter penal que involucran a varios funcionarios del actual rector. 

De otra parte, hace poco que a los trabajadores ya sean de carrera o no, los evaluó la administración, con el pretexto de propiciar la “modernización” de la UTP, sin embargo este año, según la presidenta de SINTRAUNICOL UTP, se agudizó el presunto hostigamiento y la presunta persecución laboral. 

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Todos los casos de presunto acoso laboral, según las víctimas, cuentan con las pruebas necesarias para comprobar los hostigamientos y la persecución, desatada en contra de los docentes, por parte de otros profesores y por parte de la administración. 

Precisamente, uno de los denunciados por presunto acoso laboral es mi evaluador, quien, a pesar de su evidente conflicto de intereses, nuevamente, por segundo año consecutivo, tendrá a su cargo dicha misión.

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De manera que, con todo lo anterior, la posible reelección del actual rector, Luis Fernando Gaviria Trujillo, representa un riesgo para quienes tuvimos el valor de denunciar, pero también lo es para quienes aún no lo han hecho, y que de igual forma, padecen en silencio, el acoso laboral día tras día. 

La continuidad de Gaviria, al igual que la de su círculo de poder, conformado entre otros por el Vicerrector Académico, Jhoniers Gilberto Guerrero Erazo, y el Jefe de la Oficina de Talento Humano, Jairo Ordilio Torres Moreno, garantizan que todo siga igual y sin solución, pese a que la ley señala, que todos los funcionarios públicos tenemos el derecho de trabajar en un ambiente armónico y seguro, con todas las condiciones y recursos necesarios para cumplir con nuestro deber. 

Para terminar, espero que, con esta publicación, tanto el actual rector, como las demás directivas de la institución, respeten mi derecho a la libertad de pensamiento y mi derecho a la libertad de expresión, ya que desde que denuncié el presunto acoso laboral del que soy víctima, me segregaron, me discriminaron y me excluyeron de los espacios que por derecho propio me corresponden como profesor nombrado, para la práctica democrática del disenso y de la participación.

Y también espero, que las personas que dirijan la institución desde el próximo año, tengan la formación, la empatía, los principios y la solidaridad necesaria para que actúen con justicia, transparencia y respeto, ante las dificultades y los reclamos de los trabajadores, profesores, estudiantes, egresados y pensionados de la Universidad Tecnológica de Pereira, que es una institución que todos queremos y a la que le hemos dedicado décadas de trabajo para que hoy sea reconocida a nivel internacional. 

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En conclusión, considero que el rector Ad-Hoc debe suspender la coevaluación, al menos hasta que termine el proceso electoral, y para eso debe oficializar la decisión a través de un acto administrativo, pues a los docentes nos siguen llegando correos en los que nos presionan para realizar el proceso de autoevaluación.

Y en ese orden de ideas, pienso que, afortunadamente, por primera vez en mucho tiempo participaremos realmente de un proceso democrático en el que hay de dónde escoger, pues ahora los profesores tenemos el 40% de poder electoral, los estudiantes tienen el 35%, 15% los egresados y un 10% los trabajadores de la institución.

En mi caso, ya tengo claro que quién merece mi apoyo es Alexander Molina Cabrera, Doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes, con formación profesional y de maestría en la UTP, buen ser humano, buen profesor y buen decano de la Facultad de Ingenierías, cuyas propuestas representan la mayoría de aspiraciones de la comunidad universitaria, incluido el movimiento sindical, una persona que sin duda llegará a trabajar con todos y para todos, independientemente de su filiación política, eso sí, garantizando la calidad y el derecho a la educación. 

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