Hace meses, cuando nos propusimos escribir esta columna, nos trazamos el objetivo de resaltar todo lo bueno que tiene el territorio del Pacífico nariñense, y creo que así lo hemos hecho a través de este espacio que, de una u otra manera, ha visibilizado lo invisible, que ha intentado mostrar la Colombia oculta, la que ha sido enmarcada dentro de las periferias de un centro, nacional y regional, que ha sido perverso con este territorio; aquí hemos paseado por todos y cada uno de los municipios que componen las regiones Sanquianga, Pacífico Sur, Telembí y Pie de monte costero; nos hemos sumergido en sus selvas y hemos navegado por ríos y esteros, hemos meditado en playas y gozado en fiestas y celebraciones; hemos recordado parte de la historia oculta del territorio, sacamos a flote la goleta Rosa de los Andes y hemos revivido hechos y acontecimientos importantes para la celebración del Bicentenario de la Independencia, historia enmarcada generalmente en el capricho del monarquismo pastuso y el heroísmo de piedra de la historia oficial nacional; hemos recordado a mujeres y hombres que han permitido construir el territorio, formando una cultura única en el concierto de la nación, desde la palabra escrita o la oralidad, desde la música religiosa o pagana; hemos intentado mostrar al ser humano del Pacífico, negros, indígenas y mestizos, inmersos en una realidad que han apropiado como suya, recreando mitos, vernáculos o traídos, para explicar su puesto en este espacio del Mundo.
El interés constante de Pazifico, cultura y más, ha sido mostrar todo lo bueno que tiene este territorio: su gente buena, honesta, trabajadora; su naturaleza próspera y exuberante; la capacidad de resiliencia de todo el territorio y la capacidad organizativa de sus comunidades, pese a todas las diferencias que puedan existir.
Sin embargo, frente a los últimos acontecimientos acaecidos en varios de sus municipios, donde la estela de violencia ha generado nuevamente desplazamientos y toda clase de revictimizaciones, consideramos que no podemos quedarnos callados frente a una realidad que no se puede desconocer. Es por ello que en este espacio nos ocuparemos de esa violencia que azota al territorio y las tristes secuelas que va dejando entre todos sus pobladores y en su naturaleza misma.
Debo confesar que durante el 2017 y el 2018, pudimos recorrer todos los municipios del Pacífico nariñense sin dificultad alguna por el orden público, visitamos decenas de veredas y de puntos geográficos que ni siquiera aparecen en los mapas; en dos ocasiones fuimos retenidos por grupos subversivos, tanto por el ELN como por las Guerrillas Unidas del Pacífico, que entonces comandaba alías Guacho; en ambas oportunidades pudimos entablar diálogo con los guerrilleros, sin que ninguno de nuestros compañeros de trabajo saliera mal y, finalmente, permitieron nuestro trabajo, en razón a que era vital para el desarrollo de las comunidades asentadas en esos territorios.
Si nos llamó la atención la cantidad de cultivos de hoja de coca que se riega por todo el territorio, desde Santa Bárbara de Iscuandé hasta Ricaurte, sobre todo cuando los cultivos estaban tan cerca de las escuelas o de los puestos de Policía; esa fue una preocupación constante, pero era un tema que no cobijaba nuestro campo de acción, por tanto fuimos, debo confesarlo, testigos mudos de como los cultivos tradicionales fueron reemplazados por la hoja de coca, inclusive hubo lugares donde los lugareños nos manifestaban que el plátano que comíamos era traído del Ecuador, ya que en ahí no se cultivaba, en la medida que la coca había ocupado la mayor parte de los terrenos cultivables.
Claro que hubo problemas de orden público, voladuras de algunas torres de energía que nos dejaron sin este servicio durante días en Magüi Payán donde adelantábamos algunos eventos comunitarios; algunas actividades, pocas en verdad, que debieron ser canceladas por la presencia de grupos al margen de la ley que no permitieron nuestro ingreso. Pero, en general, no hubo mayores inconvenientes. En Tumaco, y en los demás municipios, pudimos salir sin peligro a la hora del día o de la noche que fuese, jamás vi a nadie robar algo, ni siquiera en El Morro, el sitio más concurrido por los turistas, cosa que me llamó tanto la atención, sobre todo porque la mayoría de mi vida ha transcurrido en Bogotá, en donde el peligro puede acechar en cada esquina.
Sin embargo, el 2019 y el 2020 han llamado nuevamente la atención de los colombianos respecto al Pacífico nariñense, tan ultrajado y vilipendiado, debido a los difíciles problemas de orden público que se presentan casi a diario. El día 20 de enero de este año, la Alcaldesa Distrital de Tumaco debió declarar la emergencia humanitaria, debido al desplazamiento forzado del que fueron victimas más de 3500 habitantes de 35 veredas del Consejo Comunitario Rio Chagüi, ocasionado por el enfrentamiento entre grupos disidentes de las Farc y otros grupos que reclaman el territorio para sí, todo unido al narcotráfico.
En 2019, estos mismos enfrentamientos habían generado desplazamientos en los municipios de la región del Telembí, muchos de los cuales llegan a Barbacoas o a Tumaco, generando zozobra en un municipio que no tiene mayores fuentes de empleo y que debe enfrentar las penalidades acumuladas de años de abandono por los gobiernos departamental y nacional, ya que ni siquiera cuenta con acueducto y alcantarillado, al igual que el resto de municipios de toda la región.
A mediados de la década de los 80, llega la guerrilla de las Farc, pasando de acciones inicialmente políticas a represiones armadas contundentes, como la voladura del oleoducto trasandino, secuestros y extorciones a la población civil. Posteriormente, en la década de los 90, un grupo de comerciantes, liderados por los paisas, para evitar las acciones armadas guerrilleras, llevan al territorio a los paramilitares, con acciones verdaderamente dantescas, cuyo recuerdo aún estremece a los habitantes cuando la cuentan: madres que no podían enterrar a sus hijos, cuyos cuerpos eran dejados en las vías de las ciudades, con el fin de generar escarmiento y temor; asesinatos selectivos y ocasionales, como aquel paramilitar que le pegó un tiro en la cabeza a un desprevenido conductor, quien sin querer casi lo atropella, sin importarle que su hijo menor estaba junto a él; cuerpos desmembrados que corrían por ríos y esteros, cuando no el macabro juego de futbol con las cabezas de sus víctimas. Y también la presencia de las Fuerzas Militares y de Policía pusieron su cuota de violencia, como cómplices silenciosos de los asesinatos que cometían los paras en todo el territorio.
Para nadie es un secreto que la economía extractivista del territorio ha sido un fracaso, generando unos cuantos ricos y miles de pobres, personas y territorios explotados por foráneos, desde la tagua hasta la palma de aceite, pasando por la silvicultura. Y esto también ha sido caldo de cultivo para la violencia, ya que muchos de los territorios cultivables han sido violentamente arrebatados a los pobladores, generando desplazamiento, desarraigo y pobreza. Hoy la restitución de tierras es una necesidad imperiosa, pero se hace más difícil cuando la violencia se recrudece y cuando la informalidad reina.
Hay que recordar que el narcotráfico es consecuencia del abandono histórico del Pacífico colombiano, así como la violencia que de él deviene; aquí la coca no llegó por capricho de unos pocos, el territorio fue y es caldo de cultivo para la ilegalidad, el culpable no es otro que el Estado. Los pobladores son sus víctimas. El narcotráfico es el peor mal que hay en el territorio, ya que genera economías ilegales que permean absolutamente todo, tanto lo público como lo privado, por eso es común escuchar a los habitantes del territorio decir que existe una especie de pacto, donde la fuerza pública permite que todo pase y nada pase; para nadie es un secreto que los carteles mexicanos hacen presencia ahí, desde hace años, atraídos por un corredor donde es relativamente fácil sacar la pasta de coca a Centro América y a Estados Unidos, pero también atraídos por una sociedad necesitada que, ante la ausencia de fuentes de empleo, busca de cualquier forma recursos, así como por una casta política tradicionalmente corrupta y una administración pública ineficiente.
“Hoy coroné”, es una expresión común, sobre todo en las personas jóvenes, de 15 a 30 años, aproximadamente, quienes caen en las garras del narcotráfico ante la ganancia supuestamente “fácil”; entonces, se hacen fiestas de una semana, con los más finos licores comprados a los paisas, se hace ostentación de ropa de marca o de celulares de última generación, así como el acompañamiento de prostitutas, que deben vender su cuerpo al mejor postor, y es que pareciera que para ellas no hay otra salida.
Pasar por Llorente, una vereda de Tumaco, es tener una perspectiva real de cómo el narcotráfico genera un conglomerado social difícil de describir; es un territorio ampliamente conocido por el cultivo de coca, donde la mayoría de sus habitantes son foráneos, llegados del Caquetá, Putumayo y con amplia presencia de paisas; es una vereda que quiere parecer una ciudad cosmopolita, lo usual es ver almacenes con los elementos más lujosos que uno se pueda imaginar, mesas llenas de cervezas importadas, y los raspachines y los jóvenes, que parecen idiotas útiles al servicio de poderosos señores oscuros, a los cuales nunca se ve.
Hemos dicho en varios artículos la impresión que causa llegar a los municipios costeros o ribereños, uno de ellos es El Charco, que se extiende plácido sobre el hermoso río Tapaje, en cuyo puerto está cercana la estación de Policía, la cual fue atacada el 17 de enero de este año, algo que hace mucho tiempo no pasaba; claro, este es un municipio estratégico, por eso la disputa permanente entre los grupos ilegales, que buscan estos corredores del narcotráfico para sí. Con seguridad, muchos de los habitantes, entre ellos las comunidades indígenas Eperara Siapidara, no podrán salir a abastecerse, generando nuevamente desabastecimiento en sus resguardos.
Las fiestas del Nazareno, en Magüi Payán, este año tuvieron la presencia obligada de más de 500 personas que huyeron de la vereda Brizas de Hamburgo, debido al enfrentamiento entre el grupo que controlaba el territorio y uno nuevo que quiere desplazarlos y ejercer dominio sobre él.
En reciente visita de Iván Duque a Tumaco, acompañado del embajador de Estados Unidos, se comprometió a enviar más fuerzas armadas al territorio, sin embargo, esta no es una solución frente a la grave problemática que existe; la historia reciente, propiamente la de la denominada Seguridad Democrática, demuestra que lo que se genera es mayor desplazamiento de la población civil, generación de desconfianza social y posibilidad de armamento por parte de particulares. En pocas palabras, son mayores los males que los beneficios que esto genera.
De igual manera, este gobierno sigue insistiendo en la necesidad de la aspersión aérea con glifosato, que es a lo que más se oponen los campesinos del territorio, ya que éste acaba no únicamente con las matas de coca, sino con todos los cultivos, incluidos los de pan coger, además de enfermedades a quienes están expuestos, que nos son únicamente los cultivadores de coca, sino también niños, ancianos y campesinos que ahí viven. La erradicación manual genera muchos costos humanos y económicos, porque hay francotiradores cuidando estos cultivos, además muchos están sembrados de minas antipersona, lo que genera un riesgo inmenso. Pese a todas las controversias que pueda generar la propuesta de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, es la única salida que contempla la propia comunidad, así está estipulado en los acuerdos de Paz, sin embargo, en este gobierno parecen letra muerta.
De tal manera que ir a Barbacoas, Magüi Payán o Roberto Payán se hace bajo el riesgo personal de ser victima del enfrentamiento de bandas criminales, disidencias de las Farc o de otros grupos, auspiciados por los narcotraficantes para controlar el territorio; ir a Iscuandé, El Charco, La Tola, Olaya Herrera o Mosquera, implica cruzar por esteros y caminos que son custodiados por quienes resguardan estas rutas cocaleras; cruzar la bahía de Tumaco para llegar a Francisco Pizarro ya no es tan seguro, y pasear por Tumaco con tranquilidad ya no es posible, pulula el miedo, y los desplazados que llegan de los otros municipios son cada vez más.
Con seguridad, mucho de lo aquí descrito no es nuevo para muchos; sin embargo, se pretende es volcar la mirada hacia esa Colombia oculta, la invisibilizada, que merece mucho más que un emoticón cuando saltan a flote estas tristes noticias; las ayudas son importantes, como no, permiten suplir las necesidades de muchos desplazados que han debido dejar todo; sin embargo, eso no es todo, se requiere ir más a la acción, sobre todo de quienes tienen los medios para hacerlo, los grandes empresarios, el Estado mismo, los gobiernos departamentales y locales, muchos de los cuales están cundidos en corrupción, fácilmente comprobable con el número de funcionarios destituidos, en la cárcel o en sus casas por cárcel.
Varios son los factores que han llevado al Pacífico nariñense a ser un territorio que pareciera estar abandonado a su suerte: la presencia de grupos al margen de la ley; la violencia ejercida por los grupos ilegales; la ausencia del Estado colombiano y del gobierno departamental en el territorio; el sentimiento de inseguridad y la ineficiencia de las Fuerza Militares y de Policía; la dinámica del conflicto interno recrudecido en el último año; y la influencia del narcotráfico en toda la región.
Durante un año y medio se construyó un Plan de Acción de Transformación Regional -PATR-, en el marco del PDET, contemplado en los Acuerdos de Paz; este plan, se alimentó de 11 Pactos comunitarios elaborados por la misma comunidad y por las autoridades municipales, en cada uno de los municipios que conforman este territorio; y estos, a su vez, se alimentan de muchos encuentros veredales, así como de dos pactos étnicos, en donde se definió unas iniciativas que permitirían el desarrollo territorial, partiendo de las veredas, para disminuir la brecha que existe entre el campo y la ciudad.
Se supone que el actual gobierno debe implementar lo abordado por más de 9800 actores del territorio que construyeron el PATR, buscando con ello mejorar sus condiciones en salud, educación y primera infancia, vivienda y saneamiento básico, ordenamiento de la propiedad rural y uso del suelo, infraestructura y adecuación de tierras, reactivación económica y producción agropecuaria, y reconciliación, convivencia y construcción de paz. Este documento posibilita la transformación del territorio desde la perspectiva de sus propios pobladores, quienes han padecido la violencia y todas sus consecuencias por décadas y durante varias generaciones. Esta es la dichosa paz con justicia social, no la de las banderitas blancas o de las palomas pintadas en el suelo.
Duele, y siempre dolerá, la persecución a los líderes sociales; muchos de los que han sido asesinados en el Pacífico nariñense fueron compañeros de trabajo, con muchos tuvimos oportunidad de viajar por esas trochas para ir a escuchar a sus comunidades, defendiendo su cultura, su tierra, sus costumbres.
Ahí, afrodescendiente organizados en Consejos Comunitarios, agrupados en organizaciones de segundo nivel como Recompas -Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur, Asocoetnar -Asociación de Comunidades y Organizaciones Étnicas Territoriales de Nariño-, Copdiconc -Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño y Cauca-, Consejos Unidos de Magüi; así como con los indígenas Eperaras Siapidaara, agrupados también en la organización de segundo nivel Aciesna -Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidaara de Nariño- y con los Awá, agrupados en Camawari -Cabildo Mayor Awá de Ricaurte- y Unipa – Unidad Indígena Del Pueblo Awá, y muchos otros que no pertenecen a estas organizaciones, pero que habitan y aman el territorio; de igual manera, muchos líderes de las Juntas de Acción Comunal. Todos ellos deben enfrentar diariamente una lucha sin tregua por la defensa de lo suyo, exponiendo su vida, muchos de los cuales son vilmente asesinados, bajo el amparo cómplice de un Estado que se niega a reconocer la eliminación sistemática de los lideres sociales en Colombia.
El poder de los habitantes del territorio es su resiliencia, sin ambages, muchos de ellos manifestaban cómo han superado miedos de toda índole, de ahí no salen porque ahí está lo suyo; ahí nacieron y enterraron a sus ancestros; ahí aprendieron a amar la vida, a vivir en armonía con esa naturaleza que pulula por donde se mire; ahí está doña Martina, el profe Miguel, Leyson, hombres y mujeres de ese territorio que son, como todos, más fuertes que la violencia, más que el narcotráfico, más que los asesinos a sueldo, más que todos aquellos que quieren borrar de un brochazo lo heredado y construido con esfuerzo. Es que ahí todos somos Pazifico, el litoral recóndito que siempre vencerá sus miedos y fortalecerá la vida.