La batalla por la vivienda y el futuro del turismo

Barcelona es una de las ciudades más vibrantes y visitadas del planeta. Su diversidad cultural la hace poderosa. Pero al igual que otras ciudades de España, como Valencia o Madrid, y también del mundo, ya que la tendencia sigue siendo abandonar las poblaciones para superpoblar las urbes, la capital de Cataluña se encuentra sumida en una profunda crisis de vivienda.

Los precios del alquiler han alcanzado niveles estratosféricos, impulsados por un implacable proceso de gentrificación y una afluencia masiva de más de 30 millones de turistas anuales. Esta tormenta perfecta de alta demanda y especulación ha convertido la búsqueda de un hogar en una misión casi imposible para las familias y los residentes que buscan estabilidad a largo plazo.

La tensión social más palpable y mediática estalló en las calles en 2024 cuando algunos vecinos, desbordados por la situación, protagonizaron protestas e incluso ataques menores a turistas, en los que exigían a las autoridades soluciones urgentes ante lo que percibían como la pérdida de la esencia de la ciudad. Igual, todo se mueve. Todo cambia. Pero su intención es que no cambiara tan aprisa y desmesuradamente.

Cuál ha venido siendo la respuesta

Ante la crisis, el gobierno central promulgó la Ley de Vivienda, una medida diseñada para poner freno a una situación desbocada. Su disposición más significativa establece que los propietarios solo pueden aumentar el precio del alquiler hasta un máximo del 3% anual, a menos que exista un acuerdo mutuo entre las partes. Esta normativa ha tenido un impacto directo y positivo en las familias, que por fin pueden prever sus gastos y protegerse de subidas repentinas.

El Ayuntamiento de Barcelona decidió ir más allá. A partir de abril de 2025, la nueva Ley de Propiedad Horizontal otorga a las comunidades de vecinos el poder de prohibir la actividad de alquiler en sus edificios. Esta medida sin precedentes busca devolver el control a los residentes y frenar la conversión de viviendas en apartamentos turísticos.

La estrategia barcelonesa no se limita al mercado residencial. El Plan Especial de Alojamiento Turístico (PEUAT) busca regular y distribuir de manera más equitativa la oferta de alojamientos turísticos, evitando su concentración en barrios específicos y aliviando la presión sobre ellos.

Medidas en curso

En una jugada que ha generado preocupación en plataformas como Airbnb, el Consistorio anunció que, a partir del 1 de octubre de 2025, aplica un recargo máximo de 4 euros por noche en este tipo de alojamientos. Esta tasa pretende generar recursos para mitigar el impacto del turismo masivo.

José Antonio Donaire, Comisionado de Turismo Sostenible de Barcelona, lo dejó claro en una entrevista al diario La Vanguardia el 18 de septiembre pasado: “Barcelona ha llegado a un límite… Nuestra batalla es recuperar los espacios comunitarios. Trabajaremos con las asociaciones comerciales para abrir tiendas de proximidad”. Uno de los grandes signos de la descomposición de las dinámicas en Barcelona es la manera en que se abren supermercados y tiendas con servicio las 24 horas. Aunque es cómodo para turistas e incluso locales, rompe la dinámica de la ciudad.

Donaire concluye que Barcelona está camino de convertirse en “la ciudad más regulada para los turistas”, un laboratorio urbano que busca desesperadamente el equilibrio entre la riqueza que genera el turismo y la supervivencia de su propia comunidad. La ciudad se juega su futuro en esta compleja batalla por la vivienda y la convivencia.

Valencia puede seguir un camino similar. Justo esta semana la Universidad de Valencia encontró que incluso los pisos nuevos ya se están agotando. No hay cama para tanta gente. Y los precios continúan en aumento. La demanda por estos lugares perfectos e idílicos empieza a tener regulación para controlar su explotación. ¿Podrán lograrlo?