La tortuga y el patonejo

Publicado el Javier García Salcedo

Sanción a la sanción social: Carrascal vs. Restrepo

“[La] influencia civilizadora y beneficiosa de la asociación, y la eficiencia y la economía de la producción en gran escala, pueden obtenerse sin necesidad de dividir los productos en dos partes con intereses y sentimientos hostiles, siendo la mayoría de los que hacen el trabajo meros sirvientes bajo la autoridad del que aporta los fondos, sin otro interés en la empresa que ganar sus salarios con el menor trabajo posible. […] Si continúa el progreso […], no hay duda de alguna de que […] la relación entre amos y obreros irá siendo sustituida por una asociación bajo una de estas dos formas: en algunos casos, la asociación de los obreros con el capitalista; en otros, y quizá en todos al fin, la asociación entre los mismos trabajadores”.

El pasaje proviene de los Principios de economía política, obra publicada en el mismo año y en la misma ciudad en los que un par de pensadores de dudosa reputación publicaron el Manifiesto del partido comunista. El autor de estas observaciones, J.S. Mill, un destacado heredero de la muy inglesa y liberal tradición utilitarista, no era alguien particularmente afecto al comunismo, como usted quizá podría llegar a pensar después de leer el fragmento anterior. Por el contrario: Mill no escatima esfuerzos en sus Principios para describir las ventajas económicas y morales que se siguen (en principio) de la privatización de los medios de producción y para mostrar por qué les socialistas yerran al plantear que la desaparición de la libre competencia puede servir de remedio a los malestares socio-económicos de su época. Sin embargo, algo que Mill, “el gran santón de los economistas” (así lo describe Hobsbawm), sí compartía con sus contemporáneos de izquierda es el diagnóstico que éstes realizaban de esos malestares, así como la convicción de que sacrificar el progreso social de una nación para promover su desarrollo industrial no era justo, conveniente o necesario. Esta opinión le es tan cara que incluso lo lleva a flirtear con ideas que pueden sonar sacrílegas a oídos de muches economistas liberales, tales como la abrogación del derecho de herencia o la desaparición de las castas o clases sociales.

Mill deplora (uso sus propias palabras) el hecho de que la implementación de un sistema de libre mercado sea consistente con el estancamiento o la degradación de las condiciones de vida de las clases trabajadoras de una nación. De acuerdo con Mill, la relación entre el libre mercado y la justicia social es indirecta, y lo que media entre ambos términos es la existencia de instituciones políticas que corrijan las posibles derivas de este modelo económico. Esto significa que, a ojos de Mill, es posible, quizá probable, que la ejecución de un sistema de libre mercado en sociedades dotadas de instituciones políticas enfermizas sea una receta para ahondar la brecha entre quienes pueden gozar de los beneficios asociados a este sistema y quienes no pueden hacerlo. Para un liberal como Mill, este tipo de situaciones no deben ser corregidas apelando a un régimen económico centralizado, sino fortaleciendo los mecanismos políticos mediante los cuales una sociedad logra encauzar los beneficios asociados al sistema de libre competencia al mayor número posible de ciudadanes.

Por desgracia, este componente de la doctrina liberal es con frecuencia olvidado por muches de sus epígones colombianes. Particularmente enervante resulta el caso del señor Jorge Restrepo, economista y profesor de la Universidad Javeriana, quien en una serie de trinos (vea aquí y aquí, por ejemplo) no dudó en descalificar el llamado de la activista Mafe Carrascal a boicotear el grupo AVAL por causa de sus sospechosos y poco esclarecidos nexos con Odebrecht y el Fiscal General Martínez, so pretexto de que Carrascal estaba sembrando “pánico financiero”. Esta justificación resulta, por lo menos, dubitable, aunque propiamente hablando la acusación es ridícula. La razón de esto es bien sencilla. De acuerdo con nuestro Código Penal (Art. 302) el pánico financiero es un delito que consiste en “[divulgar] al público […] información falsa o inexacta que pueda afectar la confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o accionistas de una institución vigilada o controlada por la Superintendencia Bancaria […]”. Pero he aquí el quid: los trinos de Mafe Carrascal no pretendían divulgar o describir de manera exacta o inexacta ningún estado de cosas—son meras exhortaciones a ejercer una punición social. Y los enunciados exhortativos o imperativos se diferencian de los descriptivos o divulgativos, entre otras cosas, por el hecho de que los primeros, a diferencia de los segundos, poseen condiciones de acatamiento, mas no de verdad, y por tanto no son susceptibles, desde un punto de vista meramente lógico, de ser verdaderos o falsos. Por tanto, al acusar a Mafe Carrascal de instigar el pánico económico por medio de sus trinos, Jorge Restrepo no sólo realiza una aseveración infundada y temeraria, sino que devela una incomprensión (soy caritativo) de un rasgo del lenguaje bastante elemental que, al provenir de un profesor universitario, es bastante deplorable. Las mismas razones me llevan a lamentar que el Superintendente financiero Jorge Castaño no haya dudado en hacer eco de estas acusaciones. Qué clase de profesores y de funcionaries públiques tenemos, que no logran (desean?) atisbar tan obvias y relevantes distinciones?

Ahora bien, los olvidos (o malas mañas) de Restrepo y Castaño tienen el agravante de enmarcarse en un contexto nacional que no puede sino ser calificado de defensa de la pulcritud en el ejercicio de la función pública. Y es aquí donde la alusión a las ideas de Mill se hace relevante. Pues lejos de ser un llamado a la insurgencia, al pánico o al irrespeto a las instituciones, las intimaciones de Mafe Carrascal a ejercer una sanción en contra del Grupo AVAL y a exigir la renuncia del Fiscal Martínez se insertan dentro de una añeja tradición liberal, de la cual Mill es un digno representante, que prevé que las instituciones políticas son quienes están llamadas a evitar que la libertad de los mercados se convierta en libertinaje. Por consiguiente, me pregunto, cómo interpretar el que un economista y académico trine en contra de una persona que promueve una medida que ultimadamente pretende el robustecimiento del sector que se encarga de hacer de éste un país menos desigual y corrupto? Es de anotar que éste no es un incidente aislado. En reiteradas ocasiones el señor Restrepo hizo gala de esa misma miopía (de nuevo, soy caritativo) al acusar vía Twitter al senador Gustavo Petro de “atacar a la empresa privada” por el hecho de hacer eco a este llamado de sanción al Grupo AVAL. Pero me pregunto de nuevo: es justo acusar a alguien de poseer un “sesgo anti-empresa” (sus palabras) cuando cuestiona a un grupo financiero que redituó del peor escándalo de corrupción del que se tenga memoria en Colombia, y que goza del beneficio de que el máximo encargado de la lucha contra el crimen en nuestro país haya pertenecido al grupo de abogados que alguna vez promovieron su interés? No será, más bien, que la expresión “sesgo anti-empresa” y afines están siendo utilizadas disfemísticamente para tiznar lo que una pluma menos parcial describiría como simple y llano sentido ético?

Las actuaciones de ésta y otras voces de la opinión pública nacional, al pretender amalgamar lo que es un justo reclamo a favor de la transparencia en el ejercicio de la función pública con un ataque promovido por inclinaciones ideológicas o políticas, terminan pecando del pecado que ellas mismas imputan. Nadie en particular se vería beneficiado por la salida de Néstor Humberto Martínez de la Fiscalía General, y mucho menos por un eventual reacomodo del accionar empresarial en consonancia con sus responsabilidades sociales. Por el contrario: todes, en general, nos veremos beneficiades si una persona con un pasado menos turbio y con una disposición más proclive a la verdad y a la honorabilidad que la del actual fiscal toma su lugar en la institución que tanto empeño ha invertido en desacreditar. Asimismo, todes en general nos veremos beneficiades si las empresas empiezan a tomar en serio que son agentes de la transformación social del país—para bien o para mal. Cabe preguntarse por qué algo que parece ser tan obvio, y que ha sido propugnado por pensadores que distan mucho de ser radicales o revolucionarios, puede escapársele, de manera sistemática, a esas voces que gozan de tan amplia favorabilidad por parte de les votantes de derecha en Colombia.

@patonejotortuga

Comentarios