La tortuga y el patonejo

Publicado el Javier García Salcedo

Ignominias criollas

No pude resistir la tentación de dar un par de breves puntadas (y con ello, posponer la siguiente entrega de la serie ‘Matrimonio igualitario‘) acerca de dos recientes eventos de la vida pública colombiana: (i) la elección de Álvaro Uribe Vélez como ‘el gran colombiano’; y (ii) la decisión de la Procuraduría de no investigar al senador Gerlein por sus infames y a todas luces discriminatorias declaraciones acerca del matrimonio igualitario.

Permítanme comenzar por el punto (ii), y traer a colación el brillante razonamiento que llevó a la Procuraduría a concluir que el senador Gerlein no debía ser investigado: «los congresistas tienen inmunidad parlamentaria para expresar sus opiniones personales en el recinto que mejor les parezca sin afectar directamente sensibilidades de las minorías» (cita extraída de aquí). Nótese que la frase es ambigua; no queda claro si, de acuerdo con la Procuraduría, (a) los congresistas tienen inmunidad para expresar sus opiniones siempre y cuando no afecten las sensibilidades de las minorías; o si (b) los congresistas tienen inmunidad para expresar sus opiniones independientemente de si éstas zahieren la sensibilidad de las minorías. Es patente que ambas son interpretaciones diferentes–pero también que ninguna de ellas deja bien parada a la Procuraduría. Pues, por un lado, si lo que quiso decir la Procuraduría fue lo expresado a través de (a), entonces lo que hizo la Procuraduría fue, en términos coloquiales, ‘hacerse la de la vista gorda’. Es evidente que la declaración de Gerlein (referida aquí) es discriminatoria y ofensiva para con la comunidad LGBTI. Sencillamente, no se ve cómo el afirmar que una práctica (sexual o no) que constituye la esencia de cierta comunidad es «sucia, asquerosa y excremental» puede ser calificado como una acción incluyente o respetuosa para con esa colectividad–y menos aún teniendo en mente que parte de lo que está en juego en la lucha a favor del matrimonio igualitario es que el Estado reconozca que las relaciones homosexuales no tienen nada de aberrante, asqueroso o pervertido.

Por otro lado, si lo que quiso decir la Procuraduría es lo expresado mediante (b), entonces la situación no es menos grave. Pues ello implica que, según el concepto de la Procuraduría, una persona, por su mera calidad de congresista, tiene carta blanca para proferir cualquier tipo de afirmación discriminatoria que se le cruce por la cabeza. La pregunta entonces surge: qué justifica que un congresista pueda hacer esto, y no un ciudadano de a pie? Cuál es el fundamento de este doble rasero? En sana lógica, las leyes antidiscriminatorias deberían aplicarse con igual severidad a cualquier ciudadano que goce plenamente de sus facultades cognitivas. Más aún: es bastante plausible sostener que los servidores públicos, en virtud de su publicitada y socialmente influyente labor (entre otras razones), deberían estar particularmente sometidos al imperio de la ley. No obstante, en la triste realidad colombiana la ‘inmunidad parlamentaria’ sirve para burlar las leyes que los mismos parlamentarios elaboran y redactan y a las cuales nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, so pena de sanción, debemos ceñirnos. Agradezcamos pues a la Procuraduría que, con argumentos de lujo, ha sabido justificar y prolongar este estado de cosas, y así confirmarnos una vez más que vivimos en un país de tercera.

Paso ahora al punto (i): Uribe Vélez, el gran colombiano. El resultado no sorprende, pero provoca lo que se llama ‘pena ajena’. Entre otras cosas, muestra que el tan necesario y encomiable  proceso de ‘desuribización’ llevado a cabo por el presidente Santos no ha llegado a buen término. Pero más allá de esto, creo que la elección de Uribe como gran colombiano nos fuerza a sacar una conclusión bien desagradable con respecto a las características de la sociedad colombiana, y es que carecemos casi por completo de sentido común. De otro modo, cómo es posible explicar que un señor contra el cual existen 240 procesos penales abiertos a la fecha (!) pueda ser considerado un prohombre? Y aunque hasta ahora ninguno de esos litigios haya arrojado un veredicto en su contra, y juegue a su favor (como debe ser) la presunción de inocencia, la mera existencia de esos procesos justifica la posesión de una duda razonable con respecto a su buen proceder como gobernante. Sólo por esto (y no elaboro acerca de su talante autoritario e irracional, de su oportunismo y carencia de principios, de los innumerables escándalos de corrupción que caracterizaron su administración como presidente de la República y gobernador de Antioquia, de la profunda división que fomentó y nos legó, ni acerca de muchas cosas más), elegir a Uribe como ‘gran colombiano’ es cuando menos una imprudencia y, cuando más, un acto de ese ciego e irracional fanatismo que el propio Uribe hábilmente explotó y explota, y que nos mantiene, y nos mantendrá por mucho tiempo, sometidos a los caprichos de políticos que no dan un quinto por nosotros.

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