“No me he rendido, tomé fuerzas. Dije: no voy a hacerlo (renunciar), si es posible mátenme. Estoy dispuesta para morir, mi hijo me va a ver cómo voy a morir”. Y así fue. Juana no se equivocó al proferir su propia sentencia de muerte con estas palabras premonitorias. Ya había sido varias veces amenazada de muerte, y sus persecutores serían nada menos que los hombres más poderosos de la región. Sería por esto que los audios en los que Juana denunciaba el acecho de muerte que la amenazaba no serían oídos por las autoridades. Quispe Apaza nació en la comunidad de Llojllata Laymini, y desde joven se destacó por sus pronunciamientos contestatarios que le valieron el apoyo de su población, así como la enemistad de los políticos y dirigentes más prestantes. Su fuerza de liderazgo hizo que su comunidad la eligiera como secretaria general y portavoz, y más tarde pasaría a presidir la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz “Bartolina Sisa”. Para el 2010 Juana se decidió a escalar en la política y se presentó en las elecciones municipales, y con un apoyo descomunal se convertiría en la primera mujer concejala de Ancoraimes, de la provincia de Omasuyos. La presencia de una dama dentro del capitolio municipal sería un acontecimiento inédito. Hasta aquel día el ámbito de los poderes Ejecutivo y Legislativo habían estado ocupados exclusivamente por hombres, por lo que siendo la primera, Juana no la tendría para nada sencillo. Celebró junto a sus familiares y la agrupación ciudadana Tupak Katari aquella victoria nunca antes vista, y en medio de un festín de coca y alcohol la recién electa prometió esperanzada: “Vamos a hacer proyectos”. Pero el problema fue que no la dejarían ejecutar nunca lo planeado. Su odisea comenzaría días después cuando algunos partidarios del alcalde la esperaban armados con palos a la entrada de la primera sesión del Consejo, impidiéndole finalmente el acceso, y estropeando de esta manera sus demás sesiones y su carrera política. Era común que a toda hora la estuvieran insultando por las calles en su propio idioma aymara, recriminándole ser una aliada política del alcalde pasado, quien por cuestiones de malversación de fondos se encontraba por aquel entonces recluido en prisión. Ante estos episodios de discriminación, el presidente del Consejo, Pastor Cutile, más allá de tomar partido o solamente mostrarse desentendido de la situación, apoyaba estos menosprecios para con la joven diputada. El saboteo no paró allí, y todos a su manera se complotaron para hacerle la vida imposible, anularla de todo tipo de participación y hasta acabar por distanciarla del oficio para el que fue elegida por mandato popular. Una vez llegaba al lugar de convocatoria para ingresar a una sesión, Juana descubría que a última hora le habían cambiado de sitio, y todos menos ella se habían enterado del suceso. Muchas reuniones eran celebradas en lugares apartados, por lo que el gobierno prestaba un servicio de transporte para los diputados, en el que nunca se vio involucrada la única mujer, a la que entonces le tocaría llegar en un taxi o en alguna moto que la llevara de urgencia, para encontrar en las puertas a los militares que en todo caso le impedirían ingresar. Juana pudo haber arredrado, haberse hastiado de esta penosa situación y entregarse a la derrota, saberse una perdedora e incapaz de hacerle frente a un mundo de machos que intentaba persuadirla de que abandonara, pero no lo hizo, no desistió. Fue así como Quispe Apaza intenta por la vía constitucional, interponiendo el recurso de habeas corpus, para que de esta forma se le respetara la facultad de ejercer sus funciones parlamentarias, además de que se le pagara los cinco meses de sueldo que hasta ese día se le adeudaban. Cada vez estaba más sola en la pelea. Por las calles seguía escuchando toda clase de burlas, imprecaciones y blasfemias, y el descontento de sus enemigos alcanzaría el paroxismo cuando Juana demandó al alcalde y a Pastor Cutile por desobedecer la resolución legal que le garantizaba sus derechos. Muchos fueron los obstáculos para que el proceso judicial comenzara a tramitarse. Las primeras audiencias en los juzgados tuvieron que ser postergadas por las patéticas excusas que los implicados alegaban, o por los desmadres que se formaban a las afueras de la casa de justicia para impedir que Juana se saliera con la suya. Las revueltas solían ser tan violentas, que los sindicados le propusieron a Juana girarle un cheque por el valor de su sueldo, y de esta manera se olvidara del asunto de las demandas que había instaurado en su contra. Juana no acepta la suma mientras no se le recompense además por los daños y perjuicios que le han ocasionado, lo que ya sería demasiado para un sistema patriarcal al que una mujer lo estaba poniendo en jaque, y por lo que deberían tomarse unas medias más ancestrales y primitivas. Sumado al proceso legal, Juana había denunciado algunos casos de corrupción al interior del Consejo, pero ninguna de estas denuncias sería escuchada. “Me arrastraron, me quisieron hacer renunciar a la fuerza. Mi hijo tiene 10 añitos y no han respetado a mi hijo”, comentaba Juana entre lágrimas unos días antes de su asesinato. No cedió ante la presión de las amenazas, no dejó de insistir en su lucha y en su afán por una Bolivia más equitativa, y aun sabiendo que, la apuesta, era su vida misma. Hacía un mes que había sido restituida en su cargo, o, dicho mejor, al fin aceptada, y faltaban apenas dos días para que se celebrara una última audiencia en contra del alcalde y del concejal Pastor Cutile (en la que se esperaba que los jueces dictaran sentencia a favor de Quispe), cuando Juana apareció muerta. Su cuerpo fue encontrado el 13 de marzo de 2012 a orillas del río Orkojahuira. La última vez que se le vio andaba en compañía de aquellos que luego serían procesados como autores intelectuales de homicidio, nada menos que el alcalde y el concejal Pastor Cutile. Al parecer Juana fue estrangulada con el cinturón de un vehículo, y sobre el asunto no quiso indagarse mayor cosa en un principio. Dos semanas antes los siniestros personajes de este cuento la habían amenazado por oponerse a viabilizar los presupuestos, y además se testimonió de unos audios que estaban en poder de Juana y que implicaban al alcalde en actos de corrupción respecto a la licitación ventajosa de algunas obras. La noche en la que fue asesinada, algunos cohetes y petardos celebraron la extinción de la piedra en el zapato. Sin embargo para la familia no podía quedarse así, y luego de siete meses finalmente pudieron empezar un juicio por magnicidio contra Pastor Cutile y el señor alcalde. También se comprobó de un hombre al que el alcalde le pagaba para hacerse pasar como un representante del gobierno, y que tenía por misión la de ganarse el cariño y la confianza de Quispe, con la pretensión de sacarle información que pudiera incriminarlos. El alcalde fue imputado y su sentencia fue anulada, y una vez más la familia de Juana insistió y nuevamente se repitió el mismo proceso. Y así sucedió otras dos veces más, y al parecer dicho proceso se verá truncado hasta la eternidad. Los activistas en favor de los derechos humanos reconocen que la impunidad en este caso perpetuaría los abusos contra las mujeres, la denigración de sus funciones dentro del sector público y, así también, daría como una suerte de licencia para que sigan cometiéndose feminicidios. En los últimos años las denuncias por acoso femenino se han duplicado, y ya las mujeres han ido perdiendo el miedo de hablar. El homicidio de Juana Quispe Apaza aceleró la aprobación de la “Ley Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres”, la cual sería decretada dos meses después de su muerte.
