Joaquín Robles Zabala
Gustavo Petro ha sido, desde que empezó su administración, como un barco en alta mar sacudido por fuertes oleajes. Han querido hundirlo de las mil formas posibles y siempre se ha mantenido a flote. El procurador Alejandro Ordóñez, un viejo y reconocido quemador de libros, un godo recalcitrante, defensor de los principios católicos, apostólicos y romanos, lo ha intentado con insistencia desde sus amplias funciones disciplinarias que le otorga la Constitución Política de Colombia. Las mafias enquistadas en el distrito capital han hecho lo propio desde el momento en que les condicionó el contrato de recolección de basura y buscaron la manera de tumbarlo dejando a la ciudad sumida durante tres días en un océano de desperdicios y malos olores.
La prensa no le ha ayudado mucho, en especial RCN, que ha sido, en términos retóricos, una piña bajo el brazo. Vicky Dávila lo detesta, y casi nunca pierde oportunidad para mostrar lo que ella considera son los lunares de su administración. Gran parte del consejo marrullero bogotano no le camina porque para ellos son más importantes las tijeras que el bienestar de la ciudad. No ha faltado el tarado que esgrima como arma política su paso por el M-19. Algunos lo han tildado de “corroncho” porque prohibió las sanguinarias fiestas taurinas en La Santamaría y aplaudieron con entusiasmo cuando el jefe del ministerio público defendió, exaltado, la sangre en la arena.
Por un momento pareció naufragar. Parecía ser absorbido por la turba enfurecida de Fuente Ovejuna. Quince años de sanciones le prohibían aspirar nuevamente a cargos públicos. En resumen, una muerte política adelantada. Pero eso no fue suficiente. Luchó y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares que no fueron acogida por la justicia colombiana porque, según el presidente Santos, “no eran vinculantes”.
Le pusieron reemplazo y no faltaron quienes salieran a festejar el triunfo de la justicia. Vicky Dávila no se cambiaba por nadie. El representante Miguel Gómez, promotor de una campaña recolectora de firmas que buscaba sacarlo de la Alcaldía, no perdió el tiempo para hablar del fin de la tiranía. Pero cuando la noche parecía más oscura y el viento menos favorable, el Consejo de Estado decretó medidas cautelares a su favor y suspendió temporalmente el fallo disciplinario de la Procuraduría General. No quiero imaginarme la cara del hombre de los tirantes y defensor a ultranza de las fiestas brava al conocer la noticia. Tampoco la de Gómez cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó sin piso la iniciaba que pretendía sacar al burgomaestre del Palacio de Liévano. En términos populares, quedaron viendo un chispero.
Pero, ¿por qué se la han “montado” tanto a Petro sino se ha robado un peso? Para algunos, ignorar su pasado guerrillero es un insulto a la memoria del país. No han podido olvidar todavía los debates y las denuncias candentes en contra de la clase política corrupta que, desde su curul en el Congreso, hizo durante más de cuatro años. No le perdonan que carezca de abolengos políticos ni familiares. Ni mucho menos que haya acusado al 70% del Senado de la República de ser una cuota del paramilitarismo, como lo reconoció Salvatore Mancuso años después desde su sitio de reclusión en Warsaw, Virginia, Estados Unidos, y lo corroboró luego la Corte Suprema de Justicia tras investigar y condenar a cuatro expresidentes del Congreso, cercanos al entonces presidente Álvaro Uribe, y un poco más de la mitad de los miembros de esa corporación. No le perdonan haber prohibido el sanguinario espectáculo taurino ni haber abierto más escuela y reducido la tasa de pobreza en 2013 de 11.1% a 8.7% y la mortalidad infantil en un dígito, según un informe publicado por Bogotá Cómo Vamos.
Los que suelen ver siempre el vaso medio vacío, aseguran que el programa Bogotá Humana es un fracaso. Y hacen referencia a la movilidad y a Transmilenio para ilustrar lo mal que anda su administración. Pero echan al olvido el mínimo vital de agua para los estratos menos favorecidos, el mejoramiento de la calidad del aire y su lucha por acabar la corruptela clientelista que alimentó durante sus años de alcalde Samuel Moreno Rojas y que terminó, como el país sabe, en uno de los escándalos de contratación más grandes en la historia administrativa de la capital de la República. Olvidan que más del 75% de los bogotanos y el 80% de los colombianos desaprobó, en su momento, su salida de la alcaldía y consideró exagerada la decisión del Procurador de inhabilitarlo por 15 años. Olvidan que el Instituto Mexicano de Evaluación [IMDE] lo nominó en 2013 al premio Pablo de Tarso como «Mejor Alcalde» de Iberoamérica, un galardón que solo se les concede a mandatarios que han hecho aportes significativos en la solución de los problemas de sus comunidades.
Ahora, como cosa curiosa, Francisco Santos, el vicepresidente de Álvaro Uribe durante los ocho años de su nefasto gobierno y aspirante a la alcaldía de la capital de la República para 2015, ha llamado “corrupto e incompetente” a Petro.
La cosa daría risa sino fuera porque el Centro Democrático, o el uribismo, fue el creador de la Seguridad Democrática, un programa que tenía como objetivo cuidar las carreteras del país para que los miembros de la Federación de Ganaderos de Colombia pudieran ir tranquilos a pasar el fin de semanas a sus fincas sin que las Farc o el ELN los molestara. El mismo que le dio vida a los “falsos positivos” y que dejó a lo largo del territorio nacional una extensa lista de jóvenes campesinos muertos que luego eran presentados ante los medios de comunicación como guerrilleros caídos en combate. El mismo de las “chuzadas” que tiene al expresidente y senador con los nervios de punta porque María del Pilar Hurtado, la exdirectora del DAS fugada y hoy presa, pueda, en cualquier momento, prender el ventilador y dejar al descubierto la mente maestra detrás del delito. El mismo que compró al Congreso en pleno con puestos, nombramientos, consulados y notarías y abrió las puertas al escandaloso episodio que el país conoció con el nombre de “yidispolítica”. El mismo que creó Agro Ingreso Seguro, un programa que, camuflado bajo la apariencia de subsidios para los campesinos más pobres, se encargó de pagar los favores de aquellos ricos que le aportaron en 2002 varios millones de pesos a la campaña Uribe Presidente, y por el que el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Árias Leyva, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 17 años y 4 meses de prisión y a pagar una cuantiosa indemnización por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros. El mismo que fue el motor de la parapolítica y que hoy tiene tras las rejas a un gran número de miembros de esa colectividad que se definen a sí mismos como “perseguidos políticos”.
Por eso, siempre he creído que el uribismo sufre de alzhéimer inducido, pues cada vez que abre la boca, o pone a funcionar el altavoz del Twitter, echa en saco roto, entre otros, el episodio de Carimagua o la presencia de un mafioso como el general Santoyo en la primera línea de la seguridad del entonces presidente de los colombianos. Echan en olvido que fue el primo hermano de Pablo Escobar, José Obdulio Gaviria, asesor presidencial de Uribe, quien organizó una reunión con el exparamilitar Antonio López, alias Job, en la Casa de Nariño, y que cuando el escándalo saltó a los medios, el criminal de marras fue abatido a tiros por un sicario en una calle de Medellín.
Creo que, de vez en cuando, hay que recordarles a los uribistas su pasado oscuro para que la historia de esta Colombia olvidadiza no los borre de sus páginas y no les permita una segunda oportunidad de dirigir los destinos de este país. Sería una tragedia que el distrito capital regresara a manos de los mismos que propusieron crear un bloque paramilitar, electrocutar estudiantes y perseguir abiertamente a los opositores de la Seguridad Democrática. Sería como revivir ese pasado cruento que el 99% de colombianos desea olvidar.
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*Docente universitario.