Leonel Buelvas García (*)
El “Paro Armado” decretado por “Los Urabeños” y que afecta –al momento de escribir ésta nota todavía hay indicios de afectación– al menos seis departamentos del norte del país, demuestra, una vez más, el poder que tienen los grupos ilegales.
Las reacciones no se hicieron esperar. Una de las primeras declaraciones del Gobierno al respecto fue la del Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras. En ella, nombraba dicha acción como una “retaliación”, causada por la muerte del líder de Los Urabeños, Juan de Jesús Úsuga, alias ‘Giovanni’. Además, las autoridades estatales desplegaron un operativo de seguridad que contó con la participación de cientos de hombres del ejército y la policía para garantizar la seguridad de la población, incluyendo, la opción de acompañamiento en caravanas para que los trasportadores pudieran desplazarse. Incluso, se afirma haber capturado 28 personas supuestamente implicadas en el hecho.
Ahora, todo lo además estaría bien, si no fuese por un punto: el “Paro” nunca debió ocurrir, aunque su realización, a la luz de la historia, no sorprenda.
La zona más afectada, el Urabá antioqueño, a pesar tener una fuerte presencia militar, ha sido también una de las zonas donde más fuerte se desarrolló el paramilitarismo. Las denuncias sobre la colaboración entre la policía, las fuerzas militares, la Infantería de Marina, y los Paramilitares no son escasas: se habla de asesinatos selectivos cerca de la estación de policía de Turbo; de que Éver Veloza, alias ‘H.H.’ viviera en 1995 a 1996 a media cuadra de la misma estación; de “operaciones” conjuntas entre paramilitares y fuerza pública; de altos mandos implicados (como el del brigadier General Rito Alejo del Río, del cual se denuncia, tenía una buena amistad con Carlos Castaño). Inclusive se afirma que la Infantería de Marina apagaba los radares que se utilizaban para el control de la salida de drogas.
Es decir, hablamos de una zona que en la historia reciente del país, representantes del Estado, han colaborado en conjunto con grupos al margen de la ley beneficiados por un gran flujo de dinero, producto del narcotráfico, y que son responsables de asesinatos y crímenes de lesa humanidad.
Otra cuestión que debemos tener en cuenta es la ejecución del “Paro”. Este se “convocó” el miércoles en la noche, y con una capacidad asombrosa se disipó en los municipios de Chigorodó, Carepa, Apartadó, Necoclí, Arboletes, Los Córdobas; e incluso, ciudades como Santa Marta y Medellín vieron afectados el comercio, que cerró por temor.
Esto demuestra un poder abrumador en cuanto a la organización y ejecución de actos criminales, lo que deja en claro que se está distante del derrocamiento de las llamadas Bacrim. Además, también demostraron que pueden coaccionar la población civil, la cual, imponente ante los actos de violencia, e incapaz de confiar ante la seguridad que afirma ofrecer el Estado, no puede hace otra cosa que ceder ante la amenaza y el miedo.
Lo cierto del caso –y tal vez lo más grave –, es que se ha interiorizado tanto el miedo, que se convive con él. Un periódico de Montería registraba en su titular “Córdoba Sitiada”. Yo diría que lo anterior demuestra que nuestra libertada está “sitiada”: trabajamos, comemos, hablamos, vivimos bajo ese sitio.
Recuerdo que de niño, cuando quería jugar con niños más grandes, te dejaban “jugar de cartón”. Es decir, creía participar del juego, pero no valían lo que hacía: no tenía voz, no tenía voto, no podías reclamar, y no importaba si estaba presente o no. La situación actual hace preguntarme: ¿Jugamos de cartón a ser ciudadanos? ¿El Estado juega de cartón a garantizar la seguridad? ¿Estamos jugando de cartón a la democracia? ¿Vivimos en un “Estado de Cartón”?. Yo creo que ya es hora de jugar en serio.